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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020060164401-48118-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: tampoco se podía pedir su ajuste o subsanación"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-06-17"
radicado: "25000232600020060164401"
numero: "48118"
ponente: "WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ"
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# Consejo de Estado: tampoco se podía pedir su ajuste o subsanación

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-06-17
- **Radicado:** 25000232600020060164401
- **Número interno:** 48118
- **Ponente:** WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE AUTOMÓVILES MADIAUTOS LTDA, TRANSPORTES CALDERÓN S.A.
- **Demandado:** EQUIRENT S.A., DISTRITO CAPITAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020060164401-48118-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020060164401/AD0FD27C0CE32BE81B59B71E46040762FF035A40C5D5ADCDDDD8ADFC7F1D9EC9/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200601644011100103

## Problema jurídico

¿La unión temporal demostró que su oferta cumplía con los requisitos y condiciones del pliego de condiciones?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?
- ¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual y precontractual de las entidades públicas?
- ¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 84
- Decreto 1400 de 1970, art. 357
- Decreto 2170 de 2002, art. 4

## Extracto

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá abrió el proceso de selección el 24 de marzo de 2006… y el acto de adjudicación del contrato se expidió el 26 de mayo siguiente… . Como se trata de un proceso de selección dirigido por una entidad de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico aplicable al proceso de selección era el previsto en el estatuto de contratación, antes de las modificaciones introducidas por las leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018. En este régimen lo primordial era la definición que en el pliego hiciera la entidad respecto de los requisitos para seleccionar la oferta más favorable.… Con base en todo lo expuesto, la Sala tendrá que determinar, a partir de lo consignado en el pliego de condiciones, cuáles eran los criterios y los factores de escogencia que constituían «las reglas del proceso» y que permitían la escogencia de la oferta más favorable para la entidad.

## Síntesis temática

Cuando el pliego de condiciones de una licitación pública no prevé un requisito como factor de evaluación ni como causal de rechazo, su omisión no puede servir para rechazar la oferta. La regla se sostiene en tres razones: en el régimen de contratación anterior a las leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018, el pliego define las reglas del proceso y los criterios para escoger la oferta más favorable; los requisitos que el pliego no declara evaluables son innecesarios para comparar las propuestas; y la entidad no puede rechazar con base en documentos a los que el pliego no asignó efecto. En el caso, el formato omitido no era evaluado, pero la entidad también rechazó la propuesta por el valor de la oferta, motivo que se encontró ajustado al pliego, por lo que la unión temporal no demostró el cumplimiento de las condiciones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el proponente debe verificar que cada causal de rechazo esté prevista en el pliego, aunque ello no basta si existe otro fundamento válido.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACTO PRECONTRACTUAL, NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, NULIDAD DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, OFERTA MÁS FAVORABLE, PLIEGO DE CONDICIONES, REGLAS DEL PROCESO, SUBSANACIÓN DE LA OFERTA, RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, OFERTA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, VALOR DE LA OFERTA, EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, LICITACIÓN PÚBLICA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD, CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ACTIVIDAD CONTRACTUAL, ENTIDAD PÚBLICA, CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, INDEBIDA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DOCUMENTO, CLASES DE DOCUMENTO, DOCUMENTO PÚBLICO, DOCUMENTO PRIVADO, CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO, CONCEPTO DE DOCUMENTO PRIVADO, PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO, AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO, APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, DECLARACIÓN DE PARTE, TESTIMONIO SOSPECHOSO, FACULTADES DE LA ENTIDAD PÚBLICA, CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, RECHAZO DE LA OFERTA, LEY ESPECIAL, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, PROPUESTA DEL PROPONENTE, REQUISITOS DE LA OFERTA, CAPACIDAD, CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE, CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, CÁLCULO ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS, ADQUISICIÓN DE BIEN, PRECIO DEL BIEN, CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, SUSPENSIÓN PROVISIONAL, DECLARACIÓN DE NULIDAD, FACULTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO, REGLAS PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA, REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE, EVALUACIÓN DE LA OFERTA, INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, ACTA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN, DECRETO REGLAMENTARIO, TÉRMINO PARA LA SUBSANACIÓN DE LA OFERTA, GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN, SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, CONTRATACIÓN DIRECTA, SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DEROGATORIA DE LA NORMA, TÉRMINOS DE REFERENCIA, DISCRECIONALIDAD, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, PRINCIPIO DE ECONOMÍA, PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, MEJOR PROPUESTA, APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA, ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, MINUTA DE CONTRATO, CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, CONTRATO, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, PRINCIPIO DE IGUALDAD, FINALIDAD DEL ESTADO, CARGA DE LA PRUEBA, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES, EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES, ACREEDOR, OBLIGACIONES, HECHO JURÍDICO, DEUDOR, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DEBERES DE LAS PARTES DEL PROCESO, CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL, INEXISTENCIA DE MALA FE

