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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la acción contractual se ejerció de forma oportuna

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Fecha
2022-04-22
Radicado
25000232600020110015001
Número interno
50127
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
EMPRESA DE VIGILANCIA SANTAFEREÑA LTDA. COSERVICREA LTDA.
Demandado
DIAN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la acción contractual se ejerció de forma oportuna

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Con el propósito de precisar el sentido y alcance del inciso 2 del artículo 87 del C.C.A. norma aplicable exclusivamente a los procesos judiciales iniciados con posterioridad al 8 de julio de 1998, fecha de la publicación de la Ley 446 de julio 7 de 1998 y anteriores al 2 de julio de 2012, entrada en vigencia del CPACA, la jurisprudencia puntualizó las diversas hipótesis que se contemplan dentro de esta norma, en orden a clarificar la aplicación de los distintos términos de caducidad y sus efectos… Ahora bien, descendiendo al caso concreto se tiene que la demanda se ubicó en la tercera hipótesis planteada… [por la jurisprudencia, que consiste en señalar que la norma dispone que antes del vencimiento del término de los 30 días sí no se ha celebrado el contrato, debe procederse a demandar el acto en forma separada con el objeto de obtener su nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho. y en sentido contrario…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe demandar el acto de adjudicación en forma separada y antes del vencimiento del término de 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación para obtener su nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho, sin embargo, si la demanda se presenta después de este término y antes de la suscripción del contrato, sólo procede la impugnación conjunta de ambos actos con el objeto exclusivo de declarar la nulidad del contrato, excluyendo el restablecimiento del derecho. La acción de controversias contractuales se ejerce dentro de los dos años contados a partir de la suscripción del contrato, y la caducidad de la acción no opera si la demanda se presenta dentro de este plazo. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, lo que implica que las pretensiones económicas no son procedentes si la demanda se presenta fuera del término de 30 días para la impugnación del acto de adjudicación.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuándo se pretende demandar antes del vencimiento del término de los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación y en los cuales no se ha celebrado contrato aun, debe demandarse el acto en forma separada con el objeto de obtener su nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho, sin embargo, si el término ya ha vencido, sólo procede la impugnación de ambos actos y con el objeto exclusivo de la declaratoria de nulidad del contrato, lo cual excluye el restablecimiento del derecho, permitiento interponer la acción de controversias contractuales como en el caso concreto, en el cual se busca la declaratoria de nulidad del acto administrativo previo de adjudicación y por ende la nulidad absoluta del contrato estatal, así mismo, tiene que tenerse en cuenta que el término de caducidad de dicha acción es de dos años contados a partir de la suscripción del contrato ?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 136 y 87 inc. 2
  • Ley 446 de 1998, arts. 32 y 87
  • Ley 80 de 1993, art. 77 par. 1

También resuelve

  • ¿El pliego de condiciones determina las reglas, factores y criterios que facilita la selección objetiva del contratista, en él debe delimitarse de forma clara y precisa los requisitos habilitantes y…
  • ¿Los requisitos habilitantes ayudan a determinar si el proponente cumple o no con las exigencias necesarias para participar en el proceso de selección…
  • ¿El Ministerio de Protección Social puede expedir las autorizaciones para laborar horas extras en el territorio nacional, sin que se distinga entre las dependencias que lo componen o representan…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CONTRATO ESTATAL SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL UNIÓN TEMPORAL CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA OFERTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRINCIPIO DE ECONOMÍA PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN ESTATAL FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PROPONENTE PROPUESTA DEL PROPONENTE PRINCIPIO DE IGUALDAD PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL ENTIDAD ESTATAL EVALUACIÓN DE LA OFERTA EVALUACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE OFERENTE ENTIDAD PÚBLICA FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE DIAN HORAS EXTRAS ACREDITACIÓN DE LAS HORAS EXTRAS AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS PUNTAJE ASIGNADO MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ACTO ADMINISTRATIVO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS MEJOR PROPUESTA NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA SOCIEDAD CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE FUNCIONARIO PÚBLICO ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO NULIDAD ABSOLUTA PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

