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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe advertirse que la figura de la caducidad es de orden público y en tal virtud es de carácter irrenunciable

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Fecha
2022-10-19
Radicado
15001233100020100001102
Número interno
65758
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
JAVIER GARCIA BEJARANO, JOSE GONZALO CISNEROS VELARDE
Demandado
RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe advertirse que la figura de la caducidad es de orden público y en tal virtud es de carácter irrenunciable

Regla de decisión

Debe advertirse que la figura de la caducidad es de orden público y en tal virtud es de carácter irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando la encuentre probada.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La entidad estatal es imponible como deber legal para proceder con la liquidación en contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría. Por lo tanto, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse desde la terminación del plazo contractual, considerando sus respectivas adiciones. En el caso en estudio, el contrato terminó el 18 de septiembre de 2004, y el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 19 de marzo de 2005, con una duración de 2 años, lo que significa que la demanda fue presentada fuera del plazo legal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, considerando que, en casos de controversias contractuales, cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría, se entiende que a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación, por lo que, el término de caducidad se debe computar desde de la terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta sus respectivas adiciones?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 136
  • Ley 80 de 1993

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

SIN DECISION

Lo que dijo la Sala

Debe advertirse que la figura de la caducidad es de orden público y en tal virtud es de carácter irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando la encuentre probada.… Esta Corporación ha sido uniforme en la aplicación del término previsto en el artículo 136 del CCA,… para el ejercicio de la acción de controversias contractuales cuando se trata de contratos regidos por la Ley 80 de 1993, como acontece en el asunto objeto de este proceso.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato

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Titulación de la relatoría 6.576 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN SUCESIVA / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / TERMINO DEL CONTRATO ADICIONAL / ADICIÓN AL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL / TÉRMINO DEL CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, considerando que, en casos de controversias contractuales, cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría, se entiende que a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación, por lo que, el término de caducidad se debe computar desde de la terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta sus respectivas adiciones? Respuesta al problema jurídico: Si [D]ebe advertirse que la figura de la caducidad es de orden público y en tal virtud es de carácter irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando la encuentre probada. (...) Esta Corporación ha sido uniforme en la aplicación del término previsto en el artículo 136 del CCA, (...) para el ejercicio de la acción de controversias contractuales cuando se trata de contratos regidos por la Ley 80 de 1993, como acontece en el asunto objeto de este proceso. Sobre el punto entonces, es necesario tener en cuenta que para la determinación de la oportunidad para demandar en ejercicio de la acción de controversias contractuales el artículo 136 del CCA estableció varios escenarios a partir de la diferencia existente entre los contratos que requieren liquidación y de los que no. (...) En el presente asunto, como el contrato (...) suscrito por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y la unión temporal (...), objeto de análisis, está regido por la Ley 80 de 1993 y sus prestaciones son de ejecución sucesiva en el tiempo, a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación luego de la terminación de su plazo. Al respecto, el tribunal de primera instancia tuvo como fecha de terminación del plazo la de la suscripción del acta de recibo final de la interventoría, esto es, el 2 de julio de 2004; sin embargo, en dicha acta se detalló que la ejecución del adicional no. 3 del contrato de interventoría, como última adición al plazo, venció el 18 de septiembre de 2004 (...). En consecuencia, en el presente asunto el contrato feneció el 18 de septiembre de 2004 según el acta de recibo final de la interventoría, documento contractual que en modo alguno fue tachado por la parte demandante. Así las cosas, el término de 2 años con el que contaban las sociedades integrantes de la unión temporal contratista para demandar oportunamente debía contarse a partir del 19 de septiembre de 2004, teniendo en cuenta además el plazo para proceder con la liquidación del mismo de 4 meses para la bilateral y 2 meses para la unilateral, por lo tanto, el término de caducidad comenzaba a contarse a partir del 19 de marzo de 2005 y feneció el 20 de marzo de 2007. En ese sentido, como la demanda fue presentada ante la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial de Tunja el 18 de diciembre de 2009 (...), es claro que la demanda fue presentada por fuera del término legalmente prestablecido para el efecto, plazo de caducidad que tampoco fue interrumpido con ocasión del trámite de la conciliación prejudicial, pues la misma fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación el 17 de marzo de 2009. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza de la caducidad de la acción, consultar providencia de 7 de febrero de 2013, Exp. 0833-10, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Acerca del cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, consultar providencias de 13 de julio de 2000, Exp. 12513, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 24 de septiembre de 2021, Exp. 52577, C.P. María Adriana Marín; de 11 de octubre de 2021, Exp. 53226, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 11 de octubre de 2021, Exp. 55104, C.P. Alberto Montaña Plata; de 22 de octubre de 2021, Exp. 66106, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 22 de octubre de 2021, Exp. 50629, C.P. María Adriana Marín; de 22 de octubre de 2021, Exp. 51066, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 80 DE 1993 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: No [N]o tiene ninguna vocación de prosperidad el argumento de la unión temporal contratista recurrente en cuanto sostiene que el término con el que contaba para ejercer la acción era de 20 años según lo previsto en los artículos 50 y 55 de la Ley 80 de 1993, por cuanto dichos artículos se refieren a la prescripción de las acciones civil y penal, y en modo alguno se refieren a la acción de controversias contractuales consagrada en el artículo 136 del CC (…). NOTA DE RELATORÍA: En relación con la improcedencia del término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, consultar providencias de 19 de febrero de 2004, Exp. 24427, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y de 30 de octubre de 2013, Exp. 32815, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 20.595 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022). Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 15001-23-31-000-2010-00011-02 (65.758) Demandante: CONSICAL LTDA Y OTRO Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Síntesis del caso: la demanda consiste en la discusión acerca del cumplimiento del deber de planeación por parte de la entidad contratante, por el hecho de no prever que la ejecución del contrato de interventoría no. 085 de 2001 requeriría un mayor plazo del inicialmente estimado. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 25 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión no. 5 que declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción (fls. 764 a 773 vlto. cdno. ppal.) en los siguientes términos: “PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la presente acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas para la parte vencida. CUARTO: Una vez firme esta providencia, procédase al archivo del expediente, dejando las anotaciones y constancias de rigor.” (fl. 773 ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de 2009 en la Dirección Ejecutiva 2 Expediente no. 15001-23-31-000-2010-00011-02 (65.758) Actor: Consical Ltda y otro Controversias contractuales Apelación de sentencia Seccional de la Administración Judicial de Tunja (Boyacá) , la sociedad Consical Ltda y el señor José Gonzalo Cisneros Velarde, integrantes de la Unión Temporal UTI Tunja, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de controversias contract uales (fls. 1 a 20 cdno. no. 1) con las siguientes súplicas: “1. Declárase la existencia del incumplimiento al deber de planeación que le era exigible a la demandada durante la vigencia del contrato 085 de 2001 celebrado con la Unión Temporal UTI Tunja. 