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¿El acta no. 08 de 29 de agosto de 2011 y la Resolución no. 013 de 7 de junio de 2012, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron proferidas con falsa motivación por el hecho de desconocer la normatividad que rige la materia? No
El acto que niega la solicitud de contrato de estabilidad jurídica no adolece de falsa motivación cuando la solicitud no tiene como propósito principal el desarrollo de proyectos de crecimiento económico y el proyecto ya estaba en ejecución sin requerir esa estabilidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, el literal e) del artículo 3 del Decreto 2950 de 2005 exige que la estabilidad sea indispensable para el desarrollo del proyecto, de modo que el Comité debe verificar esa finalidad. Segunda, en el caso el proyecto había iniciado su ejecución en 2008, antes de la petición presentada el 23 de octubre de 2009, y no requería la estabilidad jurídica para desarrollarse. Tercera, la empresa solicitante no aportó prueba que desvirtuara las conclusiones de índole financiera del Comité. En consecuencia, no se declaró probada la falsa motivación de la decisión que negó la solicitud. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El acta no. 08 de 29 de agosto de 2011 y la Resolución no. 013 de 7 de junio de 2012, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso en aplicación de un criterio objetivo?
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
13001233300020090044501 de 20252025-03-17Rad. 13001233300020090044501
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Sobre la condena en costas. Le corresponde a la Sala decidir sobre la apelación presentada por un cesionario de crédito en contra de una Sentencia de primera instancia en la cual se declaró la nulidad absoluta del contrato por abuso o desviación de poder, objeto ilícito, y por contrariar normas imperativas relacionadas con el principio de transparencia y el deber de selección objetiv a. En síntesis, el cesionario no comparte que el contrato se hubiera celebrado con abuso o desviación de poder, ya que fue celebrado para atender a la población víctima de la ola invernal ocurrida en 2007 en el Departamento de Bolívar.
También resuelve:Acción de controversias contractuales: declaratoria de nulidad del contrato estatal, declaración de nulidad absoluta, incumplimiento del contratista, cesión del créditoLegitimación en la causa por activa: capacidad para ser parteTercero con interés legítimo: interés jurídico directo, legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimación en la causa por pasiva, intención de las partes del contrato
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-29Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 50001233300020150012901LEY 1437 REPETICION
¿En el presente caso, la parte omitió la carga que sobre ella impuso el legislador de ser diligente con las pruebas que pretende hacer valer en el proceso, por lo que ineludiblemente dicho incumplimiento acarrea la consecuencia negativa de que la prueba solicitada no sea decretada? Sí
El juez debe abstenerse de decretar una prueba documental que la parte pudo obtener mediante derecho de petición, salvo que la entidad no hubiera atendido ese derecho y ello se acredite. La parte tiene el deber de procurar la prueba por esa vía en la medida de sus posibilidades, y no solo de solicitarla en la oportunidad procesal. Esta carga se vincula con los principios de igualdad y lealtad procesal, de modo que el juez exige la diligencia desde las posibilidades de cada parte. En el caso analizado, la parte omitió la carga de ser diligente con las pruebas que pretendía hacer valer, por lo que la consecuencia negativa es que la prueba solicitada no sea decretada. Por ello se confirmó el auto proferido en la audiencia inicial que negó la prueba. En cuanto a las costas, la providencia señala que no hay lugar a condenarlas, aunque el recurso se resolvió de forma desfavorable, por tratarse de un asunto de interés público.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a la condena en costas cuando se trata de un asunto de interés público?
LEY 80 DE 1993,CONTRATOS ESTATALES,SELECCIÓN OBJETIVA,OBJETIVIDAD,PRINCIPIO DE IGUALDAD,PROCESO DE SELECCIÓN,NULIDAD ABSOLUTA,CORREDOR,CONTRATO DE CORRETAJE,CONTRATOS DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS,PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Entidades,Criterio subjetivo,Entidades estatales,Artículo 2,Implicaciones,Proponentes,Administración,Controles,Principio de selección objetiva,Etapaprecontractual,Manifestación,Derecho aser adjudicatario,Demandante,Preten – Mes: abril – Año: 2014…
¿Pueden las ESAL, participar en procesos de selección de contratación pública o hay un trato diferencial?
