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Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 68001233300020170018502
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La demanda cuya pretensión de nulidad del acto de adjudicación de un concurso de méritos se presentó en término y la acción procedente es de controversias contractuales, como lo señaló la parte demandante? No
Cuando un proponente vencido pretende la nulidad de un acto de adjudicación de un concurso de méritos, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones: en vigencia del C.P.A.C.A. no es posible demandar por controversias contractuales los actos previos a la celebración del contrato; el artículo 141 del C.P.A.C.A. exige un interés directo para pedir la nulidad del contrato, que el no adjudicatario no tiene, porque su daño proviene de la indebida adjudicación y no de la celebración; y el término de caducidad se cuenta desde la publicación del acto. En el caso, el acto de adjudicación se expidió y publicó en agosto de 2015 y la demanda se presentó en mayo de 2016, por lo que fue extemporánea y se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el proponente vencido debe demandar la adjudicación dentro del término de nulidad y restablecimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿Tiene interés directo para demandar la nulidad del contrato un proponente vencido, cuyo único interés consiste en que se le paguen los perjuicios que le generó la adjudicación indebida?
¿Debe condenarse en costas y agencias en derecho a los apelantes pues su recurso no prosperó?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No es procedente el estudio de legalidad del acto administrativo
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 19001333100420100023201
ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el estudio de legalidad del acto administrativo, mediante el cual el agente liquidador de la ESE Antonio Nariño dio por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios No. CSP-3742008, por cuenta de la supresión y liquidación de la ESE, ordenada por el Decreto 3870 de 2008, mediante el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
Las decisiones del liquidador en el proceso de liquidación de una empresa social del Estado son actos administrativos y no contractuales, por lo que la legalidad de la terminación unilateral de un contrato de prestación de servicios dispuesta en ese proceso no se estudia mediante la acción de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que, en los términos del artículo 6 del Decreto 3870 de 2008, los actos del liquidador tienen naturaleza de actos administrativos, aunque decidan sobre reclamaciones que tengan origen en contratos. La segunda es que la vía idónea para cuestionar su legalidad es la nulidad y restablecimiento del derecho. La tercera es que la demandante ya había obtenido el reconocimiento de su crédito dentro del proceso de liquidación mediante una resolución ejecutoriada, con presunción de legalidad. En el caso concreto, el Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, que había declarado probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y error en la acción a seguir. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Las decisiones que emite el liquidador en el proceso de liquidación de la ESE son actos administrativos?
¿En eventos en los que se acredita que la parte actora actuó de mala fe y que su conducta fue temeraria, procede la condena en costas?
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-06-03
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 54001233100020100010601
ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión del liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander relativa a la terminación unilateral del contrato de asociación no. 0678 de 2006, constituye un acto administrativo contractual, por lo que debe declararse la excepción de falta de jurisdicción al existir pacto de una cláusula compromisoria en el negocio jurídico? No
El liquidador en el proceso de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander emite actos administrativos que no son contractuales, por lo que no caen bajo la competencia de un tribunal arbitral ni pueden ser objeto de una acción de controversias contractuales. Esto se debe a que la terminación del contrato de asociación no. 0678 de 2006 fue una decisión derivada de la orden de supresión y liquidación de la ESE, no de una decisión unilateral de las partes o de un conflicto contractual. Por tanto, la decisión del liquidador no constituye un acto administrativo contractual, y la excepción de falta de jurisdicción por pacto de cláusula compromisoria no prospera. Esto implica que las acciones basadas en la terminación del contrato por parte del liquidador deben ser abordadas a través de otros mecanismos legales distintos a la controversia contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales es la idónea para demandar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el liquidador de la ESE Francisco de Paula Santander comunicó la…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación del contrato, se intentó dentro del plazo preclusivo previsto en la ley?
