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Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-08-09
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 73001233100020010235402
ACCION CONTRACTUAL
¿La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 que declara el incumplimiento contractual, fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación y en consecuencia, con falta de competencia temporal? No
La entidad estatal que profiere un acto administrativo declarando el incumplimiento de un convenio o contrato estatal actúa dentro de los límites de su competencia temporal siempre que la decisión se adopte antes del vencimiento del plazo legal para liquidar el negocio jurídico o dentro de los plazos conferidos jurisprudencialmente, sin que se requiera necesariamente agotar la liquidación bilateral. La Corporación precisa que la actuación administrativa desplegada para sancionar el incumplimiento respeta plenamente el derecho fundamental al debido proceso cuando se otorga al contratista la oportunidad efectiva de conocer los informes de interventoría, controvertir los cargos endilgados y presentar sus descargos antes de la expedición de los actos definitivos. La falta de sustentación autónoma en el recurso de apelación impide prosperar los argumentos sobre falsa motivación planteados por la parte recurrente.síntesis automática
También resuelve:
¿La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo?
¿Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso?
¿Los actos acusados se expidieron con falsa motivación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
Sentencia — Sentencia
2023-09-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233300020120022304
LEY 1437 REPETICION
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
La desviación de poder constituye un vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada, no pudiendo predicarse un actuar gravemente culposo respecto de aquel agente estatal que adopta una decisión de insubsistencia con la supuesta finalidad de tomar represalias políticas, toda vez que la culpa grave se halla inmersa en una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves, concebida esencialmente como un error, imprudencia o negligencia imposible de justificar sino por la propia necedad o desidia del agente, sin que el hecho de sostener relaciones personales de amistad con adversarios o aliados pueda tomarse como prueba determinante de tal vicio.síntesis automática
También resuelve:
¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder?
¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali?
¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Sentencia — Sentencia
2022-03-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 54001233100020030082801
ACCION DE REPETICION
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:
¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?
¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?
¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?
Consejo de Estado
Providencia
A la presente instancia decisoria le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa.
Sentencia — Sentencia
2025-07-11
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 13001233300020150060201
LEY 1437 REPETICION
¿El juez de segunda instancia puede pronunciarse sobre una imputación de responsabilidad patrimonial formulada de manera simultánea por dolo y culpa grave, cuando dicha imputación no se presenta como pretensión principal y subsidiaria y los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación sustentan, de forma exclusiva, una conducta dolosa por desviación de poder? No
El juez de segunda instancia circunscribe su competencia decisoria a los reparos concretos y argumentos conceptuales expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, de modo que los aspectos ajenos a dichos cuestionamientos escapan de su conocimiento salvo los asuntos de carácter oficioso. En este proceso de repetición bajo la Ley 678 de 2001, la Sala confirma la sentencia absolutoria al constatar que la imputación de responsabilidad patrimonial se formuló exclusivamente por conducta dolosa y desviación de poder en la demanda y en la apelación, impidiendo al ad quem pronunciarse simultáneamente sobre culpa grave al no haberse planteado pretensiones principales y subsidiarias debidas.síntesis automática
También resuelve:
¿El Estado puede ejercer la acción de repetición contra su agente o ex agente público cuando compruebe que la condena por reparación de un daño antijurídico se fundamenta en una conducta dolosa o…
¿Al presente asunto le resultan aplicables las Leyes 678 de 2001 y 1437 de 2011, por tratarse de las disposiciones sustanciales y procesales vigentes a la fecha del hecho que dio lugar a la condena…
¿Resulta procedente declarar la responsabilidad patrimonial de la funcionaria que expidió la Resolución No. 142 de 2008, por medio de cual se declaró la insubsistencia de una médico general de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva.
Sentencia — Sentencia
2023-06-02
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020140033201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración? No
La noción de silencio administrativo es una presunción legal que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad, y el silencio opera en sentido negativo como regla general, de modo que el silencio positivo solo se configura en los casos expresamente previstos en la ley o el reglamento. La regla se apoya en el artículo 83 del CPACA, que fija el sentido negativo del silencio como regla general, y en el artículo 84 del mismo código, que exige el transcurso de tres meses desde la presentación de la petición para que se configure. Por ello, la sola falta de respuesta no genera el silencio positivo si la petición no reúne las condiciones sustanciales que la norma exige. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia y concluyó que las peticiones no constituían silencio positivo. En la práctica, el particular que pretende un acto favorable por silencio debe verificar que su caso esté expresamente previsto en la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran?
¿El consorcio CG cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor?
¿El consorcio interventor demostró la desviación de poder alegada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2023-10-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020170032201
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda contra los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra? Sí
La acción de controversias contractuales es el medio procedente para demandar los actos administrativos mediante los cuales la entidad declara el incumplimiento de un contrato de obra, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la sentencia cuando la cuantía de la pretensión supera el umbral legal, conforme a los artículos 104, 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos y contratos en los que interviene una entidad pública, y el acto de incumplimiento fue expedido por una entidad del orden nacional. Otra razón es que la demanda pedía la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y el restablecimiento del derecho, pretensiones que el juez debe estudiar con la vía contractual, así como la cuantía fijada para la doble instancia. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. Su consecuencia práctica es que las resoluciones que declaran el incumplimiento de un contrato de obra se impugnan por controversias contractuales y no por nulidad y restablecimiento.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractual resulta procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara el incumplimiento del contrato de obra?
¿La legitimación en la causa en el medio de control de controversias contractuales, se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del…
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