Titulación de la relatoría 36.063 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se debe desestimar el argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo, dado que el actor cuestionó en este punto que la entidad no había probado la mala calidad de los materiales, asunto que no fue discutido ni motivó la declaratoria de siniestro?
Respuesta al problema jurídico: Si
El 28 de mayo de 2013, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales3, en contra del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 05877 del 22 de octubre de 2012 y 06050 del 29 de octubre del mismo año, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra en el marco del contrato No. 1613 de 2005 y se hizo efectiva la garantía de cumplimiento. Asimismo, solicitó que se restableciera el derecho al buen nombre de los integrantes de la Unión Temporal y que se condenara al INVÍAS a pagar los perjuicios causados a favor del demandante. (...) La parte actora manifestó en la demanda y en el recurso de apelación que la entidad no probó la mala calidad de los materiales utilizados por la Unión Temporal en la ejecución del contrato. No obstante, las resoluciones que declararon la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra no se fundamentaron en la mala calidad de los materiales, sino en la existencia de vicios en el suelo que el contratista debió conocer y que, incluso, fueron identificados por la Unión Temporal en la primera etapa del contrato. (...) Ciertamente, el motivo para atribuirle responsabilidad al contratista fue la existencia de vicios en el terreno que el demandante conocía con anterioridad a la ejecución de la obra. En ese sentido, se desestimará este argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo, dado que el actor cuestionó en este punto que la entidad no haya probado la mala calidad de los materiales, asunto que no fue discutido ni motivó la declaratoria de siniestro. Al margen de lo anterior, la Sala aclara que en sede judicial la carga de la prueba le compete a quien demanda el acto administrativo y no a la entidad que lo expidió, por lo que el solo señalamiento de que el INVÍAS no probó la mala calidad de los materiales no tendría la virtud de alterar esta carga, que en todo caso radica en cabeza del demandante.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE OBRA / EXPERTICIA / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Existe un deber de pericia y probidad que le corresponde al contratista como experto en el desarrollo de la obra ante las instrucciones brindadas por la entidad o la interventoría?
Respuesta al problema jurídico: No
Continuando con los argumentos elevados por el actor para atacar la legalidad de los actos administrativos cuestionados, la Sala analizará si la intervención en terrenos inestables fue efectivamente ordenada por la entidad contratante o por la interventoría, y si este hecho constituye un eximente de responsabilidad del contratista frente a la estabilidad de la obra por vicios del suelo identificados en los estudios y diseños. (...) Del material probatorio revisado, lo primero que puede concluirse es la inexistencia de una orden o autorización expresa por parte del INVÍAS para intervenir los tramos identificados como inestables en los estudios y diseños. Solamente se evidencia prueba de la participación de la entidad, a través de la consultoría de apoyo, en el acta de recibo final y de aprobación de estudios y diseños en la cual se anotaba que el contratista debía identificar los tramos inestables y los posiblemente estables. Luego de la suscripción de esta acta, el contratista y la interventoría clasificaron los tramos del K0+000 al K5+000 y definieron la propuesta de intervención en la reunión llevada a cabo el 8 de mayo de 2006, según se indicó en el oficio C.613.5.3/OB.100/06 antes citado. Este documento no contiene prueba de la autorización por parte del INVÍAS de la sectorización realizada ni de alguna de las metodologías de intervención, pues lo que se señala es que la reunión fue desarrollada “en las oficinas del INVÍAS (…) donde el contratista y la interventoría hicieron una sectorización (…)”. Así las cosas, lo que se logra deducir del documento es que fueron el contratista y la interventoría, sin participación de la entidad, quienes determinaron la forma de intervención de los tramos previamente sectorizados. Ahora bien, este hecho no exonera al contratista de la responsabilidad por la estabilidad de la obra, habida cuenta de que él participó y consintió la definición de los puntos K0+420 a K0+460, K0+400 a K0+470, K0+550 a K0+600, K0+521 a K0+680, K0+750 a K1+114, K0+704 a K1+250 como estables o posiblemente estables, aun