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Consejo de Estado
Providencia
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite?
Sentencia — Sentencia
2022-06-08
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 20001233300020190041001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite? Sí
El interventor no comete ilegalidad al emitir un informe en su calidad de director de interventoría, incluso si ha sido removido de cargos administrativos superiores, siempre que la firma del informe sea consensuada y legalmente válida, y no afecte la continuidad de la obra. En este caso, el señor, quien era director de interventoría, emitió un informe crucial para el procedimiento administrativo sancionatorio, a pesar de haber sido removido del cargo de subgerente. Su firma en el informe fue avalada por la presencia del representante legal de la sociedad interventora en las reuniones y la firma conjunta de las actas, lo que garantizó la legalidad del documento. Como resultado, la Sala considera que el informe no es ilegal y lo tiene en cuenta para estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio, descartando la supuesta infracción del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.síntesis automática
También resuelve:
¿Se demostró que el informe de interventoría tuviera las inconsistencias alegadas por el demandante?
¿El contratista debe demostrar que las precipitaciones invernales superaron el grado de previsibilidad necesario para ocasionar la fractura de la ecuación contractual?
¿La suspensión de mutuo acuerdo del contrato puso al contratista en un estado de incumplimiento contractual?
Consejo de Estado
Providencia
No es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante.
Sentencia — Sentencia
2022-11-23
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 15001233100020060295202
ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:
¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?
¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?
¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sentencia — Sentencia
2022-03-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 54001233100020030082801
ACCION DE REPETICION
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:
¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?
¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?
¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?
Consejo de Estado
Providencia
La competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se determina por un criterio orgánico basado en la participación de una entidad pública en el litigio.
Sentencia — Sentencia
2025-09-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000232600020120093602
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo de una controversia relacionada con un contrato de seguro si el demandado es una entidad estatal y aun cuando esta no sea parte del contrato? Sí
El juez contencioso administrativo aplica un criterio eminentemente orgánico para determinar su competencia en los litigios donde intervienen entidades públicas, con independencia de que dichas entidades no figuren formalmente como parte en el respectivo contrato de seguro. En los términos del artículo 82 del Decreto-ley 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, la jurisdicción está instituida para juzgar controversias originadas en la actividad de las entidades estatales, de modo que la naturaleza de los sujetos en el litigio define la asignación del asunto, aun cuando la entidad estatal asuma la condición de asegurada o beneficiaria de la póliza única de cumplimiento sin ser parte directa del contrato de seguro celebrado entre el tomador y el asegurador.síntesis automática
También resuelve:
¿Opera la caducidad de la acción contencioso administrativa para cuestionar la validez de un contrato de seguro de cumplimiento…
¿Es procedente la acción de nulidad contra actos administrativos contractuales proferidos durante la ejecución de un contrato estatal…
¿Puede excluirse la responsabilidad del asegurador en un contrato de seguro de cumplimiento por la existencia de dolo, culpa grave o actos potestativos del contratista o del tomador?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5
Sentencia — Sentencia
2022-03-31
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020140010200
LEY 1437 REPETICION
¿El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber expedido un acto administrativo que fue anulado por desviación de poder? Sí
La Corporación conoce en única instancia de la acción de repetición contra los directores de entidades del orden nacional, de acuerdo con el artículo 149 numeral 13 del CPACA y el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. La presunción de dolo por desviación de poder se desvirtúa cuando el agente demuestra que el acto de insubsistencia se fundó en un análisis previo de gestión y no en una represalia. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la decisión fue producto de la revisión de la gestión de los funcionarios, en ejercicio de la facultad nominadora del director encargado. La segunda es que la orden de redactar la resolución fue anterior a la fecha en que se recibió la comunicación que se alegaba como motivo de represalia. La tercera es que el acto se expidió en ejercicio de la facultad discrecional del nominador. En consecuencia, la Sala niega las pretensiones de la demanda de repetición, porque la parte demandada desvirtuó la presunción de dolo. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de repetición contra funcionarios públicos que hayan dado lugar a una codena contra el Estado?
¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta al Estado?
