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Consejo de Estado
Providencia
La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva.
Sentencia — Sentencia
2023-06-02
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020140033201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración? No
La noción de silencio administrativo es una presunción legal que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad, y el silencio opera en sentido negativo como regla general, de modo que el silencio positivo solo se configura en los casos expresamente previstos en la ley o el reglamento. La regla se apoya en el artículo 83 del CPACA, que fija el sentido negativo del silencio como regla general, y en el artículo 84 del mismo código, que exige el transcurso de tres meses desde la presentación de la petición para que se configure. Por ello, la sola falta de respuesta no genera el silencio positivo si la petición no reúne las condiciones sustanciales que la norma exige. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia y concluyó que las peticiones no constituían silencio positivo. En la práctica, el particular que pretende un acto favorable por silencio debe verificar que su caso esté expresamente previsto en la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran?
¿El consorcio CG cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor?
¿El consorcio interventor demostró la desviación de poder alegada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
En esta última fecha se configuró el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 84 del CPACA
Sentencia — Sentencia
2026-10-05
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020190053101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que opere el silencio administrativo positivo respecto de la renuncia del contrato de concesión minera, se deben cumplir los siguientes requisitos: presentar por parte del concesionario de la manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su radicación.? Sí
Para que el silencio administrativo positivo opere en el contexto de la renuncia al contrato de concesión minera, es necesario que el concesionario presente una manifestación unilateral de renuncia y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta días hábiles. En este caso, la Sala ha confirmado que la configuración del silencio administrativo positivo se da cuando la Administración no responde a la solicitud de renuncia dentro del plazo establecido, lo que implica la aceptación tácita de la renuncia.síntesis automática
También resuelve:
¿Configura el silencio administrativo positivo el vencimiento del término legal otorgado a la Administración para resolver una petición…
¿Opera el silencio administrativo positivo frente a la renuncia al contrato de concesión minera cuando el concesionario presenta la solicitud de renuncia y la autoridad minera deja vencer el término…
¿Conservaba la Agencia Nacional de Minería competencia para proferir actos administrativos sobre la renuncia al contrato de concesión minera después de configurarse el silencio administrativo…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se evidencia algún efecto que se haya producido con ocasión a su expedición que sea susceptible de ser restituido
Sentencia — Sentencia
2021-12-15
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100020020018801
ACCION CONTRACTUAL
¿Los contratos de estabilidad tributaria se perfeccionaron por no haberlos celebrado dentro de los dos meses siguientes a la solicitud? No
El contratista no puede perfeccionar un contrato de estabilidad tributaria por el silencio administrativo de la DIAN, ya que este no implica un acuerdo tácito entre las partes, y la entidad no aceptó la propuesta inicial del contratista, por lo que no se configuró un contrato válido. Además, la DIAN presentó un proyecto de contrato que no fue aceptado por el contratista, por lo que no se estableció una obligación contractual. La Sala reitera que, en ausencia de un contrato, no procede la nulidad de actos administrativos relacionados con la publicación del contrato y la devolución de tributos pagados, y que el contratista debe demandar la indemnización de perjuicios por la configuración de responsabilidad precontractual, si es que existen. Este precedente reitera la importancia de la voluntad expresa de las partes para la perfección del contrato y la necesidad de reclamar indemnización por perjuicios en caso de configurarse la responsabilidad precontractual.síntesis automática
También resuelve:
¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
¿Aunque no se perfeccione el contrato, en la etapa preparatoria se originan deberes precontractuales cuya observancia es relevante?
¿La oferta, como acto voluntario y unilateral propio de la formación del contrato, constituye un acto que tiene efectos jurídicos?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020020444301
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, en virtud de la cuantía? Sí
En vigencia del Código Contencioso Administrativo, la segunda instancia procede por razón de la cuantía cuando la pretensión dineraria supera los quinientos salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda. Esta regla se apoya en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, que fija el factor objetivo para la doble instancia. Por ello la competencia del Consejo de Estado en apelación depende del monto reclamado en la demanda, y no del resultado de la sentencia de primera instancia. En el caso concreto la pretensión dineraria excedía ese umbral en la fecha de la demanda, por lo que la corporación conoció de la apelación. La sentencia fue modificada en el recurso, y la decisión de fondo quedó sujeta a la valoración de las pruebas del expediente. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía se fija al momento de presentar la demanda y determina la competencia de la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento?
¿La existencia del contrato de estabilidad tributaria está supeditada al cumplimiento de la solemnidad consistente en que el acuerdo conste por escrito?
¿El silencio administrativo positivo en el régimen de estabilidad tributaria tiene el alcance de hacer surgir una relación contractual entre el particular y la DIAN?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No es posible tener por acreditado el cabal cumplimiento de las obligaciones que adquirió el consorcio
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 44001234000020140000101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?
¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?
¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se debe desestimar el argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo
Sentencia — Sentencia
2024-04-08
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020130068001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe desestimar el argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo, dado que el actor cuestionó en este punto que la entidad no había probado la mala calidad de los materiales, asunto que no fue discutido ni motivó la declaratoria de siniestro? Sí
El 28 de mayo de 2013, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales3, en contra del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 05877 del 22 de octubre de 2012 y 06050 del 29 de octubre del mismo año, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra en el marco del contrato No. 1613 de 2005 y se hizo efectiva la garantía de cumplimiento. Asimismo, solicitó que se restableciera el derecho al buen nombre de los integrantes de la Unión Temporal y que se condenara al INVÍAS a pagar los perjuicios causados a favor del demandante.… La parte actora manifestó en la demanda y en el recurso de apelación que la entidad no probó la mala calidad de los materiales utilizados por la Unión Temporal en la ejecución del contrato.
También resuelve:
¿Existe un deber de pericia y probidad que le corresponde al contratista como experto en el desarrollo de la obra ante las instrucciones brindadas por la entidad o la interventoría?
¿Las pruebas aportadas por el demandante no logran acreditar, desde un punto de vista técnico, que la falta de mantenimiento de la vía causara los daños presentados en la obra?
¿Las fallas en la obra no se dieron por causas no imputables al contratista, como la ola invernal y la ocurrencia de sismos en la zona, sino a la presencia de vicios en el suelo que el
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: está en firme y cobijado bajo la misma presunción de legalidad el acto administrativo presunto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-08-21
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233300020160055301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿También está en firme y cobijado bajo la misma presunción de legalidad el acto administrativo presunto que surgió con la protocolización del silencio positivo? Sí
No resulta plausible afirmar que el silencio administrativo positivo… , no goza de existencia y/o eficacia por haberse configurado sobre la base del incumplimiento previo de los requisitos para renunciar al contrato de concesión… en los términos previstos en el artículo 108 del código de minas. Es cierto que los actos administrativos mediante los cuales se niega al consorcio la suspensión del contrato de concesión (por no estar al día con el pago del canon superficiario) se encuentran en firme y gozan de presunción de legalidad -a pesar de estar actualmente demandados ante la jurisdicción-; pero… también está en firme y cobijado bajo la misma presunción de legalidad el acto administrativo presunto que surgió con la protocolización del silencio positivo.
También resuelve:
¿Con la decisión mayoritaria se está soslayando que el silencio administrativo positivo es un castigo para la administración por no responder las peticiones conocidas bajo su competencia?