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PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

Las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto están falsamente motivadas

Sentencia — Sentencia 2022-03-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233300020130014601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto, ambas de 2011, están falsamente motivadas ya que al corregirse la identificación del nombre de la aseguradora se le vulneró el debido proceso de la demandante y no se le permitió interponer recursos contra la Resolución No. 97 del 19 de agosto de 2011? Sí
El contratista no puede alegar nulidad por falsa motivación ni vulneración del debido proceso por errores en la notificación del acto administrativo, ya que estos vicios no afectan la materialidad del acto sino su ejecutoriedad, y la falta de competencia de la entidad estatal no puede ser analizada de oficio si no fue planteada en la demanda inicial. La Sala reitera que la nulidad por falsa motivación requiere que el error de hecho o derecho sea suficiente para llevar al administrado a cuestionar la decisión, y que la notificación es un acto independiente del acto administrativo que no invalida este último. Esto implica que el contratista no puede interponer recursos basados en estos vicios y que la entidad estatal debe tener competencia para expedir el acto administrativo en el momento de su expedición.síntesis automática
También resuelve: ¿Es posible analizar de oficio la falta de competencia de la entidad estatal municipal para la expedición del acto administrativo que declara la caducidad del contrato? ¿La indebida notificación del acto administrativo se constituye en un vicio de nulidad del acto administrativo? ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-11-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 13001233100020100028001 ACCION CONTRACTUAL
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve: ¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias? ¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto? ¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó una actuación dolosa por parte del Director General

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 11001032600020140008900 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó una actuación dolosa por parte del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al expedir el acto administrativo de insubsistencia que fue posteriormente anulado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? No
Cuando la nulidad de un acto de insubsistencia por desviación de poder se invoca para atribuir dolo al servidor en un proceso de repetición, la sentencia de nulidad no basta para tener por demostrado el dolo, pues no da por acreditados los supuestos de hecho de las presunciones que la entidad pretende estructurar. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandante no acreditó que el servidor hubiera obrado con dolo al expedir el acto. Segunda, los documentos aportados con los alegatos de conclusión no se valoraron porque se allegaron de forma extemporánea, al no cumplirse las oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA. Tercera, la solicitud de oficiar a la entidad para obtener esos documentos se negó, pues el solicitante podía conseguirlos directamente o por derecho de petición. En consecuencia, se negaron las pretensiones y se ordenó levantar la medida cautelar sobre las sumas depositadas, de conformidad con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 678 de 2001. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? ¿La desviación de poder que dio lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo de insubsistencia, estuvo suficientemente justificada en las consideraciones de la sentencia de nulidad y… ¿Se probó que el acto de insubsistencia proferido por el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca estuvo dirigido a dar prevalencia a intereses diferentes del buen…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 20001233300020150014401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sola permanencia en obra es causa suficiente por sí misma, para tener por acreditada una afectación a la ecuación financiera del negocio? No
El contratista no puede acreditar una afectación a la ecuación financiera del contrato basándose únicamente en la mayor permanencia en obra, sino que debe demostrar que la prolongación se debió a un riesgo no imputable a él, que sufrió perjuicios económicos adicionales y que estos perjuicios fueron lo suficientemente graves como para afectar el equilibrio financiero del contrato. La Sala reitera que la modificación contractual no puede considerarse como una renuncia expresa a reclamar por sobrecostos, y que la afectación debe ser tal que lleve al contratista a un punto de pérdida, lo cual no se cumplió en este caso. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas más sólidas para acreditar un desequilibrio financiero adverso y que la mera permanencia en obra no es suficiente para justificar un reclamo de reequilibrio económico.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base la valoración probatoria del dictamen contable efectuada por el a… ¿Se trasgredió el debido proceso del contratista en el marco del procedimiento administrativo que culminó con las Resoluciones DO-DA1294 y DO-DA1295 de 2013? ¿El apelante logró demostrar la falsa motivación en las Resoluciones DO-DA1294 y DODA1295 de 2013?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160211301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada? No
Cuando los daños en una obra pública se originan en un hecho externo irresistible al contratista, la garantía de estabilidad de la obra no le es exigible, porque ese hecho constituye una causa extraña que lo exime de su obligación de garantía. La regla se sostiene en tres razones: el contratista debe obrar con diligencia en métodos y calidad de materiales, pero no responde por un deterioro cuyo origen no esté en sus deficiencias; el peritaje debe demostrar que la causa del daño fue la condición externa y no un defecto de construcción; y la interventoría y el propio contratista deben haber informado oportunamente la circulación de vehículos de carga que afectaba la estructura desde el inicio de la obra. En el caso, no se probó que los daños tuvieran origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad, sino en el tránsito pesado previo a la entrega, por lo que los actos que atribuían el daño al contratista incurrieron en falsa motivación y fueron declarados ilegales, confirmándose la sentencia. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el contratista debe documentar oportunamente las causas externas que afectan la obra.síntesis automática
También resuelve: ¿Se probó el nexo causal entre el hecho de haberse excedido la capacidad de la vía por el tránsito de vehículos de carga pesada con el deterioro de la obra amparada con la garantía de estabilidad? ¿Obra prueba de gestión alguna del municipio demandado tendiente a evitar o controlar el tránsito de vehículos de carga pesada en el segmento vial? ¿La premisa fáctica que tuvo por acreditada el a quo fue los criterios que señalaban el tránsito de vehículos de carga pesada y la falta de idoneidad de la estructura de placa huella para el segmento…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020190018601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial, para decidir la segunda instancia? Sí
El contratista no puede modificar los fundamentos de la demanda a través del recurso de apelación al incorporar nuevos argumentos no planteados en la demanda inicial, ya que esto vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso. La entidad estatal debe cumplir con los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa y agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial para que la Subsección decida la segunda instancia. La Sala confirma que el Tribunal a quo no vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa de la aseguradora al no pronunciarse sobre los alegatos de conclusión, ya que los cargos de la demanda fueron considerados y resueltos en la sentencia de primera instancia. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la importancia de mantener la congruencia en los recursos de apelación y la necesidad de cumplir con los requisitos procesales para la admisión de la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Se modificó el fundamento de la demanda a través del recurso de apelación con la inclusión de nuevos argumentos no planteados en la demanda? ¿El Tribunal a quo omitió pronunciarse sobre los alegatos de conclusión de primera instancia de la aseguradora y, como consecuencia, vulneró su debido proceso y derecho de defensa? ¿De acuerdo con la naturaleza de la entidad contratante, las características y especificaciones del negocio jurídico objeto de estudio…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se determina por un criterio orgánico basado en la participación de una entidad pública en el litigio.

