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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley

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Fecha
2023-06-02
Radicado
25000233600020140033201
Número interno
56854
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO CG
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley

Regla de decisión

La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La noción de silencio administrativo es una presunción legal que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad, y el silencio opera en sentido negativo como regla general, de modo que el silencio positivo solo se configura en los casos expresamente previstos en la ley o el reglamento. La regla se apoya en el artículo 83 del CPACA, que fija el sentido negativo del silencio como regla general, y en el artículo 84 del mismo código, que exige el transcurso de tres meses desde la presentación de la petición para que se configure. Por ello, la sola falta de respuesta no genera el silencio positivo si la petición no reúne las condiciones sustanciales que la norma exige. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia y concluyó que las peticiones no constituían silencio positivo. En la práctica, el particular que pretende un acto favorable por silencio debe verificar que su caso esté expresamente previsto en la ley.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 2, 84 y 85
  • Ley 80 de 1993

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva. Al respecto, el artículo 83 del CPACA dispone como regla general que el silencio de la Administración opera en sentido negativo, pero el interesado puede invocarlo o no, según si persigue la decisión expresa a través de otros medios -como insistir en la petición - o puede atenerse a su configuración y, en esa medida, impugnar el acto ficto y demandarlo en cualquier tiempo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL SILENCIO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO CARACTERÍSTICAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO CARACTERÍSTICAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO CLASES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO OBJETO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN IMPROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CAUSALES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO INEXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO DEBIDO PROCESO AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRATO DE OBRA INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA CONSORCIO INTERVENTOR FACULTADES DEL INTERVENTOR INTERVENTORÍA OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA IMPROCEDENCIA EN LA AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO FALSA MOTIVACIÓN AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ORDENAMIENTO JURÍDICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO FUNCIÓN DEL INTERVENTOR EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA INCUMPLIMIENTO DEL PAGO CONDICIONES DE PAGO NEGOCIO JURÍDICO EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO CONTRATISTA PAGO AL CONTRATISTA FALTAS DEL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CONDICIONES DEL CONTRATO CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL DESVIACIÓN DE PODER CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER FINALIDAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA CONFIRMACIÓN DEL FALLO APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS LEY DE COSTAS PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO REDUCCIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 31.931 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / SILENCIO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / CARACTERÍSTICAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / CARACTERÍSTICAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / CLASES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO / CONSTITUCIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / OBJETO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CAUSALES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INEXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO Problema jurídico: ¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración? Respuesta al problema jurídico: No La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva. Al respecto, el artículo 83 del CPACA dispone como regla general que el silencio de la Administración opera en sentido negativo, pero el interesado puede invocarlo o no, según si persigue la decisión expresa a través de otros medios -como insistir en la petición - o puede atenerse a su configuración y, en esa medida, impugnar el acto ficto y demandarlo en cualquier tiempo. A su turno, el silencio administrativo positivo, equivalente a la respuesta favorable a la solicitud, se erige como excepción, por cuanto solo procede en los casos expresamente previstos en las disposiciones legales o reglamentarias. A voces del artículo 84 del CPACA, para que éste se configure basta con que transcurra el término de 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud -en la generalidad de los casos, aunque existen asuntos con plazo superior- sin que a su