Titulación de la relatoría 37.556 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / OFERTA MÁS FAVORABLE / PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PROCESO / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OFERTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / VALOR DE LA OFERTA / EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / LICITACIÓN PÚBLICA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Problema jurídico:
¿La unión temporal demostró que su oferta cumplía con los requisitos y condiciones del pliego de condiciones?
Respuesta al problema jurídico: No
El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá abrió el proceso de selección el 24 de marzo de 2006 […] y el acto de adjudicación del contrato se expidió el 26 de mayo siguiente […]. Como se trata de un proceso de selección dirigido por una entidad de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico aplicable al proceso de selección era el previsto en el estatuto de contratación, antes de las modificaciones introducidas por las leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018. En este régimen lo primordial era la definición que en el pliego hiciera la entidad respecto de los requisitos para seleccionar la oferta más favorable. […] Con base en todo lo expuesto, la Sala tendrá que determinar, a partir de lo consignado en el pliego de condiciones, cuáles eran los criterios y los factores de escogencia que constituían «las reglas del proceso» y que permitían la escogencia de la oferta más favorable para la entidad. Asimismo, cuáles eran los requisitos subsanables y los que generaban el rechazo de las propuestas. Según la demanda, el acto de adjudicación de la licitación pública […] es nulo porque adolece de falsa motivación, porque la entidad rechazó la propuesta de la unión temporal con fundamento en unos documentos que no eran necesarios para la comparación de las ofertas y en un plazo de ejecución que no era el previsto en el pliego de condiciones. […] Como según el pliego de condiciones el formato n°. 8 era un aspecto que no sería evaluado –según se desprende de la sección 5 del pliego y del formato n°. 6–, la información contenida en ese formato no era indispensable para escoger la oferta más favorable y, por ello, le asiste razón al recurrente en el sentido que la omisión de presentar ese formato no podía implicar el rechazo de la oferta, porque no se previó así en el pliego de condiciones. Ahora bien, no basta con lo hasta aquí expuesto para que prospere la pretensión de nulidad del acto de adjudicación, porque estos argumentos no fueron los únicos en los que se fundamentó el rechazo de la propuesta. En efecto, la Sala observa que la entidad –en el acto de adjudicación demandado– no tuvo en cuenta la propuesta de la unión temporal Transportes Calderón S.A. y Madiautos Ltda. con fundamento en que el valor de la oferta para los ítems n°. 1 y 2 era inferior al 85% del presupuesto de la licitación y en el caso del ítem 3 era superior. Por ello, la Sala debe analizar si la entidad transgredió el deber de selección objetiva a partir de los reparos formulados en el recurso de apelación y, por consiguiente, si efectivamente incurrió en la causal de nulidad de expedición irregular del acto administrativo de adjudicación (art. 84 del CCA). […] De modo que quedó acreditado que la unión temporal Transportes Calderón S.A. y Madiautos Ltda. incumplió los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 de la sección VIII del pliego de condiciones respecto de los topes mínimos y máximos del valor total de la oferta económica, toda vez que en el caso de los ítems n°. 1 y 2 el valor de la propuesta fue inferior al 85% del presupuesto de la licitación y en el caso del ítem 3 fue superior al presupuesto de la licitación –$3.577.423.813–. En consecuencia, su propuesta no podía ser evaluada –y menos seleccionada– en el proceso de licitación pública. Tampoco se podía pedir su ajuste o subsanación, pues el plazo previsto era indispensable para la evaluación, por lo que permitir mejorar la propuesta iría en perjuicio de la selección objetiva y la igualdad frente a los demás proponentes. […] [L]a Sala no comparte la razón que expresó el recurrente para desatender el formato nº. 6; esto es, que ante la supuesta «disparidad de datos» optó por proponer un plazo de 31 meses, cuando es evidente que debió sujetarse a las condiciones que la entidad estableció en el pliego de condiciones, para la presentación de la oferta económica. La conducta del oferente resulta inadmisible al optar discrecionalmente por uno de los plazos entre la ejecución del contrato y la presentación de la oferta económica, porque demuestra una falta de prudencia que lo hace responsable de sus acciones y falta de diligencia al analizar con detenimiento las exigencias del pliego de condiciones. Ello porque eligió el plazo que no estaba destinado a regular aspectos relacionados con las ofertas económicas, en lugar de seguir la pauta establecida en el documento correspondiente a este punto, en este caso, el formato nº. 6, claramente destinado para tal fin. […] La unión temporal no logró demostrar que su oferta cumpliera con los requisitos y condiciones del pliego de condiciones, al incurrir en una causal de rechazo de su propuesta. En consecuencia, la oferta no podía ser objeto de evaluación, lo que invalida la pretensión de nulidad del acto de adjudicación y hace improcedente el restablecimiento del derecho que reclama en la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357, DECRETO 2170 DE 2002 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 INCISO 15
