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¿Como debe gestionar la entidad estatal en la asignación de consecutivos de los procesos de contratación y/o los contratos estatales?
La entidad estatal debe asignar consecutivos de procesos de contratación y contratos estatales de manera ordenada y sistemática en la plataforma SECOP II, asegurando que el orden de suscripción coincida con el consecutivo interno asignado, para garantizar la transparencia y la trazabilidad de los procedimientos. Esta práctica es crucial para cumplir con los requisitos legales y normativos establecidos en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, que regulan la contratación estatal y la gestión de los procesos contractuales. La correcta asignación de consecutivos implica la aplicación efectiva de la garantía de seriedad de la oferta y la inhabilidad para participar en procesos de contratación en caso de incumplimiento por parte del contratista, lo que refuerza la integridad del sistema de contratación pública.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: competencia contractual, concepto, fundamento normativo / competencia contractualNulidad del contrato estatal: nulidad absoluta, nulidad relativa
¿Cuáles son las consecuencias de rechazar la suscripción de un contrato en la plataforma del Secop II?
Cuando el proponente adjudicatario se abstiene sin justa causa de suscribir el contrato, incluido el rechazo del contrato electrónico en el SECOP II, se generan al menos dos consecuencias conforme a la Ley 80 de 1993: la entidad estatal queda habilitada para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, que responde por el total del valor asegurado a título de sanción, sin perjuicio de las acciones para el reconocimiento de los perjuicios no cubiertos; y se configura la inhabilidad del literal e) del numeral 1 del artículo 8 de esa ley para participar en procesos de contratación y celebrar contratos con entidades estatales por cinco años contados desde la expiración del plazo para la firma. Esta inhabilidad está supeditada a que la no suscripción ocurra sin justa causa, por lo que la entidad debe analizar cada caso concreto. En el SECOP II, plataforma transaccional que permite la firma electrónica, el contrato se genera en estado en edición tras la adjudicación, el proveedor puede aprobarlo o rechazarlo justificadamente, y solo con la aprobación del proveedor y la posterior validación de la entidad se entiende firmado electrónicamente.síntesis automática
También resuelve:Secop ii: plataforma transaccionalNo suscripción del contrato: garantía de seriedad– inhabilidad
¿El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico? Sí
El artículo 83 del C. de P.C., aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa que consagra el artículo 267 del CCA, establece que, en caso de no haberse vinculado a los litisconsortes necesarios en la admisión de la demanda, el juez puede, de oficio o a petición de parte, siempre que no haya proferido sentencia de primera instancia, vincularlos en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. En aplicación del anterior marco normativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 5 de noviembre de 2013 y previo a proferir sentencia de primer grado, vinculó a la sociedad Escobar y Martínez S.A., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, por ser el proponente beneficiado con la adjudicación de la licitación pública 2 de 2005.
También resuelve:¿Una vez celebrado el contrato los actos precontractuales pasan a ser inseparables a este y para efectos de su control jurisdiccional solo procede la acción de controversias contractuales?¿Se configura la excepción de inepta demanda ante la indebida escogencia de la acción al no plantearse la pretensión de nulidad absoluta del contrato contra los actos precontractuales?¿En aplicación del principio iura novit curia el juez puede adecuar las pretensiones de la demanda?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias de primera instancia proferidas por Tribunales Administrativos, especialmente cuando se trata de impugnaciones de actos administrativos precontractuales relacionados con contratos de estabilidad jurídica y su cuantía lo requiere. La Sala valora copias simples de documentos conforme a precedentes unificados, reafirmando la procedencia de este método de valoración probatoria. En cuanto a la suscripción de contratos de estabilidad jurídica, el Comité de Estabilidad Jurídica no pierde competencia temporal por dictar decisiones fuera del plazo de cuatro meses establecido en la Ley 963 de 2005, ya que la norma no prevé la pérdida de competencia como consecuencia del vencimiento del término legal. Asimismo, la Sala no encuentra violación del principio de confianza legítima o de la buena fe contractual cuando la administración rectifica errores de información al público, como en el caso de un informe erróneo sobre el estado de un trámite de contrato de estabilidad jurídica.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de copias simples?¿Al decidir sobre la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, fuera del término de cuatro meses previsto en el literal f) del artículo 4 de la Ley 963 de 2005 el Comité de Estabilidad…¿Nutriavícola S.A. sometió a consideración del Comité de Estabilidad Jurídica un proyecto de inversión que mejoraba la calidad de vida de la compañía y de sus trabajadores…
¿Procede la declaración de la excepción de inexistencia del contrato por cuanto el contrato no se suscribió ni se elevó a escrito? Sí
