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¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción porque la demanda se presentó por fuera de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para el pago de la condena? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición si presenta la demanda fuera del plazo de dos años contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la condena. En este caso, la sentencia de 20 de septiembre de 2000, que impuso la condena, quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2000, y el plazo para efectuar el pago se extendió hasta el 4 de mayo de 2002, es decir, dieciocho meses después de la ejecutoria. Como los documentos presentados no acreditan la fecha exacta del pago, el término de caducidad se computa desde el 5 de mayo de 2002, por lo que la demanda presentada el 11 de enero de 2006 es extemporánea, operando la caducidad de la acción. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad y su configuración en casos similares, lo que implica que cualquier demanda presentada fuera del plazo establecido será declarada caduca.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Es procedente la condena en costas contra la entidad demandante cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente? No
El contratista no es condenado en costas cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente, ya que la Sala considera que la entidad demandante no actuó con temeridad ni mala fe, elementos necesarios para la condena en costas. La Sala reitera que la acción de repetición no es un proceso ejecutivo, sino declarativo, donde se debate la responsabilidad de los agentes del Estado, y en este caso, la parte recurrente no logró demostrar la existencia de dolo o culpa grave. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandante, lo que implica que en casos similares, si no se acredita la mala fe o temeridad, no procederá la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. La Sala confirmará la sentencia apelada, aunque por las razones que se expondrán en esta decisión, que están relacionadas con la ausencia de prueba del elemento subjetivo. A pesar de que se probaron los elementos objetivos de la acción de repetición, no se acreditó que una conducta gravemente culposa del demandado hubiera determinado, o al menos incidido de modo eficiente, en los hechos por los cuales el Estado acordó el pago de una indemnización a favor de las víctimas de la emboscada de que fueron objeto militares de dicho Batallón el 7 de febrero de 1998.síntesis automática
También resuelve:¿Se observó temeridad o mala fe en el actuar de la parte actora que haga procedente la condena en costas?
¿Procede la condena en costas procesales en primera instancia en el caso concreto, en cuanto existió temeridad procesal o mala fe por parte del hoy demandante al repetir sin fundamento en contra de los demandados, al entorpecer y/o dilatar el desarrollo normal del proceso y al someterlos a asumir el pago de honorarios para su defensa? No
En la acción de repetición no procede condenar en costas en primera instancia cuando no se acredita temeridad ni mala fe de la parte demandante, ni una conducta que entorpezca o dilate el proceso, y que el pago de honorarios de la defensa de los demandados no demuestra por sí solo la temeridad. Una razón es que el demandante tuvo motivos para vincular al agente, pues la demanda y las pruebas mostraban su contacto con el paciente, la realización de análisis de síntomas y su influencia en el diagnóstico, de modo que la demanda no fue infundada ni caprichosa. Otra razón es que las demoras del proceso se debieron a causas ajenas a la entidad, como la notificación de un demandado en el exterior, la posesión de la curadora ad litem, la reconstrucción del expediente y las medidas de descongestión. En el caso, la Sala confirmó la decisión que se abstuvo de condenar en costas, y señaló que, bajo el régimen del Código Contencioso Administrativo, no era posible condenar en costas a la demandante. Su consecuencia práctica es que la mera absolución por falta de elemento subjetivo no basta para imponer costas al demandante en repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia, en razón a que las partes procesales actuaron con temeridad o mala fe?
¿Se acreditaron los requisitos de procedencia de la acción de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia de la acción de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, al no cumplir con la carga de la prueba conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ya que no presenta pruebas conducentes y pertinentes para demostrar la culpa grave o el dolo del demandado. En este caso, la Sala confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda por falta de prueba sobre la culpa grave y el dolo, lo que implica que el contratista debe aportar evidencias claras y relevantes para establecer la responsabilidad del agente estatal en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad de la acción de repetición?¿Existió temeridad de la parte actora que haga procedente la condena en costas?
¿El consorcio cumplió los requisitos de habilitación previstos en el marco de la licitación pública, para la adjudicación de un contrato de concesión de infraestructura vial? No
El contratista no cumple los requisitos de habilitación previstos en el marco de la licitación pública para la adjudicación de un contrato de concesión de infraestructura vial, ya que debe demostrar el cumplimiento de todas las exigencias financieras establecidas en el pliego de condiciones, incluyendo la calificación crediticia global de la entidad financiera, que en este caso era de al menos BBB de Standard & Poor’s Corporation o su equivalente. La entidad financiera del consorcio presentó una calificación de BBB-, lo cual es inferior a la requerida, ya que la calificación BBB- indica una posición de pago menor a la de BBB. Además, la calificación presentada fue una evaluación nacional, no global, lo que no cumple con los estándares internacionales exigidos por el pliego de condiciones. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los requisitos financieros establecidos en el pliego de condiciones para ser considerado un proponente admisible en procesos de licitación pública.síntesis automática
También resuelve:¿El pliego de condiciones estableció que la entidad financiera debía tener una calificación global de al menos BBB de Standard & Poor’s Corporation o su equivalente?¿Procede la condena en costas en segunda instancia?