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como la demanda se presentó 13 de julio de 2006 […] el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. […] El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP, establece que las leyes procesales son de aplicación inmediata, salvo que el trámite se hubiere iniciado con la anterior, caso en el cual esta será la norma aplicable.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 266, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INDEBIDA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual y precontractual de las entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual y precontractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor […] supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA […]. […] Según el artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 y vigente al momento de la presentación de la demanda –13 de julio de 2006–, los actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato podían ser demandados mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Sin embargo, una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de esos actos solamente podía invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. […] De conformidad con el artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, los actos proferidos antes de la celebración del contrato debían ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación. Una vez celebrado el contrato, la nulidad absoluta del contrato debía solicitarse dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento o en un término igual al de vigencia del contrato –si era superior–, sin que en ningún caso excediera cinco años (art. 136.10.e del CCA). […] A su vez, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, siempre que la demanda se interponga dentro de los treinta días antes mencionados […], el interesado estará legitimado para solicitar el restablecimiento de los derechos que le fueron desconocidos como resultado de la indebida adjudicación, de manera que si la demanda se instaura pasados esos treinta días no estarán disponibles las pretensiones relativas al restablecimiento económico, solo las encaminadas a obtener la declaratoria de nulidad absoluta del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el término para solicitar la caducidad absoluta del contrato una vez celebrado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1 de abril de 2009, rad. 36124, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre los eventos en los que procede la solicitud de restablecimiento del derecho por indebida adjudicación del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2014, rad. 30250, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL E, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
DOCUMENTO / CLASES DE DOCUMENTO / DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PRIVADO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / DECLARACIÓN DE PARTE / TESTIMONIO SOSPECHOSO
Problema jurídico:
¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 251 del CPC (retomado por el art. 243 del CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 del CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 del CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 del CPC). […] [L]a declaración de parte solo se puede apreciar en los términos del artículo 195.2 del CPC (en consonancia con el artículo 194 del CPC), es decir, en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria […]. […] El artículo 218 del CPC dispone que el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los documentos allegados en copa simple, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. Sobre la mayor rigurosidad en la apreciación de los testimonios sospechosos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, rad. 20262, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 194, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 195 NUMERAL 2, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 218, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 243, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279
ENTIDAD PÚBLICA / FACULTADES DE LA ENTIDAD PÚBLICA / CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / RECHAZO DE LA OFERTA / LEY ESPECIAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / OFERTA MÁS FAVORABLE / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿Los proponentes pueden corregir errores en sus propuestas siempre que se tratara de aspectos «formales» que no influyeran en la comparación de las ofertas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 80 de 1993 otorgó a las entidades públicas la facultad de permitir a los proponentes corregir errores en sus propuestas siempre que se tratara de aspectos «formales» que no influyeran en la comparación de las ofertas. El artículo 25.15 dispuso que la ausencia de requisitos o documentos no esenciales para la comparación de propuestas no justificaría el rechazo de las ofertas. Conforme a esa norma, en consonancia con el artículo 84 de la Constitución, las autoridades no estaban habilitadas para exigir formalidades como sellos, autenticaciones o documentos originales, salvo que fueran requeridos expresamente por leyes especiales. Aunque el sentido literal del precepto es claro, al examinar los antecedentes legislativos, se aprecia que la disposición tenía como objetivo eliminar trámites innecesarios y agilizar el proceso de selección del contratista. Así mismo, tuvo como propósito que la entidad se concentrara en los requisitos indispensables para determinar la oferta más favorable, lo que les impedía justificar el rechazo con fundamento en formalidades insustanciales. Este mandato (art. 25.15 original de la Ley 80 de 1993) prohibió a la Administración rechazar ofertas por motivos insignificantes y reconoció a los proponentes la posibilidad de corregir aspectos que no afectaran sustancialmente sus ofertas. De manera que no cualquier disconformidad entre el pliego y la propuesta daba lugar a su rechazo, puesto que debía analizarse si se trataba de un requisito que permitía la comparación de las ofertas. La Sala reitera, entonces, que no es posible rechazar ofertas por requisitos nimios o inútiles.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposibilidad de rechazar ofertas por requisitos no esenciales para la comparación de propuestas, cita. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de abril de 2006, rad. 16041, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero del 2012, rad. 18560, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 84, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 15