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APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CONTRATO ESTATAL / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / UNIÓN TEMPORAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVA / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD Problema jurídico: ¿Cuándo se pretende demandar antes del vencimiento del término de los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación y en los cuales no se ha celebrado contrato aun, debe demandarse el acto en forma separada con el objeto de obtener su nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho, sin embargo, si el término ya ha vencido, sólo procede la impugnación de ambos actos y con el objeto exclusivo de la declaratoria de nulidad del contrato, lo cual excluye el restablecimiento del derecho, permitiento interponer la acción de controversias contractuales como en el caso concreto, en el cual se busca la declaratoria de nulidad del acto administrativo previo de adjudicación y por ende la nulidad absoluta del contrato estatal, así mismo, tiene que tenerse en cuenta que el término de caducidad de dicha acción es de dos años contados a partir de la suscripción del contrato ? Respuesta al problema jurídico: Si [C]on el propósito de precisar el sentido y alcance del inciso 2 del artículo 87 del C.C.A. norma aplicable exclusivamente a los procesos judiciales iniciados con posterioridad al 8 de julio de 1998, fecha de la publicación de la Ley 446 de julio 7 de 1998 y anteriores al 2 de julio de 2012, entrada en vigencia del CPACA, la jurisprudencia puntualizó las diversas hipótesis que se contemplan dentro de esta norma, en orden a clarificar la aplicación de los distintos términos de caducidad y sus efectos (…) Ahora bien, descendiendo al caso concreto se tiene que la demanda se ubicó en la tercera hipótesis planteada (…) [por la jurisprudencia, que consiste en señalar que la norma dispone que antes del vencimiento del término de los 30 días sí no se ha celebrado el contrato, debe procederse a demandar el acto en forma separada con el objeto de obtener su nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho. y en sentido contrario, una vez vencido el término sólo procede la impugnación conjunta de ambos actos y con el objeto exclusivo de la declaratoria de nulidad del contrato, lo cual excluye el restablecimiento del derecho no impetrado oportunamente]. (…) por manera que la correspondiente acción contractual se ejerció con posterioridad al vencimiento de los 30 días siguientes a la comunicación del acto de adjudicación, por lo cual se concluye, con apoyo en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, que las únicas pretensiones que podrían abrirse paso en este proceso son aquellas encaminadas a obtener las correspondientes declaratorias de nulidad del acto administrativo previo de adjudicación y la consiguiente nulidad absoluta del contrato, sin que resulte procedente en este litigio el estudio de las pretensiones económicas resarcitorias del restablecimiento del derecho por la no adjudicación del contrato estatal correspondiente, de acuerdo con la interpretación del artículo 87 del C.C.A. (…) En el presente asunto la parte actora presentó la demanda pasados los 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, y, por tanto, no procede analizar las pretensiones económicas, toda vez que al haberse presentado la demanda por fuera de los 30 días que disponía la ley para la impugnación del acto de adjudicación, resultan improcedentes las pretensiones indemnizatorias como lo ha establecido la jurisprudencia. Además, como el contrato se suscribió dentro de esos 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, la acción contractual se ejerció de forma oportuna, según lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación (…) En efecto, el término de 30 días fijado en el artículo 87 del C.C.A. se cuenta a partir de la notificación del acto de adjudicación, es decir, corrió entre el (…) y el (…). Como (i) la decisión de adjudicación del contrato se adoptó en audiencia pública el (…) mediante la Resolución (…) que se notificó en estrados a todos los asistentes, incluida la Unión Temporal (…) (ii) el contrato de prestación de servicios (…) se suscribió el (…) y (iii) la demanda se presentó el (…) no operó la caducidad de la acción contractual. (…) [L]a Sala concluye que en el presente proceso la demanda formulada en ejercicio de la acción contractual, cuya presentación se realizó el (…) se instauró dentro del término de dos (2) años previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el cual dispuso que, para la pretensión de nulidad del contrato, el término sería de 2 años, contados a partir de la suscripción del contrato y, en consecuencia, no operó la caducidad de la acción contractual que vencía el (…) la cual se abre paso únicamente en relación con las pretensiones de nulidad del acto de adjudicación y del respectivo contrato estatal, más no así en relación con las pretensiones encaminadas a obtener la condena de indemnización de perjuicios.(…) Ahora bien, es de resaltar que dentro del proceso obra constancia del agotamiento (…) del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, donde se indicó que la solicitud de conciliación se presentó el (…) siendo declarada fallida el (…) fecha en la que también se expidió la constancia del trámite. NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de noviembre de 2013, exp. 25646, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de noviembre de 2013, exp. 25646, C. P. Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 46204, C.P. María Adriana Marín. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia C-712 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 INCISO 2, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32 Y 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 PARÁGRAFO 1 PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATO ESTATAL / OFERTA / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / LICITACIÓN PÚBLICA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / CONTRATACIÓN ESTATAL / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PROPONENTE / PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRINCIPIO DE IGUALDAD / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD ESTATAL / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / EVALUACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿El pliego de condiciones determina las reglas, factores y criterios que facilita la selección objetiva del contratista, en él debe delimitarse de forma clara y precisa los requisitos habilitantes y los factores de calificación de las propuestas, esto con el fin de escoger la oferta más favorable para adjudicar el contrato, la cual debe ajustarse a los fines de la contratación pública y a sus principios? Respuesta al problema jurídico: Si El procedimiento de selección de contratistas es