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / OFERTA MÁS FAVORABLE / PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PROCESO / SUBSANACIÓN DE LA OFERTA / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OFERTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / VALOR DE LA OFERTA / EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / LICITACIÓN PÚBLICA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Problema jurídico:
¿La unión temporal demostró que su oferta cumplía con los requisitos y condiciones del pliego de condiciones?
Respuesta al problema jurídico: No
El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá abrió el proceso de selección el 24 de marzo de 2006 […] y el acto de adjudicación del contrato se expidió el 26 de mayo siguiente […]. Como se trata de un proceso de selección dirigido por una entidad de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico aplicable al proceso de selección era el previsto en el estatuto de contratación, antes de las modificaciones introducidas por las leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018. En este régimen lo primordial era la definición que en el pliego hiciera la entidad respecto de los requisitos para seleccionar la oferta más favorable. […] Con base en todo lo expuesto, la Sala tendrá que determinar, a partir de lo consignado en el pliego de condiciones, cuáles eran los criterios y los factores de escogencia que constituían «las reglas del proceso» y que permitían la escogencia de la oferta más favorable para la entidad. Asimismo, cuáles eran los requisitos subsanables y los que generaban el rechazo de las propuestas. Según la demanda, el acto de adjudicación de la licitación pública […] es nulo porque adolece de falsa motivación, porque la entidad rechazó la propuesta de la unión temporal con fundamento en unos documentos que no eran necesarios para la comparación de las ofertas y en un plazo de ejecución que no era el previsto en el pliego de condiciones. […] Como según el pliego de condiciones el formato n°. 8 era un aspecto que no sería evaluado –según se desprende de la sección 5 del pliego y del formato n°. 6–, la información contenida en ese formato no era indispensable para escoger la oferta más favorable y, por ello, le asiste razón al recurrente en el sentido que la omisión de presentar ese formato no podía implicar el rechazo de la oferta, porque no se previó así en el pliego de condiciones. Ahora bien, no basta con lo hasta aquí expuesto para que prospere la pretensión de nulidad del acto de adjudicación, porque estos argumentos no fueron los únicos en los que se fundamentó el rechazo de la propuesta. En efecto, la Sala observa que la entidad –en el acto de adjudicación demandado– no tuvo en cuenta la propuesta de la unión temporal Transportes Calderón S.A. y Madiautos Ltda. con fundamento en que el valor de la oferta para los ítems n°. 1 y 2 era inferior al 85% del presupuesto de la licitación y en el caso del ítem 3 era superior. Por ello, la Sala debe analizar si la entidad transgredió el deber de selección objetiva a partir de los reparos formulados en el recurso de apelación y, por consiguiente, si efectivamente incurrió en la causal de nulidad de expedición irregular del acto administrativo de adjudicación (art. 84 del CCA). […] De modo que quedó acreditado que la unión temporal Transportes Calderón S.A. y Madiautos Ltda. incumplió los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 de la sección VIII del pliego de condiciones respecto de los topes mínimos y máximos del valor total de la oferta económica, toda vez que en el caso de los ítems n°. 1 y 2 el valor de la propuesta fue inferior al 85% del presupuesto de la licitación y en el caso del ítem 3 fue superior al presupuesto de la licitación –$3.577.423.813–. En consecuencia, su propuesta no podía ser evaluada –y menos seleccionada– en el proceso de licitación pública. Tampoco se podía pedir su ajuste o subsanación, pues el plazo previsto era indispensable para la evaluación, por lo que permitir mejorar la propuesta iría en perjuicio de la selección objetiva y la igualdad frente a los demás proponentes. […] [L]a Sala no comparte la razón que expresó el recurrente para desatender el formato nº. 6; esto es, que ante la supuesta «disparidad de datos» optó por proponer un plazo de 31 meses, cuando es evidente que debió sujetarse a las condiciones