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¿Cómo debe computarse el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se pretende la nulidad absoluta del contrato? Sí
El término de la acción de controversias contractuales para pedir la nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el Código Contencioso Administrativo es de dos años contados desde su perfeccionamiento, conforme al literal e del numeral 10 del artículo 136 de ese código. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el contrato se suscribió en vigencia de ese código, y los términos que empezaron a correr se rigen por la ley vigente en ese momento. La segunda es que la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes a la celebración, por lo que la Sala puede estudiar la nulidad del contrato. La tercera es que las pretensiones de restablecimiento caducaron, porque la demanda no se presentó dentro de los treinta días siguientes a la adjudicación. Además, el rechazo de la oferta del actor se ajustó al pliego, que exigía que el coordinador técnico tuviera título en archivística y en bibliotecología, por lo que se niegan la nulidad del acto de adjudicación y la del contrato. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato?
¿La declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho del apelante? Sí
El demandante solicita el restablecimiento del derecho y el reintegro de dineros pagados tras obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios. La parte apelante fundamenta su inconformidad en que la declarada nulidad de los actos administrativos abre paso a las súplicas económicas de restablecimiento del derecho consecuenciales a esta. La sociedad aseguradora pretendió, además de la nulidad de la multa, el restablecimiento del derecho consistente en que se declare que no estaba obligada a pagarlas y, en caso de haber pagado le sea reintegrado el monto. En ese contexto, la sentencia que dispuso la nulidad de los actos administrativos de imposición de multas tiene efectos erga omnes en los términos del artículo 189 del CPACA, aunque se examinan las renuncias y exclusiones específicas de los consorciados para confirmar la decisión apelada.síntesis automática
También resuelve:¿Se puede establecer que la aquí demandante asumió el valor de la multa impuesta mediante los actos administrativos anulados?¿En forma previa al perfeccionamiento de la cesión del contrato, se suscribió el acta de acuerdo, que incluyó renuncia a reclamaciones económicas por parte del cedente?¿El consorcio cedente renunció a cualquier reclamación económica en contra del IDU, razón que impone confirmar la sentencia apelada?
¿La presentación de la garantía de seriedad de la oferta era un requisito subsanable y por ello la oferta del demandante debió haber sido evaluada? Sí
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la versión anterior a la modificación de la Ley 1882 de 2018, los requisitos que no afectan la asignación de puntaje son subsanables hasta la adjudicación, de modo que la garantía de seriedad de la oferta puede subsanarse y la oferta no debe rechazarse por esa causa. La razón es que la norma aplicable al proceso de 2008 permitía solicitar esos requisitos hasta la adjudicación, salvo en los procesos con subasta, y la garantía fue presentada antes de la adjudicación. En el caso, la Sala revocó parcialmente la decisión del tribunal, porque la oferta del demandante no debió ser rechazada. Sin embargo, las pretensiones de restablecimiento del derecho se negaron, porque el demandante no demostró los perjuicios sufridos ni explicó la fuente de la utilidad reclamada. Su consecuencia práctica es que la subsanabilidad de la garantía de seriedad no basta para obtener indemnización si el proponente no prueba el perjuicio.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante demostró el daño y los perjuicios sufridos por el rechazo de su oferta en el proceso de selección y por ello deben reconocerse las pretensiones de restablecimiento del derecho?