un medio para la obtención de las mejores ofertas para satisfacer las necesidades de la entidad y para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. Dicho proceso consta de una serie de etapas y reglas que deben ser claramente definidas por la administración y sujetarse a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y al deber de selección objetiva que rigen la contratación estatal. (…) El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública establece las modalidades de procesos de selección para la escogencia del contratista, a saber: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía. (…) Para el caso que ocupa la atención de la Sala, el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 estableció las reglas que rigen la modalidad de selección de licitación pública, las cuales fijan el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que los interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable para los intereses de la entidad y para los fines de la contratación estatal. (…) Entre las reglas que debe atender la administración para garantizar la igualdad de los proponentes y el deber de selección objetiva, se encuentra la de elaborar los pliegos de condiciones, los cuales detallan los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas.(…) Debe destacarse la importancia que tiene el pliego de condiciones en el procedimiento de selección del contratista, en cuanto en él se encuentran contenidas las reglas bajo las cuales los proponentes deberán elaborar sus ofrecimientos y los requisitos con arreglo a los cuales habrán de valorarse las correspondientes ofertas.(…) A este respecto, es conveniente recordar, como lo ha dicho la Sala de tiempo atrás, que el pliego de condiciones constituye la ley del proceso de licitación y del contrato a celebrar con ocasión del mismo, y se traduce en un conjunto de cláusulas elaboradas unilateralmente por la Administración, con efectos obligatorios, para disciplinar tanto el desarrollo y etapas del proceso de selección, como el contrato ofrecido a los interesados en participar en la convocatoria a través de la aspiración legítima de que éste les sea adjudicado para colaborar con aquella en la realización de un fin general, todo lo cual ha de hacerse con plenas garantías y en igualdad de condiciones para los oferentes.(…) De ahí que, esta Corporación ha señalado que el documento rector de los procesos (…) de selección y, en especial de la licitación pública, es el pliego de condiciones, que contiene la hoja de ruta del mismo, así como las condiciones del futuro contrato a adjudicar, y que está investido de una serie de características, como su intangibilidad y la carga de claridad y precisión que pesa sobre la entidad licitante que lo elabora.(…) En este orden, la intangibilidad consiste en la imposibilidad de modificar el pliego de condiciones una vez han sido entregadas y abiertas las propuestas, so pretexto de que quedó mal redactado o mal elaborado. El pliego, excepcionalmente, se puede modificar antes del cierre de la licitación, únicamente mediante adendas, que tiendan a aclarar puntos oscuros o expresiones ambiguas. Y es por esa carga y por la obligatoriedad del pliego tanto para los proponentes como para la entidad, que ésta debe soportar las consecuencias de la mala elaboración del pliego de condiciones. (…) En este orden de ideas, el artículo 24 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 definió el contenido mínimo de los pliegos de condiciones, entre los cuales se encuentran los siguientes: a) los requisitos objetivos que están obligados a acreditar los proponentes interesados en el proceso de selección condiciones de capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organizacional; b) las reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole y aseguren una escogencia objetiva -factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación detallada de los mismos; c) las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) Dicha normativa, además de definir los aspectos que deben regularse, también señala las conductas en las que no se debe incurrir en el proceso de selección del contratista, a saber: a) fijar condiciones y exigencias de imposible cumplimiento; b) establecer exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren; c) consignar reglas que induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada; d) fijar reglas que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad contratante (…) En definitiva, el pliego de condiciones es el instrumento que determina las reglas, (…) factores y criterios que posibilitan la selección objetiva del contratista, y tanto la administración como los proponentes quedan sometidos a sus preceptos, cuyo desconocimiento compromete necesariamente la validez de los actos expedidos por la entidad pública y también su responsabilidad. (…) De ahí que, la elaboración del pliego de condiciones por parte de las entidades estatales debe realizarse consultando los fines perseguidos con la contratación estatal artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y al deber de selección objetiva artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y 5 de la Ley 1150 de 2007-. (…) En este orden de ideas, es claro que, uno de los asuntos que necesariamente debe estar delimitado de forma clara y precisa en el pliego de condiciones, es el referente a los criterios de evaluación, entre los que se encuentran los requisitos habilitantes y los factores de calificación de las propuestas, para poder determinar quién será el adjudicatario del contrato. (…) El adecuado desarrollo de este aspecto posibilita la selección de la oferta más favorable para la entidad, en tanto, por un lado, la administración debe ceñirse a los criterios de evaluación en condiciones de transparencia, igualdad y objetividad, dado que la favorabilidad no podrá determinarse por factores diferentes a los contenidos en el pliego de condiciones y, por otro, los proponentes tienen el derecho de participar en igualdad de condiciones y a que su oferta sea evaluada, calificada y ponderada por la entidad de conformidad con las reglas