cuando en los estudios y diseños ya había identificado que se encontraban sobre una falla geológica. Asimismo, desarrolló con la interventoría la metodología de pavimentación propuesta para estos puntos y decidió realizar la intervención, asumiendo así la responsabilidad por las falencias que se presentaran en la vía a causa de los vicios en el suelo previamente identificados. Lo anterior permite establecer que la intervención en sitios inestables no se trató de una orden por parte de la entidad contratante, sino de un proceso de identificación en el que participó el contratista y en el cual no obra prueba de que haya realizado alguna advertencia, a pesar de haber observado previamente que los 5 kilómetros a intervenir se encontraban ubicados sobre una falla geológica que producían su inestabilidad y que los estudios previos disponían claramente que no se harían intervenciones sobre terrenos ubicados en fallas geológicas. Sobre este asunto, conviene recordar la posición que ha adoptado la Sala frente al deber de pericia y probidad que le corresponde al contratista como experto en el desarrollo de la obra ante las instrucciones brindadas por la entidad o la interventoría, (...) En el presente caso, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 no demostró haber tenido una actitud de precaución, proactiva, diligente y eficiente en el desarrollo del objeto contractual, especialmente, en la pavimentación de los primeros 5 kilómetros de la vía que se encontraban sobre una falla geológica. Por el contrario, el contratista participó con la interventoría en la sectorización de la vía y en la definición de la pavimentación -lo que desvirtúa que aquella hubiese sido ordenada o impuesta-, sin elevar ninguna advertencia sobre los hallazgos que él mismo realizó durante la etapa de estudios y diseños. En tal sentido, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el actor respecto a que la intervención fue ordenada por la entidad y por la interventoría, a pesar de que se había recomendado no pavimentar los primeros 5 kilómetros de la vía, pues como se indicó en líneas precedentes, la Unión Temporal participó en la posterior identificación e intervención de los tramos, guardando una actitud pasiva frente a los riesgos que ya había advertido previamente desde su conocimiento y experticia. Por lo expuesto, la Sala desestimará los argumentos relacionados con la orden dada por la entidad y la interventoría para la intervención de sitios inestables como eximente de responsabilidad.
NOTA DE RELATORÍA:
No ignora la Sala que, de conformidad con el contenido obligacional del contrato (…) el contratista “debía atender todas las observaciones y requerimientos a los diseños presentadas por la SED, la interventoría y demás autoridades competentes”. Sin embargo, ocurre que esa situación en modo alguno puede considerarse como una razón válida para excusar o relevar al contratista de la pericia y probidad que, como experto en el desarrollo de la obra que se le encomienda y como amplio conocedor de la materia constructiva, se le demanda en la realización del proyecto, lo que a su turno envuelve un deber de precaución y cautela ante la ocurrencia de circunstancias que puedan obstaculizar el resultado esperado al celebrar el negocio. Es con fundamento en su calidad de experto en el desarrollo de la tarea que se le asigna, que es considerado un verdadero colaborador de la Administración en el cumplimiento de sus fines estatales y no un simple ejecutor material. Lo dicho se traduce en que, una vez celebrado el contrato, el contratista se convierte en una pieza clave y aliado fundamental de la entidad para llevar a buen término el proyecto y, en razón de ello, se espera del particular una actitud proactiva, diligente y eficiente que contribuya al logro del cometido estatal y no que despliegue conductas que puedan poner en riesgo su satisfacción. Bajo esa comprensión su labor no puede restringirse o limitarse al acatamiento de instrucciones y requerimientos elevados por la entidad durante la ejecución del contrato de forma pasiva e inmutable, sin observar en medio de su desarrollo la experiencia y el conocimiento técnico que se le exigen para anticipar las consecuencias nocivas que esas demandas de la entidad podrían desencadenar. Tampoco resulta admisible que se aparte de forma irreflexiva de los lineamientos trazados en el pliego de condiciones de los cuales fue pleno conocedor en la etapa precontractual, al punto que le sirvieron de cimiento para estructurar la oferta presentada (…). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2021. Radicación No. 25000-23-36-000-2017-02136-01(64033). C.P: Marta Nubia Velásquez Rico.