¿La propuesta presentada por el Consorcio demandante cumplió las exigencias del pliego de condiciones de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009 y, por lo tanto, debió haber sido declarada admisible por el IDU? Sí
La causal de rechazo de una propuesta por falta de veracidad en la información sobre cumplimiento de contratos estatales se circunscribe exclusivamente a las sanciones contractuales por incumplimiento impuestas por la respectiva entidad estatal. Esta regla se apoya en el texto del pliego de condiciones, que limitaba la exigencia a esas sanciones, y no en una interpretación amplia de la transparencia del proceso o de los antecedentes del proponente. Por ello, no puede rechazarse una propuesta por antecedentes distintos de las sanciones efectivamente impuestas por la entidad. En el caso concreto el consorcio había cumplido los requisitos del pliego, y la sala revocó la decisión del tribunal, al concluir que la propuesta debió declararse admisible. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el rechazo por falta de veracidad exige que exista una sanción contractual impuesta y que la exigencia esté expresamente prevista en el pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato de obra celebrado con ocasión de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009…¿Hay lugar al análisis de las pretensiones indemnizatorias y de restablecimiento del derecho formuladas en la demanda cuando el Tribunal declaró que respecto de ellas operó la caducidad y este punto…
Sentencia — Sentencia2025-07-17Sección PrimeraNUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓNRad. 76001233100020130000401ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[E]stablecer si el acto acusado está viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política; y la Ley 140 de 1994. No
El Concejo Municipal de Santiago de Cali tiene competencia para regular la publicidad exterior visual en su jurisdicción, aplicando el principio de rigor subsidiario para proteger el patrimonio ecológico, sin vulnerar el derecho a la igualdad ni limitar el ejercicio del trabajo, siempre y cuando no se demuestre un trato diferenciado injustificado o que afecte la confianza legítima de los actores económicos. La Sala confirma que el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006, al establecer requisitos más rigurosos para la instalación de vallas publicitarias, no viola la Constitución ni la Ley 140 de 1994, y reitera jurisprudencia sobre la autonomía municipal y el principio de rigor subsidiario en materia ambiental.síntesis automática
¿Se debe confirmar la decisión del Tribunal consistente en declarar la nulidad de la Resolución, al evidenciarse que el recurso de apelación no se opuso a todos los cargos que motivaron la nulidad de tal acto administrativo? Sí
La Sala confirmará la decisión del Tribunal consistente en declarar la nulidad de la Resolución… . Lo anterior, toda vez que tal determinación fue adoptada por el Tribunal luego de acceder a todos los cargos de nulidad formulados por… [la demandante] –por “expedición irregular o vicio de procedimiento”, por “desconocimiento al debido proceso” y por “falsa motivación”–, y que, en su recurso de apelación, el departamento de Cundinamarca únicamente se opuso a lo decidido por el Tribunal frente a los cargos de nulidad por “expedición irregular o vicio de procedimiento” y por “falsa motivación”, y guardó silencio en relación con el cargo de nulidad por “desconocimiento al debido proceso”.
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad por expedición irregular o vicio de procedimiento del acto administrativo que revoca el acto de apertura de un proceso de selección…¿El acto administrativo que revoca el acto de apertura del proceso de selección, se encuentra viciado de nulidad por falsa motivación…¿Resulta procedente la condena por concepto de restablecimiento del derecho dada la nulidad del acto administrativo que revoca el acto de apertura del proceso de selección, cuando se observa que…
¿Con ocasión de la ejecución del contrato, se acreditó que EPM incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones por el hecho de no haber reconocido y pagado la totalidad de las obras y servicios efectivamente ejecutados, lo cual condujo a unos mayores costos y debió asumir la contratista? No
Los reconocimientos por mayor obra aparentemente ejecutada por la contratista se basan en los anexos documentales aportados por la parte actora, que corresponden a cuadros elaborados por ella misma que condensan los valores definidos en el acápite correspondiente a la cuantía de la demanda y que en modo alguno cuentan con verificación de ejecución real, aceptación de tales cantidades y valores por parte de la interventoría y verificación de ausencia de pago, documentos estos que a pesar de no ser objetados o controvertidos por la entidad demandada, no proporcionan elementos de juicio para apreciar lo realmente ejecutado.… En ese sentido, extraña la Sala en la verificación de tales items, cantidades y valores, el procedimiento de reconocimiento por parte de la entidad y su correspondiente pago o denegación de pago…
También resuelve:¿Es procedente revocar la decisión objeto de apelación que declaró la nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato, así como también el reconocimiento y pago de unas obras…¿El numeral 4.5.6 del pliego de condiciones es nulo por objeto ilícito, por cuanto expresamente señaló que no se pagarían las visitas perdidas por ningún concepto?¿El régimen contractual aplicable a la empresa de servicios públicos domiciliarios es el de derecho privado?
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos? Sí
El contratista tiene competencia para interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía del daño emergente y lucro cesante supere el monto mínimo establecido en la Ley 1437 de 2011. Esta posición se sustenta en el artículo 150 de la misma ley, que otorga al Consejo de Estado la facultad de conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de los tribunales administrativos. Además, la Sección Tercera puede conocer de casos que normalmente serían de competencia de la Sección Primera, siempre y cuando no haya objeciones por parte de las partes y el acto no sea precontractual. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia existente sobre la competencia de la Sección Tercera en casos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la adjudicación de rutas de transporte.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del término para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La resolución demandada se profirió con falta de competencia por cuanto el procedimiento administrativo ya se había agotado?¿Se acreditaron en debida forma los perjuicios materiales para que proceda su reconocimiento?