El contratista no puede incoar el medio de control de controversias contractuales cuando el contrato no se ha suscrito ni elevado a escrito, ya que la falta de formalidad escrita implica la inexistencia del contrato y, por ende, la improcedencia del medio de control, dado que este solo puede ser ejercido por las partes de un contrato del Estado. La Sala revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y declara la inexistencia del contrato, reafirmando que la formalidad escrita es un requisito ad substantiam actus para la existencia del contrato estatal sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Además, la Sala establece que la voluntad unilateral de la administración no puede remover una formalidad legalmente impuesta, como la escritura del contrato. Este fallo reitera la jurisprudencia existente sobre la importancia de las formalidades plenas del contrato estatal y su impacto en la procedencia de los medios de control.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la ausencia de contrato, no resulta procedente el medio de control de controversias contractuales?¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad, pues habían trascurrido más de 4 meses desde la notificación de los actos demandados?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿Se desconoció el deber de selección objetiva por cuanto la empresa seleccionada no cumplía los requisitos de experiencia contenidos en el pliego de condiciones? Sí
El contratista no cumple con los requisitos de experiencia exigidos en el pliego de condiciones, lo que desconoce el deber de selección objetiva y viola el principio de selección objetiva, configurando una nulidad absoluta del contrato estatal conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La Sala modifica la jurisprudencia anterior al establecer que la declaración de nulidad del contrato por abuso o desviación de poder no requiere previamente despojar de la presunción de legalidad al acto administrativo de adjudicación, lo que amplía la facultad de los jueces para declarar la nulidad de contratos estatales en casos de desconocimiento de la selección objetiva.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos en que los municipios o distritos entregan en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros están sujetos a la Ley 80 de 1993?¿Los contratos estatales son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993?¿Para que proceda la declaración de nulidad del contrato por la configuración del vicio de abuso o desviación de poder se requiere previamente despojar de la presunción de legalidad al acto…
¿El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta de liquidación bilateral? Sí
El contratista y la entidad estatal superan el incumplimiento del contrato mediante la suscripción de una acta de liquidación bilateral, siempre y cuando dicha acta no presente vicios del consentimiento y las partes queden a paz y salvo sin reparos o salvedades. En este caso, la entidad estatal incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, lo que impidió la suscripción del acta de inicio del proyecto debido a deficiencias en la gestión de las licencias de la obra. Sin embargo, el contratista y la entidad estatal liquidaron bilateralmente el contrato el 6 de diciembre de 2016, reconociendo únicamente los costos de pago de estampillas y pólizas, y modificaron el acta el 21 de diciembre de 2016 para excluir los gastos de administración fiduciaria. El contratista aceptó la liquidación y se declaró a paz y salvo por todo concepto, renunciando a otros emolumentos como la utilidad esperada y los gastos de arrendamiento, pago de servicios, alquileres de maquinaria y equipos y pago de prestaciones sociales. La Sala confirmó la sentencia que negaba las pretensiones del contratista, reafirmando que la liquidación bilateral es vinculante cuando no se acreditan vicios del consentimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño?¿Los contratos estatales suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas?¿Cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-10-15Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 20001233100020110048702ACCION CONTRACTUAL
¿La inexistencia de apelación respecto del fallo proferido por el a quo supone que el Consejo de Estado carezca de competencia funcional para conocer del presente asunto, en tanto la sentencia del 17 de agosto de 2023 no fue recurrida y, en consecuencia, adquirió firmeza, de manera que la segunda instancia que hoy formalmente se tramita nunca debió activarse? Sí
Por fuera de la oportunidad procesal… , quien funge como apoderado de la demandante,… adujo ratificar “el poder que facultó al doctor… … para presentar el recurso y representar los intereses de la parte”, así como “los términos y contenido del recurso de apelación… ”. La afirmación contenida en el escrito antedicho no es de recibo para el Despacho, por cuanto: (i) no puede ratificarse un poder… que no existió a la luz de la realidad procesal; y (ii) el señor… no obra como parte sino como apoderado; no ostenta la titularidad de los intereses litigiosos sino que los representa, y por ello no se encuentra facultado para conferir poder para gestionarlos, sino -eventualmente- sustituir el mandato a él otorgado, con las precisas facultades que originalmente le fueron confiadas.… En el proceso de la referencia, el poder otorgado al señor… no fue revocado ni sustituido, de manera que mal podría ser reasumido, como lo pretende.
