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¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve:¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente?¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido?¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?
Auto interlocutorio — Auto que propone conflicto de competencia2024-12-05Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020240014400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión solo en el caso de que el laudo impugnado haya sido proferido en un proceso donde alguna de las partes sea una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado? Sí
Esta Corporación solo está facultada para conocer del recurso extraordinario de anulación en aquellos eventos en los que el laudo impugnado haya sido proferido con ocasión de un litigio que tenga fuente en un contrato celebrado por entidades públicas o particulares en ejercicio de funciones propias del Estado. En línea con lo expuesto, el artículo 1° de la Ley 1563 de 2012 prevé que las entidades públicas y quienes desempeñen funciones administrativas podrán intervenir en procesos arbitrales que versen sobre controversias derivadas de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales .
También resuelve:¿El acuerdo de recuperación empresarial puede validarse a través del arbitraje?¿Se configura la falta de Jurisdicción por cuanto las entidades públicas aunque tienen la calidad de acreedores no ostentan la calidad de parte en el proceso arbitral?
¿El derecho que la demandante pretendió hacer efectivo ante el Distrito debió ser exigido, discutido y definido en el marco del procedimiento de liquidación contractual? Sí
El contratista no puede exigir el pago de saldos insolutos fuera del procedimiento de liquidación contractual, ya que este es el marco adecuado para discutir y definir tales derechos conforme al principio de universalidad y las normas que lo regulan. El liquidador debe incluir en el inventario de pasivos las acreencias debidamente comprobadas, es decir, las reconocidas, no las rechazadas, y cualquier reclamo debe ser discutido a través del cuestionamiento en vía administrativa y judicial de los actos del liquidador. Además, la entidad que realiza la liquidación es la única llamada a definir el reconocimiento de las acreencias, y no puede subsanarse a través de una petición extemporánea a otra entidad. Esta regla reitera la importancia de seguir el procedimiento de liquidación para garantizar la universalidad y la prelación de créditos, lo que implica que los acreedores deben participar en el proceso de liquidación para obtener el reconocimiento y pago de sus acreencias.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación de entidades públicas tiene por propósito realizar la disolución y liquidación de una entidad, a fin de que sean enajenados sus activos para proceder con el pago de las obligaciones…¿Al agente liquidador le corresponde integrar la totalidad de los activos y pasivos que tiene la entidad en su patrimonio…¿Para que proceda la cancelación de las acreencias a cargo de una entidad en liquidación, la obligación deberá estar relacionada en un inventario de pasivos y debidamente comprobada?
Sentencia — Sentencia2026-06-24SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)DESPACHO 09 SEC3-SUB C TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCARad. 11001334306320230032601ACCION DE REPETICION
¿Se configura la caducidad del medio de control de repetición cuando se pretende repetir lo pagado como consecuencia de una sentencia que fue proferida y cobró ejecutoria antes de la entrada de los artículos 42 y 43 de la Ley 2195 de 2022 (18 de enero de 2022), [que ampliaron el termino de caducidad de dos años previsto inicialmente en el Artículo 164, numeral 2, literal l del CPACA a cinco años], cuando el pago se efectúa dentro de los dos años del plazo legal para hacerse (diez meses desde la ejecutoria), y la demanda se presenta dos años después de puesto el dinero del pago a disposición de su acreedora pero dentro de los dos años siguientes a que fue reclamado? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición cuando el pago de una condena judicial se efectúa dentro del plazo legal de dos años desde que la sentencia cobró ejecutoria, y la demanda se presenta después de que el dinero quedó a disposición del acreedor, aunque dentro del nuevo plazo de cinco años establecido por la Ley 2195 de 2022. La entidad estatal considera que el plazo para la repetición comienza cuando el dinero queda a disposición del acreedor, no cuando éste lo retira, por lo que si la demanda se presenta después de este plazo, se configura la caducidad del medio de control. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con los plazos legales para presentar sus demandas desde el momento en que el pago queda a disposición del acreedor.síntesis automática
¿El hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE incumplió con la obligación de liquidación del contrato? No