¿Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad, por haber sido expedidas con falsa motivación, y por haber desconocido el principio de preferencia, consagrado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001? Sí
Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad por haber sido expedidas con falsa motivación y por desconocer el principio de preferencia, consagrado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001. La Sala ha determinado que la administración se equivocó al rechazar la propuesta del actor, ya que algunas de las superposiciones invocadas no existían, lo que implica que el acto se encuentra viciado de nulidad. Además, la violación del principio de preferencia, aunque no es absoluta, fue aceptada por la autoridad minera en casi la totalidad de los documentos enunciados en los hechos probados, lo que da lugar a que este acto también se vicie de nulidad. La Sala ha anulado la Resolución 000081 de 2015, dada la relación inescindible que existe entre este acto y los estudiados en el título anterior, lo cual obliga a que se elimine el manto de legalidad de todos en su conjunto.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros…¿El fenómeno de la caducidad opera frente a los actos administrativos que son producto del silencio administrativo negativo?¿Procede el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios al declararse la nulidad de las resoluciones acusadas?
¿Debe declararse la nulidad de la resolución mediante la cual se adjudicó por el SENA un proceso de selección en la modalidad de licitación pública, cuando se observa que la compañía demandante fue inhabilitada sin validarse la oportunidad de subsanación de la oferta? Sí
La entidad no puede inhabilitar una oferta por un requisito que no se haya establecido con claridad en el pliego de condiciones, y que, cuando el requisito no afecta la asignación de puntaje, debe permitirse la subsanación dentro de las reglas del proceso. Una razón es que en los términos del pliego la entidad no indicó que el tiempo de entrega estuviera limitado a la vigencia del año 2012, y el pliego previó dos formas de pago para la ejecución, lo que impide leer el requisito de manera restrictiva. Otra razón es que la inhabilitación se produjo sin verificar la oportunidad de subsanación del oferente, con lo que la adjudicación al otro proponente vulneró las reglas del proceso. En el caso, el tribunal había declarado la nulidad de la resolución de adjudicación y reconocido la utilidad esperada, y el Consejo de Estado revocó la decisión y limitó las pretensiones a la declaratoria de nulidad parcial, porque la utilidad no se acreditó en el monto reclamado. Su consecuencia práctica es que el pliego debe fijar expresamente cualquier limitación temporal y la entidad debe permitir subsanar los requisitos que no afecten el puntaje.síntesis automática
También resuelve:¿Dada la nulidad del acto administrativo que adjudicó la licitación pública hay lugar a reconocer el restablecimiento del derecho del demandante…¿En vigencia del C.P.A.C.A. resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿La prescripción ordinaria de la acción del contrato de seguros debe contarse a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de la situación de hecho que dio lugar al siniestro amparado? Sí
Según lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinaria o extraordinariamente para lo cual, en el primer caso, el término de prescripción será de dos (2) años contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debió tener conocimiento del hecho que origina la acción, y en el segundo, tal término será de cinco (5) años, que correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.… En el presente asunto realmente el tema radica en el momento en que sucedió el siniestro y/o cuando el beneficiario o víctima conoció de ello.… El colapso del talud… de la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio ocurrió……
También resuelve:¿El colapso del talud, constitutivo del siniestro, fue conocido por las partes del contrato y la aseguradora desde el mismo momento en que ocurrió?¿Se configuró la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro y ordenó hacer efectivo el amparo de calidad de la póliza de seguro?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra sentencias proferidas por los tribunales administrativos cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, la entidad estatal terminó unilateralmente un contrato de prestación de servicios, lo que generó una demanda por parte del contratista. La cuantía de la pretensión superaba el umbral legal en la fecha de presentación de la demanda, por lo que el Consejo de Estado tuvo competencia para revisar el recurso de apelación. La Sala revocó la sentencia del tribunal administrativo, confirmando la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y reafirmando la importancia de la doble instancia en la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la expedición del acta de terminación del contrato?¿El hallazgo de una causal de nulidad absoluta del contrato exime al juez de pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad formuladas contra el acto administrativo contractual?¿La motivación del acto administrativo de terminación unilateral debe fundamentarse en alguna de las causales del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 o en uno de los eventos establecidos en el inciso…
¿La demandante y la coadyuvante gozan de legitimación para solicitar que se declare la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro, considerando que el consorcio por ellos constituido hizo parte de la relación prestacional derivada de dicho contrato de seguro, en condición de tomador? Sí
Los integrantes de un consorcio que figura como tomador de un contrato de seguro tienen legitimación para solicitar la declaratoria de prescripción ordinaria de la acción derivada de ese contrato cuando la afectación de la garantía impacta de forma inevitable sus intereses patrimoniales. La regla se sostiene en que quienes forman parte de la relación prestacional derivada del seguro, en calidad de tomadores, tienen un interés legítimo en la declaración que pretenden, aunque el fenómeno extintivo afecte directamente a la aseguradora. Por ello, el interés no se limita a la aseguradora cuando el amparo afecta el patrimonio de quien contrató el seguro. En el asunto, el tribunal había negado esa legitimación con el argumento de que la prescripción solo afectaba a la aseguradora, pero la Sala reconoció el interés de las sociedades integrantes del consorcio tomador y modificó la decisión. En la práctica, el tomador que integra un consorcio puede pedir la prescripción de la acción de seguro cuando la garantía afecta su patrimonio.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el SENA declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra pública y, consecuencialmente…¿Dada la nulidad de los actos administrativos demandados, resultan procedentes las pretensiones de restablecimiento del derecho consecuenciales?¿En vigencia del CPACA resulta procedente la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso?
¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa? Sí
El contratista puede ejercer la acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad del acto precontractual de adjudicación y, en consecuencia, la nulidad absoluta del contrato, siempre que la demanda se presente dentro del término de 30 días siguientes a la notificación del acto de adjudicación, según lo establecido por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En el caso específico, la resolución de adjudicación fue notificada el mismo día de su proferimiento, y el contrato se celebró antes de que transcurrieran los 30 días siguientes a dicha notificación. Como resultado, la acción de controversias contractuales fue la procedente para procurar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal, pero no para solicitar el restablecimiento del derecho o la indemnización de perjuicios, ya que estas pretensiones caducaron al presentarse la demanda después de la celebración del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es la acción procedente para solicitar la declaratoria de nulidad del acto precontractual de adjudicación y en consecuencia la nulidad absoluta del contrato?¿Al interponerse la acción de controversias contractuales luego de 30 días de celebrado el contrato, caducaron las pretensiones de restablecimiento del derecho pero no las pretensiones anulatorias…¿Los proponentes vencidos en el proceso de selección de contratista están legitimados en la causa por activa para pedir la nulidad del acto de adjudicación y del contrato?
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad del acto que declaró el incumplimiento del contrato estatal y de ocurrencia del siniestro, cuando se observa que la liquidación unilateral del contrato se realizó por fuera de los términos establecidos par tal efecto? Sí
Cuando el contrato requiere liquidación y la liquidación bilateral se practica después del término pactado o supletorio, el conteo de la caducidad inicia al día siguiente de la firma del acta bilateral, según la regla de unificación de la Sección Tercera, y esa regla no alcanza al acto de liquidación unilateral expedido de forma extemporánea cuando el demandante impugna precisamente ese acto. La regla de unificación se refiere a la liquidación bilateral y no precisa el efecto de la liquidación unilateral fuera de término, por lo que el caso escapa a ella. Además, el contrato de obra fijó 240 días de ejecución desde el acta de inicio, de modo que el cuatrimestre de liquidación bilateral corrió desde el vencimiento de ese plazo. En el caso, la Sala concluyó que la demanda fue presentada en tiempo y revocó la decisión que había declarado la caducidad. La providencia matiza la regla de unificación en lo relativo al acto de liquidación unilateral extemporáneo. Su consecuencia práctica es que el demandante debe verificar la fecha en que se expidió el acto que impugna antes de calcular el término de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la demanda incoada para solicitar la nulidad de los actos que liquidaron de forma unilateral el contrato estatal…¿El elemento relativo a la competencia, como requisito esencial que constituye y determina la validez de toda manifestación unilateral de la Administración…¿La declaratoria de incumplimiento encaminada a hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria podrá realizarse luego de expirar el plazo contractual?
