Titulación de la relatoría 31.841 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN CONTRACTUAL / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / BEBIDAS ALCOHÓLICAS / CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REGISTRO SANITARIO / CONGELACIÓN DE VENTA DE PRODUCTOS SIN REGISTRO SANITARIO / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / CAPACIDAD CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse?
Respuesta al problema jurídico: No
Como el vencimiento del registro sanitario no genera la nulidad del contrato por objeto ilícito porque no hay una contravención a una prohibición expresa contenida en una norma constitucional o legal, y en todo caso, ese hecho tampoco viciaba de nulidad el contrato, sino que afectaba su cumplimiento al constituir un requisito para la producción de aguardiente, la sentencia de primera instancia acertó al anular los actos administrativos demandados. [...] Como la Empresa no indicó sustento alguno que sirviera de base para terminar el contrato por este motivo [desatención del principio de selección objetiva], pues se limitó a afirmar la necesidad de aplicar el postulado de selección objetiva en la contratación directa, ni explicó qué norma imperativa constitucional o legal establecía una prohibición, como tampoco su incidencia durante la formación del contrato, se incumplió el deber de motivar, de forma detallada, el acto administrativo de terminación unilateral del contrato (arts. 24.7 de la Ley 80 de 1993). Esta falta de motivación implica la nulidad del acto administrativo, como lo concluyó el tribunal de primera instancia. En todo caso, invocó de forma general una norma de naturaleza reglamentaria -Decreto 855 de 1994- que, por ese hecho, no configura la nulidad del numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 (num 13). [...] El artículo 22 de la Ley 80 de 1993, vigente para la celebración del contrato, disponía que todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirían en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberían estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo. Los supuestos de aplicación de la norma eran los siguientes: (i) el mandato era la inscripción en la Cámara de Comercio de cada jurisdicción; (ii) los sujetos destinatarios eran todas las personas naturales o jurídicas que tuvieran la intención de celebrar contratos con entidades estatales y (iii) los contratos frente a los cuales debía cumplirse eran los de consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles. La norma impone un deber para quien pretende contratar y para la entidad respectiva de verificar la inscripción en el registro, pero no establece una prohibición expresa de celebrar determinado tipo de contrato. Ello no quiere decir que su incumplimiento no tenga consecuencias en otros ámbitos como el disciplinario, el fiscal o, incluso penal, pero no puede derivarse, por la falta de una prohibición expresa, la configuración de la causal de nulidad del numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
La Sala reitera que las normas que imponen sanciones o establecen prohibiciones deben ser expresas y, como ocurre con las que consagran nulidades, son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, por consiguiente, no cabe su interpretación extensiva, ni su aplicación por vía de analogía y tampoco su derivación por la exigencia de ciertos requisitos previos. Esta clase de disposiciones deben contener expresamente la prohibición de celebrar un contrato o desarrollar determinada actividad y no pueden aplicarse a hipótesis diferentes de aquellas que se encuentren expresamente regulados por esas mismas normas (num 11). Como los actos demandados se soportaron en una norma que no contiene una prohibición expresa de celebrar un contrato, no procedía la terminación unilateral por nulidad absoluta conforme al artículo 45 de la Ley 80 de 1993. [...] . En las resoluciones demandadas, la entidad sostuvo que como el contrato se firmó con un establecimiento de comercio, el cual no tiene capacidad, se configuró la causal de nulidad del artículo 44.2, lo que justifica la terminación unilateral del contrato.
La Sala ya analizó, en el acápite de legitimación, los argumentos expuestos y concluyó que el contrato se firmó con [el demandante], pues así se desprende del texto del contrato, de la forma en que fue firmado y de los documentos adicionales sobre su naturaleza como comerciante (num 4). Por ese motivo, tampoco procedía la terminación unilateral con fundamento en estas razones. Como las razones aducidas por la Empresa, en los actos administrativos mediante los cuales terminó unilateralmente el contrato, no configuraban nulidad absoluta por violación a una prohibición constitucional o legal expresa (num. 2 art. 44 Ley 80 de 1993), adolecen de falsa motivación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 CCA. Esta circunstancia impone su anulación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 855 DE 1994, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CAPACIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / URGENCIA MANIFIESTA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
El estatuto de contratación regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales –que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas– y el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (v) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3° de la Ley 153 de 1887).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco regulatorio del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2020, rad. 31628, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1071 DE 1999 - ARTÍCULO 1, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa es de hecho y material?
