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¿Los actos precontractuales proferidos en procesos contractuales regulados por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo? No
El contratista no puede impugnar los actos precontractuales proferidos en procesos contractuales regulados por el derecho privado como actos administrativos, ya que estos no tienen la naturaleza de acto administrativo y su revisión se realiza conforme a las reglas del derecho privado, incluyendo la garantía de buena fe y la autonomía de la voluntad. Esta posición reiterada por la Sección Tercera del Consejo de Estado implica que los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios no son susceptibles de nulidad por vía administrativa, sino que se evalúan en términos de incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato privado.síntesis automática
También resuelve:¿La propuesta presentada por la sociedad futura fue modificada al cumplir con el requerimiento de aclaración?¿La empresa contratante modificó arbitrariamente el cronograma del proceso de selección?¿La decisión emitida por el comité evaluador respecto a la elección de la propuesta transgredió el pliego de condiciones?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 150 del CPACA, y que la doble instancia ante esa corporación procede también por razón de la cuantía de la pretensión mayor, cuando supera el monto exigido para el medio de control respectivo. Una razón es que el artículo 150 expresamente atribuye a la corporación la segunda instancia de las apelaciones de sentencias y de autos apelables, sin que la naturaleza del medio de control impida esa competencia. Otra razón es que en el asunto la pretensión mayor, correspondiente a la administración dejada de percibir, superaba el umbral de doble instancia fijado para el medio de control aplicable, de modo que el recurso del demandante era conocido por la Sala. En el caso, el demandante apeló la negación de sus pretensiones, y la Sala confirmó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, determinada al momento de la demanda, fija la competencia para la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios…¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que negó la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica? Sí
El contratista debe contar con cuatro meses a partir de la notificación del acto administrativo que niega la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que implica que la caducidad de esta acción vence cuatro meses después de la notificación. Además, el acto administrativo que niega la suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica puede ser nulo por falsa motivación si no se demuestran adecuadamente las razones que justifican la importancia y el carácter determinante de la decisión de inversión en relación con las normas e interpretaciones administrativas vinculantes, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el documento CONPES. Asimismo, la negativa a la suscripción del contrato no viola el derecho a la igualdad si el contratista no aporta pruebas comparativas que demuestren que otras empresas similares obtuvieron contratos de estabilidad jurídica bajo condiciones equivalentes. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y procedimientos para la suscripción de contratos de estabilidad jurídica y la protección de los derechos de los contratistas en la etapa precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Son nulos por falsa motivación los actos administrativos que negaron la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y documento…¿Son nulos los actos administrativos por violación al derecho a la igualdad al haber negado la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica…¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en asunto regido por el CPACA?
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
88001233300020190001802 de 20252025-08-12Rad. 88001233300020190001802
El contratista no puede impugnar el acto de apertura de la licitación mediante un medio de control de nulidad simple después de vencido el término de caducidad, ya que este acto es considerado un acto administrativo general con efectos jurídicos directos, no un acto de mero trámite, por lo que su impugnación debe realizarse dentro del plazo de cuatro meses desde la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según el caso. La Sala revoca parcialmente la sentencia del tribunal administrativo y declara de oficio la falta de oportunidad del medio de control, negando así las pretensiones de la demanda, lo que implica que los actos administrativos de apertura de licitación deben ser impugnados dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control.síntesis automática
También resuelve:Acto administrativo que da apertura a la licitación pública: acto de apertura, acto administrativo general, impugnación del acto administrativo general, naturalezaMedio de control de nulidad: caducidad del medio de control de nulidad, acto precontractual, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, configuración del término de caducidad del medio de control
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en virtud de la naturaleza FONTUR como patrimonio autónomo conformado por capital público? Sí
Cuando un patrimonio autónomo de naturaleza pública, conformado con capital público y que ejerce funciones de la misma naturaleza, adopta decisiones dentro de un procedimiento de selección, sus actuaciones pueden ser controvertidas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en razón del criterio orgánico del artículo 104 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en dos razones: el patrimonio carece de personería jurídica pero administra recursos públicos provenientes de una contribución parafiscal, de un impuesto y de asignaciones del presupuesto general, y está sujeto a las directrices del ministerio sectorial. En el caso, la adjudicación de una invitación abierta adoptada por ese patrimonio fue controvertida, y el Consejo de Estado asumió la competencia en segunda instancia porque la mayor cuantía de la demanda superaba los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el numeral 3 del artículo 152 del C.P.A.C.A. El documento cita conceptos y sentencias sobre la capacidad de los patrimonios autónomos para ser parte, pero no señala que reitere o unifique precedente; la consecuencia práctica es que la competencia se determina por la naturaleza pública del capital y no por la personería jurídica del administrador.síntesis automática
También resuelve:¿El acto de adjudicación en los contratos regulados por el derecho privado tiene la naturaleza de acto administrativo?¿El medio de control de reparación directa es el idóneo para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado?¿FONTUR como patrimonio autónomo se encuentra legitimada en la causa por pasiva al proferir el acto del cual se deriva el daño por el que se demanda?
