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Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre coadyuvancia2025-02-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 15001233100019971702402ACCION CONTRACTUAL
¿Corresponde resolver la solicitud de coadyuvancia elevada por la Contraloría Municipal de Tunja, la cual fue presentada en primera instancia, bajo los parámetros del Código Contencioso Administrativo? Sí
La intervención de un coadyuvante en un proceso contractual, cuando se presenta en primera instancia y antes de la sentencia, se rige por las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil vigentes para las demandas presentadas antes del 2 de julio de 2012, conforme al artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. Para aceptar la intervención del coadyuvante debe demostrarse una relación sustancial con una de las partes, que se refiere al interés jurídico que puede verse afectado indirectamente si la parte coadyuvada obtiene una sentencia desfavorable. El interés del tercero debe ser jurídico y no meramente general o de control del ordenamiento. En el caso concreto, la solicitud de coadyuvancia presentada en primera instancia no fue acogida, porque no se demostró la relación sustancial exigida con una de las partes del proceso. Como consecuencia práctica, quien pretenda intervenir como coadyuvante debe probar un interés jurídico propio frente a una de las partes y no solo un interés institucional en el resultado del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Para la aceptación de la intervención del coadyuvante debe demostrarse la relación sustancial con una de las partes del proceso?¿Es procedente la solicitud de coadyuvancia de la Contraloría Municipal de Tunja la cual fue presentada en primera instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2022-03-11Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000232600020080019101ACCION CONTRACTUAL
Recurso de reposición contra auto Sí
El artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, establece que el poder de representación judicial debe ser conferido a un abogado inscrito, prohibiendo la otorgación a una persona jurídica con objeto de representación judicial. Por tanto, se confirma el auto recurrido y se reconoce personería al abogado defensor como apoderado de la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020. Además, el artículo 308 del Código General del Proceso Administrativo establece que los procesos iniciados antes de su vigencia deben seguir rigiéndose y culminando conforme al régimen jurídico anterior, es decir, el Código Contencioso Administrativo, y en sus aspectos no regulados, el Código de Procedimiento Civil, no el Código General del Proceso, debido a que este último no estaba vigente al inicio de dichos procesos.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2024-09-16Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000232600020090001901ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente corregir el auto de 24 de agosto de 2023, que en forma errada señaló que improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes, cuando en realidad se trató de la fórmula de conciliación presentada de común acuerdo? Sí
El contratista puede solicitar la corrección del auto de 24 de agosto de 2023, en el que se indicó erróneamente que improbó el acuerdo conciliatorio, cuando en realidad se trataba de la fórmula de conciliación presentada de común acuerdo, siempre que el error en palabras incida en la providencia y no altere sustancialmente lo decidido. La entidad estatal no puede aclarar el auto para indicar si el juez aprobaría una nueva fórmula de conciliación, ya que esta solicitud no ofrece motivo de duda en la parte resolutiva ni influye en ella, y no existe norma que limite la cantidad de fórmulas que las partes pueden presentar. La Sala reitera la procedencia de la corrección por errores en palabras que inciden en la providencia, pero niega la aclaración de aspectos que no influyen en la resolución, manteniendo la inmutabilidad de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aclararse el auto de 24 de agosto de 2023, en el sentido de indicar que, si bien los demandantes formularon la solicitud de conciliación con apoyo en las disposiciones del CPACA…¿Resulta procedente aclarar el auto de 24 de agosto de 2023, en el sentido de indicar si el Despacho aprobaría determinada fórmula de conciliación para que las partes la puedan presentar ante el juez?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve liquidación de condena o perjuicios2025-04-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 08001233100020060184703ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente aplicar las disposiciones contenidas en el CPACA y al CGP, para resolver el incidente de liquidación de condena que promovió el demandante, si la demanda de reparación directa fue presentada el 16 de octubre de 2003? No
