REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 15001-23-31-000-2010-00011-02 (65.758)
Demandante: CONSICAL LTDA Y OTRO
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - CADUCIDAD DE LA
ACCIÓN
Síntesis del caso: la demanda consiste en la discusión acerca del cumplimiento del deber de
planeación por parte de la entidad contratante, por el hecho de no prever que la ejecución del contrato
de interventoría no. 085 de 2001 requeriría un mayor plazo del inicialmente estimado.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 25 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá – Sala de Decisión no. 5 que declaró probada de oficio la excepción de
caducidad de la acción (fls. 764 a 773 vlto. cdno. ppal.) en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de
la presente acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas para la parte vencida.
CUARTO: Una vez firme esta providencia, procédase al archivo del
expediente, dejando las anotaciones y constancias de rigor.” (fl. 773
ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de 2009 en la Dirección Ejecutiva
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Expediente no. 15001-23-31-000-2010-00011-02 (65.758)
Actor: Consical Ltda y otro
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Seccional de la Administración Judicial de Tunja (Boyacá) , la sociedad Consical
Ltda y el señor José Gonzalo Cisneros Velarde, integrantes de la Unión Temporal
UTI Tunja, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda
en ejercicio del medio de control de controversias contract uales (fls. 1 a 20 cdno.
no. 1) con las siguientes súplicas:
“1. Declárase la existencia del incumplimiento al deber de planeación que
le era exigible a la demandada durante la vigencia del contrato 085 de
2001 celebrado con la Unión Temporal UTI Tunja.
2. En consecuencia condénese a la demandada al pago de la suma de
TRESCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS m/cte ($ 301.792.192) a título de
reparación del daño emergente al que dio lugar por el incumplimiento al
deber de planeación en el contrato 085 de 2001, o a la suma que resulte
probada dentro del proceso por este concepto.
3. En consecuencia de la pretensión primera condénese a la demandada
al pago de la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
OCHENTA Y DO S MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SISTE PESOS
m/cte ($199.182.847) a título de reparación del lucro cesante al que dio
lugar por el incumplimiento al deber de planeación en el contrato0 085 de
2001, o a la suma que resulte probada dentro del proceso por éste
concepto.
4. Condénese en costas a la demandada.” (fl. 6 cdno. no. 1 – mayúsculas
sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 27 de diciembre de 2001, la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial
suscribió con la unión temporal Uti Tunja el contrato no. 085 para ejercer la
interventoría técnica, financiera y administrativa del contrato no. 071 de 2001 que
tenía por objeto la construcción de la segunda etapa del Palacio de Justicia de Tunja
(Boyacá).
2) Durante la ejecución del contrato de obra se presentaron demoras en el
desembolso de recursos por parte de la Nación – Ministerio de Hacienda lo cual
alteró la ejecución prevista para el contrato de interventoría y generó la necesidad
de disponer de un mayor plazo para la debida ejecución del contrato.
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Expediente no. 15001-23-31-000-2010-00011-02 (65.758)
Actor: Consical Ltda y otro
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3) El plazo del contrato de obra fue prorrogado en dos (2) oportunidades y su objeto
adicionado en casi un 138%, decisiones que no fueron previstas al momento de la
suscripción del contrato de interventoría y que afectaron directamente la ecuación
económica de este.
4) Como consecuencia del desequilibrio económico generado, el interventor solicitó
el restablecimiento de este ante la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial,
solicitud que luego de tres (3) años de la primera petición fue decidida en forma
parcialmente favorable, en el sentido de reconocer la suma de $87´279.075,72 a
título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de interventoría no.
085 de 2001.
3. Posición de la parte demandada
A través de escrito radicado el 7 de diciembre de 2010 contestó la demanda, se
opuso a las pretensiones , solicitó que estas fueran negadas y formuló una
excepción (fls. 620 a 625 cdno. no. 4), con los siguientes argumentos:
1) El contrato de interventoría no. 085 de 2001 suscrito por la Dirección Ejecutiva
de la Administración Judicial con la unión temporal Uti Tunja no fue liquidado de
mutuo acuerdo entre las partes ni tampoco de manera unilateral por la
administración.