¿El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico? Sí
El artículo 83 del C. de P.C., aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa que consagra el artículo 267 del CCA, establece que, en caso de no haberse vinculado a los litisconsortes necesarios en la admisión de la demanda, el juez puede, de oficio o a petición de parte, siempre que no haya proferido sentencia de primera instancia, vincularlos en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. En aplicación del anterior marco normativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 5 de noviembre de 2013 y previo a proferir sentencia de primer grado, vinculó a la sociedad Escobar y Martínez S.A., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, por ser el proponente beneficiado con la adjudicación de la licitación pública 2 de 2005.
También resuelve:¿Una vez celebrado el contrato los actos precontractuales pasan a ser inseparables a este y para efectos de su control jurisdiccional solo procede la acción de controversias contractuales?¿Se configura la excepción de inepta demanda ante la indebida escogencia de la acción al no plantearse la pretensión de nulidad absoluta del contrato contra los actos precontractuales?¿En aplicación del principio iura novit curia el juez puede adecuar las pretensiones de la demanda?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, para conocer del litigio y del recurso de apelación, en atención a la naturaleza de la entidad demandada y a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios originados en la actividad contractual de un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y por la Ley 1107 de 2006. La regla se sostiene en tres razones: la naturaleza de la entidad demandada como entidad territorial determina que el litigio se origine en su actividad y no en otra; el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, por la vocación de doble instancia, según los artículos 129, 132, numeral 6, y 181 del Código Contencioso Administrativo; y la cuantía de la demanda, a la fecha de su presentación, superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que confirma la competencia de la Corporación en segunda instancia. Por ello, la providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve:¿Es la acción contractual el mecanismo procesal idóneo para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada de un contrato estatal…¿Procede el estudio de pretensiones dirigidas a la nulidad del acto de adjudicación cuando su ilegalidad no fue invocada como fundamento de la nulidad absoluta del contrato celebrado?¿Es procedente pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias cuando, a través de ellas, se solicita la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo…
¿Procede la acción de controversias contractuales para solicitar los perjuicios derivados del acto de adjudicación cuando el contrato ya se celebró al momento de presentar la demanda, por lo cual, se configuró ineptitud sustantiva de la demanda al interponer en el caso bajo análisis la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
Conforme al parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el acto de adjudicación no tiene recursos en la vía gubernativa y puede impugnarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del CCA.
También resuelve:¿Debe aplicarse el artículo 32 de la Ley la Ley 446 de 1998 como norma procesal al caso concreto, dado que la misma se encontraba vigente cuando se adelantó el proceso de licitación pública y se…¿Debe el juez administrativo decidir en la sentencia judicial sobre las excepciones propuestas en el proceso y las que encuentre probadas?
¿La nulidad absoluta del contrato puede ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento y si el término de vigencia del contrato es superior a este tiempo, dicho término será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de 5 años contados a partir de su perfeccionamiento? Sí
La demanda fue presentada en ejercicio de la acción de controversias contractuales y en ella se pidió la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión de una infraestructura educativa para la organización, operación y prestación en ella del servicio público de educación formal, celebrado entre el municipio de Malambo y el Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda., como consecuencia de la ilegalidad del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. LP-002-2010. De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A. -vigente para la época de presentación de la demanda-, la nulidad absoluta del contrato puede ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento y si el término de vigencia del contrato es superior a este tiempo, dicho término será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de 5 años contados a partir de su perfeccionamiento.