Las entidades sin ánimo de lucro tienen capacidad para contratar bajo las reglas del EGCAP, al ser personas jurídicas legalmente capaces en los términos del artículo 6 de la Ley 80 de 1993, y pueden participar en términos de igualdad con los demás oferentes en los procesos de selección que regula el Estatuto, siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada proceso, caso en el cual compiten con las mismas reglas aplicables a los demás proponentes, sin trato diferencial. Además, pueden contratar bajo el régimen especial del Decreto 092 de 2017. Las ESAL no son sociedades comerciales, sino formas de organización civil reguladas por el Código Civil, con fines altruistas o de interés general, cuya característica determinante es la ausencia de ánimo de lucro. La capacidad contractual de las personas jurídicas comprende la posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social, las facultades del representante legal y la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales. En la etapa de planeación, la entidad estatal debe validar que las obligaciones estipuladas sean conducentes con la naturaleza del contrato, pues sería inapropiado establecer obligaciones que no puedan ser cumplidas por una persona jurídica.síntesis automática
También resuelve:Entidades sin ánimo de lucro: naturaleza jurídica, capacidad para contratarCapacidad: capacidad jurídica, capacidad contractualEsal: igualdad, procesos de selección de contratación pública
PRINCIPIO SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA,PRINCIPIO DE IGUALDAD,PLIEGO DE CONDICIONES,EXAMEN COMPARATIVO DE PROPUESTAS,PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA – Acto administrativo,Carácter general,Cláusulas,Modificación,Etapa precontractual,Deberes,Selección de Contratista,Licitación pública,Concurso Público,Contratación directa,Reglas,Contratación estatal – Mes: mayo – Año: 2012…
¿Para garantizar los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública, las entidades estatales solo pueden solicitar la subsanación de los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación? Sí
El contratista puede solicitar la subsanación de los requisitos no esenciales para la comparación de propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación, en cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública. Esta regla se fundamenta en la necesidad de evitar la arbitrariedad en la evaluación de propuestas y en la obligación de las entidades estatales de concentrarse en los requisitos indispensables para determinar la oferta más favorable, en lugar de rechazar las propuestas por errores menores. La Sala reitera esta posición, matizando que la subsanación debe limitarse al término de traslado del informe de evaluación, lo que implica que las entidades estatales no pueden solicitar correcciones fuera de este plazo, garantizando así la transparencia y la objetividad del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, ante un error propio en la verificación de los requisitos del pliego de condiciones…¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos desconoció el principio de igualdad, al permitir que algunos oferentes subsanaran, durante la audiencia de adjudicación…¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, con fundamento en las reglas previstas en el pliego de condiciones y en las orientaciones de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-03-31Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Se encuentra el juez contencioso administrativo facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, particularmente respecto de los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen? No
El juez contencioso administrativo no está facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, especialmente respecto a los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen, ya que la labor de la perito comprende aspectos especializados que escapan del conocimiento del juez, quien debe limitarse a establecer las medidas que faciliten la práctica de la prueba, sin intervenir en la determinación de la información necesaria para el dictamen. Además, el juez puede conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial si la perito informa que no ha recibido la documentación o información indispensable para su elaboración, lo que implica que el plazo total para la entrega del dictamen se extienda en consecuencia. Asimismo, aunque el juez, las partes y los apoderados pueden hacer observaciones a los peritos y presenciar los exámenes y experimentos, no pueden intervenir en las deliberaciones de los peritos ni en la elaboración del dictamen, y deben realizar todas las actuaciones a través de los canales habilitados por la autoridad judicial para garantizar el principio de igualdad y el deber de lealtad procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Está facultado el juez para conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial…¿Las partes y el Juez tienen permitido intervenir en la elaboración del dictamen pericial y las deliberaciones de los peritos?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 68001233300020240019501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador…¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
¿El cesionario de un crédito es parte del contrato y puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales? No
El cesionario de un crédito no es parte del contrato y, por lo tanto, no puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales, ya que la cesión de crédito no altera el contrato estatal sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato. La sola comunicación del cesionario sin la aprobación del cedente y la entidad no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad, y ser cesionario de un derecho de crédito derivado del contrato no es suficiente para reconocer la legitimación pasiva en la causa. La Sala declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de controversias contractuales, lo que implica que la determinación de los extremos procesales de un litigio contractual no puede quedar a la voluntad exclusiva de una de las partes del negocio jurídico, garantizando así el principio de igualdad de armas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La sola comunicación del cesionario sin comunicación por parte del cedente, no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad?¿Se discute la legitimación pasiva para hacerse parte de un proceso en el cual la contratante pretendió la nulidad absoluta del contrato?¿Se declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de…
Sentencia — Sentencia2026-10-08Sección PrimeraCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRORad. 85001233300020240006301LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa…¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo?¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, como lo establece el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se circunscribe a las razones de inconformidad presentadas por el apelante y aspectos íntimamente relacionados con el fallo de primera instancia, según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Además, para impugnar actos administrativos particulares, como la declaración de existencia de un siniestro en una póliza de cumplimiento, la entidad aseguradora debe acreditar un interés jurídico directo, ya que de dicha declaración se deriva la obligación de pagar el riesgo asumido. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la necesidad de acreditar un interés jurídico para impugnar actos administrativos particulares, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas para demostrar su legitimación en la causa.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia?¿Para pretender la nulidad de los actos administrativos particulares, se requiere la acreditación de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual?¿La sociedad aseguradora que expide una póliza de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la ocurrencia del siniestro que amparó?