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000232600020120093602 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo de una controversia relacionada con un contrato de seguro si el demandado es una entidad estatal y aun cuando esta no sea parte del contrato? Sí
El juez contencioso administrativo aplica un criterio eminentemente orgánico para determinar su competencia en los litigios donde intervienen entidades públicas, con independencia de que dichas entidades no figuren formalmente como parte en el respectivo contrato de seguro. En los términos del artículo 82 del Decreto-ley 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, la jurisdicción está instituida para juzgar controversias originadas en la actividad de las entidades estatales, de modo que la naturaleza de los sujetos en el litigio define la asignación del asunto, aun cuando la entidad estatal asuma la condición de asegurada o beneficiaria de la póliza única de cumplimiento sin ser parte directa del contrato de seguro celebrado entre el tomador y el asegurador.síntesis automática
También resuelve: ¿Opera la caducidad de la acción contencioso administrativa para cuestionar la validez de un contrato de seguro de cumplimiento… ¿Es procedente la acción de nulidad contra actos administrativos contractuales proferidos durante la ejecución de un contrato estatal… ¿Puede excluirse la responsabilidad del asegurador en un contrato de seguro de cumplimiento por la existencia de dolo, culpa grave o actos potestativos del contratista o del tomador?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La entidad pública demandada respetó el debido proceso