Respuesta al problema jurídico: Si
La legitimación en la causa es (i) de hecho y (ii) material. La legitimación de hecho es la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal y la legitimación material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda y es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito.
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD / LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / DEBERES DEL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / RESPONSABILIDAD DEL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / PROCESO JUDICIAL / PROCESO JUDICIAL EN TRÁMITE
Problema jurídico:
¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 25 del Decreto Ley 254 de 2000, el liquidador deberá elaborar un inventario de procesos judiciales de la entidad en liquidación. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, ejercería la defensa durante el proceso de liquidación y hasta tanto se efectuara la entrega de los inventarios. Esta norma fue reglamentada por el Decreto 414 de 2001, que dispuso que, terminado el proceso de liquidación y para la adecuada atención de los procesos judiciales o reclamaciones, los archivos serían remitidos a la entidad que haya sido señalada en el acto que ordenó la liquidación como receptora de los inventarios de bienes y subrogatoria de los derechos y obligaciones de la entidad liquidada (art. 4).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 414 DE 2001 - ARTÍCULO 4, DECRETO LEY 254 DE 2000 - ARTÍCULO 25
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Las empresas industriales y comerciales del Estado (EICE) son entidades creadas por la ley o por autorización de ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial o de gestión económica?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las empresas industriales y comerciales del Estado (EICE) son entidades creadas por la ley o por autorización de ella, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial o de gestión económica. Conforme a la regulación contenida en los artículos 5 del Decreto 1050 de 1968 y 1 del Decreto Ley 222 de 1983, el régimen jurídico de los contratos de esas empresas era el derecho privado, salvo para los contratos de empréstito y de obras públicas. La Ley 80 de 1993 dispuso que debían someterse a ese estatuto al enlistarlas en su artículo 2. Así, salvo algunas excepciones (art. 24 y parágrafo 1 del art. 32 Ley 80 de 1993), el régimen de contratación de las EICE era el contenido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Ley 489 de 1998 reiteró la aplicación de este régimen contractual para las EICE (art. 93). Regulación que era propia de un estatuto que, de acuerdo con la historia fidedigna de su establecimiento (art. 27 CC), pretendió su aplicación universal .Esta regulación era mucho más eficiente y clara que la actual dispersión de regímenes exceptuados que, como la Ley 80 de 1993, desembocan, finalmente, en la aplicación del derecho privado. El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificó ese régimen, al disponer que las EICE estarían sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional o en mercados regulados o en mercados monopolísticos, que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Esta norma fue reproducida casi en su integridad por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, salvo para aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos, a las que, nuevamente, se le hizo aplicable el Estatuto General de la Contratación. Más allá de la confusa redacción de estas normas, resulta que la excepción, esto es, la exclusión de la aplicación del Estatuto General de Contratación a las EICE, se convirtió en la regla general. Esas empresas desarrollan su actividad en competencia, pues su naturaleza es la de ser agentes del mercado: expresión genuina de una de las formas de intervención del Estado en la economía. De manera que, con la actual regulación, como las empresas industriales y comerciales del Estado actúan en competencia, el régimen jurídico de sus actos y contratos y de los procesos de selección de contratistas, es el derecho privado, con excepción de aquellas que ejercen su objeto en actividades monopolísticas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1050 DE 1968 - ARTÍCULO 5, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 93, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. Como la Empresa de Licores del Caquetá al momento de la suscripción del contrato 001 de 2000 era una Empresa Industrial y Comercial del Estado, la jurisdicción administrativa es competente para conocer de la controversia. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.10 CCA .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales de las empresas industriales y comerciales del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, rad. 35288, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 10, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Las copias simples tienen mérito probatorio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279
VIGENCIA DE LA LEY / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / DERECHO ADQUIRIDO
Problema jurídico:
¿Por regla general, la ley tiene su vigencia inmediata?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por regla general, la ley tiene su vigencia inmediata. Una vez proferida, la ley produce efectos jurídicos a los asuntos que regula. Según el artículo 17 de la Ley 153 de 1887, las meras expectativas no constituyen derecho contra ley nueva que las anule. Además, la ley tampoco puede afectar las situaciones jurídicas del pasado que se han cumplido, que han quedado debidamente consolidadas o cuando se han realizado totalmente los efectos jurídicos de las normas en ese momento vigentes, pues se trata de derechos adquiridos incorporados al patrimonio de una persona (art. 58 CN).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 58, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 17
RELACIÓN CONTRACTUAL / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / ESTABILIDAD JURÍDICA / SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA
Problema jurídico:
¿En todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración?