REQUISITOS DE LA OFERTA / CAPACIDAD / CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE / CAPACIDAD FINANCIERA / CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CÁLCULO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS / OFERTA MÁS FAVORABLE / ADQUISICIÓN DE BIEN / PRECIO DEL BIEN / CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO / SUSPENSIÓN PROVISIONAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD / FACULTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO / ENTIDAD PÚBLICA / FACULTADES DE LA ENTIDAD PÚBLICA / REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA
Problema jurídico:
¿Al organizar con carácter vinculante los factores de escogencia en dos grupos, se contrarió el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, porque, eran las entidades públicas las que contaban con la facultad de determinar los factores de escogencia y criterios de selección y, por tanto, cuáles serían los de cumplimiento y cuáles los de calificación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 4 del Decreto 2170 de 2002 diferenció dos grupos de factores de escogencia y de calificación. El primero, que identificó como de cumplimiento o requisitos mínimos –capacidad jurídica, experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera– que serían objeto de verificación, pero no de calificación (excepto en los contratos de prestación de servicios [numerales primero y cuarto]) y un segundo grupo, que señaló como susceptibles de calificación, en el que se encontraban los factores técnicos y económicos de escogencia, de cuya ponderación matemática precisa y detallada resultaría la oferta más favorable [numeral segundo]. Para la adquisición de bienes y características uniformes el mismo artículo 4 estableció como únicos factores de selección el precio y la garantía de calidad de los bienes ofrecidos [numeral tercero] y en los de prestación de servicios especializados una calificación que se haría sobre los aspectos técnicos de la oferta y la experiencia [numeral cuarto]. Finalmente, el parágrafo dispuso que, en consonancia con el artículo 25.15 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrían solicitar los documentos y requisitos allí relacionados en cualquier momento, hasta la adjudicación. El 1 de abril de 2004, esta Corporación suspendió provisionalmente el artículo 4 del Decreto 2170 de 2002 –con excepción de su parágrafo– y, posteriormente, declaró la nulidad de dicha disposición, en su integridad. Consideró que a través del artículo 4 del Decreto 2170 de 2002 el Gobierno Nacional desbordó la facultad reglamentaria y estableció un sistema de selección diferente al previsto por la ley. En efecto, al organizar con carácter vinculante los factores de escogencia en dos grupos, se contrarió el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, porque, eran las entidades públicas las que contaban con la facultad de determinar los factores de escogencia y criterios de selección y, por tanto, cuáles serían los de cumplimiento y cuáles los de calificación. Asimismo, estimó que el parágrafo vulneraba el artículo 25.15 de la Ley 80 de 1993, toda vez que no podía prever una regla diferente en cuanto a la posibilidad o no de subsanar requisitos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la suspensión provisional del artículo 4 del Decreto 2170 de 2002 relativo al deber de selección objetiva, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1 de abril de 2004, rad. 26105, C. P. Ricardo Hoyos Duque. Sobre la declaratoria de nulidad del artículo 4 del Decreto 2170 de 2002 relativo al deber de selección objetiva, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, rad. 24715, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2170 DE 2002 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 29
PROPUESTA DEL PROPONENTE / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / OFERTA MÁS FAVORABLE / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / ACTA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN / DECRETO REGLAMENTARIO / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA / CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Los proponentes podrán corregir los requisitos no esenciales para la comparación de propuestas, porque no otorgan puntaje, hasta el término de traslado del informe de evaluación según cada modalidad de selección?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 derogó el artículo 25.15 de la Ley 80 de 1993, pero el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 retomó su texto. Esta norma definió, en consonancia con lo que en su momento introdujo el artículo 4 del Decreto 2170 de 2002, los requisitos necesarios para comparar las propuestas como aquellos que no afectan la asignación de puntaje, que podrían ser solicitados por las entidades en cualquier momento hasta antes de la adjudicación del contrato (art. 28 del CC). De modo que, la Ley 1150 estableció la posibilidad de corregir los requisitos del pliego que no fueran esenciales para comparar las propuestas, es decir, aquellos que no sumaban puntaje. En este sentido, el artículo 5 diferenció entre los requisitos necesarios para participar en el proceso y sujetos a una verificación simple por parte de la entidad –que por regla general