previstas en el mismo pliego. (…) Así que, la selección objetiva, se fundamenta en aplicar rigurosamente los requisitos de selección de los oferentes y los criterios o factores de evaluación o calificación de las ofertas de forma precisa, detallada y concreta, que permitan a la entidad seleccionar una óptima propuesta o la más ventajosa para la entidad. (…) Ahora bien, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, la entidad estatal debe determinar con precisión en el pliego de condiciones las características de los bienes, obras y servicios, así como las condiciones de calidad de los mismos, las cuales son necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato. Esto pone en evidencia la necesidad de asegurar, desde la etapa de planeación del negocio jurídico, que los bienes que va a recibir la entidad como beneficiaria del contrato sean de la calidad suficiente para garantizar el cumplimiento de los fines que se trazó con la contratación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 3 de mayo de 1999, exp. 12344, C.P. Daniel Suárez Hernández; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de abril de 2006, exp. 16041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, M.P. María Adriana Marín, exp. 46204. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25,26 Y 30 REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / CONTRATO ESTATAL / OFERTA / OFERENTE / ENTIDAD PÚBLICA / ENTIDAD ESTATAL / PROPUESTA DEL PROPONENTE / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROPONENTE / DIAN / UNIÓN TEMPORAL / HORAS EXTRAS / ACREDITACIÓN DE LAS HORAS EXTRAS / AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS / PUNTAJE ASIGNADO Problema jurídico: ¿Los requisitos habilitantes ayudan a determinar si el proponente cumple o no con las exigencias necesarias para participar en el proceso de selección, sin permitir que se complemente algún aspecto que no fue plasmado en la presentación de la propuesta, en razón a esto y examinado el caso en concreto, se da cumplimiento por parte del proponente al requisito relativo a la autorización para laborar horas extras a nivel nacional que se estipulo en el pliego de condiciones? Respuesta al problema jurídico: Si Los requisitos habilitantes son aquellas condiciones mínimas que debe cumplir el oferente y que no son necesarias para la comparación de las ofertas, pues son de simple verificación y, por tanto, pueden ser subsanadas en la oportunidad prevista por la ley. Por ser requisitos habilitantes la entidad debe permitir que estos se puedan subsanar (…) Lo anterior permite concluir que el rechazo de una propuesta no procede por el incumplimiento de formalidades que no son objeto de comparación entre las propuestas. De esta forma fue previsto en el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, normatividad aplicable al presente asunto (…) Bajo esta misma línea resulta clara la diferencia entre los requisitos subsanables y no subsanables, siendo estos últimos, precisamente, los que otorgan puntaje. (…) Además, se entiende que la Ley 1150 de 2007 concedió la oportunidad de aclarar los documentos presentados para cumplir con los requisitos habilitantes, que no otorgaban puntaje, hasta el momento de adjudicación, lo cual comprendió incluso la audiencia correspondiente. (…) La jurisprudencia de esta Corporación, de conformidad con lo previsto en la ley, ha señalado que los pliegos de condiciones deben contener: a) los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección, b) las reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación, c) las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, d) no se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren, e) las reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad y f) el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía (numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993). Por ello, el pliego de condiciones ha sido llamado la ley del procedimiento de selección y la ley del futuro contrato, en tanto sus disposiciones son obligatorias tanto para la entidad licitante, como para los proponentes que participan en el procedimiento de selección. Es por eso que la intangibilidad de dichas reglas ha conducido así mismo a que se predique la carga de claridad y precisión que pesa sobre la entidad licitante, conforme a la cual a ésta le corresponde asumir las consecuencias que se deriven de una mala planificación, reflejada en errores o deficiencias que queden plasmados en el pliego (…) [H]ay que diferenciar que lo que se puede subsanar o sanear es la prueba de las condiciones habilitantes, pero no el requisito propiamente dicho.(…) Esta fue la intención del legislador prevista en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, al prever que los requisitos habilitantes sólo son objeto de verificación (cumple o no cumple), a la vez que estableció cuándo eran procedentes las solicitudes de corrección o saneamiento, de manera que las mismas deben dirigirse a comprobar si el proponente observó o no los requerimientos necesarios para participar en el proceso de selección, sin que se pueda permitir la complementación de un aspecto que no fue observado desde la presentación de la propuesta.(…) De conformidad con el material probatorio obrante en el proceso, particularmente los informes de evaluación de la propuesta presentada por la Unión Temporal S Y C y la subsanación de la misma en la oportunidad legal para hacerlo, la Sala considera que la parte actora demostró que cumplió con la exigencia prevista en el pliego de condiciones [requisito contenido en el numeral 3.2.6 del pliego de condiciones, relativo a la autorización para laborar horas extras en el nivel nacional], contrario a las razones esgrimidas por la entidad para rechazar la oferta y, además, obtuvo el mayor puntaje en todos y cada uno de los factores de evaluación y calificación, por encima de la Unión Temporal VSR DIAN 2009, quien resultó siendo adjudicataria. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2009, M.P. Manuel José Cepeda. Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 25804, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 5 de octubre de 2020, exp. 50793, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia del 19 de abril de 2018, exp. 54632, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 29 de octubre de 2018, exp. 57597, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 27 de agosto de 2020, exp. 44212, C.P. María Adriana Marín; sentencia del 13 de agosto de 2021, exp. 56960, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. 29855, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera FUENTE FORMAL: DECRETO 2663 DE 1961 - ARTÍCULO 162, DECRETO 995 DE 1968 - ARTÍCULO 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, CIRCULAR 060 DE 2008 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / HORAS EXTRAS / AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS / DIAN / PLIEGO DE CONDICIONES / DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA / LICITACIÓN PÚBLICA / ENTIDAD PÚBLICA / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿El Ministerio de Protección Social puede expedir las autorizaciones para laborar horas extras en el territorio nacional, sin que se distinga entre las dependencias que lo componen o representan, en razón a esto, en el caso bajo estudio para efectos de la licitación es válida la certificación que expide el coordinador del grupo de trabajo, empleo y seguridad social del Quindío? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l recurrente (…) alegó que el Coordinador del Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Dirección Territorial de Quindío del Ministerio de Protección Social no tenía competencia para certificar empresas a nivel nacional, pues sólo podía certificar las que correspondían a su jurisdicción (…) Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al recurrente, en la medida en que la ley dispone que es el Ministerio de la Protección Social, antes Ministerio del Trabajo, el competente para expedir las autorizaciones para laborar horas extras en el territorio nacional, sin que se distinga entre las dependencias que lo componen o representan (…) A lo anterior cabe agregar que fue la misma DIAN, al responder las observaciones que se presentaron a los pliegos, quien señaló que el Ministerio de la Protección Social era uno solo a nivel nacional, independientemente de su desconcentración de funciones en las direcciones territoriales y que, como ya se evidenció, para efectos de la licitación era válida la certificación que expidiera dicho ministerio tanto en el nivel central como en el territorial. Además, la entidad pública fue enfática en afirmar en la contestación de la demanda, que en el pliego de condiciones nunca se dispuso que la resolución de autorización de horas extras debía expedirla una u otra oficina del Ministerio de Protección Social, ya fuera por sus oficinas centrales o por una oficina regional, ambas eran válidas. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / HORAS EXTRAS / AUTORIZACIÓN DE HORAS EXTRAS / ACTO ADMINISTRATIVO / PROPUESTA DEL PROPONENTE / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / MEJOR PROPUESTA / LICITACIÓN PÚBLICA / ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / PROPONENTE / DIAN / COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / UNIÓN TEMPORAL / SOCIEDAD / OFERTA / EVALUACIÓN DE LA OFERTA / CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE / ENTIDAD PÚBLICA / ENTIDAD ESTATAL / FUNCIONARIO PÚBLICO / PUNTAJE ASIGNADO / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿La resolución que otorga autorización para laborar horas extras puede ser modificada o aclarada por constancia, oficio, resolución, circular o comunicación y no solo a través de acto administrativo, teniendo en cuenta que se expide por el mismo funcionario que emite la resolución por lo cual adquiere la calidad de documento público, sin embargo, en el caso concreto se omitió esto y se procede a rechazar la oferta del licitante privándolo de manera injusta e ilegal de la adjudicación del contrato a la que tiene derecho? Respuesta al problema jurídico: Si El anterior requisito [solicitud para allegar con la propuesta la copia de la resolución que autoriza las horas extras] generó diversas interpretaciones para los interesados en la Licitación Pública No. 001 de 2009. Esto se evidenció en la audiencia de aclaración del pliego de condiciones, en la que se presentaron varias observaciones relacionadas con el alcance de la (…) autorización, fundadas en que dicho requisito iba a generar problemas, en la medida en que unos proponentes iban a obtener una autorización a nivel nacional y otros no, porque el Ministerio de la Protección Social autorizaba laborar horas extras en el domicilio principal, lo que conllevaba a que se extendiera a las agencias y sucursales de la misma empresa. Esta observación fue planteada por la sociedad COSEQUÍN LTDA. (…) No obstante las múltiples inquietudes que se presentaron en torno al alcance de dicha autorización y las solicitudes para que se modificara este requisito, la DIAN dio respuesta a las observaciones señalando que el Ministerio de la Protección Social era uno solo a Nivel Nacional, independientemente de la desconcentración de funciones que tuviera en las Direcciones Territoriales, razón por la cual era válida, para efectos de la licitación, la certificación que expidiera el Ministerio tanto en el nivel central como territorial, sin que se hubiera dejado claro que, en todo caso, la autorización para laborar horas extras debía ser para el nivel nacional. (…) [E]n cuanto, al cumplimiento del requisito por parte de la Unión Temporal S Y C, en el proceso está demostrado que cada una de las cuatro sociedades que la integraban lo cumplieron, pues contaban con la autorización para laborar horas extras, expedida por una dependencia del Ministerio de la Protección Social. Particularmente, en lo que hace a la sociedad COSEQUÍN LTDA., la Sala observa que con la propuesta se allegaron las Resoluciones Nos. 309 del 19 de octubre de 2007 y 003282 del 24 de octubre de 2008, las cuales permitieron a la DIAN, en un primer momento, avalar el cumplimiento del requisito y, por tanto, dar viabilidad a la evaluación de la oferta, como en efecto aconteció con el informe de los requisitos habilitantes o de verificación.