El contratista no puede aplicar las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso para resolver un incidente de liquidación de condena si la demanda de reparación directa fue presentada antes del 2 de julio de 2012, ya que estos códigos resultan de aplicación supletiva y la norma especial de transición del CPACA establece que los procesos iniciados antes de esa fecha deben seguir rigiéndose por el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil. Además, tanto el régimen jurídico anterior como el del CPACA y el CGP establecen un término de 60 días para presentar el incidente de liquidación de condena, contado a partir de la notificación del auto de obedecimiento al superior, y no desde la notificación de la sentencia de segunda instancia, por lo que la presentación del incidente fuera de este plazo resulta improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El CCA y el CPACA establecen un término de oportunidad para presentar el incidente de condena, el cual no puede ser desconocido por la parte actora so pretexto de una nulidad por indebida…¿Resulta procedente acceder a la petición elevada por la parte actora relativa a la prevalencia del derecho sustancial, cuando el artículo 6 del CPC es enfático en señalar que las autoridades…
Derecho privado,Régimen jurídico,Aclaración,Normatividad,Naturaleza,Actos precontractuales – Mes: abril – Año: 2023…
También resuelve:Numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993: régimen jurídico, derecho privadoArtículo 177 del código de procedimiento civil: aclaraciónRepública de colombia
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-05-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600020040042601ACCION CONTRACTUAL
¿Las figuras procesales de aclaración y adición de providencias judiciales, constitutivas de la excepción del principio de inmutabilidad de las sentencias, son figuras disímiles en cuanto a su objeto y condición de procedencia? Sí
La aclaración y la adición de providencias son figuras diferentes en cuanto a su objeto y a su procedencia, aunque ambas constituyen excepciones a la inmodificabilidad de la sentencia por el juez que la profirió. La regla se apoya en que, en lo no regulado por el Código Contencioso Administrativo, se aplican los artículos 309 y 311 del Código de Procedimiento Civil, que distinguen la aclaración, para frases o conceptos que ofrezcan duda, y la adición, para cuando se omita resolver alguno de los extremos de la litis. La competencia del juez para pronunciarse se pierde tras proferir la decisión y solo se recupera en estos supuestos. En el caso, la solicitud de aclaración se niega, porque las figuras se distinguen por su objeto y su condición de procedencia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la solicitud debe identificarse como aclaración o como adición según el defecto que se alega, y se niega cuando no corresponde a ninguno de ellos.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente adicionar o aclarar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 4 de abril de 2025, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2024-10-10Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 08001233300120130037001LEY 1437 REPETICION
¿Se incurrió en un error, toda vez que, revisado el expediente y la decisión, en efecto la parte motiva hace referencia a la condena en costas en contra del demandado, mientras que en la parte resolutiva se consignó condenar en costas al “demandante”? Sí
Encuentra la Sala que, efectivamente, se incurrió en un error, toda vez que, revisado el expediente y la decisión, en efecto la parte motiva hace referencia a la condena en costas en contra del demandado, mientras que en la parte resolutiva se consignó condenar en costas al “demandante”. Procede la Sala a subsanar dicho error, conforme con las facultades dispuestas para tal fin en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, porque este corresponde a uno de los supuestos previstos en la norma, esto es, la omisión y alteración de palabras. Además, por tratarse de un asunto contenido en la parte resolutiva de la providencia.
También resuelve:¿Es posible, de manera excepcional, que el juez que profirió una sentencia la aclare, corrija o adicione?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-09-16Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000232600020040078002ACCION CONTRACTUAL
¿La demanda se presentó antes de la vigencia de la Ley 1437 de 2011 por lo que se le aplica el régimen procesal del Código de Procedimiento Civil? Sí
El contratista no puede basar su solicitud de nulidad en el Código General del Proceso cuando la demanda fue presentada antes de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, por lo que se aplica el régimen procesal del Código de Procedimiento Civil, conforme al Decreto 1400 de 1970. Además, la notificación del auto interlocutorio que ordena la integración del litisconsorcio necesario se realizó conforme a los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no se configura la nulidad por indebida notificación. Asimismo, la entidad estatal no puede ser incluida como tercero interesado en el proceso, ya que ya ha actuado en calidad de litisconsorte necesario, lo que resulta improcedente. Esta decisión reitera la importancia de aplicar correctamente la normativa procesal vigente en el momento de la presentación de la demanda y subraya la necesidad de cumplir con los procedimientos establecidos para la notificación y la integración del litisconsorcio necesario.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la nulidad por indebida notificación?¿Procede la solicitud de intervención como tercero interesado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición2024-03-11Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100020080125501ACCION CONTRACTUAL
