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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2022-05-31
Radicado
08001233100020110131401
Número interno
52636
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
TRANSATLANTICO S.A.
Demandado
TRANSMETRO S.A.

Síntesis de la providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La competencia del ad quem por regla general está determinada por los motivos de inconformidad presentados en el recurso de apelación cuando se trate de un apelante único, tal como lo preveía el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) , y fue precisado por la jurisprudencia unificada de esta Sección . Actualmente, el artículo 328 del Código General del Proceso (“CGP”), en vigor como norma supletiva en el momento en el que fue interpuesto el recurso de apelación - , establece: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.… ”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia debe limitar su competencia al marco establecido por el recurso de apelación presentado por el apelante único, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, que reitera la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el caso de controversias contractuales, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para resolver disputas sobre la legalidad de actos administrativos contractuales que imponen multas en contratos de concesión, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. El cómputo del término de caducidad para acciones de controversias contractuales se inicia desde la fecha en que el acto administrativo demandado cobró firmeza, como lo establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. Para contratos de concesión celebrados por entidades del Estado, la normativa aplicable es la del Estatuto General de Contratación y la normatividad específica del servicio público de transporte masivo de pasajeros, según la naturaleza y composición accionaria de la entidad concesionaria.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia cuando hay apelante único?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, art. 357
  • Ley 1564 de 2012, art. 328

También resuelve

  • ¿Es competente la jurisdicción contenciosa administrativa para resolver la controversia por la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que impone multa en el marco de un contrato…
  • ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando en la demanda se solicita la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que…
  • ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de concesión suscrito por una Empresa Industrial y Comercial del Estado (“EICE”) que tiene por objeto el transporte público masivo de pasajeros?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRESUPUESTO PROCESAL COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN APELANTE ÚNICO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL MULTA IMPOSICIÓN DE LA MULTA CONTRATO DE CONCESIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO NORMATIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL SILENCIO ADMINISTRATIVO CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO OBJETO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA FALLO INHIBITORIO CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

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La competencia del ad quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche invocados por el apelante
Consejo de Estado 2023-10-04 Sección Tercera (Subsección C)
La competencia funcional del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos del recurso de apelación
Consejo de Estado 2022-06-17 Sección Tercera (Subsección A)
Se tiene competencia para conocer de este asunto
Titulación de la relatoría 23.374 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia cuando hay apelante único? Respuesta al problema jurídico: Si La competencia del ad quem por regla general está determinada por los motivos de inconformidad presentados en el recurso de apelación cuando se trate de un apelante único, tal como lo preveía el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) , y fue precisado por la jurisprudencia unificada de esta Sección . Actualmente, el artículo 328 del Código General del Proceso (“CGP”), en vigor como norma supletiva en el momento en el que fue interpuesto el recurso de apelación - , establece: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”. De manera que al juez de segunda instancia le corresponde revisar lo que fue cuestionado por el recurrente, y en ese sentido, no puede modificar o corregir el fallo apelado respecto de los aspectos que no hayan sido impugnados o que resulten desfavorables para el apelante, salvo los casos previstos por la Constitución o por la ley. Como en el caso sub lite el recurso de apelación fue interpuesto por la parte demandada y está dirigido a estudiar específicamente la legalidad de la Resolución 196 del 11 de mayo de 2010, toda vez que fue el acto administrativo que el a quo declaró nulo, la Sala abordará el recurso con el alcance que ha fijado la Constitución, la ley y la jurisprudencia de esta Corporación. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CONTRATO DE CONCESIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es competente la jurisdicción contenciosa administrativa para resolver la controversia por la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que impone multa en el marco de un contrato de concesión? Respuesta al problema jurídico: Si El conocimiento de este asunto le corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, en virtud del artículo 82 del CCA modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006 , vigente para la época en que fue presentada la demanda, y del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 , ya que se plantea una controversia sobre la legalidad de las resoluciones por medio de las cuales fueron impuestas unas multas en el marco de un contrato de concesión, celebrado por una sociedad por acciones, constituida entre entidades públicas del orden distrital y el Área Metropolitana de Barranquilla, de manera que el capital es 100% público. A su vez, esta Corporación es competente en segunda instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en un proceso con vocación de doble instancia por el factor de la cuantía de la demanda, teniendo en cuenta que supera la exigida por el artículo 132.5 del CCA subrogado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 . FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75 CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando en la demanda se solicita la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que impone multa? Respuesta al problema jurídico: Si El numeral 10 del artículo 136 del CCA, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, prevé que en las acciones “relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. En el caso bajo estudio la demanda busca la declaración de nulidad de una serie de resoluciones expedidas por Transmetro, durante la ejecución del Contrato de Concesión, por medio de las cuales le impuso al contratista multas por el incumplimiento de sus obligaciones. Por tanto, se debe empezar a contar el término bienal de caducidad, a partir de la fecha en la que los actos administrativos demandados cobraron firmeza. Ahora, las pruebas allegadas válida y oportunamente al plenario no dan cuenta cierta de la fecha en que fue notificada al contratista Resolución 196 del 11 de mayo de 2010, en cuya validez se centra la controversia en esta segunda instancia. Consta sí, que, contra esa resolución, la actual demandante interpuso recurso de reposición, que fue presentado el veintidós (22) de junio de dos mil diez (2010) ; fecha ésta que tomará la Sala como aquella en que, conforme a los documentos traídos a este contencioso, Transatlántico tuvo conocimiento del acto que demanda, por lo que se tomará como punto de partida para contabilizar el término bienal de caducidad. Así las cosas, la demanda fue presentada oportunamente el veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE TRANSPORTE / SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO / NORMATIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de concesión suscrito por una Empresa Industrial y Comercial del Estado (“EICE”) que tiene por objeto el transporte público masivo de pasajeros? Respuesta al problema jurídico: Si Transmetro S.A. fue constituida como una sociedad comercial por acciones, posteriormente trasformada en una sociedad por acciones simplificada, bajo la denominación Transmetro S.A.S , la cual tiene una participación de capital público del 100%. En consideración a su naturaleza y a la participación que en su capital accionario tiene el Estado, el régimen jurídico al que se encontraba sometida Transmetro para la fecha en que suscribió el contrato de concesión No.300-001-07 (julio 17 de 2007), es el que prescribía el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998: (...) Y en atención a dicha remisión, su régimen contractual se encontraba definido por el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 (...) Con todo, si para los efectos de la determinación de su régimen jurídico sirviera como referente el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, habría de tomarse en consideración que, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de Tansmetro S.A.S., (...) Como puede apreciarse, Transmetro no desarrolla a través de su objeto social actividades de naturaleza industrial o comercial, o de mera gestión económica, que deban sujetarse a las reglas del Derecho Privado para garantía de la igualdad que exige un mercado que el ordenamiento haya querido dejar en libre competencia. Luego, se reafirma, de esta manera, que sus contratos se gobiernan por la normativa del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 38 PARÁGRAFO 1, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 85, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93 CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE TRANSPORTE / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / NORMATIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la imposición de multa en el contrato estatal de concesión de transporte público masivo? Respuesta al problema jurídico: Si El contrato de concesión que fue el instrumento que, en concreto, dio origen a la relación en la que surgió el problema que debe resolver esta Sala, responde a la más elaborada técnica de estructuración de relaciones entre el Estado, titular de un servicio -condición que conserva-, y particulares que fungen como sus colaboradores para el desarrollo, total o parcial, de la gestión de dicho servicio, mediante un traslado de funciones que se produce con apoyo en formas propias del derecho público . En cuanto tal, ese contrato se encontraba expresamente autorizado por el artículo 4 de la Ley 310 de 1996, credencial que permitió su celebración por parte de Transmetro, entidad que oficiaba como titular y gestora del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Barranquilla con servicios extendidos a otros entes territoriales que forman parte del Área Metropolitana de Barranquilla. Ahora bien, en lo que atañe a las atribuciones que puso en ejercicio Transmetro para la toma de las decisiones sobre las que gravita la controversia en el sub lite, esta Subsección, en línea con la jurisprudencia civilista , ha considerado que, de acuerdo con los artículos 1592, 1599 y 1602 del Código Civil, el pacto de cláusulas penales de apremio —como lo son las de multas contractuales— es válido en el derecho común y pueden derivarse consecuencias de ellas mediante actos contractuales, mas no a través de manifestaciones de la voluntad con los atributos propios del acto administrativo, que generan efectos jurídicos con