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA TÉCNICA / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / PRUEBA EN VIDEO / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA EN VIDEO / INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO
Problema jurídico:
¿Las pruebas aportadas por el demandante no logran acreditar, desde un punto de vista técnico, que la falta de mantenimiento de la vía causara los daños presentados en la obra?
Respuesta al problema jurídico: No
Como tercera situación expuesta para eximirse de responsabilidad, la parte actora manifestó que el tribunal y la entidad no valoraron las pruebas que demostraban que los daños en la vía fueron consecuencia de la falta de mantenimiento. (...) Para justificar que las fallas en la vía se debieron a la falta de mantenimiento, el contratista relacionó diversos oficios con registro fotográfico enviados a la entidad, en los cuales se informó de la presencia de derrumbes en la vía causados por la ola invernal y un vídeo del ministro de transporte de la época en el cual se estableció la necesidad -en cabeza del INVÍAS- de realizar un mantenimiento de emergencia a la vía. (...) La Sala observa que las pruebas aportadas por el demandante no logran acreditar, desde un punto de vista técnico, que la falta de mantenimiento de la vía causara los daños presentados. En primer lugar, los oficios remitidos por la Unión Temporal se acompañaron de registros fotográficos sin identificación precisa de los puntos en los cuales se encontraban los derrumbes. Estas comunicaciones, aducidas como pruebas para definir que las fallas se presentaron debido a la falta de mantenimiento, contenían afirmaciones hechas directamente por el contratista sin datos concluyentes o información técnica que las soportara, más allá de registros fotográficos que resultan insuficientes para este efecto. Asimismo, se evidencia que 6 de los 7 oficios fueron remitidos a la entidad con posterioridad al 6 de enero de 2009, fecha en la cual la Unión Temporal fue notificada de las fallas que se presentaron en la vía a tan solo 7 meses de su entrega. Las fotografías aportadas con la demanda86 para evidenciar el estado de la vía entre el 2008 y el 2010 no permiten establecer con certeza los puntos a los que hacen referencia, las fechas en las cuales fueron capturadas y tampoco brindan conclusiones técnicas que permitan afirmar que la falta de mantenimiento fue la causa de los daños en la vía. (...) Por otra parte, si bien es cierto que la Unión Temporal entregó a la entidad el manual de conservación de la vía88 en el cual se advertía sobre el especial cuidado que se debía tener entre el PR 0+0200 y el PR 1+500, esta prueba no es suficiente para dar por sentado que las fallas en la zona se debieran a la falta de mantenimiento. Finalmente, frente al vídeo del ministro de transporte de la época aportado como prueba de segunda instancia, a pesar de que no se logra identificar la fecha en la que fue grabado, de su contenido se colige que fue durante la ejecución del contrato. Allí, el representante legal de la Unión Temporal manifestó las dificultades que se estaban presentando para el ingreso al sitio de la obra y el ministro ordenó un mantenimiento de emergencia con el fin de permitir la ejecución del contrato en condiciones óptimas. Por lo tanto, se evidencia que esta orden de mantenimiento se dio en el contexto de la ejecución contractual y no guarda relación alguna con las fallas posteriores a la entrega de la obra, las cuales se evidenciaron en el oficio AMV-01-BYC-830 con fecha del 27 de noviembre del 2008. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que no existen pruebas en el expediente que acrediten la falta de mantenimiento por parte de la entidad en el tiempo comprendido entre la entrega de la obra y la evidencia de las fallas, ni tampoco que la causa de los problemas en la vía estuviera relacionada con falencias en su mantenimiento.