¿Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia? Sí
Los jueces deben respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia, y que la solicitud de impulso de un proceso judicial no se tramita como derecho de petición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 impone a los jueces el deber de respetar el orden para proferir sentencia. Segunda, la actividad judicial se rige por los códigos procesales de cada jurisdicción, y los procesos contencioso administrativos siguen el CCA o el CPACA según la fecha de inicio, conforme al artículo 308 del CPACA. Tercera, la jurisprudencia citada ha precisado que el derecho de petición regulado en la Ley 1755 de 2015 es improcedente ante las autoridades judiciales en desarrollo de su actividad judicial. La providencia ordena estarse a lo resuelto e informar a la solicitante que el proyecto de sentencia se redactará en su turno. La consecuencia práctica es que el reclamo sobre la demora en el fallo se resuelve dentro del turno del despacho y no mediante derecho de petición.síntesis automática
También resuelve:¿La actividad de las autoridades judiciales está regulada en los códigos procesales de las respectivas jurisdicciones y especialidades?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-09-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 68001233100020070027301ACCION CONTRACTUAL
¿Se configura la causal de impedimento invocada, dado el conocimiento previo que, de manera personal, tiene el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas de la situación fáctica que dio lugar a esta controversia? Sí
El magistrado puede declararse impedido si previamente prestó servicios como abogado para una de las partes en relación con el objeto del litigio, conforme al artículo 150 numeral 12 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por integración normativa al Código Contencioso Administrativo. En este caso, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas asesoró a la entidad demandada en la legalidad del contrato de concesión en cuestión, lo que afecta su imparcialidad en el proceso actual. La regla reitera que el conocimiento previo y personal del magistrado sobre la situación fáctica del litigio configura una causal de impedimento, lo que implica que debe abstenerse de conocer el caso para garantizar la independencia e imparcialidad del juez administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código Contencioso Administrativo, así como las previstas en el Código de Procedimiento Civil?¿En los eventos en los que un magistrado concurra alguna de las causales de impedimento, deberá manifestarlo en escrito dirigido al ponente o al magistrado que le siga en turno para que lo decida de…¿Para que el juez pueda apartarse del conocimiento del proceso y, en esa medida, abstenerse de cumplir los deberes que la ley le asigna…
Auto interlocutorio — Auto que deja sin efecto providencia2024-09-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000232600020070062902ACCION CONTRACTUAL
¿El recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión que ordenó la vinculación de Acerías Paz del Río en calidad de litisconsorte necesario sí resultaba procedente? Sí
En el caso objeto de estudio, a través de auto del 29 de agosto de 2018 se vinculó a la sociedad Acerías Paz del Rio en calidad de litisconsorte necesario, puesto que el Tribunal a quo consideró indispensable su presencia en el proceso para integrar el contradictorio. Como consecuencia, se ordenó la notificación de la decisión y del auto admisório de la demanda, con la exigencia adicional de enviar copia de las piezas procesales pertinentes.… En ese orden de ideas, este Despacho observa que, contrarío a lo considerado por el juzgador de primer grado, el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión que ordenó la vinculación de Acerías Paz del Río sí resultaba procedente, de manera que el auto que lo rechazó por improcedente y adecúo este medio impugnativo al recurso apelación comporta una irregularidad procesal.
También resuelve:¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el “régimen jurídico anterior”, que corresponden a las consagradas en el CCA y el CPC?¿El legislador previó dentro de los autos de naturaleza apelable el que integra el contradictorio, en aplicación de la figura del litisconsorcio necesario?¿Al momento de que el operador judicial integra al proceso un sujeto en virtud de la figura del litisconsorcio necesario, este adquiere el tratamiento…
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición en el caso sub examine, considerando que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984? Sí
Para efectos de determinar si la demanda se presentó en la oportunidad legal prevista, la Sala estima conveniente precisar que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984, de ahí que el municipio de Calarcá debía cumplirla en los términos del artículo 177 de ese cuerpo normativo. De este modo, la entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío, lo cual ocurrió el 14 de febrero de 2017… , por ende, el plazo para el pago venció el 15 de agosto de 2018.… Lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero.
