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Consejo de Estado
Providencia
Se cumplen lo presupuestos para dictar sentencia anticipada
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada
2024-04-15
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020170010500
LEY 1437 REPETICION
¿Se cumplen lo presupuestos para dictar sentencia anticipada, porque no hay pruebas que requieran ser practicadas en audiencia, sino que las únicas pruebas son las que se aportaron con la demanda? Sí
El juez puede dictar sentencia anticipada cuando no hay pruebas que deban practicarse en audiencia y las únicas pruebas son las documentales aportadas con la demanda, en los términos del numeral 1, literales b y c, del artículo 182A del CPACA. En ese escenario, el auto incorpora las pruebas documentales al expediente, les da el valor probatorio que corresponda en la sentencia y fija el litigio. Los documentos se consideran útiles, pertinentes y eficaces, y su traslado se entiende surtido con el de la demanda, conforme a los artículos 269 y 272 del Código General del Proceso. En el caso analizado, el litigio consiste en determinar si los exmiembros de una junta directiva actuaron con culpa grave en la apertura, modificación y declaratoria de desierta de una licitación pública, y si esa conducta determinó las condenas pagadas por la entidad accionante, de modo que deban responder con su patrimonio. Por ello se dispone el trámite de sentencia anticipada, sin ampliar los supuestos de la norma.síntesis automática
DISPONE TRAMITE SENTENCIA ANTICIPADA
Consejo de Estado
Providencia
No se debe revocar la decisión de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020150121503
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio del impugnante, el acto acusado es nulo, pues, calculó el primer cuartil con base en todas las propuestas presentadas en la licitación, por tanto, con desconocimiento de la selección objetiva que obliga tan solo a considerar los datos de las propuestas habilitadas para poder hacer una comparación de las ofertas en debida forma? No
El contratista no puede anular la decisión de primera instancia basada en el argumento de que la entidad consideró todas las propuestas presentadas en la licitación para calcular el primer cuartil, en lugar de limitarse a las propuestas habilitadas, ya que la entidad cumplió con los términos del pliego de condiciones al determinar el orden de elegibilidad de los proponentes habilitados con apego a los valores ofertados por todos los participantes, incluidos los descalificados, sin embargo, el contratista no demostró que esta práctica afectara el resultado final del proceso de selección y, por ende, no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo. Además, la entidad demandada no incurrió en una violación del principio de selección objetiva que justifique la nulidad del acto acusado, ya que el dictamen pericial no probó que el orden de elegibilidad variara sustancialmente en favor del proponente vencido al emplearse únicamente los valores de las ofertas habilitadas. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia y condena al contratista en costas por ser la parte vencida en el proceso, según lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la condena en costas contra la demandante por ser la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Concurso de méritos: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-09-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 41001233100019950838501
ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen normativo aplicable al concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, era el contenido en el Decreto 222 de 1983? Sí
El concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, iniciado por el ICEL como establecimiento público, estaba sujeto al Decreto 222 de 1983. La Sala reitera la aplicación de este decreto, que establece que los contratos celebrados por los establecimientos públicos se someten a las reglas del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala valora las copias simples presentadas, considerando que no fueron tachadas de falsas y su validez no fue controvertida. En cuanto a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, la Sala determina que es competente, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato, y su caducidad debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la valoración de las copias simples ya que obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?
¿La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
En manera alguna la norma establece una inhabilidad para contratar con el Estado
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020050466402
ACCION CONTRACTUAL
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:
¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?
¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?
¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación
Sentencia — Sentencia
2023-11-20
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233300020130051101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?
¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?
¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Tampoco se podía pedir su ajuste o subsanación
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020060164401
ACCION CONTRACTUAL
¿La unión temporal demostró que su oferta cumplía con los requisitos y condiciones del pliego de condiciones? No
Cuando el pliego de condiciones de una licitación pública no prevé un requisito como factor de evaluación ni como causal de rechazo, su omisión no puede servir para rechazar la oferta. La regla se sostiene en tres razones: en el régimen de contratación anterior a las leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018, el pliego define las reglas del proceso y los criterios para escoger la oferta más favorable; los requisitos que el pliego no declara evaluables son innecesarios para comparar las propuestas; y la entidad no puede rechazar con base en documentos a los que el pliego no asignó efecto. En el caso, el formato omitido no era evaluado, pero la entidad también rechazó la propuesta por el valor de la oferta, motivo que se encontró ajustado al pliego, por lo que la unión temporal no demostró el cumplimiento de las condiciones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el proponente debe verificar que cada causal de rechazo esté prevista en el pliego, aunque ello no basta si existe otro fundamento válido.síntesis automática
También resuelve:
¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?
¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual y precontractual de las entidades públicas?
¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica?
CONFIRMA