Sentencia — Sentencia
2022-04-20
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100019980015701
ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación del contrato, se intentó dentro del plazo preclusivo previsto en la ley? No
El contratista no puede ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación del contrato una vez vencido el plazo de caducidad establecido en la ley, que en este caso es de cuatro meses contados a partir de la fecha en que se realizó la audiencia de adjudicación y se notificó el acto a los proponentes no favorecidos. En el presente caso, la entidad estatal llevó a cabo la audiencia de adjudicación el 16 de septiembre de 1997, en la que notificó el acto de adjudicación al contratista, quien asistió a dicha audiencia. El término de caducidad comenzó a correr desde esa fecha y venció el 16 de enero de 1998. La demanda fue presentada el 19 de enero de 1998, por lo que operó la caducidad del término de la acción, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a revisar la legalidad del acto de adjudicación una vez vencido el plazo establecido por la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del acto…
¿De conformidad con la ley y de acuerdo a la conducta asumida por las partes, procede la condena en costas?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No procede la nulidad de los actos administrativos atacados por la parte actora al invocar de manera inadecuada
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000232600020110094601
ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la nulidad de los actos administrativos atacados por la parte actora al invocar de manera inadecuada, una causal de nulidad que no aplica a los actos precontractuales? No
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos administrativos atacados al invocar de manera inadecuada una causal de nulidad que no aplica a los actos precontractuales, ya que la motivación del Tribunal para declarar la nulidad de las resoluciones no giró en torno a la causal invocada sino a la vulneración de normas superiores, como la de selección objetiva. La Sala confirma la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, actualizando el monto de la condena. Además, la competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, excluyendo el debate sobre otros aspectos no abordados en el recurso. En el presente caso, el juez de primera instancia adecuó la acción a la de nulidad y restablecimiento del derecho, evitando fallos inhibitorios y garantizando el acceso a la administración de justicia.síntesis automática
También resuelve:
¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses?
¿Se daban los presupuestos para que el juzgador de primera instancia, actuando como garante del acceso a la administración de justicia y con el propósito de evitar fallos inhibitorios…
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada de manera oportuna?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-11-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 13001233100020100028001
ACCION CONTRACTUAL
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:
¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?
¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?
¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se generaba la caducidad de la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho
Sentencia — Sentencia
2026-10-19
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 13001233100020030210001
ACCION CONTRACTUAL
¿La celebración del contrato estatal antes del vencimiento de los treinta (30) días extinguía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y limitaba a ese mismo término la reclamación de los perjuicios derivados de la ilegalidad del acto de adjudicación? Sí
El acto administrativo de adjudicación se demanda en nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los treinta días siguientes a su comunicación. Si el contrato se celebra antes del vencimiento de ese plazo, la acción procedente es la de controversias contractuales y por esa vía se reclaman los perjuicios.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda de nulidad del contrato 064 de 2003, fundamentada en la ilegalidad del acto de adjudicación, fue presentada oportunamente…
¿Se acreditó que la propuesta de la Unión Temporal MSI Electring Ltda. era la más favorable para la administración y que, por tanto, debía ser adjudicataria del contrato?
¿El hecho de que la Unión Temporal hubiera ocupado inicialmente el primer lugar en el informe de evaluación demostraba que debía ser adjudicataria?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
De acuerdo con los artículos 2 y 75 de la Ley 80 de 1993 su conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Sentencia — Sentencia
2022-05-31
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000232600020120010801
ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene competencia el Consejo de Estado, en segunda instancia, para conocer del proceso por responsabilidad por incumplimiento que, como deudor de una obligación contractual cedida, le correspondía al IDU, que es un establecimiento público y de las pretensiones subsidiarias de responsabilidad extracontractual, por las omisiones que la firma actora imputa al IDU? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales cuando es cesionario de un crédito derivado de un contrato estatal, ya que la cesión de derechos crediticios no altera la posición de las partes en el contrato original, según establece el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal, en este caso el IDU, no es responsable por el daño que sufre el cesionario del crédito, ya que la cesión no implica la sustitución del contratista original en la relación contractual. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa para ejercer acciones derivadas de contratos estatales, y limita la capacidad de los cesionarios de créditos contractuales para demandar al Estado por incumplimiento del contrato original.síntesis automática
También resuelve:
¿En el caso, deben negarse las pretensiones subsidiarias referentes al daño extracontractual alegado, en razón a que la fuente del daño radicó en la desestimación que hizo el IDU en sede…
Consejo de Estado
Providencia
Tampoco se podía pedir su ajuste o subsanación
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020060164401
ACCION CONTRACTUAL
¿La unión temporal demostró que su oferta cumplía con los requisitos y condiciones del pliego de condiciones? No
Cuando el pliego de condiciones de una licitación pública no prevé un requisito como factor de evaluación ni como causal de rechazo, su omisión no puede servir para rechazar la oferta. La regla se sostiene en tres razones: en el régimen de contratación anterior a las leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018, el pliego define las reglas del proceso y los criterios para escoger la oferta más favorable; los requisitos que el pliego no declara evaluables son innecesarios para comparar las propuestas; y la entidad no puede rechazar con base en documentos a los que el pliego no asignó efecto. En el caso, el formato omitido no era evaluado, pero la entidad también rechazó la propuesta por el valor de la oferta, motivo que se encontró ajustado al pliego, por lo que la unión temporal no demostró el cumplimiento de las condiciones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el proponente debe verificar que cada causal de rechazo esté prevista en el pliego, aunque ello no basta si existe otro fundamento válido.síntesis automática
También resuelve:
¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?
¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual y precontractual de las entidades públicas?
¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-05-05
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 54001233100020100012801
ACCION CONTRACTUAL
¿Si la terminación del contrato obedece a un evento de fuerza mayor, como lo es la liquidación de la entidad oficial, los contratantes quedan liberados del cumplimiento de sus obligaciones? Sí
El contratista queda liberado del cumplimiento de sus obligaciones cuando la terminación del contrato se debe a un evento de fuerza mayor, como la liquidación forzosa de la entidad estatal, ya que esta medida es adoptada por el Presidente de la República en ejercicio de facultades discrecionales que no pueden ser impugnadas por la entidad afectada. En este caso, la entidad estatal no puede oponerse a la liquidación forzosa, lo que implica que tanto la entidad como el contratista quedan exonerados de sus obligaciones contractuales sin que exista responsabilidad indemnizatoria por parte de la entidad estatal, salvo que se demuestre la existencia de deudas específicas no contempladas en el proceso. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y liquida el contrato sin saldos a favor de ninguna de las partes, reiterando la jurisprudencia sobre la terminación justificada por fuerza mayor en contratos de asociación que presentan características similares a los contratos de concesión.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y Protección Social?
¿Resulta fundada la excepción de cláusula compromisoria, propuesta por Fidupopular, como tercero interesado vinculado al proceso?
¿Resulta fundada la excepción de indebida escogencia de la acción?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
En vigencia del CPACA se acogió la teoría de los actos separables
Sentencia — Sentencia
2021-12-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 88001233300020170002301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo el Tribunal delimita los actos precontractuales sobre los cuales se tratará la controversia, en atención a su categorización como definitivos y, por ende, pasibles de control ante esta jurisdicción y fijó el litigio en la audiencia inicial como una acción de nulidad simple, pues el debate se limitó a los actos que no tienen una relación directa con derechos o intereses del demandante, el medio de control que se revisa en segunda instancia es el de simple nulidad? Sí
El contratista no puede impugnar judicialmente los actos precontractuales que no tienen relación directa con sus derechos o intereses, y que el tribunal categoriza como definitivos y pasibles de control, limitándose el medio de control a la simple nulidad, conforme a la teoría de los actos separables y el artículo 141 del CPACA. Esto implica que los actos de trámite, como los informes de evaluación técnica y jurídica, no son susceptibles de control judicial, ya que no constituyen decisiones definitivas que creen, modifiquen o definan una situación jurídica, sino que son preparatorios y deben ser revisados por la entidad antes de tomar una decisión final. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la distinción entre actos definitivos y de trámite, y limita el alcance de los medios de control disponibles para los actos precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Son susceptibles de control judicial los informes de evaluación técnica y jurídica de un proceso de selección de contratistas?