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a las pretensiones de restablecimiento del derecho¿Procedía el rechazo de la oferta presentada dentro de la Licitación Pública No. LP-002-2010 por la Corporación Pino Verde por haber superado el presupuesto del contrato?¿Se acreditó temeridad de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿El régimen normativo aplicable al concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, era el contenido en el Decreto 222 de 1983? Sí
El concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, iniciado por el ICEL como establecimiento público, estaba sujeto al Decreto 222 de 1983. La Sala reitera la aplicación de este decreto, que establece que los contratos celebrados por los establecimientos públicos se someten a las reglas del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala valora las copias simples presentadas, considerando que no fueron tachadas de falsas y su validez no fue controvertida. En cuanto a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, la Sala determina que es competente, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato, y su caducidad debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de las copias simples ya que obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida?¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato?
¿Se debe confirmar la decisión del Tribunal consistente en declarar la nulidad de la Resolución, al evidenciarse que el recurso de apelación no se opuso a todos los cargos que motivaron la nulidad de tal acto administrativo? Sí
La Sala confirmará la decisión del Tribunal consistente en declarar la nulidad de la Resolución… . Lo anterior, toda vez que tal determinación fue adoptada por el Tribunal luego de acceder a todos los cargos de nulidad formulados por… [la demandante] –por “expedición irregular o vicio de procedimiento”, por “desconocimiento al debido proceso” y por “falsa motivación”–, y que, en su recurso de apelación, el departamento de Cundinamarca únicamente se opuso a lo decidido por el Tribunal frente a los cargos de nulidad por “expedición irregular o vicio de procedimiento” y por “falsa motivación”, y guardó silencio en relación con el cargo de nulidad por “desconocimiento al debido proceso”.
También resuelve:¿Resulta procedente la nulidad por expedición irregular o vicio de procedimiento del acto administrativo que revoca el acto de apertura de un proceso de selección…¿El acto administrativo que revoca el acto de apertura del proceso de selección, se encuentra viciado de nulidad por falsa motivación…¿Resulta procedente la condena por concepto de restablecimiento del derecho dada la nulidad del acto administrativo que revoca el acto de apertura del proceso de selección, cuando se observa que…
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-07-14Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000232600020120107001ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para ordenar en segunda instancia la práctica de pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer, aun cuando la etapa probatoria haya concluido y el proceso se encuentre en estado de dictar sentencia, con el fin de esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para ordenar la práctica de pruebas de oficio mediante auto de mejor proveer, incluso cuando la etapa probatoria haya concluido y el proceso esté en estado de dictar sentencia, siempre que estas pruebas sean necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia, conforme al artículo 169 del Código Contencioso Administrativo. La Sala considera que la falta de documentos precontractuales esenciales para interpretar adecuadamente el contrato y resolver la controversia sobre su incumplimiento y liquidación justifica la práctica de pruebas de oficio, ya que estos documentos son indispensables para aclarar aspectos oscuros relacionados con el incumplimiento del contratista, el monto de la cláusula penal y los elementos que determinaron la liquidación unilateral del contrato. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado para disponer de pruebas de oficio en segunda instancia, incluso cuando los documentos relevantes no están disponibles en línea o han pasado mucho tiempo desde su expedición, lo que implica que los jueces deben solicitar estos documentos para garantizar una resolución justa y completa de la controversia.