El contratista no incumple con la obligación de liquidación del contrato cuando la liquidación es una actuación bilateral y la entidad estatal no ha demostrado la imposibilidad de negociar la liquidación de mutuo acuerdo, tal como lo pactaron las partes en el contrato. Según el documento, la liquidación unilateral solo se activa ante la imposibilidad de negociación y requiere que el contratista presente un informe definitivo de actividades, revisado y aprobado por el Comité Técnico Operativo Proyecto SOAT y el supervisor del contrato, para tramitar el pago del saldo y la liquidación. En este caso, la entidad estatal no demostró que el contratista omitiera presentar el informe definitivo de actividades, por lo que no puede declararse el incumplimiento del contrato por parte del contratista. La Sala revoca la sentencia que declaraba el incumplimiento del contratista, confirmando que la liquidación del contrato debe ser bilateral y que la falta de presentación del informe definitivo no constituye un incumplimiento por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La utilidad del 20% surgida con ocasión del suministro del material de osteosíntesis fue confesada en el monto y concepto por parte del representante legal de la contratista?¿Procede el reconocimiento de intereses moratorios e indexación sobre las cifras resultantes de la liquidación judicial del negocio jurídico con independencia de lo establecido en el acuerdo de…¿La orden de pago del resultado del balance general de las obligaciones en favor de la parte actora puede dirigirse en contra de un tercero que no es parte del proceso?
25000233600020200019801 de 20252025-10-23Rad. 25000233600020200019801
El contratista no se libera del pago de la obligación al realizarlo al cedente en una cesión de crédito, si no ha notificado al deudor sobre la transferencia del derecho, según establece el artículo 1963 del Código Civil. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reitera que la cesión de crédito requiere la entrega del título que acredite el derecho y su notificación al deudor para que surta efectos oponibles frente a éste y terceros. En ausencia de esta notificación, el deudor puede continuar pagando al cedente sin incurrir en responsabilidad, preservando así la seguridad jurídica y la estabilidad del deudor. Esta regla implica que el cesionario debe cumplir con los requisitos legales para que la cesión sea válida y efectiva frente a terceros, lo que resulta crucial en contratos estatales donde la certeza y la transparencia son fundamentales.síntesis automática
También resuelve:Cesión de crédito: alcance, régimen jurídico, obligación de parte del deudorEfectos y oponibilidad de la cesión de créditos: requiere entrega del título, solo vale ante el deudor si se notifica o aceptaDiferencia entre cesión de créditos y cesión de contratos: el crédito es transferible por el acreedor, vínculo solo entre partes– los terceros no resultan afectados, la cesión de crédito transfiere solo el cobro, la cesión de contrato transfiere derechos y obligaciones
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión…¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF?¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
¿El desequilibrio económico del contrato es un eximente de responsabilidad y excusa a las partes del cumplimiento del contrato? No
El contratista no puede excusarse del cumplimiento del contrato alegando desequilibrio económico, ya que esta situación no es un eximente de responsabilidad, sino una garantía para la continuada ejecución del contrato, incluso en presencia de dificultades económicas. La Sala establece que la ruptura del equilibrio económico no libera al contratista del deber de cumplir sus obligaciones contractuales. Además, para que una fuerza mayor excuse el incumplimiento, debe acreditarse la imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad del hecho, lo cual no ocurrió en este caso, ya que el contratista no presentó pruebas suficientes ni argumentos jurídicos que justifiquen su falta de cumplimiento. La Sala reitera que la modificación del contrato, como la adición de plazos, no implica la configuración de una fuerza mayor, y que la indisponibilidad de los bienes no fue acreditada como causa eximente. Esta decisión matiza la interpretación de que el desequilibrio económico puede ser utilizado como excusa para el incumplimiento contractual, enfatizando la necesidad de cumplir con las obligaciones contractuales a menos que se acrediten las circunstancias excepcionales que eximen de responsabilidad, como la fuerza mayor.síntesis automática
También resuelve:¿Es necesario que el juez reporte y comente el contenido de cada una de las pruebas que obran en el expediente para entender que su decisión cumplió con los principios y obligaciones relacionados con…¿Las causas extrañas, entre las cuales se encuentran la fuerza mayor, el caso fortuito o el hecho de un tercero eximen de responsabilidad al deudor?¿Procede la condena en costas en esta instancia a la parte demandante?
