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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020140033201-56854-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-06-02"
radicado: "25000233600020140033201"
numero: "56854"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: la noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-06-02
- **Radicado:** 25000233600020140033201
- **Número interno:** 56854
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSORCIO CG
- **Demandado:** INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020140033201-56854-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020140033201/67D65E804D3C1C061AD7B37B81E73444C9B44B5D018C41A02018CD6F58D96039/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400332011100103

## Regla de decisión

La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva.

## Problema jurídico

¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran?
- ¿El consorcio CG cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor?
- ¿El consorcio interventor demostró la desviación de poder alegada?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 2, 84 y 85
- Ley 80 de 1993

## Extracto

La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva. Al respecto, el artículo 83 del CPACA dispone como regla general que el silencio de la Administración opera en sentido negativo, pero el interesado puede invocarlo o no, según si persigue la decisión expresa a través de otros medios -como insistir en la petición - o puede atenerse a su configuración y, en esa medida, impugnar el acto ficto y demandarlo en cualquier tiempo.

## Síntesis temática

La noción de silencio administrativo es una presunción legal que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad, y el silencio opera en sentido negativo como regla general, de modo que el silencio positivo solo se configura en los casos expresamente previstos en la ley o el reglamento. La regla se apoya en el artículo 83 del CPACA, que fija el sentido negativo del silencio como regla general, y en el artículo 84 del mismo código, que exige el transcurso de tres meses desde la presentación de la petición para que se configure. Por ello, la sola falta de respuesta no genera el silencio positivo si la petición no reúne las condiciones sustanciales que la norma exige. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia y concluyó que las peticiones no constituían silencio positivo. En la práctica, el particular que pretende un acto favorable por silencio debe verificar que su caso esté expresamente previsto en la ley.