Respuesta al problema jurídico: Si
En materia contractual, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 dispone que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Esta norma se opone al efecto general inmediato de una nueva ley en el ámbito contractual, porque los contratos no pueden estar sujetos a los cambios constantes y repentinos de la legislación, que generarían inestabilidad e incertidumbre en las relaciones jurídicas. En definitiva, tal y como lo tiene definido la jurisprudencia civil, a los contratos debe aplicarse la ley vigente en el momento de su celebración y, por ello, las leyes nuevas no pueden alterar las relaciones contractuales. Los contratos deben gozar de estabilidad y seguridad, pues así se promueve la confianza y se facilitan las relaciones jurídicas. Este mandato legal es la concreción de la regla de la irretroactividad de la ley, pues la nueva no puede regular o afectar las situaciones jurídicas consolidadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de que las leyes nuevas no pueden afectar las relaciones contractuales, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 9 de mayo de 1938, GJ XLVI, 488.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 33
TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR NULIDAD ABSOLUTA / ALCANCE DE LA DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La terminación unilateral del contrato se puede dar por la declaratoria de caducidad administrativa, como sanción por el incumplimiento grave y que paraliza la ejecución de las obras, por la terminación unilateral, propiamente dicha, que procede en los eventos regulados en el artículo 17 del Estatuto de Contratación Pública y por la terminación anticipada del contrato por nulidad absoluta?
Respuesta al problema jurídico: Si
La lectura armónica de los artículos 17, 18 y 45 de la Ley 80 de 1993, permite identificar la existencia de un género de «potestades» que se caracterizan todas por la terminación unilateral del contrato y que comparten ciertas características comunes. La Sala ha agrupado como «especies» del género «terminación unilateral», a las siguientes figuras: (i) la caducidad administrativa, como sanción por el incumplimiento grave y que paraliza la ejecución de las obras (art. 18 Ley 80 de 1993); (ii) la terminación unilateral, propiamente dicha, que procede en los eventos regulados en el artículo 17 del Estatuto de Contratación Pública y (iii) la terminación anticipada del contrato por nulidad absoluta (art. 45 Ley 80 de 1993). Conforme al inciso 2 del artículo 45, cuando se configuren las causales de nulidad absoluta del contrato previstas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44, esto es, cuando se celebren contratos con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución o en la ley, cuando se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal o cuando se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamente, la entidad respectiva deberá «dar por terminado» el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La Sala reitera que la regulación de los artículos 44 y el inciso 2 del 45 de la Ley 80 de 1993, impone a la Administración el deber de terminar unilateralmente el contrato por la existencia de vicios que afectan su validez, sin necesidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este deber impone a la entidad pública terminar el contrato cuando se presenta una causal de nulidad absoluta en su formación o su celebración. Constituye una sanción que el ordenamiento jurídico impone por la transgresión de las normas superiores a las cuales debe estar sometido el contrato. Se le otorga a la Administración el «privilegio de la autotutela» declarativa con el fin de velar por la legalidad de sus contratos. Aunque algunas de las causales legales de nulidad absoluta de los contratos estatales -las previstas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993- justifican, por autorización del legislador, la terminación unilateral del respectivo contrato estatal, existen claras diferencias entre la nulidad absoluta y la terminación unilateral: (i) esta última solo tiene como propósito finalizar anticipadamente el negocio jurídico y proceder a su liquidación; (ii) la declaratoria de nulidad supone un examen exhaustivo sobre los requisitos