¿Conforme a la figura de subrogación, la Corporación Autónoma Regional está legitimada por activa para demandar en repetición el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
No se encuentran acreditados los elementos que activan la facultad-deber del juez de declarar de oficio la nulidad del convenio
Sentencia — Sentencia
2024-04-19
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 18001233300020170008501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentran acreditados los elementos que activan la facultad-deber del juez de declarar de oficio la nulidad del convenio en este caso, es decir, el vicio aparece de forma palmaria o manifiesta en el negocio jurídico? No
El juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal solo cuando el vicio aparece de forma palmaria o manifiesta en el proceso, pues esa facultad y ese deber se ejercen bajo los lineamientos estrictos fijados por la ley y desarrollados por la jurisprudencia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, aunque la ley confiere al juez el poder y el deber de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos para proteger el orden jurídico, esa atribución no puede ejercerse a partir de argumentos que no demuestren la causal en el expediente. Segundo, la exigencia de que el vicio sea manifiesto protege la seguridad jurídica y el principio de conservación de los contratos, que impide anular negocios que pueden subsistir. Tercero, cuando los argumentos que sustentan la existencia de la nulidad son insuficientes para afirmar su configuración, no se cumplen los presupuestos de la declaratoria oficiosa. La providencia revoca la decisión en la que el tribunal declaró de oficio la nulidad del convenio; en la práctica, la declaratoria oficiosa de nulidad absoluta exige identificar en el expediente, de manera manifiesta, la causal que la origina.síntesis automática
También resuelve:
¿Tenía competencia la entidad territorial para expedir el acto administrativo de terminación y liquidación unilateral del convenio de asociación en este caso?
¿Acreditó la parte actora la falsa motivación de la resolución del Municipio que declaró terminado y liquidado el convenio de asociación, de forma unilateral?
¿El actor planteó la existencia de elementos fácticos o jurídicos tendientes a indicar que la expedición de la resolución de terminación y liquidación unilateral del convenio de asociación…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva.
Sentencia — Sentencia
2023-06-02
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020140033201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración? No
La noción de silencio administrativo es una presunción legal que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad, y el silencio opera en sentido negativo como regla general, de modo que el silencio positivo solo se configura en los casos expresamente previstos en la ley o el reglamento. La regla se apoya en el artículo 83 del CPACA, que fija el sentido negativo del silencio como regla general, y en el artículo 84 del mismo código, que exige el transcurso de tres meses desde la presentación de la petición para que se configure. Por ello, la sola falta de respuesta no genera el silencio positivo si la petición no reúne las condiciones sustanciales que la norma exige. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia y concluyó que las peticiones no constituían silencio positivo. En la práctica, el particular que pretende un acto favorable por silencio debe verificar que su caso esté expresamente previsto en la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran?
¿El consorcio CG cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor?
¿El consorcio interventor demostró la desviación de poder alegada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
A la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, pues la controversia gira en torno a la liquidación del contrato.
Sentencia — Sentencia
2025-03-10
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020130210002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la vocación de doble instancia del proceso y la cuantía de la demanda que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La caducidad del medio de control de controversias contractuales es un mecanismo irrenunciable que limita el ejercicio del derecho de acción, operando como sanción por falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, y no admite suspensión salvo en casos de solicitud de conciliación extrajudicial. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, garantizando así el derecho de impugnación contra una decisión judicial. Esta sentencia reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y establece límites claros para el ejercicio del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?
¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
¿Lo que se está cuestionando es el acto de liquidación del contrato y no propiamente el cumplimiento obligacional de parte del contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición
Sentencia — Sentencia
2023-05-12
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 11001032600020130016600
LEY 1437 REPETICION
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición, en única instancia, contra quien obró como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional y otro servidor de menor jerarquía? Sí
La entidad estatal conoce de las demandas que promueven las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Asimismo, el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades, según lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, constituyendo la caducidad un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica que opera de pleno derecho ante la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial dentro del término legal concedido.síntesis automática
También resuelve:
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en este caso?
¿Tiene legitimación en la causa por pasiva, en repetición, el servidor público que calificó y evaluó el desempeño de una empleada declarada insubsistente mediante resoluciones expedidas por la…
¿El régimen jurídico aplicable a este caso de repetición contra servidor público, es la Ley 678 de 2001 debido a que los hechos que produjeron la condena al Estado ocurrieron en el 2007?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020130180702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente declarar que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099 del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a las propuestas en la primera etapa del procedimiento? No
La entidad estatal que adelanta una solicitud privada de ofertas para un proceso de selección contractual formula una invitación a ofertar que no constituye una oferta vinculante en los términos del Código de Comercio, por lo que la posterior revocatoria directa de un acto de adjudicación inicial basada en la corrección de errores en la evaluación económica no vulnera derechos adquiridos cuando el proponente se allana a dicha actuación de buena fe. En estos procedimientos administrativos de contratación regidos por manuales internos, el aspirante que renuncia expresamente a suscribir el contrato consolida una conducta que excluye la nulidad absoluta del procedimiento, al no haberse perfeccionado negocio jurídico alguno ni configurarse vicios del consentimiento que desvirtúen la legalidad de la actuación administrativa.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para resolver controversias contractuales con ocasión de la solicitud privada de oferta donde una de las partes es una Empresa Industrial y Comercial del Estado…
¿Las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes…
¿El giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que…
CONFIRMA