También resuelve:¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Decreto 01 de 1984 (CCA)?¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer del sub examine, en cuanto el proceso de la referencia tiene su origen en un contrato estatal?¿La acción de controversias contractuales requiere que quien la ejerza sea parte de un contrato estatal o un tercero con interés directo?
¿Los procesos de repetición pueden fallarse sin sujeción al turno? Sí
el contratista puede interponer una acción de repetición contra un servidor público cuando el daño que dio origen a la condena contra la entidad estatal tuvo su origen en la suscripción de un contrato de transacción, pero no cuando el cuestionamiento se dirige a la legalidad del contrato en sí mismo y no a las conductas del funcionario que causaron el daño. La Sala establece que la acción de repetición no es procedente cuando el núcleo del litigio se centra en la validez del contrato de transacción, ya que esto implicaría un enjuiciamiento indebido del negocio jurídico y una violación del principio de congruencia. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, limitando la aplicación de la acción de repetición a casos en los que el daño se origina en la actuación del servidor público y no en la legalidad del contrato celebrado.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los requisitos para que un acuerdo entre las partes tenga la naturaleza de conciliación?¿El daño que dió lugar a la condena contra el municipio, tuvo su origen en un contrato de transacción?¿Es procedente la acción de repetición en eventos en los cuales se cuestiona la legalidad de un contrato?
¿El Distrito cumplió la obligación de restituir los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo? No
El contratista no puede exigir la restitución de los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo si la entidad estatal incumple con el pago de los cánones de arrendamiento y la devolución de los bienes, ya que dicha situación constituye un incumplimiento contractual y no una ocupación temporal sin contrato. En este caso, el Distrito no restituyó los inmuebles y dejó de pagar los cánones al vencimiento del contrato, lo que fue declarado como incumplimiento contractual. La entidad debe pagar los cánones adeudados, pero no se ordenará el pago de las sumas canceladas a la propiedad horizontal ni de las cuotas de administración de parqueaderos, ya que estos no estaban incluidos en los contratos como obligaciones del arrendatario. Esta decisión reitera la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento y matiza la interpretación de la ocupación temporal sin contrato, enfatizando la naturaleza contractual del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Se declara el incumplimiento de la entidad y se ordena pagar los cánones adeudados?¿No se puede ordenar el pago de la administración de los parqueaderos porque su uso no estaba incluido en los contratos?¿El propietario del inmueble arrendado se encuentra legitimado por activa aun cuando el contrato que fundamenta las pretensiones fue suscrito por un mandatario?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 68001233300020240007201LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó el elemento objetivo para la procedencia del medio de control de repetición -la existencia de una condena u obligación de carácter indemnizatorio en contra del Estado- y, en consecuencia, no resulta procedente el rechazo de la demanda? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de repetición cuando se acredite la existencia de una condena u obligación de carácter indemnizatorio en contra del Estado, y en este caso, la Sala revocó la decisión de primera instancia que rechazó la demanda, al determinar que las pretensiones del contratista estaban encaminadas al pago de intereses moratorios y la devolución de una supuesta doble erogación causada por la conducta gravemente culposa de los funcionarios estatales, lo que hace susceptible al asunto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Sala consideró que la entidad demandante buscaba obtener el reembolso de los intereses moratorios y la devolución de la doble erogación, situaciones que implican una condena u obligación indemnizatoria en contra del Estado, y que por lo tanto, el caso es susceptible de control judicial a través del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Al caso objeto de estudio le resultan aplicables las normas procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación?¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra un auto de primera instancia proferido por un tribunal administrativo?¿En todos los casos en que existe una orden de pago o condena judicial se configuraría una afectación patrimonial al Estado?
