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¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve:¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad?¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato?¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
¿Conforme al momento de la presentación de la demanda, en el caso concreto, cuando ya se había adjudicado y firmado el contrato, procedía la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista puede presentar una acción de controversias contractuales incluso después de que se haya adjudicado y firmado el contrato, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para solicitar la nulidad absoluta del contrato, que es de dos años a partir de su perfeccionamiento. Esta regla se sostiene en que las normas procesales no son retroactivas y que los actos administrativos precontractuales pueden ser demandados dentro de los treinta días siguientes a su notificación, mientras que la nulidad del contrato debe solicitarse dentro del plazo de dos años desde su celebración. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de controversias contractuales en estos casos, lo que permite a los contratistas defender sus intereses legales incluso después de la firma del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de los actos precontractuales fue presentada antes de los treinta días siguientes a su notificación y la nulidad del contrato se solicitó dentro de los dos años siguientes a su…¿Tienen valor probatorio las copias simples adjuntadas a la demanda?¿Los documentos pueden ser publicos o privados, del primero se presume su autenticidad y el mérito probatorio de los mismoslo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto?
Sentencia — Sentencia2023-01-26Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020220004400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal? Sí
La Sala negará la procedencia del recurso. En oportunidades anteriores se ha indicado que la causal 7, sobre el laudo en conciencia o equidad, se configura cuando el laudo carece realmente de motivación probatoria. Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal. Por una parte, no argumenta que el laudo haya ignorado el acervo probatorio. Por la otra, tampoco señala que la decisión adoptada en el laudo no esté soportada en las pruebas del proceso arbitral.
También resuelve:¿El argumento que tuvo en cuenta el tribunal para asignar la responsabilidad al contratista fue el alcance del principio de planeación?¿Las conclusiones a las que arribó el tribunal se sustentan en las pruebas?¿Cuando se declare infundado el recurso de anulación se condenará al recurrente al pago de las costas?
¿La demanda contra el acto que declaró desierto el proceso de selección se presentó en tiempo? Sí
Cuando se demanda el acto administrativo que declara desierto un proceso de selección antes de celebrarse el contrato, la acción es la de nulidad y restablecimiento del derecho y el término de caducidad es de treinta días contados desde la notificación del acto. La regla se sostiene en tres razones: los actos de declaratoria de desierto se expiden en la fase de formación del contrato, por lo que el término del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo se extiende a sus pretensiones de nulidad; la firmeza del acto se produce al vencerse la ejecutoria sin recursos; y la resolución posterior que corrige errores materiales tiene efectos retroactivos y se incorpora al acto original, por lo que no reinicia la caducidad. En el caso, el acto se notificó en julio de 2001 y la demanda se presentó en agosto siguiente, dentro del término, por lo que se revocó la sentencia que había declarado la caducidad. El documento reitera la jurisprudencia sobre estos actos; la consecuencia práctica es que la corrección de errores materiales no altera el cómputo de la caducidad del acto principal.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia del expediente 58.643 constituye cosa juzgada relativa, solo en lo referente a la validez de la resolución demandada por cuenta de que el INVIAS sí fundamentó o motivó la declaratoria…¿La Resolución n.° 003634 de 29 de junio de 2001 del INVIAS, que declaró desierto el concurso de méritos para la administración del mantenimiento vial de la red de carretera nacional en diferentes…¿Procede reconocer el restablecimiento del derecho debido a la nulidad del acto que declaró desierto el concurso de méritos adelantado por el INVIAS para el mantenimiento de la malla víal nacional…
¿Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas? Sí
Las entidades estatales pueden corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier momento, pero la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones debe sujetarse a limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas, según establecen los artículos 30 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Estas limitaciones prohíben modificar el pliego de condiciones dentro de los tres días anteriores al cierre del proceso de selección y establecen que no se pueden alterar aspectos sustanciales como el objeto del contrato o las reglas fundamentales de la competencia. La facultad de corrección no puede dar lugar a cambios en el sentido material de la decisión, según el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la Sala declaró nula la Resolución que suspendió el proceso de licitación y extendió el plazo de presentación de ofertas, ya que esta modificación constituye una adenda no permitida por la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución mediante la cual se suspendió el proceso de Licitación Pública y se adoptó un nuevo cronograma con ampliación del plazo…¿La expedición de una resolución que, bajo la figura del saneamiento o corrección de un error contenido en el pliego de condiciones…¿Debe la Sala abstenerse de imponer condena en costas cuando se trata de un proceso de nulidad de un acto administrativo de carácter general promovido por una veeduría ciudadana…
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas…¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
¿Se presenta falta al principio de congruencia en el fallo de primera instancia? Sí
Se configura falta al principio de congruencia cuando el juez resuelve pretensiones que no fueron formuladas en la demanda, lo que constituye una decisión extra petita. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la demanda solo pidió la efectividad del amparo de cumplimiento de la garantía única, de modo que el tribunal no podía ordenar también la efectividad de los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. La segunda es que la intención del demandante era obtener la efectividad de la garantía solamente en cuanto al amparo de cumplimiento. En consecuencia, la Sala revoca el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y suprime la condena contra la aseguradora por los aportes de seguridad social y parafiscales. Como obiter dictum, la providencia recuerda que, en el derecho privado, el beneficiario puede reclamar la efectividad del amparo a la aseguradora y, si la reclamación es objetada, acudir al juez del contrato. La nota de relatoría remite a una sentencia de 30 de julio de 2021 sobre el principio de congruencia, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de presentar la reclamación formal, Ecopetrol adjuntó los documentos requeridos por las condiciones generales del contrato de seguro, tales como el contrato afianzado?¿Se presentó inejecución de obligaciones contractuales que conllevaron a la paralización total de las actividades contratadas?¿Es responsable la entidad demandante del incumplimiento del contrato?