corresponden a los denominados «requisitos habilitantes»–, y aquellos a los que se les asignarían puntajes, fundamentales para la selección de la oferta más favorable. De acuerdo con la Ley 1150 de 2007, los requisitos que no pueden ser corregidos son aquellos a los que se les asignan puntaje. Por lo tanto, si en un proceso de evaluación un requisito no se evalúa con puntos, sus deficiencias pueden ser rectificadas y la entidad debe solicitar al oferente que aporte lo necesario para que su propuesta sea evaluada en igualdad de condiciones con las demás. Por su parte, el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 modificó el párrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Esta norma estableció que los proponentes podrán corregir los requisitos no esenciales para la comparación de propuestas, porque no otorgan puntaje, hasta el término de traslado del informe de evaluación según cada modalidad de selección. Así mismo, durante este periodo, los proponentes no podrán corregir defectos en la propuesta ocurridos después del cierre del proceso. Según los antecedentes legislativos de la Ley 1882 de 2018 (art. 27 del CC), era necesario establecer un plazo legal preclusivo que especificara hasta cuándo era posible corregir las propuestas. La norma retomó la regulación entonces prevista en varios decretos reglamentarios, con el fin de impedir a los proponentes que, durante el lapso para subsanar las propuestas, acreditaran circunstancias que tuvieron lugar con posterioridad al cierre, así como el hecho de que la no presentación de la garantía de la seriedad era causal de rechazo de la oferta. El juez debe, entonces, determinar el régimen aplicable al proceso de selección en cada caso.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2170 DE 2002 - ARTÍCULO 4, LEY 1150 DE 2001 - ARTÍCULO 5 PARÁGRAFO 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32, LEY 1881 DE 2018 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 15, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 27, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 28
PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OFERTA MÁS FAVORABLE / CONTRATACIÓN ESTATAL / LICITACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / ACTO PRECONTRACTUAL / CONTRATACIÓN DIRECTA / PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO / DEROGATORIA DE LA NORMA / SUSPENSIÓN PROVISIONAL / TÉRMINOS DE REFERENCIA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Problema jurídico:
¿La selección objetiva es un deber fundamental en la actividad precontractual de la Administración, que orienta todos los procesos de selección, entre ellos la licitación pública y la contratación directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los procesos de selección tienen por objeto garantizar una elección objetiva, libre de arbitrariedad, conforme a unos criterios y procedimientos establecidos previamente. Esto es esencial para asegurar que el contrato se celebre con el oferente que presenta la oferta más favorable para la entidad, como nuestra legislación lo previó desde las primeras normas sobre contratación pública (artículos 9, 13, 21 y 27 de la Ley 110 de 1912) y lo ha reconocido de vieja data esta Corporación, al resaltar la importancia de la licitación pública. La selección objetiva es un deber fundamental en la actividad precontractual de la Administración, que orienta todos los procesos de selección, entre ellos la licitación pública y la contratación directa. Es un elemento de la contratación estatal que permite la elección de la mejor oferta para los fines estatales (art. 3 Ley 80 de 1993). La discrecionalidad y la selección objetiva son conceptos excluyentes, por lo que la elección está para cada una de las modalidades de selección. Según el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 –vigente al momento de los hechos– la selección es objetiva cuando se elige la oferta más favorable para la entidad y sus fines, sin la influencia de factores subjetivos. El ofrecimiento más favorable es aquel que es más ventajoso para la entidad, con fundamento en los factores de escogencia previstos en los pliegos de condiciones o en el análisis previo a la suscripción del contrato –contratación directa–, sin que se tengan en cuenta elementos diferentes a los contenidos en dichos documentos o sólo alguno de ellos. Conforme a la jurisprudencia que analizó el artículo 29, antes de su derogatoria y durante la suspensión provisional del artículo 4 del Decreto 2170 de 2002, esta norma estableció varios conceptos a saber: a). Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. b). Ofrecimiento más favorable es aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos o sólo alguno de ellos. c). El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2170 DE 2002 - ARTÍCULO 4, LEY 110 DE 1912 - ARTÍCULO 13, LEY 110 DE 1912 - ARTÍCULO 21, LEY 110 DE 1912 - ARTÍCULO 27, LEY 110 DE 1912 - ARTÍCULO 9, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3
SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / ACTO PRECONTRACTUAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / OFERTA MÁS FAVORABLE / DISCRECIONALIDAD / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD / ENTIDAD PÚBLICA / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO / MEJOR PROPUESTA / PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿La selección objetiva, que aplica a todas las modalidades de selección es, además, un deber –regla conducta– en la actividad precontractual, que apunta a un resultado, cual es, la escogencia de la oferta más ventajosa para los intereses colectivos perseguidos con la contratación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La selección objetiva se ha entendido, de antaño (desde la Ley 110 de 1912), como un deber fundamental en la actividad precontractual de la Administración, que orienta todos los procesos de selección, que permite la elección de la mejor oferta para los fines estatales previstos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y se opone a la discrecionalidad. La selección objetiva, que aplica a todas las modalidades de selección es, además, un deber –regla conducta– en la actividad precontractual, que apunta a un resultado, cual es, la escogencia de la oferta más ventajosa para los intereses colectivos perseguidos con la contratación. La selección objetiva, en esencia, trae como consecuencia que, en la contratación, la Administración está obligada a respetar los principios que la rigen –transparencia, economía y responsabilidad– y los criterios de escogencia definidos en los documentos precontractuales. Para ello, las entidades públicas deben garantizar la aplicación de los criterios establecidos en las bases del proceso para la escogencia del proponente al que se le adjudicará el contrato por haber presentado la mejor propuesta. Estos criterios, además, deberían ser analizados de manera previa por la entidad con arreglo a las condiciones del pliego que rigen el respectivo proceso, con el fin de determinar en forma motivada que la propuesta elegida resultaba ser en realidad la más ventajosa. De suerte que el concepto de «ofrecimiento más favorable» puede ser susceptible de concreción en sede de revisión de la legalidad y razonabilidad de la comparación de los ofrecimientos, por cuanto esta actividad no es discrecional ni arbitraria, sino reglada, en tanto pone a la Administración en frente del inequívoco camino de elegir aquella oferta que se ajusta a dichas condiciones y adjudicar al proponente que supera a los demás. En efecto, la mejor oferta, de acuerdo con los artículos 24.5 y 30.2 de la Ley 80 de 1993, vigente al momento del proceso de selección, se escoge a partir de una confrontación con los documentos precontractuales que las entidades debían —y deben aun actualmente— elaborar previo a la apertura del proceso. Según las expresiones de la Ley 80 de 1993, se denominaban pliegos de condiciones o términos de referencia, los cuales deben contener reglas claras, objetivas y completas para la selección de la mejor propuesta.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 2
APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / MINUTA DE CONTRATO / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / OFERTA MÁS FAVORABLE / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA / FINALIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Los pliegos de condiciones regulan el procedimiento de selección y deben contener reglas claras, objetivas y completas para la elección del contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
Previo a la apertura de la licitación, la Administración debe elaborar los pliegos de condiciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.5 y 30.2 de la Ley 80 de 1993, vigente a la época de los hechos. Estos pliegos regulan el procedimiento de selección y deben contener reglas claras, objetivas y completas para la elección del contratista. Además, los pliegos incluyen el borrador del contrato, esto es la minuta por celebrar. Los pliegos de condiciones son documentos contractuales de gran importancia, que sirven como marco de referencia tanto para la ejecución del contrato como para su interpretación. Aunque son fundamentales, no prevalecen sobre el contrato y sus estipulaciones, ya que lo acordado entre las partes es ley y solo puede modificarse por acuerdo mutuo, declaración judicial o nulidad. En concordancia, la doctrina ha establecido que los pliegos deben contener reglas claras y precisas. Sin embargo, en caso de contradicciones o ilegalidades, o en el supuesto de que el pliego induzca a los oferentes a error, los proponentes deben alegarlo antes de la presentación de sus propuestas o al tiempo de esa presentación, solicitando simultáneamente las aclaraciones o correcciones que correspondan. Asimismo, la Administración es responsable de incorporar al pliego reglas claras y completas y precisar su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los criterios de selección y todas las demás circunstancias de tiempo modo y lugar que consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas, de acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 80 de 1993. Los pliegos son documentos de gran importancia, en especial, bajo las reglas de la Ley 80 de 1993 antes de ser modificada por la Ley 1150 de 2007, porque bajo esa norma el pliego era el que definía los requisitos para escoger la mejor oferta sin las limitaciones legales hoy vigentes sobre requisitos habilitantes y que otorgan puntaje. Entonces, constituyen un imprescindible marco de referencia para la ejecución del contrato y, claro está, sirve para interpretarlo, con el fin de desentrañar la intención de las partes (arts. 23 y 28 de la Ley 80 y 1618 y ss. del CC). Así las cosas, los pliegos de condiciones son esenciales tanto en la etapa precontractual como durante la ejecución del contrato, que propende por la igualdad de oferentes y la selección objetiva (art. 24) y del «principio de economía», con arreglo al cual, los procedimientos contractuales son mecanismos para cumplir los fines estatales (art. 25).
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / ACREEDOR / OBLIGACIONES / HECHO JURÍDICO / DEUDOR / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBERES DE LAS PARTES DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Al demandante es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 1757 del CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. En concordancia, el artículo 177 del CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 del CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas cuando no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55