vencimiento se hubiere notificado la decisión que resuelve la petición. El artículo 85 ídem consagra el procedimiento para su invocación, para lo cual fija que el mecanismo corresponde a la protocolización de la constancia o copia de la petición radicada ante la autoridad, documento que, vale precisar, tiene un carácter instrumental y probatorio, es decir, no constituye una solemnidad ad substantiam actus, dado que el acto ficto existe por el mero vencimiento del plazo; por ende, este procedimiento “se ha entendido como un mero trámite encaminado a darle forma a la resolución tácita para que quien pretenda hacer valer sus consecuencias pueda acreditarlo”. (…) Ahora, en el ámbito de la contratación estatal, dentro de los postulados que rigen el principio de economía, se estableció en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 que “[e]n las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo”. Si bien en el EGCAP hizo referencia al silencio positivo en los anteriores términos, lo cierto es que no reguló el procedimiento para su invocación, razón por la cual resulta aplicable lo previsto en el artículo 85 del CPACA a efectos de la instrumentalización de la decisión ficta, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011 que determina que en lo no previsto en las leyes especiales, se aplicarán las disposiciones de este estatuto. (…) Examinada la norma de la Ley 80 de 1993 atrás citada, la naturaleza de la presunción concebida bajo el silencio administrativo positivo y el desarrollo jurisprudencial edificado en relación con la enunciada norma del EGCAP, se encuentra que los requisitos para su configuración en materia contractual son los siguientes: (…) Que el contratista presente una solicitud ajustada a derecho (…) Se instaure durante la ejecución del contrato (…) Que la entidad estatal no se pronuncie sobre la petición dentro del término de 3 meses, contados a partir de la fecha de su presentación. (…) Que la petición elevada, de la cual se pretende derivar un acto ficto positivo, no sólo sea presentada por el contratista, sino que éste debe tener un interés concreto, directo y subjetivo en tal solicitud –por ser quien puede verse beneficiado en su situación y derechos particulares con el silencio de la Administración–. (…) (v) Que las solicitudes presentadas contengan una situación antecedente, cuya solución solo esté llamada a acreditar la preexistencia de un derecho, puesto que la aplicación de la figura del silencio administrativo no es un medio para la creación de un situación a favor del solicitante sino un mecanismo para tornar en explícito un derecho previo a ésta, comoquiera que las reclamaciones “deben contener implícitamente, el derecho constitutivo del contratista; este derecho es anterior a la petición y requiere solamente la formalidad o declaración del contratante público. (…) Que la petición formulada cuente con el soporte probatorio suficiente y no pretenda omitir etapas contractuales que tienen un procedimiento particular en el EGCAP, (…) Para la Sala es claro que, a pesar de su protocolización en escritura pública, tales peticiones no cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración, puesto que, como se anotó, no toda solicitud conduce a configurar una decisión ficta en tal sentido. (…) En este orden de ideas, las referidas peticiones no daban lugar a la configuración de la presunción de que trata el silencio administrativo, pues no correspondían a un derecho del contratista que requiriera solamente de la formalidad o declaración del contratante, puesto que, como se vio, unas tenían un carácter meramente informativo y otras versaban sobre asuntos cuya resolución tenía un procedimiento especial en el marco contractual -adición del negocio jurídico y su liquidación- o bien beneficiaban únicamente al contratista de obra. De este modo al advertirse la carencia de un derecho previo en cabeza del consorcio interventor, relacionado con las peticiones instauradas, el mismo no puede surgir de la omisión de la Administración, porque el silencio de la Administración no crea derechos, solo los torna manifiestos. (…) Asimismo, se resalta que aunque la protocolización de las solicitudes constituye solamente un instrumento para dar forma a la decisión tácita, en todo caso, es necesario que quien se postula como beneficiario de ésta lo haga valer ante la Administración de forma oportuna para que surta efectos, pues de otro modo, ante su falta de exteriorización de cara a su destinatario, resultaría inoponible. Todo lo anterior, desemboca en que la Sala no acompaña los motivos de disenso del apelante, fundados en la supuesta configuración de tal ficción, de lo que se infiere que las presuntas decisiones no están llamadas a ser tenidas como tales. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 53.479”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, radicación 250002326000201000660 01 (53.318). FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 85, LEY 80 DE 1993 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONTRATO DE OBRA / INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA / CONSORCIO / INTERVENTOR / FACULTADES DEL INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA EN LA AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿Los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran? Respuesta al problema jurídico: Si Reconocido como derecho fundamental, el debido proceso se erige como una de las garantías en que se cimienta la autonomía y libertad de los individuos, que obra como límite al ejercicio del poder público, en particular, el derivado del ius puniendi a cargo del Estado y por cuya virtud las autoridades deben ejercer sus facultades y prerrogativas en el marco de un procedimiento que está previamente definido. Hacen parte de su núcleo esencial, entre otros postulados constitucionales, el principio del juez natural, el derecho de audiencia, defensa y contradicción, la publicidad de la actuación, y a que una vez sean proferidas las decisiones éstas se den a conocer y se conceda la oportunidad de impugnarlas, como regla de principio. (…) Como garantía plena, el debido proceso cobija tanto las actuaciones judiciales como administrativas, sin que ello signifique que tengan el mismo alcance pues, en atención a las diferencias que existen entre uno y otro escenario, tratándose del ámbito administrativo este derecho debe desarrollarse en línea con los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Pública, entre ellos, la eficacia, celeridad, economía e imparcialidad. (…) A lo anterior se agrega que en los procedimientos administrativos sancionatorios, en este caso de naturaleza contractual, tal derecho tiene papel preponderante de cara a las afectaciones que sus resultados pueden generar en los derechos de los contratistas, a la vez que armoniza y responde a la realización del interés público que persigue el contrato estatal orientado a la continua y eficiente prestación de los servicios y bienes a su cargo. De manera que las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, sin importar su gravedad, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración; de allí que la función legal y constitucional del procedimiento se erija como garantía en la construcción de la decisión del Estado frente al individuo, a partir de la realización de los derechos fundamentales en que se enmarca el debido proceso. (…) En lo que atañe a la consagración positiva del debido proceso en materia contractual, expresión de la universalidad de garantías que recoge el artículo 29 de la Constitución Política, habrá de decirse puntualmente que la Ley 80 de 1993, en sus artículos 23 y 77, remitía para estos fines a las normas generales de la función administrativa en cuanto fuesen compatibles con la ley de contratación pública. Este camino envolvía el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción. Estas reglas vienen de años atrás, cuando el ordenamiento jurídico entendió que la realización del interés público y la protección de los derechos de los particulares no solo se hace efectiva al facilitar la controversia sobre la decisión administrativa (recurso), sino que es indispensable que en la formación de tal voluntad intervenga el sujeto que potencialmente pueda resultar afectado, pues ello legitima, entre otros, la presunción de legalidad del acto. (…) En todo caso, en torno a esta garantía, esta Colegiatura ha sido reiterativa en señalar que “se entiende garantizado cuando se adelanta un procedimiento que, como mínimo, agote un requerimiento previo para que el contratista y los demás interesados —incluyendo a la aseguradora— conozcan los fundamentos que darán lugar a la determinación administrativa que se pretenda adoptar y, de cara a ello, puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción, para lo cual deben tener la posibilidad de pedir pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra. (…) Examinado el contenido de los citados actos, encuentra la Sala que en la Resolución 4152 de 2011 la entidad se abstuvo de desarrollar un análisis de las pruebas aportadas por el consorcio interventor, centrándose en la inspección administrativa y en el concepto técnico de la Universidad Nacional de Colombia, falencia que superó con la Resolución 170 de 2012 en la que sí se refirió a la documentación allegada por el consorcio CG, en atención al reparo formulado por el interventor sobre la falta de valoración de todas las piezas documentales, y explicó las razones por las cuales consideró que no se trasgredió el derecho de contradicción del interventor. (…) Lo consignado en las referidas resoluciones, en especial, en la 170 de 2012, permite a la Sala aseverar que no se presentó un desconocimiento del debido proceso de la parte actora, pues pese a que para ese momento no existía un procedimiento expresamente desarrollado en la ley sobre la materia, lo cierto es que el consorcio CG sí pudo ejercer su derecho de contradicción y defensa, se valoraron las pruebas que aportó, a saber, las pruebas documentales relativas a los oficios y comunicaciones el consorcio profirió durante la ejecución negocial – sin realizar en este momento un juicio de valor sobre las razones aducidas por la entidad53–, tuvo la oportunidad de presentar sus descargos y pronunciarse sobre los reparos respecto de los cuales, finalmente, la contratante consideró acreditado el incumplimiento del negocio jurídico. De modo que no se presentó una vulneración del mencionado