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
Al no estar probado el hecho que permite tener por cierto que la conducta fue realizada con culpa grave, es deber de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. acreditar dicha calificación, y no compete a los funcionarios derrumbar la presunción legal. Más allá del expediente contractual… , no existen elementos de juicio que permitan calificar la conducta de los funcionarios [demandados] como ajena a las finalidades del Estado o como una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Sobre todo… que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. limitó su actuación a asegurar en la demanda que los servidores tenían conocimiento de la irregularidad en que incurrieron y de su comportamiento omisivo, sin allegar prueba alguna que corroborara tales afirmaciones.
También resuelve:¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa?¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel?¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contratista?¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
¿La contratista incumplió con la obligación de constitución de garantías cuando mencionó en la carátula de las pólizas a una sola de las entidades contratantes como asegurada, aunque en el cuerpo del documento aclaró, de forma expresa, que también estaban aseguradas las demás entidades públicas exigidas por el numeral 36 de los términos de referencia y por los contratos DG-030 y DG-031 de 2018? No
El contratista no incumple con la obligación de constitución de garantías cuando, en la carátula de las pólizas de seguro, menciona a una sola entidad como asegurada, siempre y cuando en el cuerpo del documento se aclare expresamente que también están aseguradas las demás entidades públicas requeridas por los términos de referencia y los contratos específicos. La Sala determina que la precisión en el cuerpo de la póliza evidencia que el contratista cumplió con lo dispuesto en los términos de referencia y en la cláusula de garantía del contrato, sin que la mención en la carátula a una sola entidad afecte la efectividad de la garantía. Esta decisión reitera la jurisprudencia que enfatiza la importancia del contenido sustancial de la póliza sobre aspectos formales, y confirma que la finalidad de la contratación estatal no se ve comprometida por incorrecciones en la titulación de los documentos, siempre y cuando se cumplan los requisitos esenciales pactados.síntesis automática
También resuelve:¿Constituye un incumplimiento contractual por parte de la contratista, la expedición de las pólizas de cumplimiento con un rótulo que las identifica como expedidas a favor de particulares…¿Resulta procedente condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable…
¿La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados? Sí
El contratista tiene derecho al ajuste de sus honorarios básicos por la elaboración de diseños arquitectónicos, y la entidad estatal incumplió al no cancelar dichos honorarios, lo que se evidencia por la falta de prueba de que se haya realizado el pago. La regla establece que en contratos de cuantía determinable, como el de consultoría No. 226 de 2005, el precio puede ajustarse conforme a las condiciones pactadas en las bases del concurso y los términos de referencia, sin necesidad de suscribir un contrato adicional. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre ajustes en contratos estatales, estableciendo que la entidad debe cumplir con los ajustes de honorarios según lo pactado, y que la falta de pago constituye un incumplimiento del contrato que genera responsabilidad patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Obran elementos de juicio que permitan determinar con certeza el monto del perjuicio que tienen derecho a recibir los demandantes?¿La entidad demandada no consideró procedente el ajuste en los términos planteados por el Consorcio?¿En el contrato de consultoría No. 226 de 2005 no se pactó un valor determinado, sino determinable?