FALTA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD / NEXO DE CAUSALIDAD / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / INTERVENTORÍA / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSA EXTRAÑA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Las fallas en la obra no se dieron por causas no imputables al contratista, como la ola invernal y la ocurrencia de sismos en la zona, sino a la presencia de vicios en el suelo que el
contratista conocía o debía conocer?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte actora arguyó que las fallas en la vía se dieron por causas no imputables al contratista, como la ola invernal y la ocurrencia de sismos en la zona. Es pertinente indicar que, como se ha advertido a lo largo de este análisis, para probar que las fallas en la estabilidad de la obra fueron generadas por una causa extraña, no basta con la simple afirmación o conjetura acerca de la relación de causalidad, pues el contratista tiene la carga de probar técnicamente las causas que alega con el fin de eximirse de su responsabilidad. Ahora bien, para soportar que las fallas se dieron por causas no imputables al contratista -como la ola invernal y la ocurrencia de sismos en la zona-, el demandante hizo referencia a diversos documentos que serán analizados individualmente con el fin de determinar si aquellos efectivamente probaban la ocurrencia de una causa extraña sobre las fallas de la vía. (...) La Sala observa que el oficio de la interventoría tiene tres conclusiones que resultan importantes para el sub lite. En primer lugar, se colige que el terreno no tuvo problemas de inestabilidad durante las etapas de diseño y construcción, lo cual no corresponde con la realidad. Como se evidenció en acápites anteriores, el contratista identificó las zonas como terrenos inestables ubicados sobre una falla geológica y posteriormente, de manera conjunta con la interventoría, cambió la clasificación del terreno y decidió intervenir en este, asumiendo así la estabilidad de la obra por los vicios previamente identificados. En segundo lugar, concluyó que las fallas no son atribuibles a la mala calidad de los materiales. Como ya se mencionó, la entidad no declaró la ocurrencia del siniestro por la mala calidad de los materiales, sino por la presencia de vicios en el suelo que el contratista conocía o debía conocer. Finalmente, sostiene que las fallas en la vía efectivamente se debían a las inestabilidades del terreno natural, confirmando así la causa que llevó a la entidad a declarar el siniestro por estabilidad de la obra. Por lo tanto, esta comunicación tampoco constituye prueba que permita exonerar al contratista por la responsabilidad que le atañe frente a la estabilidad de la construcción. (...) A pesar de que el asesor de pavimentos concluye que la causa de la inestabilidad de la vía es la ola invernal, llega a esta conclusión a través de un ejercicio de observación, sin datos comparativos de las lluvias presentadas durante el período 2008-2012 en relación con otros períodos y sin exponer una metodología clara para determinar las causas de la inestabilidad. Por el contrario, el mismo concepto, en su parte inicial, manifiesta que no se pretenden realizar los análisis de detalle “que posiblemente se requieran”. Así las cosas, esta prueba no brinda a la Sala una prueba clara y técnica, contrastada en datos y metodologías comprobadas, sobre las causas de las fallas en la vía, pues se evidencia que fue un ejercicio de observación por parte del asesor de pavimentos del contratista. (...) En el recurso de apelación, el demandante manifestó que, en la primera visita técnica realizada de manera conjunta por la entidad, el contratista y la interventoría al sitio de la obra el 23 de agosto de 2012100, se concluyó que “la presencia de los fallos se debe a factores ajenos a la funcionalidad de la estructura del pavimento, como la presencia del flujo de agua que se vio incrementado durante las pasadas olas invernales” (negrilla fuera del texto original). La Sala observa que en este informe no se estableció que las fallas fueran causadas por la ola invernal, sino que se descartó que aquellas fueran atribuibles a la estructura del pavimento, es decir, a la calidad de la obra. Por lo tanto, en dicha visita no se hizo referencia a la existencia de vicios en el suelo, pues aquello fue tratado en la visita técnica del 12 de septiembre de 2012101, cuyas conclusiones apuntaron a que las fallas fueron causadas por la pavimentación de sitios inestables identificados desde los estudios y diseños. Con el fin de probar que las fallas en la vía fueron causadas por movimientos sísmicos en la zona, se aportó un documento de la Red Sismológica Nacional102 que da cuenta de la ocurrencia de sismos en el municipio de San Pablo de Borbur. Sin embargo, el documento no contiene información alguna de que los movimientos fueran anormales en comparación con otros años y tampoco que aquellos hayan sido la causa de los daños en la vía, pues solo se relaciona que la ubicación de los sismos es el municipio de San Pablo de Borbur y no se establece si aquellos movimientos tuvieron efecto en los puntos frente a los cuales se declaró el siniestro de la obra. Por lo expuesto, la Sala concluye que el contratista no probó la existencia de una causa extraña derivada de la ola invernal o de la ocurrencia de sismos en la zona, que le permitiera exonerarse de la responsabilidad frente a la estabilidad de la obra.
SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿La entidad no probó la cuantía del siniestro, es decir, el INVÍAS no realizó un estudio técnico
para definir el presupuesto de las reparaciones, por lo que no existía evidencia del
soporte técnico para determinar el valor de la sanción?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre este punto, en el recurso se señala que el INVÍAS no realizó un estudio técnico para definir el presupuesto de las reparaciones, por lo que no existía evidencia del soporte técnico para determinar el valor de la sanción. La Sala encuentra que no le asiste razón al demandante sobre este punto, pues durante el procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro la Dirección Territorial del INVÍAS en Boyacá presentó, mediante oficio DT-BOY 76307 del 28 de noviembre de 2011 103 , el presupuesto inicial para la reparación de los daños evidenciados en el sector Otanche - Borbur, a lo largo de los 14 kilómetros afectados, por un valor total de $771’415.169. (...) Ahora bien, es importante recordar que el acto administrativo ostenta una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien la cuestiona. De tal modo, si el demandante pretendía atacar la legalidad del acto administrativo por fallas en la determinación de la cuantía del siniestro, debía presentar pruebas que permitieran al juez contencioso administrativo concluir que el presupuesto elaborado por la entidad no correspondía con la realidad. Sin embargo, el actor se limitó a afirmar que el INVÍAS no había probado la cuantía del siniestro, sin presentar ninguna prueba que controvirtiera los valores ni la metodología expuesta por la entidad. En consecuencia, el argumento tendiente a atacar la legalidad del acto por no haberse probado la cuantía del siniestro no tiene vocación de prosperar en esta instancia.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CARACTERÍSTICAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONSECUENCIAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / PROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / PRESUPUESTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / PRINCIPIO DE ECONOMÍA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Las solicitudes deben cumplir con los requisitos fijados en la ley y la jurisprudencia, pues la institución del silencio administrativo positivo no fue concebida para subsanar o convalidar situaciones irregulares ni para instituir a favor del contratista derechos inexistentes o relevarlo de sus obligaciones contractuales, pues las actuaciones enmarcadas en él deben ajustarse al principio de legalidad, dado que no son ajenas a este?
Respuesta al problema jurídico: Si
Finalmente, el actor insistió en la configuración del silencio administrativo positivo, el cual lo eximía de responsabilidad por los daños en la vía. En primer lugar, cabe precisar que la institución del silencio administrativo positivo, hoy regulada por los artículos 84 y 85 de la Ley 1437 de 2011, estaba prevista en los artículos 41 y 42 del Código Contencioso Administrativo, en la época de los hechos. (...) En materia contractual, la ley establece la configuración del silencio administrativo positivo cuando el contratista, en el término de ejecución del contrato, presenta solicitudes ante la administración, y esta no se pronuncia en un plazo de tres meses, evento en el cual se entiende que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante. Así lo prevé el artículo 25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993 (...) No obstante, la figura del silencio administrativo positivo no fue concebida por el legislador para subsanar o convalidar situaciones irregulares ni para instituir a favor del contratista derechos inexistentes o relevarlo de sus obligaciones contractuales, pues las actuaciones enmarcadas en él deben ajustarse al principio de legalidad, dado que no son ajenas a este. En ese sentido, es claro que la figura del silencio administrativo positivo no está prevista para dar cabida a cualquier pretensión del contratista, menos cuando sea contraria al ordenamiento y extraña al objeto del contrato y a sus propias obligaciones contractuales. (...) Descendiendo al caso en concreto, al apelante argumentó que se configuró el silencio administrativo positivo que lo exime de responsabilidad por los daños en la vía dada la omisión de respuesta de los oficios UT-1613-0435 del 16 de julio de 2008, UT-1613- 0470 del 31 de marzo de 2009, UT-1613-0483 del 12 de abril de 2010 y UT-01613- 0492 de 11 de julio de 2011, protocolizados mediante escritura pública No. 01341 del 24 de octubre de 2012 en la notaría 12 del círculo de Bogotá. (...) En primer lugar, como se puede