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020140022401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato? ¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad? ¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-02-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233100020090150801 ACCION CONTRACTUAL
¿La única forma de exonerar al constructor de la responsabilidad por la estabilidad de la obra contratada es acreditar una causa extraña? Sí
El constructor responde por la estabilidad de la obra que entregó y solo se exonera si acredita una causa extraña o un eximente de responsabilidad, pues su obligación es de resultado. La regla se apoya en tres razones. Primera, la obligación nace del numeral 3 y 4 del artículo 2060 del Código Civil, del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y de la naturaleza del contrato de obra, que implica entregar una obra estable y capaz de prestar el servicio para el que fue concebida. Segunda, la exigibilidad no depende de la culpa ni de la diligencia del contratista, pues probado el vicio de construcción, de los materiales o del suelo, la falla le es imputable y debe probar que los daños no le son atribuibles. Tercera, se trata de una obligación accesoria y postcontractual, por lo que no se analiza si el constructor cumplió las prestaciones principales en forma y tiempo. En el caso, la pretensión se negó y se confirma la decisión. La Subsección reitera esta línea sobre la responsabilidad del contratista por la estabilidad de la obra.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el siniestro de estabilidad de la obra? ¿La motivación del acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra, debe identificar y cuantificar los deterioros de la obra y establecer que los daños de la… ¿Se configuró la causal de falsa motivación respecto al acto que declaró la ocurrencia del siniestro?
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Consejo de Estado Providencia

El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado

Sentencia — Sentencia 2024-06-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020190086702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El vicio de nulidad por falta de competencia temporal alegado en la demanda debe ser negado, al acreditarse que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el acto de liquidación unilateral del contrato conforme a los términos previstos en la Ley 1150 de 2007? Sí
La entidad estatal expide el acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo dentro de los términos temporales previstos en la Ley 1150 de 2007 cuando las partes no han pactado un plazo convencional distinto, debiendo verificarse la competencia temporal de la administración en el momento en que se profiere el acto. Los contratos interadministrativos suscritos entre entidades públicas para cumplir finalidades misionales y de interés público se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, debiendo ser objeto de liquidación los contratos de tracto sucesivo y aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, garantizando los elementos de existencia y validez de los actos administrativos contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Federación Nacional de Departamentos… ¿La notificación o publicación del acto administrativo, comporta un elemento directamente ligado a la oponibilidad de sus efectos, pero no incide en su formación o expedición y… ¿Hay lugar a estudiar el cargo de nulidad por falsa motivación de la liquidación unilateral del contrato, al tratarse de actos administrativos en firme?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo

Sentencia Unificación — Sentencia 2024-03-14 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 11001032600020220017300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo en tanto desestimó la excepción de falta de competencia del tribunal para conocer de la presente controversia? Sí
El juez unifica su jurisprudencia en relación con el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, determinando que es parcialmente fundado por la causal de falta de jurisdicción cuando el tribunal de arbitramento se pronuncia sobre asuntos reservados a la jurisdicción contencioso administrativa. Las medidas de reconocimiento y pago de compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste para mantener la ecuación financiera del contrato estatal son inescindibles al ejercicio de las potestades excepcionales previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Por tanto, tales controversias comprometen un juicio de validez sobre la función administrativa y escapan de la competencia de los árbitros, debiendo ventilarse ante la jurisdicción especializada mediante la impugnación judicial correspondiente.síntesis automática
También resuelve: ¿El tribunal de arbitramento expuso las normas en las que fundó su decisión y explicó las razones por las cuales consideró procedente una condena en costas parcial a cargo de la entidad convocada? ¿Las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales… ¿Optar por modificar variables y valores tenidos en cuenta por la entidad implicó una refutación a la presunción de legalidad de la resolución, lo que estaba proscrito para la justicia arbitral?
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Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 66001233300020120003203 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo corresponde en segunda instancia al Consejo de Estado cuando se pretende la nulidad de resoluciones de una entidad pública y la declaratoria del desequilibrio o incumplimiento de un contrato celebrado por ella, conforme al artículo 104 del CPACA y al artículo 150 del CPACA en la versión vigente al presentarse la demanda. Las partes contratantes están legitimadas, la entidad contratante por pasiva y el contratista por activa, cuando son partes del contrato de obra cuya controversia se discute. Para establecer la oportunidad de la demanda, se examina la fecha de los actos administrativos demandados y la naturaleza pública de la entidad, de modo que el término de caducidad se cuenta conforme a las reglas del medio de control. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia acogió parcialmente las pretensiones y ambas partes apelaron, y la sala la modificó. Como consecuencia práctica, en controversias contractuales de obra pública debe verificarse la competencia por el carácter de la entidad y la cuantía, y la legitimación de quienes firmaron el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Los extremos procesales se encuentran legitimados para ser parte del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de… ¿El medio de control de controversias contractuales para obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, fue presentado dentro de la oportunidad legal? ¿El aumento en las cantidades de obra y las condiciones climatológicas y de orden público desequilibraron económicamente el contrato 1589 de 2005…
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Consejo de Estado Providencia