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede beneficiarse del término de suspensión del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 para evitar la caducidad de la acción de controversias contractuales sin acreditar que radicó la solicitud de conciliación prejudicial y que dicha solicitud fue declarada fallida, lo que implica que la entidad estatal no confesó haber realizado la audiencia de conciliación prejudicial en el escrito de contestación de la demanda, y que la parte actora no cumplió con su carga probatoria de demostrar la suspensión del término de caducidad. La Sala modifica la sentencia para declarar la caducidad de la acción, reafirmando que el derecho de acceso a la administración de justicia no exime a las partes de sus deberes y cargas procesales. Además, la Sala determina que no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho, ya que la parte vencida no actuó con temeridad o mala fe dentro del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso?
¿Operó la caducidad de la acción, en razón al incumplimiento de las cargas procesales en cabeza de la actora, porque la admisión de la demanda se produjo tardíamente? No
La entidad estatal no opera la caducidad de la acción de repetición en razón al incumplimiento de las cargas procesales en cabeza de la actora, debido a que la admisión de la demanda se produjo dentro del plazo establecido. La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años, contados a partir del día siguiente a la pagada la condena por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la demanda fue presentada en febrero de 2004, lo que la hace válida, incluso considerando los siete días que tardó la demandante en allegar la documentación requerida.síntesis automática
También resuelve:¿Deben reconocerse costas procesales a favor del demandado, de acuerdo con una interpretación objetiva del artículo 55 de la Ley 446 de 1998…
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato no es liquidado inicia a partir del cumplimiento del plazo máximo que da la ley para tal efecto? Sí
El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato no es liquidado inicia a partir del cumplimiento del plazo máximo que da la ley para tal efecto. En este caso, la demanda se presentó dentro del término de caducidad, el contrato terminó el 29 de octubre de 2007 y no fue liquidado, por lo cual, los dos años de caducidad se computarían desde el plazo máximo para realizar la liquidación unilateral, conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que el cambio de los precios en los insumos para la ejecución de la obra provocó la ruptura del equilibrio económico del contrato?¿Cuál es el criterio de procedencia en costas en asunto regido por el CCA?
¿Al presente proceso en ejercicio de la acción de repetición le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001? No
El régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001 no es aplicable al proceso en ejercicio de la acción de repetición contra un agente del Estado, ya que los hechos ocurrieron en diciembre de 1993, con anterioridad a su vigencia. Además, la acción de repetición no se puede apoyar en la sentencia del proceso de reparación directa, ya que no le es oponible al demandado y la responsabilidad del Estado se analizó "bajo la arista de la responsabilidad presunta". No se demostró que el agente cometiera una conducta dolosa o gravemente culposa que justifique la condena patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la culpa grave en la conducta del agente por lo cual debe responder patrimonialmente por la condena pagada por el Estado?¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo?
¿Procede la declaración de excesiva onerosidad sobrevenida cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o terminación judicial? No
La excesiva onerosidad sobrevenida no procede cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o de terminación judicial, pues la figura exige que la alteración de las condiciones afecte prestaciones pendientes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 868 del Código de Comercio consagra la figura, que la doctrina y la jurisprudencia también denominan teoría de la imprevisión, sin que deba confundirse con otras instituciones; el régimen de derecho privado del contrato, conforme a los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, excluye las disposiciones del Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico; y la pretensión debe interpretarse dentro del marco de la excesiva onerosidad, para verificar si se configura. Por ello, cuando las prestaciones ya fueron ejecutadas, no existe objeto sobre el cual predicar el ajuste judicial de la prestación. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a esta pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿Cumple el Consorcio la carga argumentativa y probatoria necesaria para controvertir la decisión de primera instancia?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia cuando el recurso de apelación de la parte demandante recibe una decisión desfavorable?
¿La contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir de la suscripción del acta bilateral, la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral o, en defecto de las dos modalidades anteriores, desde el vencimiento del plazo para efectuarla? Sí
Cuando el contrato estatal debe liquidarse y no se ha liquidado, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde la suscripción del acta bilateral de liquidación, desde la ejecutoria del acto de liquidación unilateral o, a falta de ambas, desde el vencimiento del plazo legal para practicarla, según el literal d) del artículo 136 del CCA. Las razones que sostienen la regla son tres: el cómputo del plazo es de orden público y no puede alterarse por acuerdo, la Ley 446 de 1998 incorporó en el artículo 136 los eventos que fijan el conteo, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 permite liquidar de forma extemporánea dentro del bienio siguiente, facultad cuyo ejercicio no puede convertirse en una restricción procesal. Si la facultad no se ejerció y el contrato no quedó liquidado, el plazo corre desde el vencimiento de la liquidación. La providencia reitera la jurisprudencia unificada sobre este punto, y el caso se resolvió confirmando la decisión de instancia. La consecuencia práctica es que el demandante debe verificar si el contrato fue liquidado dentro del plazo y, si no lo fue, contar la caducidad desde su vencimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Erró el a quo al tomar como hito inicial del plazo para la incoación del medio de control de solución de controversias contractuales…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Sí
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.