observar, el oficio UT-1613-0470 fue dirigido a la Interventoría y no a la entidad, por lo que no se trató de una petición con posibilidad de configurar el silencio administrativo positivo. Con relación a los demás oficios, la Sala observa que estos fueron informativos y las únicas peticiones que se encontraban allí contenidas eran las relativas a la liquidación del contrato, la investigación de daños ocasionados en tachas reflectivas -que no son objeto de este proceso- y la realización de controles de peso en la vía. Con relación a la petición de realizar controles en la vía, y las manifestaciones sobre derrumbes y una presunta falta de mantenimiento, la Sala encuentra que aquellas no cumplen con los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta Subsección, en tanto se trata de peticiones realizadas por fuera de la ejecución del contrato, no contienen derechos anteriores a favor del contratista que solamente requieren la formalidad o declaración del contratante público y tampoco cuentan con el soporte probatorio ni la aptitud para eximir al contratista de la responsabilidad por la estabilidad de la obra. Los oficios que informaban sobre los derrumbes en la vía y solicitaban controles de peso sobre esta, no contienen pruebas técnicas sobre las causas de los daños que se presentaron en la vía y que fueron objeto de la declaratoria de siniestro de estabilidad de la obra. Adicionalmente, la discusión y prueba de la ocurrencia de la causa extraña que eximiera de responsabilidad al contratista debía darse en sede del procedimiento administrativo, lo cual efectivamente ocurrió sin que el contratista -ni en sede administrativa ni en sede judicial- lograra demostrar que los daños en la vía se dieron por una causa extraña capaz de eximirlo de responsabilidad. De acuerdo con la exposición realizada, la Sala desestimará el cargo de falsa motivación en contra del acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra, dado que el contratista no demostró la existencia de una causa extraña o de un eximente de responsabilidad frente a la obligación contenida en el artículo 2060 del Código Civil.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con los requisitos para que se configure el silencio administrativo contractual, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2023. Radicación No. 25000-23-36-000-2014-00332-01 (56.854). C.P: José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 41, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 42, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 85, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 16, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060
TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / IMPROCEDENCIA DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente no valorar la prueba testimonial rendida por el ingeniero Alirio Giovanny Cárdenas Rico, en calidad de representante de la Unión Temporal y director de la obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
Finalmente, el apelante cuestionó la decisión del a quo de no valorar la prueba testimonial rendida por el ingeniero Alirio Giovanny Cárdenas Rico, en calidad de representante de la Unión Temporal y director de la obra. Si bien el señor Giovanny Cárdenas fue citado en calidad de testigo, durante la audiencia de práctica de pruebas 111 el tribunal determinó que sus declaraciones serían analizadas bajo la óptica del artículo 211 del Código General del Proceso112, habida cuenta de que el demandante no informó en el libelo introductorio la relación existente entre el testigo y la Unión Temporal. En la sentencia de primera instancia, el a quo decidió no valorar la declaración rendida por el señor Alirio Giovanny Cárdenas Rico, por cuanto el demandante pretendió, a través de este, convertir los descargos presentados por el contratista en sede administrativa -y ampliamente expuestos en los diversos oficios elevados a la entidad en un medio de prueba testimonial, lo cual contradice los postulados jurídico-probatorios. Cabe precisar que el testigo participó como representante de la Unión Temporal durante todo el procedimiento sancionatorio. En el recurso de apelación, el actor elevó su desacuerdo alegando que el ingeniero Cárdenas Rico conocía la obra y su testimonio daba cuenta de los fenómenos que afectaron la vía y del desconocimiento de las pruebas por parte de la entidad en sede administrativa. Asimismo, señaló que la prueba pudo haberse decretado oficiosamente por el tribunal como interrogatorio de parte. La Sala considera que los argumentos elevados por el actor no tienen vocación de prosperidad, por cuanto el tribunal, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, tenía la posibilidad de no dar efectos demostrativos a la prueba por considerar que el testigo no era imparcial dada la relación directa que guardó con la Unión Temporal durante la ejecución de la obra y el procedimiento administrativo. Adicionalmente, la declaración realizada por el ingeniero Alirio Giovanny Cárdenas Rico resultaba reiterativa de los argumentos presentados por el contratista en sede administrativa y judicial, los cuales ya han sido analizados y descartados por esta Sala. En tal sentido, dicha prueba no era útil al proceso y no compaginaba con la naturaleza jurídico-procesal que se le asigna al testimonio. Frente a la posibilidad de decretar la prueba de oficio, la Sala aclara que el testimonio del señor Alirio Giovanny Cárdenas Rico fue efectivamente decretado y practicado en primera instancia, pero el juez, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, y atendiendo a razones que encuentran fundamento en el ordenamiento jurídico procesal, decidió no darle mérito probatorio. En ese sentido, la Sala no comparte los reparos realizados por el apelante frente a la no valoración de la prueba testimonial en la sentencia de primera instancia, lo cual lleva a que se deba confirmar tal determinación.
GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PRESUNCIÓN DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La estabilidad de la obra es una obligación accesoria y de resultado que, si se prueba que el daño se originó por la existencia de vicios de la construcción, de los materiales o del suelo, que el contratista debió conocer debido a su oficio, las fallas de la obra le son imputables, con independencia de cualquier consideración sobre su culpa o diligencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
De manera preliminar, la Sala precisa que la obligación de garantizar la estabilidad de la obra tiene su origen en el artículo 2060 del Código Civil, numerales 3 y 4, (...) En concordancia con la norma precitada, esta Sala ha considerado que la estabilidad de la obra es una obligación accesoria y de resultado “consistente en entregar una obra estable, capaz de brindar el servicio para el cual fue solicitada, de suerte que, evidenciada la ausencia de estabilidad, el (...) contratista está en el deber de subsanar las fallas que la obra presente después de su entrega y que afecten o impidan su uso”55. En ese sentido, si se prueba que el daño se originó por la existencia de vicios de la construcción, de los materiales o del suelo, que el contratista debió conocer debido a su oficio, las fallas de la obra le son imputables, con independencia de cualquier consideración sobre su culpa o diligencia. Recientemente, en providencia del 17 de febrero de 202356, la Sala recopiló la posición que ha adoptado la jurisprudencia de esta Sección en cuanto a la responsabilidad del contratista ejecutor frente a la estabilidad y calidad de la obra (…) Bajo estos términos, para desvirtuar la legalidad del acto administrativo que declara el siniestro de la obra por el incumplimiento de la obligación accesoria de estabilidad, el demandante debe probar que las fallas presentadas son consecuencia de una causa extraña o que existe alguna circunstancia que lo exima de esta responsabilidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó un régimen objetivo, en el que se condena a la parte vencida, con independencia de su conducta. Teniendo esto de presente, y para efectos de la condena en costas en segunda instancia, se tiene que, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Así, el artículo 365 del Código General del Proceso estipula que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibidem establece que las costas “[...] están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, defina el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de esa misma disposición. Bajo estos términos, se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que este no prosperó113. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y otras circunstancias especiales, si las hubiere. En ese sentido, se observa que se trata de un proceso de controversias contractuales, cuyas pretensiones sumadas ascendían a la suma de $602.828.486114. Asimismo, la entidad demandada designó al respectivo apoderado, quien intervino en todas las actuaciones de la segunda instancia. Teniendo en cuenta el Acuerdo No. 1887 de 2003115, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia en el 1% de las pretensiones, es decir, la suma de SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($6.028.284) a favor de la parte demandada. La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandante.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366