También resuelve:¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, es decir…¿El juez de primera instancia desconoció el principio de congruencia de la sentencia, al pronunciarse sobre unas actuaciones que no fueron imputadas en la demanda?¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada que no hicieron parte del petitum y de la causa petendi de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-10-15Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 20001233100020110048702ACCION CONTRACTUAL
¿La inexistencia de apelación respecto del fallo proferido por el a quo supone que el Consejo de Estado carezca de competencia funcional para conocer del presente asunto, en tanto la sentencia del 17 de agosto de 2023 no fue recurrida y, en consecuencia, adquirió firmeza, de manera que la segunda instancia que hoy formalmente se tramita nunca debió activarse? Sí
Por fuera de la oportunidad procesal… , quien funge como apoderado de la demandante,… adujo ratificar “el poder que facultó al doctor… … para presentar el recurso y representar los intereses de la parte”, así como “los términos y contenido del recurso de apelación… ”. La afirmación contenida en el escrito antedicho no es de recibo para el Despacho, por cuanto: (i) no puede ratificarse un poder… que no existió a la luz de la realidad procesal; y (ii) el señor… no obra como parte sino como apoderado; no ostenta la titularidad de los intereses litigiosos sino que los representa, y por ello no se encuentra facultado para conferir poder para gestionarlos, sino -eventualmente- sustituir el mandato a él otorgado, con las precisas facultades que originalmente le fueron confiadas.… En el proceso de la referencia, el poder otorgado al señor… no fue revocado ni sustituido, de manera que mal podría ser reasumido, como lo pretende.
También resuelve:¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Decreto 01 de 1984 (CCA)?¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer del sub examine, en cuanto el proceso de la referencia tiene su origen en un contrato estatal?¿La acción de controversias contractuales requiere que quien la ejerza sea parte de un contrato estatal o un tercero con interés directo?
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad?¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-05-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 85001233300020190014101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las figuras procesales de aclaración y adición, constituyen excepciones a la regla que establece que la sentencia es inmodificable por el juez que la profirió, el cual, una vez profiere la decisión judicial, pierde la competencia respecto del asunto por él resuelto? Sí
El juez puede aclarar o adicionar una sentencia dentro del término de ejecutoria, siempre que estas acciones no modifiquen el contenido resuelto inicialmente, pues la sentencia es inmodificable una vez proferida, conforme al principio de seguridad jurídica establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso. La aclaración se permite cuando existen conceptos o frases ambiguos o contradictorios que ofrezcan verdadero motivo de duda, mientras que la adición es procedente cuando la sentencia omite la resolución de un extremo de la litis o de otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento. Estas excepciones a la inmutabilidad de la sentencia no permiten reformar el fallo sobre la controversia de fondo, sino que se limitan a precisar o completar lo ya resuelto, sin alterar su esencia. En este caso, la Sala reitera que la solicitud de aclaración y adición no es procedente si no se cumplen los requisitos legales específicos, y que la parte demandada no ha demostrado la existencia de un concepto o frase ambigua que justifique la aclaración, por lo que la solicitud es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 21 de marzo de 2025, proferida por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado?
¿Se configuró caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, ya que la demanda se presentó de forma oportuna? No
La Sala precisa que la condena objeto del sub lite se profirió en un proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984, de ahí que el Ejército Nacional debía cumplirla en los términos de los artículos 176 y 177 de ese cuerpo normativo, según lo ordenado en la parte resolutiva del fallo del 19 de junio de 2013, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia… . De este modo, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia mencionada, lo cual ocurrió el 29 de julio de 2013… . por ende, el plazo para cumplir la obligación se extendió hasta el 30 de enero de 2015. Ahora bien, para efectos de contar la caducidad, cabe decir que a la controversia le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, toda vez que el plazo para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con posterioridad al 2 de julio de 2012… .
También resuelve:¿Debe el juez de segunda instancia analizar si la entidad demandante probó la calidad de exagentes estatales que tenían los demandados para la época de los hechos que dieron lugar a la condena…¿Se acreditó la calidad de ex agentes del estado de todas las personas o individuos demandados en el caso sub examine, con ocasión del pago de la condena de la acción de reparación directa en la que…¿En el caso sub examine, la imputación realizada por la entidad demandante solo puede analizarse bajo la conducta de dolo?