¿El IDU y Transmilenio SA incumplieron el contrato de consultoría por no haber pagado algunas actividades que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución contractual? No
El contratista no puede exigir el pago de actividades adicionales que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución del contrato, ya que no hubo acuerdo de voluntades entre las partes para incorporar estos ítems al negocio jurídico con un precio definido. La Sala confirmó que los trabajos no incluidos en el contrato inicial ni en los modificatorios correspondientes son adicionales y, por lo tanto, no pueden ser exigidos como parte del contrato original. Esta decisión reitera la necesidad de un acuerdo explícito entre las partes para incluir nuevos ítems y establecer su contraprestación, lo que implica que el contratista no puede realizar ejecuciones materiales sin un acuerdo previo sobre su remuneración, evitando así reclamos por incumplimiento contractual basados en trabajos no pactados.síntesis automática
También resuelve:¿La ley fija límites objetivos para la contabilización de la caducidad, los cuales son de orden público y, por consiguiente, de perentoria observancia?¿Las consecuencias en materia de los costos y gastos que genere el proceso se le asignaron a la parte vencida?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2024-10-31Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170083101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El asunto debatido no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sino de la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar la jurisdicción ni darla por saneada? Sí
El juez debe declarar la falta de jurisdicción cuando el asunto debatido corresponde a la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar o sanear la jurisdicción, conforme al artículo 287 del CPACA. En el caso específico, el Banco Agrario de Colombia, una entidad financiera sometida al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, celebró contratos para el mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones, actividades que se consideran propias del giro ordinario de sus negocios, por lo que la controversia no es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en controversias contractuales de entidades financieras, estableciendo que las actividades propias del objeto social y las necesarias para su desarrollo caen bajo la excepción del artículo 105 del CPACA, lo que implica que los jueces deben ser rigurosos en la identificación de estos casos para evitar la nulidad por falta de jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿La excepción a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la relacionada con controversias contractuales de las entidades públicas que tengan el carácter de instituciones…¿La actividad contractual del Banco Agrario de Colombia S.A. se rige por el derecho privado y sus actividades y contratos celebrados en desarrollo de su objeto social se regirán por la normatividad…¿La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables?
¿El régimen normativo aplicable al concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, era el contenido en el Decreto 222 de 1983? Sí
El concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, iniciado por el ICEL como establecimiento público, estaba sujeto al Decreto 222 de 1983. La Sala reitera la aplicación de este decreto, que establece que los contratos celebrados por los establecimientos públicos se someten a las reglas del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala valora las copias simples presentadas, considerando que no fueron tachadas de falsas y su validez no fue controvertida. En cuanto a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, la Sala determina que es competente, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato, y su caducidad debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de las copias simples ya que obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida?¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
¿Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas por el contratista? Sí
El contratista puede acreditar el incumplimiento de la entidad estatal por no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas, siempre que demuestre con pruebas detalladas que la obra fue realizada conforme al contrato y que la entidad no ha desvirtuado dichas pruebas. En este caso, el contratista presentó un informe detallado de la interventoría que evidenciaba la existencia de trabajos no remunerados, y la entidad no realizó ningún esfuerzo probatorio para desvirtuarlo. Además, las actas parciales de ejecución eran provisionales y no impedían otros reconocimientos, y la suscripción de documentos modificatorios al contrato no implicaba la renuncia del derecho a formular reclamaciones económicas. La Sala revocó la sentencia apelada y concedió las pretensiones principales de la demanda, lo que implica que las partes deben cumplir con el reconocimiento del valor de las cantidades de obra ejecutadas pero no remuneradas.síntesis automática
También resuelve:¿Las mayores cantidades de obra son las que no implican modificación del contrato y se presentan en aquellos contratos pactados a precios unitarios…¿La sentencia SU 214 de 2022, no constituye un precedente obligatorio en el presente caso de estudio, por falta de similitud fáctica y jurídica en relación con los conceptos de mayor cantidad de obra…¿Las fórmulas de acuerdo propuestas por las partes para fijar los valores del contrato, están sometidas a confidencialidad…
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?