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
¿Se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición? No
El contratista no puede acreditar el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición, ya que no existen elementos probatorios que demuestren que la funcionaria actuó con intención de desviar el poder para fines distintos a los del buen servicio. El tribunal revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de una de las funcionarias demandadas, pero confirma que no se acreditó el dolo ni la desviación de poder, al no haberse presentado pruebas que indiquen que la conducta de las servidoras públicas fue desplegada con propósitos distintos a los del buen servicio. Este precedente reitera la necesidad de presentar pruebas idóneas y trasladadas al proceso para demostrar la conducta dolosa del agente estatal, y confirma que documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición.síntesis automática
¿El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas? Sí
El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas, ya que la ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, permitiendo al superior jerárquico confrontar la decisión apelada con los argumentos del apelante. Además, la imposición de multas contractuales es improcedente cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación, salvo en casos donde la cláusula penal estipula un incumplimiento definitivo que resulta irreversible y frustra el interés del acreedor, en cuyo caso es procedente la condena al pago de la cláusula penal. Esta decisión modifica precedentes y establece límites claros para la competencia funcional del juez de segunda instancia y la exigibilidad de sanciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente imponer multas contractuales cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación?¿Procede la reducción proporcional de la cláusula penal cuando no existe avance en la ejecución de la obra objeto del contrato?¿Es procedente la indexación de la cláusula penal cuando el deudor ha incurrido en mora de la obligación principal, con el fin de garantizar el efecto solutorio del pago en términos de valor real?
¿Se acreditó la calidad de agentes estatales de los demandados en repetición? No
Las presunciones de dolo o de culpa grave del agente estatal en la acción de repetición no operan por el solo hecho de que la firma del servidor aparezca en el acto que originó la condena, pues es necesario probar quién lo elaboró y atribuir a cada demandado una conducta personal revestida de culpa grave o dolo que haya sido determinante en la condena. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la mera rúbrica no acredita la autoría del acto cuando no hay prueba de quién lo estudió, preparó y elaboró. Segundo, la imputación general y concomitante de las presunciones a todos los demandados desconoce el derecho de defensa y el debido proceso, pues cada agente debe conocer la conducta que se le reprocha. Tercero, cuando no se demuestran los supuestos de hecho de las presunciones alegadas, no puede declararse la responsabilidad del agente, y la calidad de agente estatal debe acreditarse respecto de cada demandado. La providencia niega las pretensiones; en la práctica, la entidad que repite debe individualizar la conducta de cada servidor y probar su calidad de agente estatal antes de invocar las presunciones de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto de cada uno de los demandados, se estableció y determinó la conducta concreta que se les reprochaba de manera individual?¿El hecho que en el proceso se acreditó que la ministra fue la persona que firmó la resolución, esto es suficiente para endilgarle responsabilidad?¿La falta de prueba sobre la participación de dos de los demandados en la expedición de la resolución conlleva a que las pretensiones de la demanda sean negadas?