derecho, por las conductas expresamente aludidas por el consorcio en su alzada -las “malas notificaciones”, la demora en la práctica de pruebas y falta de valoración de todos los medios probatorios-. (…) Respecto del reproche esbozado sobre la demora en la toma de decisiones, la Sala podría entender este argumento desde dos ópticas, la primera, referida al transcurso del tiempo entre el inicio del proceso administrativo y su decisión final, principalmente, de cara a los efectos que dicho lapso pudiera generar en el concepto que rindió la Universidad Nacional -un año después de haber cesado actividades el contratista- y su incidencia en el objeto mismo de la prueba; y, la segunda, interpretarse como una vulneración del factor ratione temporis por parte de la Administración, al momento de proferir la decisión definitiva; sin embargo, la Sala se abstiene de realizar un pronunciamiento en relación con el segundo de los entendimientos acabados de enunciar, comoquiera que, de la lectura de la alzada, se colige con claridad que la intención del recurrente no fue debatir este aspecto, por cuanto no hizo mención particular sobre la falta de competencia en la sanción impuesta ni se refirió a ella, razón por la cual el ad quem no puede desarrollar un cargo en tal sentido ante la ausencia de argumentación dirigida a debatir este aspecto, teniendo claro que el marco de actuación del juez de segundo grado está circunscrito a los reparos que integran la apelación. (…) Ahora, respecto de la inconformidad alegada frente al retraso en el desarrollo del procedimiento sancionatorio, visto desde las consecuencias que ello pudo generar en las pruebas practicadas, en especial, la de la Universidad Nacional efectuada un año después de la medida administrativa de toma de la obra por el IDU, la Sala dista del criterio de la parte actora, dado que, como se explica adelante, el concepto técnico del referido ente educativo se dirigió a examinar la calidad de los materiales utilizados en la obra, por ser los reparos de incumplimiento que por falta de control fueron endilgados al consorcio CG, así como la corrección de sus procesos constructivos, aspectos que, como lo indicó la Administración, no deben presentar mayor alteración por el transcurso de dicho lapso. Lo anterior teniendo en cuenta que se trató de una obra que contaba con una garantía de estabilidad de 5 años, situación que razonablemente permitía colegir que ésta debía conservar sus condiciones constructivas, al menos por el tiempo en que se estableció dicho aval. En esa medida y como llano paso del tiempo no constituye un elemento que trastoque la calidad que debía presentar la obra para ese momento, la Sala no comparte el reparo formulado en este sentido. (…) Tampoco se demostró que la realización de la inspección administrativa el 27 de abril de 2009, esto es, un mes después de la implementación de la medida de la obra, hubiere vulnerado los derechos del consorcio CG, puesto que no se acreditó que durante este período se hubiere alterado o modificado la obra, se eliminaran los avances realizados por el contratista o, en otras palabras, se cambiara el estado de los trabajos ejecutados, en aras de estropear o menoscabar la labor realizada tanto por el contratista y el consorcio interventor. (…) Dilucidado lo anterior, se constata entonces que los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran (...). NOTA DE RELATORÍA: Corte Constitucional, sentencia C – 980 de 2010, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Ver entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 24743. C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido, concepto de la Sala de Consulta y Servicio de esta Corporación 11001-03-06-000-2013-00384-00 (2157) del 10 de octubre de 2013, C.P. Álvaro Namén Vargas. En Sentencia del 14 de abril de 2010, la Sección Tercera de esta Corporación declaró la nulidad del artículo 87 del Decreto 2474 del 7 de julio de 2008 –por medio del cual, en desarrollo de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, Radicación 11001032600020080010100 (36054), Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FALSA MOTIVACIÓN / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN / PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ORDENAMIENTO JURÍDICO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONSORCIO / RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO / INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / FACULTADES DEL INTERVENTOR / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / CONDICIONES DE PAGO / NEGOCIO JURÍDICO / EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATISTA / PAGO AL CONTRATISTA / FALTAS DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / CONDICIONES DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El consorcio CG cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor? Respuesta al problema jurídico: No La motivación constituye un elemento esencial de todo acto jurídico, así como un requisito de validez del acto administrativo, en tanto allí se explican y fundamentan las razones de hecho y de derecho que llevan a la Administración a adoptar una decisión, todo como resultado del procedimiento administrativo adelantado en