(…) Las demás sociedades integrantes de la unión temporal también cumplieron con el requisito, pues allegaron resoluciones expedidas en similares términos.(…) No obstante lo anterior, al dar respuesta a la observación presentada por la Unión Temporal VSR DIAN 2009, fue que la entidad pública reconsideró su decisión de habilitar la propuesta de la Unión Temporal S Y C como lo había hecho, con fundamento en que la sociedad COSEQUÍN LTDA. no cumplía con el requisito al que se hace mención. Esto dio lugar a que la proponente y ahora demandante procediera a subsanar la oferta aportando una constancia expedida el 9 de septiembre de 2009, es decir, antes de la adjudicación, por el Coordinador del Grupo Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Protección Social Territorial Quindío que aclaraba el alcance de la autorización previamente otorgada y vigente al momento del cierre del proceso de selección, para establecer que la autorización que había sido otorgada a favor de la empresa COSEQUÍN LTDA., la cual tenía su domicilio en la ciudad Armenia, debía entenderse que se extendía a todos y cada uno de los lugares y sitios de trabajo donde la empresa realizara sus labores en el ámbito nacional. (…) De esta forma quedó aclarada la duda de la DIAN y, por tanto, subsanado el requisito habilitante. (…) [L]a Sala no se explica por qué la entidad no aceptó dicha constancia, fundada en que la resolución de autorización [no puede ser modificada o ser aclarado su alcance a través de una constancia, sino mediante un acto administrativo de la misma naturaleza] (…) Sobre el particular, la Sala debe anotar que, del contenido de la constancia, claramente se puede establecer el cumplimiento del requisito, sea que se llame acto administrativo, constancia, certificación, oficio, resolución, circular o comunicación, dejando de lado el formalismo de la denominación, cuya solemnidad no está definida por el ordenamiento. (…) A lo anterior cabe agregar que fue el mismo funcionario que expidió la resolución de autorización, es decir el Coordinador del Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien certificó su ámbito de aplicación y alcance, obrando en representación del Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial del Quindío, circunstancia que no debió ser ignorada por la entidad, pues se trató de un documento público expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.(…) Cabe advertir que la entidad pública en ningún momento requirió a la Unión Temporal S Y C para que subsanara, pues, por el contrario, rechazó la oferta en la audiencia de adjudicación por falta de un requisito habilitante, cuando ya había establecido que la oferta estaba habilitada. (…) En el proceso quedó demostrado que la entidad pública sí requirió a otros proponentes para que subsanaran diversos requisitos habilitantes, pero no lo hizo con la ahora demandante. (…) Ahora bien, como se pudo observar en los informes de evaluación de las propuestas, la Unión Temporal S Y C fue habilitada para ser evaluada, justamente por cumplir con todos los requisitos habilitantes y de verificación. Y luego, en la etapa de calificación, obtuvo el mayor puntaje en cada uno de los factores previstos como calificables en el pliego de condiciones, tales como el apoyo a la industria nacional, aspectos técnicos relevantes (servicio de vigilancia, personal con curso de actualización), experiencia como consultor de seguridad, experiencia en servicio de vigilancia modalidad escolta, experiencia del director del contrato, el plazo para la reposición de bienes, la certificación a la Red Nacional de Explosivos e Incendios de la Fiscalía General de la Nación, la Certificación de afiliación al Frente de Seguridad Empresarial y el precio en la oferta económica. Ninguno de estos factores contempló la autorización para laborar horas extras, por lo que no era un requisito de calificación o que otorgara puntaje.(…) Dicha calificación se obtuvo en cada una de las seis (6) regiones para las cuales aplicó la Unión Temporal S Y C (…) De ahí que, en cuanto a la acreditación de los requisitos no necesarios para la comparación de las ofertas, la entidad puede y debe solicitarla, permitiendo al proponente subsanar y defenderse luego de la evaluación, en la medida en que son subsanables, dado que nada tienen que ver con la asignación de puntaje. (…) Tampoco se entiende la actuación de la DIAN al no tener en cuenta las resoluciones allegadas por la empresa COSEQUÍN LTDA., porque no autorizaron laborar horas extras a nivel nacional y sí validar los actos administrativos aportados por los demás integrantes de la Unión Temporal S Y C, cuando tampoco en ellos se especificó que la autorización era para el nivel nacional. (…) [En el caso concreto] [L]a Sala encuentra acreditada la ilegalidad del acto, pues con la certificación obtenida por el funcionario del Ministerio de la Protección Social se demostró el cumplimiento del requisito exigido y de los demás previstos en el pliego de condiciones, sumado al hecho de haber presentado la mejor oferta, por lo que era evidente que la Unión Temporal S Y C debió ser favorecida con la adjudicación. (…) De ahí que proceda declarar la nulidad del acto administrativo acusado. Esto, en la medida en que el rechazo de la oferta fue injustificado y se probó que la presentada por el demandante era la mejor y, por lo tanto, la más conveniente para la entidad, toda vez que en la calificación obtuvo el mayor puntaje; esto demuestra, además, que fue injusta e ilegalmente privado del derecho a la adjudicación y celebración del contrato y, por ende, que las mismas no recayeron en la mejor propuesta, como se afirmó en el acto demandado, circunstancia que demuestra el vicio de falsa motivación alegado en la demanda y que se declaró fundado por el a quo. (…) En consecuencia, la Sala habrá de modificar la sentencia de primera instancia en cuanto se mantendrá la declaratoria de nulidad del acto administrativo y la nulidad absoluta del contrato, pero se revocará el reconocimiento de perjuicios.