¿Constituye una pérdida patrimonial para la entidad pública la devolución de un tributo pagado con su respectivo ajuste monetario? No
La devolución de un tributo pagado, con su ajuste monetario, que se ordena como restablecimiento del derecho tras la nulidad del acto administrativo no constituye una pérdida patrimonial para la entidad. La regla se apoya en que ese restablecimiento no es una reparación de un daño antijurídico, sino una orden de devolver las cosas al estado anterior al acto anulado. Además, la indexación de las sumas solo representa el valor que el contribuyente pagó en su momento, compensando la pérdida de poder adquisitivo, de modo que no genera un perjuicio indemnizable. En el asunto, la acción de repetición se dirigió contra el director general y el secretario general por haber expedido el acto que distribuyó una contribución y que fue declarado nulo por falta de competencia, y la Sala negó las pretensiones. En la práctica, la actualización monetaria de un tributo devuelto no permite repetir contra los funcionarios que expidieron el acto anulado.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
¿La entidad territorial debe devolver los aportes hechos por el Ministerio de Vivienda y pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio? No
Un acuerdo en el que las entidades aportan recursos a una subcuenta fiduciaria para la ejecución coordinada de una fase de un proyecto, sin remuneración ni intercambio patrimonial de bienes o servicios a cambio de un precio, constituye un convenio interadministrativo. Esta regla se apoya en que las partes celebraron el negocio en desarrollo de sus competencias y en que sus obligaciones no concretaron una contraprestación. Por ello, la naturaleza del acuerdo no se define por el hecho de que contenga prestaciones económicas, sino por su finalidad de colaboración para un fin común. Como consecuencia, no procede exigir la devolución de los aportes ni el pago de una cláusula penal pecuniaria que solo se pactó para un contrato de intercambio. En el caso concreto la sala revocó la sentencia de primera instancia y negó tales pretensiones, porque el negocio fue un convenio interadministrativo. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la naturaleza del acuerdo, y no su denominación, determina si proceden la devolución de aportes y la cláusula penal.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos en los que se ventila una controversia derivada de un negocio jurídico celebrado por la Nación y una entidad territorial?¿Es posible acudir automáticamente a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para determinar las normas aplicables a los convenios…¿La demanda de controversias contractuales debe formularse dentro del término de dos (2) años contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que soportan la reclamación?
¿El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber expedido un acto administrativo que fue anulado por desviación de poder? Sí
La Corporación conoce en única instancia de la acción de repetición contra los directores de entidades del orden nacional, de acuerdo con el artículo 149 numeral 13 del CPACA y el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La presunción de dolo por desviación de poder se desvirtúa cuando el agente demuestra que el acto de insubsistencia se fundó en un análisis previo de gestión y no en una represalia. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la decisión fue producto de la revisión de la gestión de los funcionarios, en ejercicio de la facultad nominadora del director encargado. La segunda es que la orden de redactar la resolución fue anterior a la fecha en que se recibió la comunicación que se alegaba como motivo de represalia. La tercera es que el acto se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del nominador. En consecuencia, la Sala niega las pretensiones de la demanda de repetición, porque la parte demandada desvirtuó la presunción de dolo. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra funcionarios públicos que hayan dado lugar a una codena contra el Estado?¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta al Estado?¿Conforme a la figura de subrogación, la Corporación Autónoma Regional está legitimada por activa para demandar en repetición el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y…
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe?¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación?¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
¿La demandada en repetición desvirtuó la presunción de culpa grave de violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho e inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
Está acreditado que la entidad demandante concilió extrajudicialmente la condena por los perjuicios causados con la mora en el pago del anticipo y de las actas de obra ejecutadas en el contrato de obra entre FONADE y el Consorcio Órbita & Cesconstrucciones S.A.… .… El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC).
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
¿Los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave del numeral 1.° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por inexcusable violación o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
En la acción de repetición contra médicos vinculados a una institución pública de salud, la culpa grave se analiza en sus actuaciones individuales, según la especialidad y las funciones de cada uno, conforme al numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La regla se apoya en que la responsabilidad patrimonial de cada servidor es individual, de modo que la presunción de culpa grave por inexcusable omisión o extralimitación debe examinarse respecto de cada profesional. Por ello, no basta con imputar a todo el equipo médico la conducta de uno de sus integrantes. En el asunto, la entidad demandante pagó la condena por la muerte de un paciente, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición porque los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave. En la práctica, la entidad que repite contra varios médicos debe demostrar la conducta gravemente culposa de cada uno según sus funciones.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…