2. En consecuencia condénese a la demandada al pago de la suma de TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS m/cte ($ 301.792.192) a título de reparación del daño emergente al que dio lugar por el incumplimiento al deber de planeación en el contrato 085 de 2001, o a la suma que resulte probada dentro del proceso por este concepto. 3. En consecuencia de la pretensión primera condénese a la demandada al pago de la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DO S MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SISTE PESOS m/cte ($199.182.847) a título de reparación del lucro cesante al que dio lugar por el incumplimiento al deber de planeación en el contrato0 085 de 2001, o a la suma que resulte probada dentro del proceso por éste concepto. 4. Condénese en costas a la demandada.” (fl. 6 cdno. no. 1 – mayúsculas sostenidas del original). 2. Hechos Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: 1) El 27 de diciembre de 2001, la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial suscribió con la unión temporal Uti Tunja el contrato no. 085 para ejercer la interventoría técnica, financiera y administrativa del contrato no. 071 de 2001 que tenía por objeto la construcción de la segunda etapa del Palacio de Justicia de Tunja (Boyacá). 2) Durante la ejecución del contrato de obra se presentaron demoras en el desembolso de recursos por parte de la Nación – Ministerio de Hacienda lo cual alteró la ejecución prevista para el contrato de interventoría y generó la necesidad de disponer de un mayor plazo para la debida ejecución del contrato. 3 Expediente no. 15001-23-31-000-2010-00011-02 (65.758) Actor: Consical Ltda y otro Controversias contractuales Apelación de sentencia 3) El plazo del contrato de obra fue prorrogado en dos (2) oportunidades y su objeto adicionado en casi un 138%, decisiones que no fueron previstas al momento de la suscripción del contrato de interventoría y que afectaron directamente la ecuación económica de este. 4) Como consecuencia del desequilibrio económico generado, el interventor solicitó el restablecimiento de este ante la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, solicitud que luego de tres (3) años de la primera petición fue decidida en forma parcialmente favorable, en el sentido de reconocer la suma de $87´279.075,72 a título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de interventoría no. 085 de 2001. 3. Posición de la parte demandada A través de escrito radicado el 7 de diciembre de 2010 contestó la demanda, se opuso a las pretensiones , solicitó que estas fueran negadas y formuló una excepción (fls. 620 a 625 cdno. no. 4), con los siguientes argumentos: 1) El contrato de interventoría no. 085 de 2001 suscrito por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial con la unión temporal Uti Tunja no fue liquidado de mutuo acuerdo entre las partes ni tampoco de manera unilateral por la administración. 2) En ese sentido, vencido el término de caducidad de la acción de 2 años, o notificado el auto admisorio de la demanda que el contratista haya interpuesto para obtener la liquidación del contrato por vía judicial, ya no podrá efectuarse la liquidación del mismo por mutuo acuerdo ni de manera unilateral por parte de la entidad contratante. 3) Propuso como excepci ón la que denominó “genérica”, en virtud de la cual el puede declarar las excepciones que de oficio encuentre probadas. 4 Expediente no. 15001-23-31-000-2010-00011-02 (65.758) Actor: Consical Ltda y otro Controversias contractuales Apelación de sentencia 4. La sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión no. 5 en providencia de 25 de septiembre de 2019 (fls. 764 a 773 vlto. cdno. ppal.) declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, con base en la siguiente sustentación: 1) El acta de recibo final de la interventoría fue suscrita por las partes el 2 de junio de 2004, y aun cuando en el contrato de interventoría no. 085 de 2001 no se pact ó plazo alguno para su liquidación, la invitación pública no. 14 de 2001 para la contratación de la interventoría del contrato para la construcción de la segunda etapa del Palacio de Justicia de Tunja, en el numeral 3 de las condiciones generales del contrato se previó que conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 el contrato sería objeto de liquidación bilateral dentro del término máximo de 4 meses desde la fecha de terminación del plazo, y unilateral si las partes no lograban un acuerdo sobre la correspondiente liquidación. 2) Con fundamento en lo anterior, la liquidación bilateral debió realizarse entre el 2 de junio y el 2 de noviembre de 2004 y la entidad contaba con facultad para liquidar unilateralmente el contrato hasta el 2 de enero de 2005. 3) En ese sentido, la oportunida d para presentar la demanda transcurrió entre el 2 de enero de 2005 y el 2 de enero de 2007, per o, como la demanda se interpuso el 18 de diciembre de 2009 ya se encontraba caducada la acción ejercida. 5. El recurso de apelación La parte actora interpus o recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (fls. 777 a 783 cdno. ppal.) el cual fue concedido por el a quo mediante auto de 19 de diciembre de 2019 (fl. 785 ibidem), impugnación que fue sustentada en los términos que se resumen a continuación: 1) El contrato de interventoría no. 85 de 2001 fue suscrito en vigencia del CCA y de la Ley 80 de 1993, y en atención a lo previsto en los artículos 50 y 55 de dicho cuerpo normativo, la acción de responsabilidad contractual prescribe en un término 5 Expediente no. 15001-23-31-000-2010-00011-02 (65.758) Actor: Consical Ltda y otro Controversias contractuales Apelación de sentencia de 20 años, contados desde la ocurrencia de los actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones. 2) En ese sentido, las pretensiones que se funden en la declaratoria de incumplimiento del deber de planeación por parte de una entidad estatal prescriben a los 20 años de la ocurrencia del hecho dañoso y como en el presente asunto no se han superado los 20 años que la norma indica, la demanda fue interpuesta dentro del término legal y por tanto debe resolverse el fondo de la controversia planteada. 6. Actuación surtida en segunda instancia 1) Por auto de 27 de febrero de 2020 se admitió el recurso de apelación (fl. 792 cdno. ppal.). 2) El 10 de diciembre de 2020 (índice 12 SAMAI ) se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y , vencido este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo concepto. 3) En dicho término la parte demandante presentó escrito de alegaciones de conclusión (índice 13 SAMAI) y, a su turno, el Ministerio Público presentó concepto (índice 16 SAMAI), en los siguientes términos: Luego de revisado en su integridad el material probatorio que compone el expediente no cabe duda de que en el presente asunto operó la caducidad de la acción, razón por la cual debe confirmarse el fallo objeto de apelación. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la imp

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012331000201000011021100103