¿Ser probó la existencia de un vicio redhibitorio habilitante para reclamar perjuicios? Sí
El contratista puede reclamar perjuicios por la existencia de un vicio redhibitorio si demuestra que el defecto era oculto y no evidente a partir de la inspección del bien y su documentación, y que la entidad estatal, por su especialidad y experticia, debía conocerlo pero no lo hizo constar en el pliego de condiciones. La regla establece que el tradente debe manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio, lo que implica que la entidad estatal incumplió su deber de buena fe al no advertir el defecto presente en el bien al momento de la celebración del contrato. Esta decisión reitera y matiza la responsabilidad del tradente en la identificación y manifestación de vicios ocultos, lo que implica que las entidades estatales deben ser más diligentes en la verificación y documentación de las características del bien antes de la adjudicación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es deber de conducta del tradente manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio?¿Los vicios redhibitorios son aquellos existentes pero ocultos para el adquirente, quien sin negligencia grave no tuvo como advertirlos?¿La demandada discute su responsabilidad frente a los vicios encontrados posteriormente en el bien y su saneamiento, en tanto afirma que este se entregó en las mismas condiciones en que fue conocido…
¿La ejecución de labores tendientes a completar la cartografía base necesaria para el cumplimiento del objeto contractual era una obligación del contratista, cuyos costos debieron ser asumidos conforme a los términos de referencia? Sí
El contratista que ejecuta un contrato cuyos términos de referencia le exigen completar la información faltante de la cartografía suministrada por la entidad debe asumir el costo de esas labores, pues forman parte de las actividades necesarias para la cumplida ejecución del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, cuando los términos de referencia prevén expresamente la georreferenciación de espacios que no aparecen en la cartografía entregada, el proponente conoce desde el proceso de selección que debe presupuestar esa eventualidad. Segundo, que la cartografía cubra el total del área no elimina el deber de completar sus vacíos cuando son necesarios para ejecutar el objeto. Tercero, no existe un sobrecosto reembolsable cuando el gasto corresponde a una obligación que el contratista debía asumir y no se prueba un incumplimiento de la entidad que lo haya generado. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el contratista que alegue sobrecostos por labores de cartografía debe demostrar que, según los documentos del proceso de selección, esas labores no le correspondían.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo?¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato?¿Las salvedades plasmadas de forma clara y expresa en el acta de liquidación bilateral del contrato, habilitan al contratista afectado a acudir al juez contractual…
¿Es competente la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo, referente a la adjudicación de rutas de transporte? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado contra una sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV y el asunto esté relacionado con actos administrativos que no sean contratos estatales, como la adjudicación de rutas de transporte. En este caso, la entidad demandada adjudicó una ruta de transporte terrestre, y el recurso de apelación fue competente para la Sección Tercera del Consejo de Estado, pese a que la Resolución 084 de 2011 podría haber sido atribuida a la Sección Primera según el Acuerdo 058 de 1999. La distribución de competencia entre secciones no altera la competencia funcional del Consejo de Estado, y la Sección Tercera ha reiterado su competencia para resolver demandas contra la adjudicación de rutas de transporte, siempre que el acto sea un acto administrativo y no un contrato estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente al acto que adjudica una ruta terrestre de transporte de pasajeros?¿Se entenderán demandados los actos que resolvieron los recursos interpuestos contra un acto administrativo definitivo, cuya nulidad se pretende?¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentado dentro de los cuatro meses siguientes a notificación de la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto…
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes?¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto?¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, para conocer del litigio y del recurso de apelación, en atención a la naturaleza de la entidad demandada y a la cuantía del proceso? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios originados en la actividad contractual de un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 y por la Ley 1107 de 2006. La regla se sostiene en tres razones: la naturaleza de la entidad demandada como entidad territorial determina que el litigio se origine en su actividad y no en otra; el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, por la vocación de doble instancia, según los artículos 129, 132, numeral 6, y 181 del Código Contencioso Administrativo; y la cuantía de la demanda, a la fecha de su presentación, superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que confirma la competencia de la Corporación en segunda instancia. Por ello, la providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve:¿Es la acción contractual el mecanismo procesal idóneo para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada de un contrato estatal…¿Procede el estudio de pretensiones dirigidas a la nulidad del acto de adjudicación cuando su ilegalidad no fue invocada como fundamento de la nulidad absoluta del contrato celebrado?¿Es procedente pronunciarse sobre las pretensiones subsidiarias cuando, a través de ellas, se solicita la nulidad absoluta del contrato con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo…
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de…¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones?¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?