¿Cuándo el acto de apertura no consagra una previsión de fondo relativa al proceso de selección, sino que se limita a darle impulso al mismo…
¿adolece de nulidad del pliego de condiciones del proceso de selección abreviada para contratar el servicio de transporte escolar cuando se fundamenta en normas que no le son aplicables a un…
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, para conocer del litigio y del recurso de apelación, en atención
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233100020070013602
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, para conocer del litigio y del recurso de apelación, en atención a la naturaleza de la entidad demandada y a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios originados en la actividad contractual de un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y por la Ley 1107 de 2006. La regla se sostiene en tres razones: la naturaleza de la entidad demandada como entidad territorial determina que el litigio se origine en su actividad y no en otra; el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, por la vocación de doble instancia, según los artículos 129, 132, numeral 6, y 181 del Código Contencioso Administrativo; y la cuantía de la demanda, a la fecha de su presentación, superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que confirma la competencia de la Corporación en segunda instancia. Por ello, la providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve:
¿Es la acción contractual el mecanismo procesal idóneo para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada de un contrato estatal…
¿Procede el estudio de pretensiones dirigidas a la nulidad del acto de adjudicación cuando su ilegalidad no fue invocada como fundamento de la nulidad absoluta del contrato celebrado?
¿Es procedente pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias cuando, a través de ellas, se solicita la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
En manera alguna la norma establece una inhabilidad para contratar con el Estado
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020050466402
ACCION CONTRACTUAL
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:
¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?
¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?
¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿Está configurada la ineptitud sustantiva de la demanda por demandar mediante la acción de controversias contractuales la nulidad de actos administrativos que reconocieron un dinero que el contratista considera no son acordes con el porcentaje realmente ejecutado por el contratista?
Sentencia — Sentencia
2023-05-12
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 05001233100020070299601
ACCION CONTRACTUAL
¿Está configurada la ineptitud sustantiva de la demanda por demandar mediante la acción de controversias contractuales la nulidad de actos administrativos que reconocieron un dinero que el contratista considera no son acordes con el porcentaje realmente ejecutado por el contratista? Sí
El contratista que controvierte mediante la acción de controversias contractuales las resoluciones de liquidación unilateral por considerar que la suma reconocida no corresponde al porcentaje realmente ejecutado incurre en ineptitud sustantiva de la demanda cuando orienta sus pretensiones a que se declare que la entidad pública incumplió el contrato al expedir dichos actos administrativos, configurándose una indebida escogencia de la acción en consonancia con el principio de congruencia previsto en los artículos 305 del Decreto 1400 de 1970 y 281 de la Ley 1564 de 2012. De otro lado, respecto de los contratos estatales regidos por la Ley 80 de 1993 que son de tracto sucesivo y requieren liquidación efectuada unilateralmente por la administración, el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, aplicable en virtud del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispone que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales es de dos años contados desde la firmeza o ejecutoria del acto de liquidación, según el artículo 62 del CCA.síntesis automática
También resuelve:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato?
¿Respecto de determinados contratos, la liquidación es una obligación a cargo de las partes que emana de la ley, sin perjuicio, claro esta, que en otro tipo de negocios jurídicos los contratantes…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Sin prueba de su prestación no puede haber lugar a las restituciones.
Sentencia — Sentencia
2024-12-06
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020100060702
ACCION CONTRACTUAL
¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho? Sí
El contratista no puede reclamar la legalidad de las reglas estructuradas en los pliegos de condiciones cuando estos fueron diseñados con la intención de favorecer ilegalmente a determinados proponentes, ya que la concepción de dichas reglas viola principios fundamentales de la contratación estatal como la selección objetiva y la transparencia. La Sala establece que la manipulación de los pliegos para apropiarse ilegalmente de recursos públicos y desfavorecer la competencia justa conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato desde su concepción, independientemente de cómo se aplicaron esas reglas en el proceso de selección. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia de la legalidad desde la etapa precontractual y limitando las posibilidades de que actos administrativos ilegales puedan ser corregidos por su correcta aplicación posterior.síntesis automática
También resuelve:
¿La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y…
¿Una vez celebrado el negocio jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato?
¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración
Sentencia — Sentencia
2025-05-30
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020050211702
ACCION CONTRACTUAL
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:
¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas…
¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?
¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿De conformidad con la normatividad vigente para la época de los hechos, procede la terminación unilateral del contrato de comodato celebrado con un particular y por el tiempo de 6 años? si
Sentencia — Sentencia
2021-12-10
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 44001233100020110008401
ACCION CONTRACTUAL
¿De conformidad con la normatividad vigente para la época de los hechos, procede la terminación unilateral del contrato de comodato celebrado con un particular y por el tiempo de 6 años? si Sí
El contratista no procede a solicitar restituciones mutuas cuando se declara oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de comodato y no existen pruebas de las mismas, ya que la ley establece que para exigir restituciones mutuas debe demostrarse que se han realizado las devoluciones de bienes y pagos conforme a lo pactado. La entidad estatal termina unilateralmente el contrato de comodato celebrado con un particular por seis años, dado que este se celebró contra la prohibición legal de la Ley 9 de 1989, que limita el plazo máximo a cinco años. La nulidad absoluta del contrato se declara de oficio por la violación de la ley, y no se considera saneada por prescripción, ya que la interrupción de la prescripción extintiva se produjo dentro del término legal. Esta sentencia reitera la jurisprudencia sobre la terminación unilateral de contratos estatales y la declaración de nulidad absoluta por incumplimiento de requisitos legales, lo que implica que los contratos que violan disposiciones legales pueden ser declarados nulos y terminados unilateralmente por la administración.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente declara de manera oficiosa la nulidad absoluta del contrato de comodato por haberse celebrado sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley?
¿Proceden las restituciones mutuas por haberse declarado de manera oficiosa la nulidad absoluta del contrato de comodato y sin que exista prueba?
¿Procede o no la acumulación de las pretensiones formuladas por la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del C.P.C.?
Consejo de Estado
Providencia
Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo.
Sentencia Unificación — FALLO
2013-09-25
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 25000232600019970393001
ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo Sí
El contratista, en calidad de consorcio o unión temporal, tiene capacidad procesal para comparecer como parte en juicios relacionados con derechos o intereses jurídicos que le conciernen, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual implica que puede actuar en el proceso judicial por conducto de su representante legal, sin necesidad de que los integrantes actúen individualmente. Esta regla se establece para modificar la jurisprudencia anterior que limitaba la capacidad procesal de estos consorcios y uniones temporales, reconociendo ahora su legitimación ad processum en controversias contractuales y procedimientos administrativos de selección contractual. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambia su posición anterior, permitiendo que los consorcios y uniones temporales puedan participar en procesos judiciales sin restricciones basadas en la falta de personalidad jurídica propia, lo que amplía sus posibilidades de defensa y acción en el marco del derecho administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato celebrado por una entidad del Estado y cuál es el régimen aplicable?
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la procedente para demandar la nulidad del acto administrativo que adjudicó el contrato de obra?
¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto administrativo de adjudicación?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 08001233100019980003601
ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación al ser uno de los proponentes que participaron en el proceso de selección, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado por pasiva al ser la entidad que adoptó dicha decisión? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación cuando acredita que el acto administrativo le ha lesionado sus derechos, como ocurre con los proponentes que participaron en el proceso de selección. A su vez, la entidad estatal que adoptó la decisión de declarar desierta la licitación está legitimada por pasiva. Sin embargo, la entidad no está legitimada por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por los oferentes, ya que estas no las formuló. La Sala reitera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente contra el acto de declaratoria de desierta, y que las copias simples de documentos aportadas en la demanda cuentan con valor probatorio, según la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:
¿El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado en la causa por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por varios oferentes?
¿La demandante está legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto que adjudicó por contratación directa el contrato de prestación del servicio de vigilancia?
¿Procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto que declara desierta una licitación pública?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 13001233100020020081001
ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de lesión enorme es procedente para debatir el precio ofertado de un bien inmueble objeto de enajenación voluntaria con fines de expropiación? No
De conformidad con la ley, el debate sobre el precio del inmueble solo es procedente en el proceso de expropiación judicial o como consecuencia de la nulidad del acto de expropiación administrativa. El artículo 61 de la Ley 388 de 1997 regula el procedimiento de enajenación voluntaria previo a la expropiación de inmuebles por utilidad pública. Y en relación con este, la norma establece que el procedimiento culmina con la aceptación de la oferta de compra del bien o con el adelantamiento del proceso de expropiación. En el primero de los casos, el propietario acepta el valor de la compraventa del inmueble, sin que posteriormente pueda alegar contra el mismo; la norma no prevé la acción de revisión del precio ni mucho menos la procedencia de la lesión enorme en este tipo de ventas, pues esta no se encuentra sometida al Código Civil.