## Descriptores temáticos

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, SILENCIO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO, ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, CARACTERÍSTICAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, CLASES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, FINALIDAD DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, IMPROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CAUSALES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, INEXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, DEBIDO PROCESO, AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONTRATO DE OBRA, INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONSORCIO, INTERVENTOR, FACULTADES DEL INTERVENTOR, INTERVENTORÍA, OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA, IMPROCEDENCIA EN LA AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, FALSA MOTIVACIÓN, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN, PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ORDENAMIENTO JURÍDICO, CONTRATO DE INTERVENTORÍA, OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO, FUNCIÓN DEL INTERVENTOR, EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA, INCUMPLIMIENTO DEL PAGO, CONDICIONES DE PAGO, NEGOCIO JURÍDICO, EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO, CONTRATISTA, PAGO AL CONTRATISTA, FALTAS DEL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, CONDICIONES DEL CONTRATO, CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL, DESVIACIÓN DE PODER, CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER, FINALIDAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER, DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER, IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER, INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER, APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, CONFIRMACIÓN DEL FALLO, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, LEY DE COSTAS, PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, REDUCCIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / SILENCIO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / APLICACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / CARACTERÍSTICAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / CARACTERÍSTICAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / CLASES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO / CONSTITUCIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / OBJETO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CAUSALES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INEXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
Problema jurídico:
¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración?
Respuesta al problema jurídico: No
La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva. Al respecto, el artículo 83 del CPACA dispone como regla general que el silencio de la Administración opera en sentido negativo, pero el interesado puede invocarlo o no, según si persigue la decisión expresa a través de otros medios -como insistir en la petición - o puede atenerse a su configuración y, en esa medida, impugnar el acto ficto y demandarlo en cualquier tiempo. A su turno, el silencio administrativo positivo, equivalente a la respuesta favorable a la solicitud, se erige como excepción, por cuanto solo procede en los casos expresamente previstos en las disposiciones legales o reglamentarias. A voces del artículo 84 del CPACA, para que éste se configure basta con que transcurra el término de 3 meses contados a partir de la presentación de la solicitud -en la generalidad de los casos, aunque existen asuntos con plazo superior- sin que a su vencimiento se hubiere notificado la decisión que resuelve la petición. El artículo 85 ídem consagra el procedimiento para su invocación, para lo cual fija que el mecanismo corresponde a la protocolización de la constancia o copia de la petición radicada ante la autoridad, documento que, vale precisar, tiene un carácter instrumental y probatorio, es decir, no constituye una solemnidad ad substantiam actus, dado que el acto ficto existe por el mero vencimiento del plazo; por ende, este procedimiento “se ha entendido como un mero trámite encaminado a darle forma a la resolución tácita para que quien pretenda hacer valer sus consecuencias pueda acreditarlo”. (…) Ahora, en el ámbito de la contratación estatal, dentro de los postulados que rigen el principio de economía, se estableció en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 que “[e]n las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo”. Si bien en el EGCAP hizo referencia al silencio positivo en los anteriores términos, lo cierto es que no reguló el procedimiento para su invocación, razón por la cual resulta aplicable lo previsto en el artículo 85 del CPACA a efectos de la instrumentalización de la decisión ficta, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011 que determina que en lo no previsto en las leyes especiales, se aplicarán las disposiciones de este estatuto. (…) Examinada la norma de la Ley 80 de 1993 atrás citada, la naturaleza de la presunción concebida bajo el silencio administrativo positivo y el desarrollo jurisprudencial edificado en relación con la enunciada norma del EGCAP, se encuentra que los requisitos para su configuración en materia contractual son los siguientes: (…) Que el contratista presente una solicitud ajustada a derecho (…) Se instaure durante la ejecución del contrato (…) Que la entidad estatal no se pronuncie sobre la petición dentro del término de 3 meses, contados a partir de la fecha de su presentación. (…) Que la petición elevada, de la cual se pretende derivar un acto ficto positivo, no sólo sea presentada por el contratista, sino que éste debe tener un interés concreto, directo y subjetivo en tal solicitud –por ser quien puede verse beneficiado en su situación y derechos particulares con el silencio de la Administración–. (…) (v) Que las solicitudes presentadas contengan una situación antecedente, cuya solución solo esté llamada a acreditar la preexistencia de un derecho, puesto que la aplicación de la figura del silencio administrativo no es un medio para la creación de un situación a favor del solicitante sino un mecanismo para tornar en explícito un derecho previo a ésta, comoquiera que las reclamaciones “deben contener implícitamente, el derecho constitutivo del contratista; este derecho es anterior a la petición y requiere solamente la formalidad o declaración del contratante público. (…) Que la petición formulada cuente con el soporte probatorio