carácter ejecutivo y ejecutorio per se (artículos 64 y 68.1 del CCA; y artículos 99.3 y 297.3 del CPACA). El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 reguló el debido proceso, para declarar el incumplimiento del contrato estatal, con el fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal. Pero ni dicha norma ni la Ley 80 de 1993 regularon expresamente la figura de la cláusula penal pecuniaria, que ya era prevista y regulada, desde mucho antes, en los artículos 1592 y siguientes, del Código Civil. Sin embargo, sí determinó claramente el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en su parágrafo , que las entidades podían hacer efectivas las multas por vía coactiva, elemento distintivo del acto administrativo, por ser ajeno al derecho común. Es claro, pues, que la Resolución 192 de 2010, expedida en ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 , es así un acto administrativo. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 64, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68 NUMERAL 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 297 NUMERAL 3, LEY 310 DE 1996 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1592, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1599, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 SILENCIO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / OBJETO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los elementos, características y efectos del silencio administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si El derecho administrativo acunó una solución para facilitar el ejercicio de los controles por parte de los administrados que, habiendo puesto en actividad a la administración por medio del ejercicio del derecho de petición, no obtenían de esta respuesta alguna, diferente del silencio. Tal silencio, podía ser entendido, bien como un estado indefinido de irresolución respecto del asunto, o bien, como una respuesta negativa, aunque de imposible control, por cuanto tal resultado, develado merced a una inferencia, carecería de contenido real y cierto; y, en consecuencia, no podía el administrado demandar su revisión en sede administrativa, ni su anulación en sede judicial. Para remedio de ello, para desbloquear esa situación de indefinición, y/o para facilitar el control a esa respuesta inferida, el derecho administrativo apeló a la ficción, para concebir un tipo de acto administrativo producto, no de la voluntad expresa de la administración, sino de su voluntad presunta o ficta, en principio y siempre de manera general, negativa, en su signo. De esta manera, presentada una petición a la administración, el paso de un tiempo predeterminado en la ley, sin que esta emitiera o profiera respuesta, permitía al peticionario, que así lo tuviere a bien, proceder en procura del o de los controles sobre ese acto ficto negativo , recabar una respuesta, o esperar indefinidamente hasta que esta se diera de manera expresa. Este es el sentido que el artículo 40 del C.C.A. daba al instituto, tanto como el que recibió en el artículo 84 del CPACA. 5.8. El silencio de la administración puede ser observado, no sólo en relación con la petición inicial, sino también frente a los recursos que conforme a la ley procedan en sede administrativa para el control de la decisión que adopte la administración respecto de aquella. Uno y otro tienen tratamiento especial, y se suelen conocer con nombres diferentes: al primer se le llama silencio administrativo sustancial y estaba regulado en el código contencioso administrativo por los artículos 40 y 41; segundo, se le reconoce como silencio administrativo procesal, y estaba regulado por el artículo 60 ejusdem. 5.9. Sólo de manera excepcional, en los casos y materias especial y taxativamente determinadas por el legislador, no exclusiva, pero si generalmente, para conjurar los favores que un silencio puede prestar a la corrupción, el silencio da lugar al acto ficto positivo, vale decir, presuntamente favorable a la solicitud del interesado (art. 41 C.C.A.). Desde un punto de vista sistemático, el código contencioso administrativo prescribía el silencio administrativo positivo en el artículo inmediatamente siguiente al artículo 40 en el que reglaba lo concerniente al silencio administrativo sustancial. Nada disponía sobre el silencio administrativo positivo, al menos expresamente, en capítulo III, título II, libro I del código contencioso administrativo, en el que regulaba lo atinente al silencio administrativo procesal. Este, al tenor de lo preceptuado por el artículo 60 del código en comento, ha de entenderse negativo, sin perjuicio de que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, disponga efectos positivos para el silencio procesal en casos especiales. Pero, al margen de esta hermenéutica de sistema, la regla que surge de la normativa en comento es simple: el silencio positivo es la excepción, y se configura solo para cuando la ley lo establezca de manera expresa, para casos especiales. Tal regla aplica tanto para el silencio sustancial como para el procesal. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL / TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que se configure el silencio administrativo en materia de contratación estatal? Respuesta al problema jurídico: Si Una de las materias en las que la ley ha reconocido signo positivo al silencio, es la contractual pública, ámbito en el que este tratamiento excepcional se justifica en atención a la necesidad de garantizar “la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” (artículo 2, Ley 80 de 1993). Así lo prescribió la Ley 80 de 1993 en de su artículo 25.16, bajo el siguiente texto: “En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los términos de esta Ley”. Esta disposición que fue reglamentada por el artículo 15 del Decreto 679 de 1994 que, aunque fue derogado por el Decreto 734 de 2012, es aplicable al caso que ocupa a la Sala, (...) La interpretación que de esta normativa ha hecho la Sección tercera de esta corporación en diferentes pronunciamientos suyos ha llevado a establecer que, para que se configure el silencio administrativo positivo en materia contractual, es necesario que se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (1) las solicitudes deben formularse durante la fase de ejecución del contrato; (2), deben ser presentadas por el contratista (3) el silencio no puede usarse para entender resueltas o definidas etapas contractuales que tienen procedimiento especial; (4) la petición debe referirse a un derecho preexistente del contratista, que requiera tan solo la formalidad o declaración del contratante público; y (5) El peticionario, con su solicitud, debe aportar las pruebas necesarias que permitan deducir la obligación que se está reclamando. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL / SILENCIO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / FALLO INHIBITORIO POR INEPTITUD DE LA DEMANDA / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / FALLO INHIBITORIO Problema jurídico: ¿Es inepta la demanda, en lo atinente a la pretensión de nulidad contra la Resolución 196 de 2010, acto administrativo que impuso un multa, por cuanto la accionante se abstuvo de demandar el acto ficto negativo que habría surgido con ocasión del silencio que observó Transmetro frente al recurso de reposición que aquella (Transatlántico) interpuso contra la Resolución 196 de 2010? Respuesta al problema jurídico: Si En este proceso se demostró que Transatlántico interpuso recurso de reposición contra la Resolución 196 del 11 de mayo de 2010 , mediante escrito radicado el 22 de junio de 2010, en el que solicitó se revocara la decisión . Sin embargo, la entidad no dio respuesta alguna al recurso interpuesto . El silencio de la administración frente a ese recurso debe entenderse reglado, en sus efectos, por la normativa que para ese entonces regía el procedimiento administrativo general, que era la que se hallaba dispuesta en el código contencioso administrativo, en su artículo 60, pues ninguna reglamentación especial traía la ley 80 de 1993 en relación con el silencio administrativo procesal en materia contractual, que permitiera entender que sus efectos fueren positivos. Por ende, Transatlántico, en su condición de peticionario recurrente, tenía dos alternativas en relación con esa actitud silente de Transmetro: Continuar a la espera de una respuesta de la administración, incluso, de recabar por vía de insistencia una respuesta expresa; o procurar el control del acto ficto emergente del silencio de la administración, mediante el ejercicio de la acción pertinente para el efecto. Visto su proceder en este contencioso, ha de concluirse que optó por esta segunda alternativa, protestando, incluso, la ilegalidad del silente proceder de la administración, en cuanto entrañó violación del debido proceso. Sólo que no deprecó la nulidad del acto ficto negativo que generó ese silencio, proceder que justifica en alegaciones de segunda instancia, con referencias al carácter potestativo del recurso de reposición, a la insuficiencia del acto ficto procesal para enervar los efectos propios de la violación al debido proceso que comporta la actitud silente de la administración frente al recurso, y al excesivo rigor formal que entrañaría la derivación de consecuencias de la pretermisión de la demanda del acto ficto. Dicha justificación no puede tener buen recibo, por las siguientes razones: Es verdad que el recurso de reposición es facultativo, de modo que el afectado con la decisión en sede administrativa que sólo es pasible de reposición, puede optar, para efectos de su control, bien por recurrirla, o bien por demandar su nulidad y consiguiente restablecimiento jurisdiccionalmente. Sin embargo, también lo es, que una vez opta por una de estas alternativas, el afectado debe guardar coherencia con su decisión. Así, si interpuso el recurso de reposición, y éste fue respondido real o fictamente, cualquier pretensión de obtener restablecimiento de los derechos conculcados por la administración debe estar precedida por el abatimiento de la presunción de legalidad que cobija al acto administrativo, sin importar que este sea ficto, pues mal puede proferir decisión alguna la jurisdicción, en sentido contrario a los efectos que en virtud del ordenamiento tuvo ese acto, mientras él perviva y continúe cobijado por esa presunción. Nótese que el ordenamiento ha dado vida al acto ficto a través de una presunción, justamente para que el afectado con la decisión de la administración puede poner en ejercicio el medio de control pertinente, medio que en este caso es justamente aquel que da cauce para que el interesado pueda obtener un restablecimiento de derechos previa anulación del acto. No se trata, entonces, de un excesivo rigor formal, sino de una elemental coherencia con la ratio legis del artículo 138 del C.C.A., máxime, cuando el motivo del restablecimiento que depreca el accionante reside en la violación de la ley procedimental que supone su protesta por la violación del debido proceso. En consecuencia, la providencia objeto de recurso ha de ser revocada, y en su lugar, la Sala se declarará inhibida para emitir pronunciamiento de fondo en relación con el único cargo que vino a esta segunda instancia, esto es, el relacionado con la legalidad de la resolución 196 del 11 de mayo de 2010, por cuanto éste no fue el acto definitivo, y no habiendo demandado Transmilenio el acto ficto que lo confirmó, la demanda se revela ineptitud sustantiva. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que modifica el artículo 171 del C.C.A., como no se evidenció temeridad ni mala fe de las partes durante el trámite del proceso, la Subsección se abstendrá de condenar en costas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=080012331000201101314011100103