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Concepto

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Colombia Compra Eficiente Concepto

Derecho de petición: la aprobación de las garantías es un requisito de ejecución del contrato

C-034 de 2020 2020-03-02
¿Cuál es el término legal que debe observar la entidad contratante para efectos de aprobar una póliza en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos formales y materiales para su publicación y con miras que el contratista/proveedor obtenga una respuesta, clara y oportuna al proceso»; y ii) «¿La aprobación de una póliza por la plataforma SECOP II previo cumplimiento de los requisitos formales y materiales…
Conforme a las anteriores consideraciones, ni en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, ni el Decreto 1082 de 2015, se establece un plazo para la aprobación de las garantías constituidas por los contratistas en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dado que según el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la aprobación de las garantías es un requisito de ejecución del contrato, la inexistencia de un término legal para la aprobación de las garantías no hace que esta quede al libre arbitrio de la entidad contratante, quien una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de la garantía, conforme a lo pactado en el contrato y las normas citadas, debe aprobarla, sin lo cual no podrá iniciarse la ejecución del contrato.
También resuelve: Ejecución del contrato: requisitos, garantía única de cumplimiento, aprobación Garantía única de cumplimiento: aprobación, término, derecho de petición, silencio administrativo Derecho de petición: noción, respuesta, término
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Dentro del correspondiente término la autoridad debe resolver de fondo la solicitud presentada brindando una respuesta clara, que debe ser puesta en conocimiento del peticionario antes del vencimiento del respectivo término.

C-973 de 2022 2024-05-10
¿Es posible que la entidad omite dar respuesta y por ello se vence el plazo de ejecución, el contratista podría repetir contra el funcionario o la entidad pública por los daños y perjuicios ocasionados?
La modificación de los contratos estatales es jurídicamente viable pero excepcional, y solo procede cuando busca garantizar el interés público, cuando la entidad ha verificado que su causa es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales; además, no puede variar el objeto del contrato, pues en tal caso lo indicado es celebrar uno nuevo. Por ello, el silencio administrativo positivo frente a una solicitud de modificación presentada por el contratista no puede tener como resultado del acto ficto la aceptación de la entidad contratante para modificar el contrato, a menos que se presente un desequilibrio económico que afecte al contratista. Las inhabilidades son prohibiciones para concurrir a los procedimientos de selección y contratar con el Estado que solo pueden tipificarse en la ley y se interpretan restrictivamente. Las multas y la declaratoria de incumplimiento son sanciones impuestas en cada contrato frente al incumplimiento parcial o definitivo, cuyas consecuencias en principio no se proyectan más allá de ese contrato, aunque el legislador determinó que su declaratoria reiterada, por una o varias entidades, tenga consecuencias negativas para el contratista.síntesis automática
También resuelve: Modificación: contrato estatal, posibilidad, límites, objeto Derecho de petición Silencio administrativo