que la entidad estableció en el pliego de condiciones, para la presentación de la oferta económica. La conducta del oferente resulta inadmisible al optar discrecionalmente por uno de los plazos entre la ejecución del contrato y la presentación de la oferta económica, porque demuestra una falta de prudencia que lo hace responsable de sus acciones y falta de diligencia al analizar con detenimiento las exigencias del pliego de condiciones. Ello porque eligió el plazo que no estaba destinado a regular aspectos relacionados con las ofertas económicas, en lugar de seguir la pauta establecida en el documento correspondiente a este punto, en este caso, el formato nº. 6, claramente destinado para tal fin. […] La unión temporal no logró demostrar que su oferta cumpliera con los requisitos y condiciones del pliego de condiciones, al incurrir en una causal de rechazo de su propuesta. En consecuencia, la oferta no podía ser objeto de evaluación, lo que invalida la pretensión de nulidad del acto de adjudicación y hace improcedente el restablecimiento del derecho que reclama en la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357, DECRETO 2170 DE 2002 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 INCISO 15
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como la demanda se presentó 13 de julio de 2006 […] el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. […] El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP, establece que las leyes procesales son de aplicación inmediata, salvo que el trámite se hubiere iniciado con la anterior, caso en el cual esta será la norma aplicable.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 266, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL / ENTIDAD PÚBLICA / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INDEBIDA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual y precontractual de las entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual y precontractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor […] supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA […]. […] Según el artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 y vigente al momento de la presentación de la demanda –13 de julio de 2006–, los actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato podían ser demandados mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Sin embargo, una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de esos actos solamente podía invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. […] De conformidad con el artículo 87 del CCA, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, los actos proferidos antes de la celebración del contrato debían ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación. Una vez celebrado el contrato, la nulidad absoluta del contrato debía solicitarse dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento o en un término igual al de vigencia del contrato –si era superior–, sin que en ningún caso excediera cinco años (art. 136.10.e del CCA). […] A su vez, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, siempre que la demanda se interponga dentro de los treinta días antes mencionados […], el interesado estará legitimado para solicitar el restablecimiento de los derechos que le fueron desconocidos como resultado de la indebida adjudicación, de manera que si la demanda se instaura pasados esos treinta días no estarán disponibles las pretensiones relativas al restablecimiento económico, solo las encaminadas a obtener la declaratoria de nulidad absoluta del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el término para solicitar la caducidad absoluta del contrato una vez celebrado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1 de abril de 2009, rad. 36124, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre los eventos en los que procede la solicitud de restablecimiento del derecho por indebida adjudicación del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2014, rad. 30250, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL E, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
DOCUMENTO / CLASES DE DOCUMENTO / DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PRIVADO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / DECLARACIÓN DE PARTE / TESTIMONIO SOSPECHOSO
Problema jurídico:
¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la ap