¿El acto administrativo de improbación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por la Empresa de Energía para amparar la inversión de su proyecto energético, se encuentra viciado por el cargo de falsa motivación? No
La motivación de la decisión tomada por el Comité se fundamentó en que el proyecto no cumplía con la finalidad establecida en la Ley 963 de 2005, por dos razones: (i) la ejecución del proyecto ya se encontraba en un 73,66%, evidenciando que la inversión no fue determinada o motivada por la norma, sino que fue realizada por Z.F. Celsia asumiendo los riesgos inherentes a la misma y (ii) que el régimen tarifario del sector previsto en las leyes 142 y 143 de 1994 garantizaba la recuperación de las inversiones realizadas en este sector.… La Sala observa que la única pretensión económica de la parte demandante es el pago del mayor valor asumido por el impuesto al patrimonio.
También resuelve:¿Es competente la Sala para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y…¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre las entidades que integraron el Comité de Estabilidad Jurídica, que improbó la solicitud de suscripción del contrato?¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a contar desde que el acto precontractual demandado cobró firmeza?
¿Se acreditó que el rechazo de la propuesta presentada por Conconcreto SA fue ilegal y/o arbitraria? No
La entidad estatal adjudicadora rechaza de manera legal y fundada la propuesta presentada en un proceso de selección cuando el oferente omite reportar información relevante y veraz exigida en el pliego de condiciones. La corporación judicial confirma la sentencia apelada al comprobar que el proponente no acreditó adecuadamente la experiencia específica requerida para la construcción del puente sobre la quebrada Servitá en Meta, lo cual impedía asignar el puntaje pretendido. Con base en los principios de transparencia y el respeto a las reglas de la contratación estatal, la sala aplica el principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans y desestima las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto de adjudicación.síntesis automática
También resuelve:¿La adjudicación del contrato de obra a la Unión Temporal Puentes del Meta fue ilegal por el hecho de haberse tenido en cuenta la experiencia de la sociedad Augusto Ruiz Corredor y Cia Ltda…¿Se configuró un exceso ritual manifiesto en la decisión de declarar desistida la práctica de una prueba pericial?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-04-26Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 70001233300020200029601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El dictamen pericial aportado con el escrito de oposición a las excepciones cumplió con los criterios establecidos en el artículo 227 del CGP? No
La posibilidad de aportar un dictamen pericial con posterioridad a la demanda, prevista en el artículo 227 del Código General del Proceso, exige que la parte explique de manera adecuada por qué el término disponible resultó insuficiente para allegar la prueba al presentar el medio de control. La regla se apoya en que esa excepción es de aplicación restringida y en que la parte debe justificar la imposibilidad de aportar el dictamen en la oportunidad ordinaria. Por ello, el anuncio genérico de que la peritación era rigurosa o difícil no basta para acceder a la prórroga. En el asunto, el tribunal debió indicar en el auto admisorio los motivos para conceder o no el término adicional, pero la unión temporal demandante no explicó de manera adecuada las razones de la insuficiencia del término de caducidad, por lo que la Sala confirmó la decisión que negó la admisión del dictamen. En la práctica, la parte que anuncia un dictamen debe justificar en la demanda por qué no lo aportó y no puede reservarse la prueba para la oposición a las excepciones.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver la apelación de un auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba?¿El artículo 227 del Código General del Proceso resulta aplicable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo para la presentación…¿El juez de primera instancia deberá resolver en el auto admisorio de la demanda, cuando la prueba pericial sea anunciada en la misma, si le confiere o no al actor un término extra para presentarlo?
Sentencia — Sentencia2025-07-18Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020230011900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas prestablecidas en la ley para ese fin? Sí
El contratista no puede utilizar el recurso extraordinario de anulación como una segunda instancia, ya que el juez contencioso administrativo no actúa como superior de los árbitros, sino que realiza un control basado en la verificación del acatamiento de las causales precisas establecidas en la ley. Este control se limita a detectar posibles falencias procedimentales o sustanciales, sin invadir la independencia y autonomía del tribunal arbitral. La Corporación reitera que el recurso no permite continuar, reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso, lo que implica que el juez debe abstenerse de revisar los razonamientos jurídicos del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados, y se centra exclusivamente en los errores in procedendo.síntesis automática
También resuelve:¿La causal del fallo en conciencia o en equidad opera cuando el tribunal de arbitramento profiere el laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio?¿La competencia de la autoridad jurisdiccional en sede del recurso extraordinario de anulación, se limita al examen de errores in procedendo?¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que la declaración sobre incumplimiento del INVÍAS de la obligación de entrega de…
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática