Titulación de la relatoría 44.422 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PUBLICIDAD DE LA MARCA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por haber sido expedido con falsa motivación?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, el acto administrativo estaba viciado por falsa motivación, pues la entidad no precisó el valor adeudado –al referirse al incumplimiento de la obligación de pago– (…) [y] la resolución que declaró la caducidad del contrato era nula por falsa motivación, pues el contratista sí cumplió con sus obligaciones de enviar el plan de negocios para el año 2001. (…) [Q]uedó probado el incumplimiento grave del contratista pues, por una parte, desatendió reiteradamente sus obligaciones de pago del producto, a tal punto que la demandada tuvo que iniciar un proceso ejecutivo y, por otra, no cumplió sus obligaciones de publicidad y posicionamiento de la marca, incluida la entrega de informes. El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones principales del contrato n°. 196 de 1999 paralizó la comercialización de los productos de la Empresa de Licores de Cundinamarca en el departamento del Cesar, situación que autorizaba la declaratoria de caducidad del contrato, en los términos del artículo 18 de la Ley 80 de 1993.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, la Resolución n°. 0433 de 2001 vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, pues el demandante no pudo controvertir los incumplimientos alegados en el acto administrativo. (…) El 1 de noviembre de 2001, la Empresa de Licores de Cundinamarca declaró la caducidad del contrato –Resolución n°. 0433– (…). Como la caducidad del contrato se declaró el 1 de noviembre de 2001, el régimen jurídico aplicable era el previsto en el estatuto de contratación (…). La decisión de la entidad de declarar la caducidad del contrato no fue intempestiva o sorpresiva para el demandante, pues quedó acreditado que el contratista conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato n°. 196 de 1999 antes de que se expidiera este acto administrativo y que, a pesar de esas circunstancias, no presentó durante la ejecución del contrato pruebas para controvertir los incumplimientos (…). Como el demandante no acreditó que la Resolución n°. 196 de 1999 vulneró el debido proceso o fue expedida con falsa motivación, la Sala confirmará la sentencia en este aspecto.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993
NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DE MALA FE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el derecho de defensa y la buena fe?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, la Empresa de Licores de Cundinamarca incumplió el contrato n°. 196 de 1999, porque declaró la caducidad sin requerir previamente al contratista –cláusula vigésima– y no ejecutó el contrato de buena fe. (…) Aunque la última comunicación que la Empresa de Licores de Cundinamarca envió al contratista solicitando que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones y la posibilidad de declarar la caducidad –de no hacerlo–, no fue enviada a la dirección correcta del contratista, lo cierto es que la empresa advirtió los incumplimientos del contratista, lo requirió para que cumpliera el contrato y, ante la renuencia del demandante, declaró la caducidad del contrato. La decisión de declarar la caducidad no incumplió la cláusula vigésima del contrato, que exigía un “requerimiento previo”, pues la Empresa de Licores de Cundinamarca anunció en reiteradas ocasiones los graves incumplimientos y esperó un tiempo más que prudencial para declarar la caducidad. Tampoco se acreditó que las actuaciones de la demandada durante la ejecución del contrato fueran contrarias a la buena fe. La Empresa de Licores de Cundinamarca permitió al contratista pagar en cuotas las obligaciones vencidas del contrato y sólo decidió declarar la caducidad meses después del incumplimiento del contratista. De modo que, la parte demandante no acreditó el incumplimiento de la cláusula vigésima del contrato, ni que el contrato se ejecutó de mala fe.
DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Conforme a lo solicitado en la demanda de reconvención, es procedente declarar la legalidad de las resoluciones 0433 de 2001 y 196 de 1999, que declararon la caducidad del contrato; declarar que la entidad estatal cumplió con las demás obligaciones contractuales; y liquidar judicialmente el contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
La demanda de reconvención solicitó que se declarara que la Resolución n°. 0433 de 2001, que declaró la caducidad del contrato n°. 196 de 1999, y la Resolución n° 0191 de 2002, que confirmó esa decisión, eran legales. El acto administrativo, como declaración unilateral de la administración, produce efectos jurídicos por sí mismo sobre el asunto que trata y, por ello, es vinculante y está revestido de presunción de legalidad (artículo 66 CCA hoy retomado por el art 88 CPACA, en consonancia con el inciso segundo del artículo 4 CN). Como los actos administrativos se presumen legales, la Sala no puede declarar la “legalidad” de las Resoluciones n°. 0433 de 2001 y n°. 191 de 2002. Si se requiriera de una decisión judicial para “corroborar” cada decisión que adopta la Administración, no solo colapsaría la buena gestión de lo público, sino que erigiría a los jueces en coadministradores con grave riesgo para la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho (arts. 6 y 113 CN). Por ello, se negará esa pretensión. La demanda de reconvención también pidió que se declarara que la Empresa de Licores de Cundinamarca cumplió con las demás obligaciones del contrato n°. 196 de 1999. (…) Como la parte demandante no acreditó el cumplimiento de las demás obligaciones del contrato, la Sala negará esta pretensión. (…) La demanda de reconvención solicitó que se liquidara judicialmente el contrato. El Tribunal negó esa pretensión, porque el demandante pidió que se liquidaran unos valores que ya habían sido reconocidos en el acuerdo de pago. (…) Como no hay pruebas que permitan a la Sala determinar con precisión las acreencias pendientes en favor y en contra de cada uno de los contratantes con ocasión a la ejecución de sus obligaciones, la Sala negará esa pretensión.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación de los contratos estatales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001, rad. 12660, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 15239, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de junio de 2010, rad. 18971, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de agosto de 1984, rad. 3215, C. P. José Alejandro Bonivento Fernández; sentencia de 16 de octubre de 1980, rad. 1960, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 4 de junio de 2008, rad. 16293, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 113, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 4, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 66
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / DEROGACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer de la acción de controversias contractuales en eventos en los que se ha incluido en el contrato cláusula compromisoria y las partes renunciaron de manera tácita a ella, al entablar la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la otra parte no excepcionó la falta de jurisdicción?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. Las partes pactaron cláusula compromisoria en la cláusula vigésima octava del contrato n°. 196 de 1999. Sin embargo, [RGV] presentó la demanda y la Empresa de Licores de Cundinamarca compareció al proceso y no propuso la excepción de falta de jurisdicción, ni alegó nulidad alguna. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en un primer momento, aceptó la posibilidad de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la aplicación de la cláusula compromisoria, cuando una de ellas instauraba demanda ante la jurisdicción administrativa y la otra no excepcionaba falta de jurisdicción. Posteriormente, la Sala Plena de esta Sección unificó la jurisprudencia y señaló que la derogatoria de la cláusula compromisoria exige un pacto revestido de las mismas formalidades empleadas para su nacimiento, con lo cual concluyó que se requería escrito. Esta decisión no moduló sus efectos. La demanda se presentó el 12 de agosto de 2002, fecha para la cual la jurisprudencia consolidada se inclinaba por la posibilidad de la “renuncia tácita” a la cláusula compromisoria. Criterio que solo vino a ser cambiado en decisión de 18 de abril de 2013, para exigir la renuncia expresa mediante escrito. (…) [L]a aplicación del criterio de la renuncia tácita es consonante con las disposiciones introducidas en la Ley 1563 de 2012 sobre arbitraje y el Código General del Proceso. Por ello, esta Subsección ha aplicado la “renuncia tácita a la cláusula compromisoria”, cuando las partes acuden a la jurisdicción contenciosa, con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, en las demandas presentadas antes del cambio de criterio jurisprudencial. Como al momento de la presentación de la demanda la jurisprudencia del Consejo de Estado aceptaba la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la cláusula compromisoria, se conocerá de la demanda. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la cláusula compromisoria suscrita en el contrato y la renuncia tácita, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, providencia de unificación de 18 de abril de 2013, rad, 17859, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 28 de junio de 2019, rad, 44009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 1563 DE 2012, LEY 1564 DE 2012
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación contractual (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1546, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51
INOPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN PERSONAL / MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL / OBLIGATORIEDAD DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL / REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL / NOTIFICACIÓN POR CORREO CERTIFICADO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El acto administrativo mediante el cual la empresa demandada resolvió el recurso de reposición que confirmó la declaración de caducidad del contrato, fue notificado en debida forma al ahora demandante y por ello es procedente la ineptitud sustantiva de la demanda al no haberse solicitado la nulidad de dicho acto?
Respuesta al problema jurídico: No
Un acto administrativo es inoponible, es decir, no se puede hacer cumplir, cuando no ha sido puesto en conocimiento del interesado en la forma en que indica la ley, pues nadie puede ser obligado a dar cumplimiento a una disposición que desconoce. El artículo 44 CCA prevé que los actos administrativos que finalicen una actuación administrativa se notificarán personalmente y que para hacer la notificación la entidad debe enviar la citación por correo certificado. Está acreditado que (…), la Empresa de Licores de Cundinamarca declaró la caducidad del contrato n°. 196 de 1999, mediante Resolución (…). [El demandante] presentó recurso de reposición contra esa resolución (…) y el 18 de abril de 2002, mediante Resolución n°. 0191, la Empresa de Licores de Cundinamarca resolvió el recurso de reposición, confirmó la decisión y envió a (…) citación para notificación personal, a través de correo ordinario –no certificado– (…). Como la citación para notificación personal debe enviarse por correo certificado –para poder verificar su entrega– y la Empresa de Licores de Cundinamarca lo envió por correo ordinario, la Resolución n°. 0191 no fue notificada en debida forma y, por ello, no era oponible a (…). Esta circunstancia descarta la ineptitud sustantiva de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el acto administrativo inoponible, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de septiembre de 2007, rad. 29285, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 44
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La demanda principal y la de reconvención fueron interpuestas dentro del término establecido por la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aunque la demanda y la reconvención se sustancian conjuntamente y se deciden en la misma sentencia (art. 145 CCA), como ambas son independientes, el término para formularlas es autónomo para cada una de ellas. Según el artículo 136.10.d CCA, en los contratos que requieran liquidación y esta no fuere efectuada, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. El contrato previó que la liquidación se haría de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de la celebración del contrato, previó que los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución se prolongara en el tiempo y los demás que lo requirieran, serían objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, durante el término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordenara la terminación. A su vez, los artículos 61 de la Ley 80 de 1993 y 136.10 CCA –vigentes al momento en que empezó a correr el término de caducidad–, dispusieron que si el contratista no se presentaba a la liquidación o las partes no llegaban a un acuerdo sobre el contenido de esta, sería practicada directa y unilateralmente por la entidad mediante acto administrativo, dentro del término de dos meses. Como el 18 de abril de 2002 terminó el contrato (…), a partir del día siguiente inició el conteo de cuatro meses para la liquidación bilateral del contrato, que finalizó el 19 de agosto de 2002. Al día siguiente inició el plazo de dos meses para la liquidación unilateral, que venció el 20 de octubre de 2002. Como la demanda principal fue interpuesta el 12 de agosto de 2002 y la de reconvención el 28 de abril de 2003, esto es, dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar, se presentaron en tiempo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la forma de contabilizar el término de caducidad para la demanda principal y la reconvención, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de mayo 2014, rad. 29366, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 145, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / FOTOGRAFÍA / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / SISTEMA DE SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿El mérito probatorio de los documentos aportados lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. Las fotografías aportadas al proceso (…) no serán valoradas, porque según criterio uniforme de esta Sala, conforme al artículo 252 CPC, hoy 244 CGP, no se tiene certeza de la persona que las realizó y tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. En relación con el valor probatorio de la fotografía, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, rad. 28832, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 243, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA / PERSONERÍA JURÍDICA / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿La Empresa de Licores de Cundinamarca, es una empresa industrial y comercial del orden departamental, con personalidad jurídica, autonomía y capital propio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las empresas industriales y comerciales del Estado (EICE) son entidades creadas por la ley o por autorización de ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial o de gestión económica. Conforme a la regulación contenida en los artículos 5 del Decreto 1050 de 1968 y 1 del Decreto Ley 222 de 1983, el régimen jurídico de los contratos de esas empresas era el derecho privado, salvo para los contratos de empréstito y de obras públicas. La Ley 80 de 1993 dispuso que debían someterse a ese estatuto al enlistarlas en su artículo 2. Así, salvo algunas excepciones (art. 24 y parágrafo 1 del art. 32 Ley 80 de 1993), el régimen de contratación de las EICE era el contenido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Ley 489 de 1998 reiteró la aplicación de este régimen contractual para las EICE (art. 93). (…) La Empresa de Licores de Cundinamarca, creada mediante Ordenanza n°. 40 de 1958, es una empresa industrial y comercial del orden departamental, con personalidad jurídica, autonomía y capital propio (…). Como el contrato se firmó –16 de diciembre de 1999– en vigencia de la Ley 80 de 1993, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el régimen jurídico es el derecho privado y la regulación excepcional del Estatuto de Contratación Pública, salvo lo previsto en el artículo 24 y el parágrafo 1 del art. 32 Ley 80 de 1993.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1050 DE 1968 - ARTÍCULO 5, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1
CONTRATO ESTATAL / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / FINALIDAD DEL ESTADO / CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / CONTRATO ATÍPICO / CONTRATO DE SUMINISTRO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PRINCIPIOS DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La obligación principal del contrato de distribución es la compra periódica o continuada de productos de la Empresa de Licores de Cundinamarca para su colocación en el mercado, al ser atípico, se rige por lo pactado por las partes en virtud de la autonomía de la voluntad y, en lo no previsto, por los principios generales de las obligaciones y de los contratos y por las reglas del contrato típico que más se le parece, esto es, el de suministro?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. En consonancia, el artículo prescribe que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. El “contrato de distribución” no está regulado en las normas comerciales o civiles. No existe una definición clara de este negocio jurídico. Por una parte, una aproximación “general” indicaría que se refiere a aquellos contratos en los que su objeto se limita a colocar productos de otro en el mercado. Por otra, una concepción más “específica” implicaría que el objeto de estos contratos es la adquisición de bienes de otro para colocarlos en el mercado por su cuenta y riesgo. Desde el punto de vista de su función económica, aspecto esencial de los negocios mercantiles, este contrato se caracteriza por ser un acuerdo de colaboración y de duración. (…) Recientemente, la Corte Suprema de Justicia consideró que el contrato de “distribución” era un contrato atípico, porque no tenía una regulación específica en la ley mercantil a pesar de su uso frecuente en las actividades del comercio. Concluyó que, por este motivo, se regía por lo pactado por las partes en virtud de la autonomía de la voluntad y, en lo no previsto, por los principios generales de las obligaciones y de los contratos y por las reglas del contrato típico que más se le pareciera, esto es, el de suministro. (…) La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece exteriorizada en la cláusula primera del contrato, interpretada armónicamente con las cláusulas segunda, octava y decimoctava (art. 1622 CC), permite concluir que el contrato era esencialmente de distribución. El acuerdo de voluntades se centró en la distribución de los productos de la empresa, por ello, se regularon las actividades de promoción de la marca y cantidades de producto para adquirir. El contrato reguló la actividad de colaboración y duración en la colocación de los productos de la empresa, aspectos determinantes en ese tipo de negocios jurídicos. La obligación principal del contrato de distribución n° 196 de 1999 es la compra periódica o continuada de productos de la Empresa de Licores de Cundinamarca para su colocación en el mercado. El contrato –al ser atípico– se rige por lo pactado por las partes en virtud de la autonomía de la voluntad y, en lo no previsto, por los principios generales de las obligaciones y de los contratos y por las reglas del contrato típico que más se le parece, esto es, el de suministro (art. 968 C. Co).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el contrato de distribución y sus características, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 13 de mayo de 2014, rad. 2007-00299-01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 968, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1622, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
CONTRATO ESTATAL / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / NORMATIVA DEL DERECHO CIVIL / NORMAS DEL DERECHO COMERCIAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / AUTOTUTELA / MONOPOLIO / CLASES DE MONOPOLIO ESTATAL / MONOPOLIO ESTATAL DE LICORES / MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES / CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN
Problema jurídico:
¿El contrato de distribución está relacionado con el ejercicio de un monopolio estatal, el de producción y venta de licores, por tanto, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3° de la Ley 153 de 1887). El artículo 14.2 de la citada Ley, al establecer los medios que pueden utilizar las entidades para verificar el cumplimiento del objeto contractual (…), previó que las entidades podrían pactar las cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad. Estas facultades excepcionales (…) revelan la íntima relación entre el contrato y los fines del Estado, que impone facultades de control y vigilancia (art. 3 Ley 80). Su particularidad no radica ahora en la “unilateralidad”, sino que, al ser expresión de autotutela, se adoptan mediante actos administrativos. Según el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, existen tres grupos de contratos que se rigen de forma diferente respecto a estas cláusulas excepcionales. En el primer grupo –[inclusión obligatoria]– se encuentran los contratos que tienen por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado y los contratos de obra, frente a los cuales las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente (naturales, art. 1501 CC). Un segundo grupo –[inclusión facultativa]–, donde se encuentran los contratos de suministro y prestación de servicios, respecto de los cuales se encuentra autorizado, pero no se impone, el pacto de dichas cláusulas (accidentales, art. 1501 CC). (…) El artículo 61 de la Ley 14 de 1983 –vigente al momento de la celebración del contrato– estableció que la producción y venta de “licores destilados” constituían monopolios de arbitrio rentístico de los departamentos. Con fundamento en lo establecido en la Ley 14 de 1983, el artículo 121 del Decreto Extraordinario 1222 de 1986, Código de Régimen Departamental, también vigente para la fecha del contrato, dispuso que la producción, introducción y venta de licores destilados constituían monopolios de los departamentos como arbitrio rentístico. Como el contrato de distribución –en este caso– está relacionado con el ejercicio de un monopolio estatal, el de producción y venta de licores, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2020, rad. 31628, C. P. Guillermo Sánchez Luque. Con relación a los contratos que no es posible pactar cláusulas excepcionales, ver: Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, rad. 30832, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1222 DE 1986, LEY 14 DE 1983 - ARTÍCULO 121, LEY 14 DE 1983 - ARTÍCULO 61, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1501, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3
CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿En los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, para determinar las normas aplicables, se deberá diferenciar si la terminación unilateral del vínculo contractual se ejerció con fundamento en la potestad excepcional que dispone ese estatuto o en una facultad del tipo contractual o pactada?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 18 de la Ley 80 de 1993 establece que la caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentra. Según ese artículo, la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento y cuando se declare no habrá lugar a indemnización para el contratista, quién se hará acreedor de las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. (…) Las entidades podrán declarar la caducidad, entre otros: (i) cuando el contratista acceda a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún acto o hecho, o cuando omitan informar de tales hechos al contratante y a las demás autoridades competentes (art. 5.5 Ley 80 de 1993 y art. 90 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 31 de la Ley 782 de 2002); (ii) cuando el contratista se niegue sin justa causa a dar por terminado un subcontrato por relaciones del subcontratista con grupos al margen de la ley o cuando no atienda la solicitud que en tal sentido le formule la entidad pública contratante, el procurador o el fiscal (art. 93 Ley 418 de 1997); (iii) cuando en un proceso de responsabilidad fiscal un contratista fuera declarado responsable (art. 61 de la Ley 610 de 2000) y (iv) las establecidas para ciertos tipos de contrato, como la concesión minera (art. 112 de la Ley 685 de 2001). La caducidad tiene un carácter sancionatorio para el contratista incumplido, pues no solo implica la terminación del contrato sin ningún reconocimiento indemnizatorio, y el cobro de la cláusula penal pecuniaria cuando ella se hubiere pactado, sino que comporta para el contratista una inhabilidad para celebrar contratos por cinco años contados a partir del acto que la declaró (art. 8 de la Ley 80 de 1993). (…) La Sala reitera que las partes pueden dotarse recíprocamente, o a una de ellas, en ejercicio de la autonomía privada, de la facultad de resolver el contrato. Este pacto expreso de terminación unilateral constituye ley contractual y no puede ser anulado sino por contrariar el orden público y las buenas costumbres (arts. 15, 16, 1502 y 1519 CC) o cuando implique abuso del derecho (art. 830 C. Co.). (…) [L]as normas del contrato de suministro, regulación aplicable al contrato de distribución n°. 196 de 1999 [núm. 13], prevén la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. Según el artículo 973 C. Co, el incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones confiere el derecho a la otra a dar por terminado el contrato, cuando ese incumplimiento le haya ocasionado perjuicios graves o tenga cierta importancia capaz de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer los suministros sucesivos. Si el que efectúa el suministro es quien termina el contrato, debe dar aviso al consumidor en los términos del artículo 972 C. Co. (…) Aunque la Ley 80 de 1993 dispone como cláusula excepcional la posibilidad de declarar la caducidad –que se regirá por lo dispuesto en ese estatuto–, ello no quiere decir que las partes no puedan, además, pactar la terminación o resolución unilateral en el marco de la legislación civil o comercial, que es el régimen general del contrato público. (…) De manera que tanto las potestades excepcionales como las facultades unilaterales pactadas pueden coexistir en el marco de una misma regulación contractual, cada una con sus límites y en el marco de las hipótesis reguladas por la ley y por las partes para su ejercicio. En los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, para determinar las normas aplicables se deberá diferenciar si la terminación unilateral del vínculo contractual se ejerció con fundamento en la potestad excepcional que dispone ese estatuto o en una facultad del tipo contractual o pactada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad del contrato y sus efectos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de septiembre de 1998, rad. 14821, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 18 de agosto de 2020, rad. 36875, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 830, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 972, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 973, LEY 418 DE 1997 - ARTÍCULO 90, LEY 418 DE 1997 - ARTÍCULO 93, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 15, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1502, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1519, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 16, LEY 610 DE 2000 - ARTÍCULO 61, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 112, LEY 782 DE 2002 - ARTÍCULO 31, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 8
FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ERROR DE DERECHO / ERROR DE HECHO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL JUDICIAL
Problema jurídico:
¿La falsa motivación se configura, cuando los fundamentos de la decisión no corresponden con la realidad, por la inexistencia o error de los motivos de derecho o de hecho aducidos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La motivación es un elemento del acto administrativo que puede encontrarse en el texto de la decisión o en los antecedentes que le dieron origen. La falsa motivación se configura, pues, cuando los fundamentos de la decisión no corresponden con la realidad, por la inexistencia o error de los motivos de derecho o de hecho aducidos. De manera que, si los motivos de hecho o de derecho que aduce una entidad para declarar la caducidad del contrato, con fundamento en lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, no corresponden con aquellos que dan lugar a la figura, el acto estará viciado, pues las circunstancias alegadas no se enmarcarán en los supuestos que habilitan la medida. El control que haga el juez, en estos casos, no se limita a verificar la veracidad de los motivos expuestos por la Administración al declarar la caducidad, sino también debe consultar su seriedad, pertinencia y proporcionalidad con la medida tomada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de falsa motivación y su configuración, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de febrero de 2000, rad. 5694, C. P. Olga Inés Navarrete Barrero; Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2001, rad. 