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 250002326000201100150-01 (50127) Actor: Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Ltda. y otros Demandado: DIAN y otros Acción: Controversias contractuales Tema: Nulidad del acto administrativo de adjudicación y nulidad absoluta del contrato. Consecuencias por presentar la demanda pasados 30 días a partir de la notificación de la adjudicación y antes de la celebración del contrato. Rechazo injustificado de la propuesta presentada por la demandante, tercera con interés directo. Importancia del pliego de condiciones, el cual debe contener reglas claras, precisas y completas. Diferencia entre requisitos habilitantes o de verificación y los de calificación de las ofertas. Oportunidad para subsanar la propuesta en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 23 de octubre de 2013, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. A. SÍNTESIS DEL CASO Mediante la Resolución No. 010217 del 22 de septiembre de 2009, el Director de Gestión de Recursos y Administración Económica de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales adjudicó la Licitación Pública No. 001 de 2009 a la Unión Temporal VSR- DIAN 2009. La propuesta presentada por la Unión Temporal S Y C, demandante en el presente asunto, fue rechazada en la audiencia de adjudicación por no cumplir con un requisito habilitante previsto en el pliego. La actora subsanó su oferta aportando en otro día de la misma audiencia el documento que daba alcance a dicho requisito, pero la entidad pública no lo tuvo en cuenta. B. ANTECEDENTES 2 Radicación número: 250002326000201100150-01 (50127) Actor: Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Ltda. y otros Demandado: DIAN y otros Acción: Controversias contractuales I. Demanda 1.1. Pretensiones 1. El 25 de febrero de 2011 (fl. 44 vto. c. ppal., 1ª instancia), la Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Ltda. -COSERVICREA LTDA.-, Compañía de Seguridad del Quindío Ltda. -COSEQUÍN LTDA.-, Vigilancia Santafereña y Cía Ltda. y Seguridad El Pentágono Colombiano Ltda. -SEPECOL LTDA.-, integrantes de la Unión Temporal S y C, presentaron demanda en ejercicio de la acción contractual contra la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante la DIAN, y la Unión Temporal VSR-DIAN 2009, integrada por las sociedades Vigías de Colombia SRL Ltda., Servisión de Colombia y Cía. Ltda. y Risk & Solutions Group Ltda., con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones (fls. 5-7, c. ppal., 1ª instancia): DECLARACIONES Y CONDENAS Primera. Declarar la nulidad de la Resolución No. 010217 de fecha 22 de septiembre de 2009, expedida por el Director de Gestión de Recursos y Administración Económica de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante la cual se adjudicó la licitación pública No. 001 de 2009 a la Unión Temporal VSR-DIAN 2009, integrada por Vigías de Colombia SRL Ltda. Servisión de Colombia y Cía Ltda. y Risk & Solutions Group Ltda., por no ser la mejor oferta conveniente para la entidad y sus fines, al no habérsele adjudicado la licitación en referencia y el contrato de él derivado a la Unión Temporal S Y C, conformada por la Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Ltda. (COSERVICREA LTDA.), Compañía de Seguridad del Quindío Ltda. (COSEQUÍN LTDA.), Vigilancia Santafereña y Cía Ltda. y Seguridad El Pentágono Colombiano Ltda. (SEPECOL LTDA.), no obstante ser la mejor propuesta. Segunda. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios celebrado entre la Unidad de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Unión Temporal VSR DIAN 2009, de fecha septiembre 30 de 2009, por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE ($11.519.914.180), derivado de la licitación pública No. 001 de 2009. Tercera. Que a título de restablecimiento del derecho y reparación, se condene a los demandados de manera solidaria a reconocer y pagar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes, en proporción a los porcentajes de su participación en la Unión Temporal S Y C, contemplados en el documento de constitución de fecha agosto 24 de 2009, al no habérsele adjudicado la licitación pública No. 001 de 2009 y el contrato de él derivado, no obstante ser su propuesta la mejor, expresados en los siguientes numerales y literales: 1).- Reconocer y pagar la suma de $1.103.998.300 a título de lucro cesante y/o utilidades dejadas de percibir, por haberse impedido celebrar y ejecutar el contrato derivado de la licitación pública No. 001 de 2009 y las adiciones que reciba el contrato, discriminadas de la siguiente manera: a).