El debido proceso es un principio y derecho fundamental que intrínsecamente se entrelaza con el principio de legalidad

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180084801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso de apelación, relativos a la ilegalidad de las Resoluciones 1282 del 27 de octubre de 2016 y 255 del 6 de abril de 2017, dado que la autoridad minera desconoció, de forma aparente, las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción; procuraban la modificación del Programa de trabajos y Obras; y, demostraban la reducción del valor de la póliza minero ambiental? Sí
El contratista puede analizar bajo la causal de falsa motivación los argumentos presentados en el recurso de apelación, relacionados con la ilegalidad de las resoluciones que desconocieron aparentemente las peticiones que acreditaban la disminución de los volúmenes de producción, la modificación del Programa de Trabajos y Obras, y la reducción del valor de la póliza minero-ambiental, ya que la falsa motivación se configura ante la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos por la administración. Esta regla reitera la jurisprudencia existente, permitiendo a los contratistas cuestionar la legalidad de los actos administrativos en términos de falsa motivación cuando se evidencie una distorsión en los fundamentos de estos.síntesis automática
También resuelve: ¿Si la posesión o tenencia de los predios que contienen los minerales son de propiedad exclusiva del Estado, al margen de quien detente su dominio… ¿El beneficiario del título minero debe presentar a la Agencia Nacional de Minería el Programa de Trabajos y Obras en el que describa la planificación… ¿Para ejecutar el contrato de concesión minera el concesionario debe constituir a favor de la autoridad minera una póliza independiente para cada etapa de ejecución del contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150254901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un medio de control de controversias contractuales, dado que la controversia involucra a un establecimiento público y la cuantía de las demandas acumuladas supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato, y las demandas fueron presentadas oportunamente dentro del plazo de dos años desde la ejecutoria de los actos cuestionados. La Sala también admite la valoración de documentos en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsedad por las partes y no existan disposiciones legales que exijan copias auténticas. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y confirma la procedencia del medio de control de controversias contractuales para resolver disputas relacionadas con contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato? ¿Las demandas en los procesos acumulados fueron presentadas oportunamente? ¿Procede la valoración de documentos en copia simple?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva.

Sentencia — Sentencia 2023-06-02 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020140033201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración? No
La noción de silencio administrativo es una presunción legal que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad, y el silencio opera en sentido negativo como regla general, de modo que el silencio positivo solo se configura en los casos expresamente previstos en la ley o el reglamento. La regla se apoya en el artículo 83 del CPACA, que fija el sentido negativo del silencio como regla general, y en el artículo 84 del mismo código, que exige el transcurso de tres meses desde la presentación de la petición para que se configure. Por ello, la sola falta de respuesta no genera el silencio positivo si la petición no reúne las condiciones sustanciales que la norma exige. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia y concluyó que las peticiones no constituían silencio positivo. En la práctica, el particular que pretende un acto favorable por silencio debe verificar que su caso esté expresamente previsto en la ley.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran? ¿El consorcio CG cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor? ¿El consorcio interventor demostró la desviación de poder alegada?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las normas que imponen sanciones o establecen prohibiciones deben ser expresas y son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, por consiguiente, no cabe su interpretación extensiva, ni su aplicación por vía de analogía y tampoco su derivación por la exigencia de ciertos requisitos previos.

Sentencia — Sentencia 2021-12-15 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 18001233100020020041301 ACCION CONTRACTUAL
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse? No
El contratista no puede ser objeto de terminación unilateral del contrato por nulidad absoluta basada en la falta de registro sanitario, la violación del principio de selección objetiva, la ausencia de inscripción en el registro de proponentes o la falta de capacidad para obligarse, ya que estas circunstancias no constituyen una prohibición expresa legal o constitucional que genere la nulidad del contrato. La falta de motivación detallada y la ausencia de una prohibición expresa en la norma aplicada implica la nulidad del acto administrativo que termina unilateralmente el contrato. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, matizando la interpretación restrictiva de las causales de nulidad en contratos estatales, lo que implica que las entidades estatales deben fundamentar con rigor legal y constitucional cualquier terminación unilateral basada en la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes? ¿La legitimación en la causa es de hecho y material? ¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?
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