suficiente y no pretenda omitir etapas contractuales que tienen un procedimiento particular en el EGCAP, (…) Para la Sala es claro que, a pesar de su protocolización en escritura pública, tales peticiones no cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración, puesto que, como se anotó, no toda solicitud conduce a configurar una decisión ficta en tal sentido. (…) En este orden de ideas, las referidas peticiones no daban lugar a la configuración de la presunción de que trata el silencio administrativo, pues no correspondían a un derecho del contratista que requiriera solamente de la formalidad o declaración del contratante, puesto que, como se vio, unas tenían un carácter meramente informativo y otras versaban sobre asuntos cuya resolución tenía un procedimiento especial en el marco contractual -adición del negocio jurídico y su liquidación- o bien beneficiaban únicamente al contratista de obra. De este modo al advertirse la carencia de un derecho previo en cabeza del consorcio interventor, relacionado con las peticiones instauradas, el mismo no puede surgir de la omisión de la Administración, porque el silencio de la Administración no crea derechos, solo los torna manifiestos. (…) Asimismo, se resalta que aunque la protocolización de las solicitudes constituye solamente un instrumento para dar forma a la decisión tácita, en todo caso, es necesario que quien se postula como beneficiario de ésta lo haga valer ante la Administración de forma oportuna para que surta efectos, pues de otro modo, ante su falta de exteriorización de cara a su destinatario, resultaría inoponible. Todo lo anterior, desemboca en que la Sala no acompaña los motivos de disenso del apelante, fundados en la supuesta configuración de tal ficción, de lo que se infiere que las presuntas decisiones no están llamadas a ser tenidas como tales.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 53.479”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, radicación 250002326000201000660 01 (53.318).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 85, LEY 80 DE 1993
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONTRATO DE OBRA / INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA / CONSORCIO / INTERVENTOR / FACULTADES DEL INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA EN LA AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran?
Respuesta al problema jurídico: Si
Reconocido como derecho fundamental, el debido proceso se erige como una de las garantías en que se cimienta la autonomía y libertad de los individuos, que obra como límite al ejercicio del poder público, en particular, el derivado del ius puniendi a cargo del Estado y por cuya virtud las autoridades deben ejercer sus facultades y prerrogativas en el marco de un procedimiento que está previamente definido. Hacen parte de su núcleo esencial, entre otros postulados constitucionales, el principio del juez natural, el derecho de audiencia, defensa y contradicción, la publicidad de la actuación, y a que una vez sean proferidas las decisiones éstas se den a conocer y se conceda la oportunidad de impugnarlas, como regla de principio. (…) Como garantía plena, el debido proceso cobija tanto las actuaciones judiciales como administrativas, sin que ello signifique que tengan el mismo alcance pues, en atención a las diferencias que existen entre uno y otro escenario, tratándose del ámbito administrativo este derecho debe desarrollarse en línea con los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Pública, entre ellos, la eficacia, celeridad, economía e imparcialidad. (…) A lo anterior se agrega que en los procedimientos administrativos sancionatorios, en este caso de naturaleza contractual, tal derecho tiene papel preponderante de cara a las afectaciones que sus resultados pueden generar en los derechos de los contratistas, a la vez que armoniza y responde a la realización del interés público que persigue el contrato estatal orientado a la continua y eficiente prestación de los servicios y bienes a su cargo. De manera que las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, sin importar su gravedad, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración; de allí que la función legal y constitucional del procedimiento se erija como garantía en la construcción de la decisión del Estado frente al individuo, a partir de la realización de los derechos fundamentales en que se enmarca el debido proceso. (…) En lo que atañe a la consagración positiva del debido proceso en materia contractual, expresión de la universalidad de garantías que recoge el artículo 29 de la Constitución Política, habrá de decirse puntualmente que la Ley 80 de 1993, en sus artículos 23 y 77, remitía para estos fines a las normas generales de la función administrativa en cuanto fuesen compatibles con la ley de contratación pública. Este camino envolvía el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción. Estas reglas vienen de años atrás, cuando el ordenamiento jurídico entendió que la realización del interés público y la protección de los derechos de los particulares no solo se hace efectiva al facilitar la controversia sobre la decisión administrativa (recurso), sino que es indispensable que en la formación de tal voluntad intervenga el sujeto que potencialmente pueda resultar afectado, pues ello legitima, entre otros, la presunción de legalidad del acto. (…) En todo caso, en torno a esta garantía, esta Colegiatura ha sido reiterativa en señalar que “se entiende garantizado cuando se adelanta un procedimiento que, como mínimo, agote un requerimiento previo para que el contratista y los demás interesados —incluyendo a la aseguradora— conozcan los fundamentos que darán lugar a la determinación administrativa que se pretenda adoptar y, de cara a ello, puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción, para lo cual deben tener la posibilidad de pedir pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra. (…) Examinado el contenido de los citados actos, encuentra la Sala que en la Resolución 4152 de 2011 la entidad se abstuvo de desarrollar un análisis de las pruebas aportadas por el consorcio interventor, centrándose en la inspección administrativa y en el concepto técnico de la Universidad Nacional de Colombia, falencia que superó con la Resolución 170 de 2012 en la que sí se refirió a la documentación allegada por el consorcio CG, en atención al reparo formulado por el interventor sobre la falta de valoración de todas las piezas documentales, y explicó las razones por las cuales consideró que no se trasgredió el derecho de contradicción del interventor. (…) Lo consig