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión? Sí
El contratista no puede impugnar la resolución de la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, ya que esta se basó en normas vigentes y en los informes de su consultor, asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin evidenciar un desequilibrio económico del contrato. La CNTV, como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación del servicio público de televisión, tiene la facultad de determinar el valor de la prórroga conforme a los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 010 de 2006. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la legalidad de los actos administrativos que fijan el valor de la prórroga en contratos de concesión, protegiendo así la confianza y la estabilidad del mercado de bienes y servicios.síntesis automática
También resuelve:¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión…¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que…¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de…
¿Una vez celebrado el contrato adjudicado ya no sería posible su demanda independiente por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sino solo mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, por lo que en este caso la demanda, en ejercicio de ésta última, se presentó de forma oportuna? Sí
El contratista no puede demandar el contrato estatal por nulidad y restablecimiento del derecho una vez que éste ha sido celebrado, sino que debe hacerlo mediante la acción de controversias contractuales, la cual fue presentada oportunamente en este caso. La acción de controversias contractuales permite impugnar la legalidad del acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato, pero solo dentro del plazo de dos años desde la celebración del contrato. Si bien la demanda fue presentada dentro del plazo establecido, las pretensiones de restablecimiento del derecho no pueden ser estudiadas por haberse presentado fuera del término de 30 días hábiles para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos precontractuales. Además, el juez de segunda instancia no puede analizar argumentos nuevos que no fueron presentados en la demanda original, lo que implica que el recurso de apelación debe limitarse a los cargos y hechos discutidos en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Puede al ad quem analizar un argumento de ilegalidad del acto administrativo de adjudicación demandado, que el apelante no incluyó en la demanda?¿El fundamento jurídico que fue decisivo del fallo de primera instancia -normas -[ley 80 de 1993] resultaba aplicable al caso…¿El fundamento jurídico del fallo de primera instancia referente a la jurisprudencia sobre caducidad de la acción respecto del acto administrativo de adjudicación del contrato estatal…
¿La unión temporal demostró que su oferta cumplía con los requisitos y condiciones del pliego de condiciones? No
Cuando el pliego de condiciones de una licitación pública no prevé un requisito como factor de evaluación ni como causal de rechazo, su omisión no puede servir para rechazar la oferta. La regla se sostiene en tres razones: en el régimen de contratación anterior a las leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018, el pliego define las reglas del proceso y los criterios para escoger la oferta más favorable; los requisitos que el pliego no declara evaluables son innecesarios para comparar las propuestas; y la entidad no puede rechazar con base en documentos a los que el pliego no asignó efecto. En el caso, el formato omitido no era evaluado, pero la entidad también rechazó la propuesta por el valor de la oferta, motivo que se encontró ajustado al pliego, por lo que la unión temporal no demostró el cumplimiento de las condiciones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el proponente debe verificar que cada causal de rechazo esté prevista en el pliego, aunque ello no basta si existe otro fundamento válido.síntesis automática
También resuelve:¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual y precontractual de las entidades públicas?¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica?
¿La demanda contra el acto que declaró desierto el proceso de selección se presentó en tiempo? Sí
Cuando se demanda el acto administrativo que declara desierto un proceso de selección antes de celebrarse el contrato, la acción es la de nulidad y restablecimiento del derecho y el término de caducidad es de treinta días contados desde la notificación del acto. La regla se sostiene en tres razones: los actos de declaratoria de desierto se expiden en la fase de formación del contrato, por lo que el término del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo se extiende a sus pretensiones de nulidad; la firmeza del acto se produce al vencerse la ejecutoria sin recursos; y la resolución posterior que corrige errores materiales tiene efectos retroactivos y se incorpora al acto original, por lo que no reinicia la caducidad. En el caso, el acto se notificó en julio de 2001 y la demanda se presentó en agosto siguiente, dentro del término, por lo que se revocó la sentencia que había declarado la caducidad. El documento reitera la jurisprudencia sobre estos actos; la consecuencia práctica es que la corrección de errores materiales no altera el cómputo de la caducidad del acto principal.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia del expediente 58.643 constituye cosa juzgada relativa, solo en lo referente a la validez de la resolución demandada por cuenta de que el INVIAS sí fundamentó o motivó la declaratoria…¿La Resolución n.° 003634 de 29 de junio de 2001 del INVIAS, que declaró desierto el concurso de méritos para la administración del mantenimiento vial de la red de carretera nacional en diferentes…¿Procede reconocer el restablecimiento del derecho debido a la nulidad del acto que declaró desierto el concurso de méritos adelantado por el INVIAS para el mantenimiento de la malla víal nacional…
¿El demandante debió ser el adjudicatario de la licitación pública ya que el acto de adjudicación fue expedido con las normas en que debia fundarse, ya que los oferentes podían acogerse a una de las interpretaciones contradictorias del pliego de condiciones en cuanto al procentaje de imprevistos? No
No comparto la decisión de declarar la nulidad de los actos demandados y acceder a las pretensiones de restablecimiento del derecho. De conformidad con esta estipulación, era razonable entender que podía ofrecerse hasta un cinco por ciento (5%) como imprevistos, por lo cual era admisible presentar propuesta en el que dicho rubro fuera del tres por ciento (3%), como lo hizo el oferente adjudicatario. 2.2.- Un segundo apartado del pliego preveía: «En todo caso el porcentaje establecido para imprevistos no podrá ser menor que el 5%». Por ello, no podía considerarse que el acto de adjudicación fuera ilegal, y las pretensiones de la demanda debían negarse. 4.- El proponente vencido, al igual que todos los proponentes conocían las estipulaciones del pliego. Tuvo la oportunidad legal de pedir su aclaración y no lo hizo. Legítimamente se acogió a la interpretación que le dio a los pliegos: los demás hicieron lo propio.