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

contractuales. Para ello, las entidades públicas deben garantizar la aplicación de los criterios establecidos en las bases del proceso para la escogencia del proponente al que se le adjudicará el contrato por haber presentado la mejor propuesta. Estos criterios, además, deberían ser analizados de manera previa por la entidad con arreglo a las condiciones del pliego que rigen el respectivo proceso, con el fin de determinar en forma motivada que la propuesta elegida resultaba ser en realidad la más ventajosa. De suerte que el concepto de «ofrecimiento más favorable» puede ser susceptible de concreción en sede de revisión de la legalidad y razonabilidad de la comparación de los ofrecimientos, por cuanto esta actividad no es discrecional ni arbitraria, sino reglada, en tanto pone a la Administración en frente del inequívoco camino de elegir aquella oferta que se ajusta a dichas condiciones y adjudicar al proponente que supera a los demás. En efecto, la mejor oferta, de acuerdo con los artículos 24.5 y 30.2 de la Ley 80 de 1993, vigente al momento del proceso de selección, se escoge a partir de una confrontación con los documentos precontractuales que las entidades debían —y deben aun actualmente— elaborar previo a la apertura del proceso. Según las expresiones de la Ley 80 de 1993, se denominaban pliegos de condiciones o términos de referencia, los cuales deben contener reglas claras, objetivas y completas para la selección de la mejor propuesta.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 2
APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / MINUTA DE CONTRATO / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS / CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / OFERTA MÁS FAVORABLE / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA / FINALIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Los pliegos de condiciones regulan el procedimiento de selección y deben contener reglas claras, objetivas y completas para la elección del contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
Previo a la apertura de la licitación, la Administración debe elaborar los pliegos de condiciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.5 y 30.2 de la Ley 80 de 1993, vigente a la época de los hechos. Estos pliegos regulan el procedimiento de selección y deben contener reglas claras, objetivas y completas para la elección del contratista. Además, los pliegos incluyen el borrador del contrato, esto es la minuta por celebrar. Los pliegos de condiciones son documentos contractuales de gran importancia, que sirven como marco de referencia tanto para la ejecución del contrato como para su interpretación. Aunque son fundamentales, no prevalecen sobre el contrato y sus estipulaciones, ya que lo acordado entre las partes es ley y solo puede modificarse por acuerdo mutuo, declaración judicial o nulidad. En concordancia, la doctrina ha establecido que los pliegos deben contener reglas claras y precisas. Sin embargo, en caso de contradicciones o ilegalidades, o en el supuesto de que el pliego induzca a los oferentes a error, los proponentes deben alegarlo antes de la presentación de sus propuestas o al tiempo de esa presentación, solicitando simultáneamente las aclaraciones o correcciones que correspondan. Asimismo, la Administración es responsable de incorporar al pliego reglas claras y completas y precisar su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los criterios de selección y todas las demás circunstancias de tiempo modo y lugar que consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas, de acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 80 de 1993. Los pliegos son documentos de gran importancia, en especial, bajo las reglas de la Ley 80 de 1993 antes de ser modificada por la Ley 1150 de 2007, porque bajo esa norma el pliego era el que definía los requisitos para escoger la mejor oferta sin las limitaciones legales hoy vigentes sobre requisitos habilitantes y que otorgan puntaje. Entonces, constituyen un imprescindible marco de referencia para la ejecución del contrato y, claro está, sirve para interpretarlo, con el fin de desentrañar la intención de las partes (arts. 23 y 28 de la Ley 80 y 1618 y ss. del CC). Así las cosas, los pliegos de condiciones son esenciales tanto en la etapa precontractual como durante la ejecución del contrato, que propende por la igualdad de oferentes y la selección objetiva (art. 24) y del «principio de economía», con arreglo al cual, los procedimientos contractuales son mecanismos para cumplir los fines estatales (art. 25).
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / ACREEDOR / OBLIGACIONES / HECHO JURÍDICO / DEUDOR / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBERES DE LAS PARTES DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Al demandante es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 1757 del CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. En concordancia, el artículo 177 del CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 del CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas cuando no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-06-17. C.P. WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ. Rad. 25000232600020060164401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020060164401-48118-sentencia).