¿Procede realizar la liquidación judicial del contrato y los reconocimientos solicitados en la demanda por concepto de actividades ejecutadas y no pagadas? No
Cuando las partes de un contrato no aportan elementos probatorios que permitan establecer el estado de las prestaciones, los conceptos y las cuantías que se adeudan entre sí, el juez no puede liquidar judicialmente el contrato, y debe negar la pretensión de liquidación. La regla se sostiene en tres razones: la liquidación judicial exige determinar el cruce final de cuentas con base en la ejecución efectiva de las obligaciones, lo que no puede hacerse con documentos que no den cuenta clara de los valores; la falta de prueba sobre la proporción en que se ejecutó el objeto contractual impide establecer las acreencias de cada parte; y la carga de demostrar las prestaciones recae en quien la reclama. En el caso, los tres grupos de pruebas no daban cuenta de los valores reclamados en la demanda, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la liquidación judicial. Por la fecha de la demanda, el régimen aplicable fue el Código Contencioso Administrativo. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial depende de que el demandante acredite con precisión las prestaciones ejecutadas y los saldos pendientes.síntesis automática
También resuelve:¿Por la fecha de presentación de la demanda, el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo?¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que las partes del contrato estipularon cláusula compromisoria…¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la liquidación judicial de un contrato estatal?
¿En el presente contrato de prestación de servicios de telefonía indirecta, se le debe reconocer al demandante la cesantía comercial o las participaciones correspondientes al 50% de la totalidad de lo recaudado por cargo básico mensual y del 10% por participación de telefonía automática local y de larga distancia? No
Cuando un contrato estatal regido por el derecho privado no tiene pactada cláusula de liquidación, el acta de terminación de mutuo acuerdo no puede tratarse como acta de liquidación, sino como manifestación de la voluntad de las partes de terminar el negocio y conciliar los estados de cuenta. La regla se sostiene en tres razones: la autonomía de la voluntad permite a las partes transigir las obligaciones de un periodo determinado, la declaración de paz y salvo con efectos de transacción produce cosa juzgada respecto de las prestaciones de ese periodo, y el acta de conciliación posterior extingue las obligaciones del periodo siguiente. En el caso, las partes suscribieron un acta de terminación que cubrió el periodo inicial de ejecución y un acta de conciliación que cubrió el periodo posterior, por lo que la pretensión subsidiaria de reconocer la cesantía comercial y las participaciones sobre el recaudo fue negada. El documento no señala que reitere o unifique precedente sobre este punto; la consecuencia práctica es que el paz y salvo y la transacción firmados por las partes impiden reclamar de nuevo las prestaciones del periodo cubierto.síntesis automática
También resuelve:¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?¿La caducidad se configura cuando ha vencido el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción?
¿La unión temporal demostró que su oferta cumplía con los requisitos y condiciones del pliego de condiciones? No
Cuando el pliego de condiciones de una licitación pública no prevé un requisito como factor de evaluación ni como causal de rechazo, su omisión no puede servir para rechazar la oferta. La regla se sostiene en tres razones: en el régimen de contratación anterior a las leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018, el pliego define las reglas del proceso y los criterios para escoger la oferta más favorable; los requisitos que el pliego no declara evaluables son innecesarios para comparar las propuestas; y la entidad no puede rechazar con base en documentos a los que el pliego no asignó efecto. En el caso, el formato omitido no era evaluado, pero la entidad también rechazó la propuesta por el valor de la oferta, motivo que se encontró ajustado al pliego, por lo que la unión temporal no demostró el cumplimiento de las condiciones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el proponente debe verificar que cada causal de rechazo esté prevista en el pliego, aunque ello no basta si existe otro fundamento válido.síntesis automática
También resuelve:¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual y precontractual de las entidades públicas?¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica?
Aclaración voto — Aclaración de voto2022-11-23Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 54001233100020110042501ACCION DE REPETICION
¿Debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado que declaró en el proceso de reparación directa? No
No debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado [que declaró] en el proceso de reparación directa. Pese a que la declaración de ese soldado beneficia al aquí demandado, se trató de una prueba aportada por el ente demandante para aducirla en contra del accionado, luego, no se podría valorar porque fue rendida en un proceso del cual no fue parte el servidor público demandado y no fue ratificada en este proceso según lo exige el artículo 229 del CPC.
También resuelve:¿El testimonio del soldado debió ser ratificado, para cuya valoración se debía acudir a las normas probatorias del Código de Procedimiento Civil que exigen su ratificación?¿El Código General del Proceso ya no exige la ratificación de los testimonios a no ser que la contraparte lo solicite?