13411, C. P. María Elena Giraldo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El juez debe, determinar el régimen aplicable a la declaratoria de caducidad de un contrato, para establecer, de acuerdo con las normas correspondientes, si se vulneró el debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[F]rente al ejercicio de potestades excepcionales, la Ley 80 de 1993 prevé que el debido proceso se garantiza con la motivación detallada y precisa del acto administrativo, pues es a partir de esa motivación que el contratista puede controvertir la decisión ante la propia Administración y, si la entidad no la revoca, ante la jurisdicción contencioso administrativa. La exigencia de motivación del acto administrativo es la garantía más importante, como instrumento de control –administrativo y jurisdiccional– de las decisiones de la Administración. El artículo 77 de la Ley 80 de 1993, además, dispuso que las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales, “en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley”. (…) El ejercicio de facultades excepcionales busca precisamente evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación (art. 14 Ley 80 de 1993). Esta finalidad se ve truncada si la entidad debe adelantar un procedimiento extenso y engorroso para tomar decisiones que, justamente, deben ser inmediatas y oportunas. Aunque la Ley 80 de 1993 previó mecanismos para garantizar el debido proceso ante el ejercicio de facultades excepcionales, el Consejo de Estado ha aceptado la aplicación de reglas del procedimiento administrativo general en materia sancionatoria contractual. En un primer momento, la Sala sostuvo que las actuaciones contractuales se sujetaban a las normas generales del CCA y al artículo 5 de la Ley 58 de 1982 y que, por ello, antes de tomar una decisión la entidad debía adelantar un procedimiento en el que el contratista tuviera la oportunidad de conocer y expresar sus puntos de vista. La Sala aclaró este criterio al precisar que no todos los actos contractuales debían estar precedidos por un procedimiento administrativo sometido a los principios de la actuación administrativa, pues este procedimiento no era necesario si el contratista estaba advertido de las consecuencias de sus comportamientos contractuales. El Consejo de Estado sostuvo después que no había vulneración del debido proceso si durante la ejecución del contrato el contratista conoció la inconformidad de la entidad, pues recibió quejas, reclamos o solicitudes de mejora o informes de interventoría. Precisó que las garantías del debido proceso debían aplicarse de manera matizada, pues tenían que armonizarse con los fines de la contratación pública y la prevalencia del interés general. De ahí que, el derecho al debido proceso contractual no debía entenderse como la necesidad de adelantar una actuación que implicara la “formación de un expediente”, pues lo que se buscaba era que la medida no resultara sorpresiva o intempestiva y que se otorgara al interesado la oportunidad de expresar su opinión y contradecir las pruebas en su contra. Como consecuencia de este tipo de pronunciamientos del Consejo de Estado, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 introdujo un cambio sustancial a la Ley 80 al establecer el debido proceso como “principio rector” en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales y dispuso que, la decisión de imponer multas y de declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, debía estar precedida de audiencia del afectado que debía tener un procedimiento mínimo que garantizara el derecho al debido proceso del contratista. (…) Posteriormente, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 –estatuto anticorrupción– reguló detalladamente el procedimiento que debían adelantar las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación para declarar el incumplimiento, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal. (…) El juez debe, pues, determinar el régimen aplicable a la declaratoria de caducidad de un contrato, para establecer, de acuerdo con las normas correspondientes, si se vulneró el debido proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto del debido proceso en materia sancionatoria contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de septiembre de 1990, rad. 3106, C. P. Antonio José De Irisarri Restrepo; auto de 24 de septiembre de 1998, rad. 14821, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 17 de marzo de 2010, rad. 18394, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 4 de mayo de 2000, rad. 17871, C. P. María Elena Giraldo Gómez; auto de 24 de julio de 2003, rad. 18091, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 23 de junio de 2010, rad. 16367, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 58 DE 1982 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77