tal definición. La doctrina especializada explica la motivación como “la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho”, de manera que este es el elemento que exhibe las razones del obrar administrativo, por lo que su desconocimiento o indebido desarrollo puede configurar los vicios de falta y falsa motivación. (…) El último de los vicios enunciados se presenta cuando las razones que sirven de sustento al acto administrativo no se corresponden con los reales sucesos o los efectos jurídicos que deben ser atribuidos, generado una disonancia entre la argumentación esbozada y los supuestos fácticos y probatorios acreditados. (…) En torno a las supuestas omisiones en el control presupuestal y financiero, sostuvo que sí solicitó los recursos requeridos con 40 días de antelación a la terminación del contrato -el Manual de Interventoría de la entidad, adujo, establece que las prórrogas de plazo y adiciones se deben tramitar al menos 10 días antes del vencimiento del negocio jurídico- y que la negativa en la adición de recursos y plazo necesarios impidió ejecutar los paños de andén que faltaban, pese a que fue la entidad la que no cuantificó correctamente ni en valor, ni en cantidad los trabajos requeridos. (…) En este punto conviene recordar que los actos administrativos gozan de unos atributos que le son propios, entre ellos, la presunción de legalidad que consiste en el carácter de verdad y aplicación de buen derecho que la ley les atribuye, y que se entiende configurada con sola expedición del acto, razón por la cual están llamados a desencadenar sus efectos. De tal atributo se desprende que los destinatarios del acto estén en la obligación de cumplirlo, y que para derribar la ficción que arropa de certeza legal el acto administrativo, el interesado tenga la carga probatoria, vía jurisdiccional, de desvirtuarla. Por ende y dado que las decisiones enjuiciadas gozan de la referida presunción de legalidad, corresponde al actor la carga de probar que éstas contravinieron el ordenamiento jurídico; con otras palabras, para que prospere su pedimento es ineludible que derribe la argumentación esgrimida por la Administración como fundamento de la decisión enjuiciada. (…) La Sala no encuentra que la toma de posesión hubiera incidido de forma determinante en los incumplimientos atribuidos al consorcio CG, pues, en relación con el control de calidad de los materiales y procesos constructivos, el interventor debía supervisar y comprobar el cumplimiento de dicha obligación en el curso completo del contrato de obra, sin que pueda entenderse que con la toma de posesión (habiendo culminado el pazo del contrato de construcción en febrero de 2009) y restando cinco días para el vencimiento del contrato de interventoría, realmente se hubiera frustrado el episodio en el que el consorcio CG vendría a reivindicar el cumplimiento de tal obligación; como si se tratara de una fase ulterior al propio escenario constructivo ya culminado que pudiera conducir a determinar, sólo allí, si se habían o no garantizado los estándares de calidad en los dos vértices anotados. (…) Un planteamiento con tal alcance contradice de la propia naturaleza del contrato de interventoría, pues no resulta, cuando menos razonable, que se diga que la obligación de control de calidad aludida se viene a verificar con el recibo final de obra, con los ajustes que puedan solicitarse, o con el informe final de seguimiento; contrario a ello, el legislador al establecer que determinados contratos deben contar con interventoría, lo que hace es reconocer tanto los matices técnicos y especializados que requiere su seguimiento, como la necesidad de invertir importantes recursos económicos que le permitan garantizar, en casos como ocurre con el contrato de obra, que se haga control permanente a su correcta “ejecución”. (…) Dilucidado todo lo anterior, para la Sala es claro que el consorcio CG no cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor, comoquiera que su labor no se agotaba al presentar al constructor un catálogo de recomendaciones generales, como las advertidas en los numerales 80 y 81 de esta providencia, que no se ocupan, de manera concreta, de establecer si el contratista estaba o no dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato de obra, pues lo que allí se observa es que se limitó al ámbito de la literatura técnica en la materia, que por supuesto debe existir, pero debía avanzar a un estadio puntual de seguimiento de la obra. (…) Aprovecha la Sala esta oportunidad para precisar, que por fuera de las condiciones y formas de pago acordadas en el negocio jurídico, el contrato estatal no puede convertirse, directa o indirectamente, en fuente llana de financiación del contratista (lo que excluye el ejercicio razonado de ejecución -pago - inversión y reinversión de recursos) no sólo por cuanto ello no obedece a su finalidad central, sino que, de hacerlo (i) se privilegia el interés particular sobre el general en contra de los principios que informan la actividad contractual del Estado; (ii) se ponen en riesgo los recursos públicos comprometidos; y (iii) se incumple el contrato de cara a las condiciones fijadas para el pago. (…) Habrá de decirse, además, que el EGCAP reconoce en la figura