También resuelve:¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Procede la cláusula penal de forma proporcional al cumplimiento del contrato? Sí
El contratista incumple el contrato cuando no ejecuta la obra en su totalidad, por lo que la cláusula penal es aplicable de forma proporcional al grado de cumplimiento, tal como lo determinó el tribunal en primera instancia. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en fuerza mayor que justifique la exención del contratista de su responsabilidad contractual. Además, el dictamen pericial presentado por la aseguradora no cumple con los requisitos legales para ser valorado, ya que no se acompañaron los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del perito ni los que le sirven de fundamento. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir con los requisitos legales para la valoración de los dictámenes periciales y subraya la importancia de la proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal en casos de incumplimiento parcial.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?¿En los contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales comenzará a contar a partir de los dos meses siguientes al vencimiento del…¿El dictamen aportado por la Aseguradora cumple con los requisitos establecidos el artículo 226 del CGP?
Sentencia — Sentencia2025-07-17Sección PrimeraNUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓNRad. 76001233100020130000401ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[E]stablecer si el acto acusado está viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política; y la Ley 140 de 1994. No
El Concejo Municipal de Santiago de Cali tiene competencia para regular la publicidad exterior visual en su jurisdicción, aplicando el principio de rigor subsidiario para proteger el patrimonio ecológico, sin vulnerar el derecho a la igualdad ni limitar el ejercicio del trabajo, siempre y cuando no se demuestre un trato diferenciado injustificado o que afecte la confianza legítima de los actores económicos. La Sala confirma que el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006, al establecer requisitos más rigurosos para la instalación de vallas publicitarias, no viola la Constitución ni la Ley 140 de 1994, y reitera jurisprudencia sobre la autonomía municipal y el principio de rigor subsidiario en materia ambiental.síntesis automática
¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve:¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad?¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato?¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El medio de control de controversias contractuales se entiende presentado dentro del término legal cuando la demanda se interpone oportunamente dentro del plazo de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA. La contabilización del término de caducidad se efectúa a partir del vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del contrato, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende dicho término hasta la fecha en que se declare formalmente fallida la diligencia.síntesis automática
También resuelve:¿Es jurídicamente posible suspender o prorrogar un contrato ya finalizado?¿La Empresa Aguas de Facatativá actuó de mala fe al trasladar al contratista obligaciones propias de la planeación y ejecución previa del proyecto…¿Los demandados acreditaron que subsistían las causas de suspensión del contrato y que estas configuraban una excepción de contrato no cumplido o una causa extraña que exonerara a la contratista de…
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
¿Se presenta nulidad del acto administrativo de adjudicación de la licitación pública y del contrato suscrito en cumplimiento de aquel, por cuanto con posterioridad a la audiencia de adjudicación, en una revisión de la calificación de las propuestas el comité evaluador de Fonade determinó que la media aritmética era otra y el oferente adjudicatario quedaba en segundo lugar en el orden de elegibilidad? No
El contratista no puede obtener la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato derivado de una licitación pública si no acredita adecuadamente la existencia de un error en la evaluación inicial del comité de evaluación, ya que la entidad contratante puede apartarse de las recomendaciones del comité siempre y cuando justifique su decisión en el acto administrativo final. La Sala establece que la entidad demandante no presentó pruebas suficientes para demostrar la ilegalidad del acto de adjudicación, por lo que no procede la verificación de la oferta más favorable. Además, la Sala reitera que la entidad contratante puede modificar el orden de elegibilidad propuesto por el comité evaluador, siempre y cuando justifique su decisión. Este precedente confirma que la entidad demandante no cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar la nulidad del acto administrativo de adjudicación, lo que implica que en casos similares, el actor debe aportar pruebas concluyentes para que la Sala declare la nulidad del acto administrativo y proceda a verificar la oferta más favorable.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad contratante puede apartarse de las recomendaciones que emita el comité evaluador sobre el orden de elegibilidad o calificación de las propuestas?¿En materia de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, corresponde al actor acreditar la nulidad de los actos administrativos acusados…¿En el presente caso, procede la condena en costas?
¿El IDU y Transmilenio SA incumplieron el contrato de consultoría por no haber pagado algunas actividades que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución contractual? No
El contratista no puede exigir el pago de actividades adicionales que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución del contrato, ya que no hubo acuerdo de voluntades entre las partes para incorporar estos ítems al negocio jurídico con un precio definido. La Sala confirmó que los trabajos no incluidos en el contrato inicial ni en los modificatorios correspondientes son adicionales y, por lo tanto, no pueden ser exigidos como parte del contrato original. Esta decisión reitera la necesidad de un acuerdo explícito entre las partes para incluir nuevos ítems y establecer su contraprestación, lo que implica que el contratista no puede realizar ejecuciones materiales sin un acuerdo previo sobre su remuneración, evitando así reclamos por incumplimiento contractual basados en trabajos no pactados.síntesis automática
También resuelve:¿La ley fija límites objetivos para la contabilización de la caducidad, los cuales son de orden público y, por consiguiente, de perentoria observancia?¿Las consecuencias en materia de los costos y gastos que genere el proceso se le asignaron a la parte vencida?