- La suma de $46.892.047 a título de lucro cesante y/o utilidades dejadas de percibir, equivalentes al 10% sobre el valor de la propuesta, en medios tecnológicos, para los ítems I, II, III, IV, V y VI, cuyo valor total es de $468.920.474. 3 Radicación número: 250002326000201100150-01 (50127) Actor: Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Ltda. y otros Demandado: DIAN y otros Acción: Controversias contractuales b).- La suma de $921.444.598 a título de lucro cesante y/o utilidades dejadas de percibir, equivalentes al 10% sobre el valor de la propuesta, en vigilancia con armas, para los ítems I, II, III, IV, V y VI, cuyo valor total es de $9.214.440.598. c).- La suma de $135.662.193 a título de lucro cesante y/o utilidades dejadas de percibir, equivalentes al 8% sobre el valor de la propuesta, en vigilancia sin armas, para los ítems I, II, III, IV, V y VI, cuyo valor total es de $1.695.777.415. d).- Que en el caso de que sea adicionado el contrato que resulte de la licitación pública No. 001 de 2009, se haga extensivo la condena de la utilidad dejada de percibir y/o lucro cesante, respecto del valor adicionado. 2).- Reconocer y pagar la suma de $13.012.585 por concepto de daño emergente, derivado de los dineros invertidos en la elaboración y presentación de la propuesta, dentro de la licitación pública No. 001 de 2009. 3).- Reconocer y pagar el equivalente a CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los integrantes de la Unión Temporal S Y C, a título de daño moral. 4).- Reconocer y pagar los intereses moratorios legales civiles equivalentes al 12% anual respecto del valor histórico actualizado, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, a partir de la fecha en que se hubiera terminado el contrato derivado de la licitación pública, es decir, desde julio 31 de 2010, sobre las sumas de dinero reconocidas en la presente solicitud. Cuarta.- Que como consecuencia de las pretensiones anteriores, también se condene a los demandados a pagar a cada uno de los demandante s la correspondiente actualización monetaria que conlleve a reconocer a los demandantes, en forma plena, los respectivos montos y clase de perjuicios reconocidos en la sentencia, tomando en cuenta los índices de precios al consumidor, tal cual lo establece el artículo 178 del C.C.A. Quinta.- Ordenar a los demandados el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en los artículos 176 y 177 del C.C.A. Sexta.- Que se condene en costas a los demandados, incluyendo el pago de las agencias en derecho que se ocasione. 1.2. Hechos 2. En los hechos (fls. 8-27, c. ppal., 1ª instancia), la parte actora afirmó que el 21 de julio de 2009, mediante la Resolución No. 07530, la DIAN ordenó la apertura de la Licitación Pública No. 001 de 2009 cuyo objeto fue “contratar la prestación del servicio de vigilancia con armas y sin armas, con utilización de medios tecnológicos y servicio conexo de consultoría, asesoría e investigación, para todas las dependencias e inmuebles de la entidad a nivel nacional, de conformidad con las especificaciones, características y condiciones señaladas en el pliego de condiciones”. 2.1. De conformidad con los numerales 1.3, 2.8, 6.1 y 6.2 del pliego de condiciones definitivo, en armonía con los numerales 1 y 10 de la adenda 01 de 2009, el objeto de la licitación se previó para seis regiones: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Pereira y Bucaramanga. 4 Radicación número: 250002326000201100150-01 (50127) Actor: Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Ltda. y otros Demandado: DIAN y otros Acción: Controversias contractuales 2.2. En el numeral 4.2 del capítulo cuarto del pliego de condiciones se contempló como criterios de evaluación y calificación de las propuestas el apoyo a la industria nacional, aspectos técnicos relevantes para el servicio de vigilancia (personal con curso de actualización), experiencia del consultor de seguridad, del director del contrato y en vigilancia bajo la modalidad de escolta. También se tendría en cuenta el plazo de reposición de los bienes y las certificaciones de afiliación a la Red Nacional de Explosivos e Incendios de la Fiscalía General de la Nación y al Frente de Seguridad Empresarial. Por último, sería objeto de puntaje la oferta económica (precio). 2.3. En el numeral 3.2.6 del pliego de condiciones se exigió, dentro de la documentación relacionada con la clase y calidad de los servicios, “copia o fotocopia legible de la resolución expedida por el Ministerio de Protección Social a nivel nacional, para laborar horas extras, la cual debe encontrarse vigente a la f

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201100150011100103