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

y (iii) se incumple el contrato de cara a las condiciones fijadas para el pago. (…) Habrá de decirse, además, que el EGCAP reconoce en la figura del anticipo, el mecanismo que confiere al contratista una base de recursos para el inicio de la ejecución del objeto contractual (art. 40 de la Ley 80 de 1993), de modo que, en su sentido teleológico, corresponde a un porcentaje del valor del contrato del que se sirve el contratista para apalancar la puesta en marcha del proyecto, obra o servicio contratado; y que, en el contexto económico integral del contrato, en los casos que se contempla, es una variable que activa las dinámicas de ejecución, para que de forma racional y cíclica, al ser bien utilizado, su efecto revierta en el cumplimiento de los hitos del negocio jurídico y, a su turno, en un circuito de pagos y ejecución sostenible. (…) Por manera, que no es admisible la justificación de la interventoría de haber accedido a efectuar pagos con el fin de procurar flujo de caja al contratista, por las razones atrás anotadas, además teniendo en cuenta que el contrato de obra estableció un anticipo del 30% que fue el límite acordado en el contrato, en orden a conferir al constructor un flujo de recursos, al menos con dineros públicos, hasta tal porcentaje.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 19 de marzo de 2020, radicación 52001-23-33-000-2015-00155-01(3093-16).
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESVIACIÓN DE PODER / CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER / FINALIDAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO
Problema jurídico:
¿El consorcio interventor demostró la desviación de poder alegada?
Respuesta al problema jurídico: No
Con el ánimo de desatar este cargo, se precisa que este vicio se relaciona con la falta o tergiversación de uno de los elementos de validez de todo acto administrativo, a saber, que sea expedido en ejercicio de un fin legítimo, dado que “… el acto no puede perseguir otra finalidad directa o encubierta que el interés público que prescriba la norma en ejercicio de una actividad reglada o del que surja de la confrontación con la función administrativa que el órgano cumple, si la pertinente actividad fuere discrecional”. (…) Así las cosas, este yerro se configura “cuando el acto proferido por la autoridad competente y con las formalidades requeridas en realidad persigue fines ajenos a los que la ley ha consagrado, bien que esté enderezado a un fin dañino o espurio ora a uno ventajoso para el Estado o la sociedad, pero no coincidente con el establecido en la norma; es decir, puede expresarse cuando se utiliza la facultad con un interés personal del funcionario o para beneficiar a un tercero, o para un fin que se revela como lícito pero al que se llega con inobservancia de las normas legales y, por lo mismo, contrariando los fines de éstas. (…) Igualmente, en consonancia con el previsto en los artículos 3 de la Ley 80 de 1993, (…) y 23 de la misma ley, que (…) si se acredita entonces que, pese a que el acto fue expedido por la autoridad competente y con las formalidades exigidas, éste contiene un fin que dista del establecido en el ordenamiento jurídico, lejano del interés general y de los principios que rigen la función administrativa, puesto que está orientado a beneficiar directamente a quien lo profiere o a terceros, procede su declaratoria de nulidad ante la constatación de la invalidez de uno de sus elementos. (…) En el sub examine, la Sala encuentra que el consorcio interventor no demostró la desviación de poder alegada, pues no obra prueba que demuestre de forma fehaciente que la decisión de declarar el incumplimiento del contrato de obra 159 de 2007 tuvo origen en un fin distinto a la protección del interés general, dado que dicha declaratoria estuvo debidamente motivada y se basó en razones que demostraban la inobservancia de las funciones que le correspondían al consorcio CG; tampoco hay prueba de que la adopción de medidas como la toma de posesión por el IDU y la continuidad de la obra a través de otro contratista, estuvieran orientadas a defraudar al constructor originario o al consorcio CG y a privilegiar irregularmente a un nuevo colaborador de la Administración, pues, como se anotó líneas atrás, el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 autoriza a la entidad pública a abstenerse de declarar la caducidad y, en su lugar, a adoptar medidas que garanticen la continuidad de la obra o servicio contratados, sin que bajo el sub lite obre prueba de lo contrario. (…) Corolario de todo lo anterior, concluye la Sala que el interventor no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de mayo de 2012, radicación 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489), Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / LEY DE COSTAS / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / REDUCCIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Se configuró la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que se condenará en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación …”. (…) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. (…) En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, (…) a favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, cifra que no supera el 5% sobre las pretensiones que fueron formuladas en este proceso, límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-06-02. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 25000233600020140033201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020140033201-56854-sentencia).