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el juez solicitar o tener en cuenta los documentos precontractuales cuando estos resultan indispensables para interpretar adecuadamente el contrato y resolver la controversia sobre su…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía de la demanda supera los 500 SMLMV al momento de su presentación, conforme a lo establecido en los artículos 129, 132-6 y 181 del Código Contencioso Administrativo. En el caso particular, el Consejo revocó la decisión del tribunal al determinar que la cuantía de la demanda superaba el umbral legal, lo que le confería competencia para resolver el recurso de apelación. Además, la corporación reiteró su jurisprudencia sobre la facultad del juez de adecuar la acción en casos excepcionales, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa del demandado y no haya variación en la causa petendi o en las pretensiones de la demanda. Asimismo, el Consejo estableció que los actos precontractuales emitidos por entidades sometidas al derecho privado, como Ecopetrol, no constituyen actos administrativos, sino actos de gestión contractual, por lo que la acción de reparación directa es el mecanismo adecuado para demandar responsabilidad bajo las reglas de la culpa in contrahendo.síntesis automática
También resuelve:¿Excepcionalmente, el juez administrativo puede adecuar la acción, siempre que el derecho de defensa del demandado no se vea afectado?¿Los actos precontractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos?¿La acción de reparación directa es adecuada para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado, y, en caso de haberse acudido a una acción inadecuada…
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve:¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa…¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo?¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
CONTRATACION ESTATAL,ACTO PRECONTRACTUAL,DAÑO EMERGENTE,PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Principio de transparencia,Violación,Desviación de poder,Declaración de desierta,Principio de economía,Causales objetivas,Idoneidad para demandar,Acto precontractual,Naturaleza facultativa,Daño Emergente,Pérdida de oportunidad, – Mes: mayo – Año: 2013…
También resuelve:Nulidad y restablecimiento del derecho: acto precontr actual, declaración de desierta, principio de transparencia, violaciónAccion de nul idad y restablecimiento del derecho: actos precontractuales, idoneidad para demandarRecurso de reposici on: acto precontractual, naturaleza facultativa, naturaleza
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las “deducciones por incumplimiento”¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
¿Los contratos de estabilidad tributaria se perfeccionaron por no haberlos celebrado dentro de los dos meses siguientes a la solicitud? No
El contratista no puede perfeccionar un contrato de estabilidad tributaria por el silencio administrativo de la DIAN, ya que este no implica un acuerdo tácito entre las partes, y la entidad no aceptó la propuesta inicial del contratista, por lo que no se configuró un contrato válido. Además, la DIAN presentó un proyecto de contrato que no fue aceptado por el contratista, por lo que no se estableció una obligación contractual. La Sala reitera que, en ausencia de un contrato, no procede la nulidad de actos administrativos relacionados con la publicación del contrato y la devolución de tributos pagados, y que el contratista debe demandar la indemnización de perjuicios por la configuración de responsabilidad precontractual, si es que existen. Este precedente reitera la importancia de la voluntad expresa de las partes para la perfección del contrato y la necesidad de reclamar indemnización por perjuicios en caso de configurarse la responsabilidad precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?¿Aunque no se perfeccione el contrato, en la etapa preparatoria se originan deberes precontractuales cuya observancia es relevante?¿La oferta, como acto voluntario y unilateral propio de la formación del contrato, constituye un acto que tiene efectos jurídicos?
¿La parte actora logró demostrar que su oferta presentada en la licitación pública era la mejor y debió ser la adjudicataria del proceso de contratación? No
No se encuentra probado que la parte demandante, aún sin romperse la continuidad de las operaciones aritméticas desde la columna valor con IVA… hubiera presentado la mejor oferta para la entidad contratante… . Es claro que, si se parte de la columna valor sin IVA, la oferta de la demandante tendría que ser rechazada por encontrarse por debajo del valor mínimo establecido por la entidad para el proceso; y si se parte de la columna valor con IVA, la oferta de la demandante resultaría la más onerosa. En consecuencia, en ninguno de los dos escenarios planteados se acredita que la propuesta de la parte demandante resulte ser la más favorable para la entidad.
También resuelve:¿Es competente esta Corporación para conocer del medio de control de controversias contractuales en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera…¿La parte demandante se encuentra legitimada en la causa por activa al ser la sociedad que participó en calidad de proponente en la licitación pública…¿La pretensión de nulidad absoluta del contrato se presentó dentro del término de 2 años contados desde el perfeccionamiento del contrato y la pretensión indemnizatoria fue extemporánea…