2) En ese sentido, vencido el término de caducidad de la acción de 2 años, o
notificado el auto admisorio de la demanda que el contratista haya interpuesto para
obtener la liquidación del contrato por vía judicial, ya no podrá efectuarse la
liquidación del mismo por mutuo acuerdo ni de manera unilateral por parte de la
entidad contratante.
3) Propuso como excepci ón la que denominó “genérica”, en virtud de la cual el
puede declarar las excepciones que de oficio encuentre probadas.
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Expediente no. 15001-23-31-000-2010-00011-02 (65.758)
Actor: Consical Ltda y otro
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Apelación de sentencia
4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión no. 5 en providencia de 25
de septiembre de 2019 (fls. 764 a 773 vlto. cdno. ppal.) declaró probada de oficio la
excepción de caducidad de la acción, con base en la siguiente sustentación:
1) El acta de recibo final de la interventoría fue suscrita por las partes el 2 de junio
de 2004, y aun cuando en el contrato de interventoría no. 085 de 2001 no se pact ó
plazo alguno para su liquidación, la invitación pública no. 14 de 2001 para la
contratación de la interventoría del contrato para la construcción de la segunda
etapa del Palacio de Justicia de Tunja, en el numeral 3 de las condiciones generales
del contrato se previó que conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de
1993 el contrato sería objeto de liquidación bilateral dentro del término máximo de
4 meses desde la fecha de terminación del plazo, y unilateral si las partes no
lograban un acuerdo sobre la correspondiente liquidación.
2) Con fundamento en lo anterior, la liquidación bilateral debió realizarse entre el 2
de junio y el 2 de noviembre de 2004 y la entidad contaba con facultad para liquidar
unilateralmente el contrato hasta el 2 de enero de 2005.
3) En ese sentido, la oportunida d para presentar la demanda transcurrió entre el 2
de enero de 2005 y el 2 de enero de 2007, per o, como la demanda se interpuso el
18 de diciembre de 2009 ya se encontraba caducada la acción ejercida.
5. El recurso de apelación
La parte actora interpus o recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia (fls. 777 a 783 cdno. ppal.) el cual fue concedido por el a quo mediante
auto de 19 de diciembre de 2019 (fl. 785 ibidem), impugnación que fue sustentada
en los términos que se resumen a continuación:
1) El contrato de interventoría no. 85 de 2001 fue suscrito en vigencia del CCA y de
la Ley 80 de 1993, y en atención a lo previsto en los artículos 50 y 55 de dicho
cuerpo normativo, la acción de responsabilidad contractual prescribe en un término
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Expediente no. 15001-23-31-000-2010-00011-02 (65.758)
Actor: Consical Ltda y otro
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
de 20 años, contados desde la ocurrencia de los actuaciones, abstenciones, hechos
y omisiones.
2) En ese sentido, las pretensiones que se funden en la declaratoria de
incumplimiento del deber de planeación por parte de una entidad estatal prescriben
a los 20 años de la ocurrencia del hecho dañoso y como en el presente asunto no
se han superado los 20 años que la norma indica, la demanda fue interpuesta dentro
del término legal y por tanto debe resolverse el fondo de la controversia planteada.
6. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto de 27 de febrero de 2020 se admitió el recurso de apelación (fl. 792
cdno. ppal.).
2) El 10 de diciembre de 2020 (índice 12 SAMAI ) se ordenó correr traslado a las
partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y , vencido este, por el
mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo concepto.
3) En dicho término la parte demandante presentó escrito de alegaciones de
conclusión (índice 13 SAMAI) y, a su turno, el Ministerio Público presentó concepto
(índice 16 SAMAI), en los siguientes términos:
Luego de revisado en su integridad el material probatorio que compone el
expediente no cabe duda de que en el presente asunto operó la caducidad de la
acción, razón por la cual debe confirmarse el fallo objeto de apelación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la imp
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