del anticipo, el mecanismo que confiere al contratista una base de recursos para el inicio de la ejecución del objeto contractual (art. 40 de la Ley 80 de 1993), de modo que, en su sentido teleológico, corresponde a un porcentaje del valor del contrato del que se sirve el contratista para apalancar la puesta en marcha del proyecto, obra o servicio contratado; y que, en el contexto económico integral del contrato, en los casos que se contempla, es una variable que activa las dinámicas de ejecución, para que de forma racional y cíclica, al ser bien utilizado, su efecto revierta en el cumplimiento de los hitos del negocio jurídico y, a su turno, en un circuito de pagos y ejecución sostenible. (…) Por manera, que no es admisible la justificación de la interventoría de haber accedido a efectuar pagos con el fin de procurar flujo de caja al contratista, por las razones atrás anotadas, además teniendo en cuenta que el contrato de obra estableció un anticipo del 30% que fue el límite acordado en el contrato, en orden a conferir al constructor un flujo de recursos, al menos con dineros públicos, hasta tal porcentaje. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 19 de marzo de 2020, radicación 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESVIACIÓN DE PODER / CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER / FINALIDAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO Problema jurídico: ¿El consorcio interventor demostró la desviación de poder alegada? Respuesta al problema jurídico: No Con el ánimo de desatar este cargo, se precisa que este vicio se relaciona con la falta o tergiversación de uno de los elementos de validez de todo acto administrativo, a saber, que sea expedido en ejercicio de un fin legítimo, dado que “… el acto no puede perseguir otra finalidad directa o encubierta que el interés público que prescriba la norma en ejercicio de una actividad reglada o del que surja de la confrontación con la función administrativa que el órgano cumple, si la pertinente actividad fuere discrecional”. (…) Así las cosas, este yerro se configura “cuando el acto proferido por la autoridad competente y con las formalidades requeridas en realidad persigue fines ajenos a los que la ley ha consagrado, bien que esté enderezado a un fin dañino o espurio ora a uno ventajoso para el Estado o la sociedad, pero no coincidente con el establecido en la norma; es decir, puede expresarse cuando se utiliza la facultad con un interés personal del funcionario o para beneficiar a un tercero, o para un fin que se revela como lícito pero al que se llega con inobservancia de las normas legales y, por lo mismo, contrariando los fines de éstas. (…) Igualmente, en consonancia con el previsto en los artículos 3 de la Ley 80 de 1993, (…) y 23 de la misma ley, que (…) si se acredita entonces que, pese a que el acto fue expedido por la autoridad competente y con las formalidades exigidas, éste contiene un fin que dista del establecido en el ordenamiento jurídico, lejano del interés general y de los principios que rigen la función administrativa, puesto que está orientado a beneficiar directamente a quien lo profiere o a terceros, procede su declaratoria de nulidad ante la constatación de la invalidez de uno de sus elementos. (…) En el sub examine, la Sala encuentra que el consorcio interventor no demostró la desviación de poder alegada, pues no obra prueba que demuestre de forma fehaciente que la decisión de declarar el incumplimiento del contrato de obra 159 de 2007 tuvo origen en un fin distinto a la protección del interés general, dado que dicha declaratoria estuvo debidamente motivada y se basó en razones que demostraban la inobservancia de las funciones que le correspondían al consorcio CG; tampoco hay prueba de que la adopción de medidas como la toma de posesión por el IDU y la continuidad de la obra a través de otro contratista, estuvieran orientadas a defraudar al constructor originario o al consorcio CG y a privilegiar irregularmente a un nuevo colaborador de la Administración, pues, como se anotó líneas atrás, el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 autoriza a la entidad pública a abstenerse de declarar la caducidad y, en su lugar, a adoptar medidas que garanticen la continuidad de la obra o servicio contratados, sin que bajo el sub lite obre prueba de lo contrario. (…) Corolario de todo lo anterior, concluye la Sala que el interventor no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de mayo de 2012, radicación 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489), Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / LEY DE COSTAS / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / REDUCCIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Se configuró la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que se condenará en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación …”. (…) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. (…) En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, (…) a favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, cifra que no supera el 5% sobre las pretensiones que fueron formuladas en este proceso, límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400332011100103