de validez del negocio jurídico; (iii) la declaratoria de nulidad, producto de ese examen, corresponde exclusivamente al juez del contrato; (iv) la nulidad implica la expulsión del contrato del ordenamiento jurídico; (v) por regla general se debe volver al estado anterior a la celebración del contrato (1746 CC), salvo lo previsto para los contratos a los que resulta aplicable el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, en los que deben pagarse las prestaciones ejecutadas; (vi) la terminación unilateral resulta procedente cuando el contrato se encuentre vigente, por el contrario, la declaratoria judicial de nulidad absoluta de un contrato estatal puede adoptarse -e incluso solicitarse-, con posterioridad a la terminación del mismo y (vii) el jefe o representante legal de la entidad contratante no realiza un examen acerca de la validez del contrato ni su pronunciamiento tiene alcances o efectos sobre esos aspectos reservados al juez del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las causales de nulidad absoluta del contrato y la facultad de terminación unilateral del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2002, rad. 20923, C. P. Ricardo Hoyos Duque, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, rad. 15324, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1746, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
FALSA MOTIVACIÓN / CONCEPTO DE LA FALSA MOTIVACIÓN / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Si los motivos de hecho o de derecho que aduce una entidad para terminar unilateralmente el contrato, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, no corresponden con aquellos que dan lugar a la figura, el acto estará viciado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La falsa motivación se configura, pues, cuando los fundamentos de la decisión no corresponden con la realidad, por la inexistencia o error de los motivos de derecho o de hecho aducidos. De manera que, si los motivos de hecho o de derecho que aduce una entidad para terminar unilateralmente el contrato, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, no corresponden con aquellos que dan lugar a la figura, el acto estará viciado, pues las circunstancias alegadas no se enmarcarán en los supuestos que habilitan la medida. El control que haga el juez, en estos casos, no se limita a verificar la veracidad de los motivos expuestos por la Administración al terminar el contrato, pues también debe consultar su seriedad, la pertinencia de estos y su proporcionalidad con la medida tomada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falsa motivación del acto administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2001, rad. 13411, C. P. María Elena Giraldo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿ Cuando la Administración termina unilateralmente un contrato con fundamento en la potestad excepcional de terminación unilateral, debe motivar de forma detallada y precisa el acto administrativo a través del cual toma esa decisión?
Respuesta al problema jurídico: Si
Cuando la Administración termina unilateralmente un contrato con fundamento en la potestad excepcional de terminación unilateral, debe motivar de forma detallada y precisa el acto administrativo a través del cual toma esa decisión (art. 24.7 de la Ley 80 de 1993), pues solo así el contratista podrá defender sus derechos, si considera que los motivos aducidos no se enmarcan en las causales para la procedencia de la figura. La motivación es un elemento del acto administrativo que puede encontrarse en el texto de la decisión o en los antecedentes que le dieron origen. Si la ley dispone que la motivación debe estar explícita en el contenido de un acto, esta constituye un requisito de validez y, por ende, su ausencia -la falta de motivación- vicia de nulidad la decisión por incumplimiento de uno de sus presupuestos formales, esto es, por expedición irregular (art. 84 CCA, retomado por el artículo 137 CPACA). La motivación es la expresión más importante del debido proceso administrativo. Su ausencia o defectuosa confección permite desvirtuar la presunción de legalidad que acompaña a todo acto administrativo. La falta de motivación reviste una especial importancia en contratación estatal, donde la ley exige una motivación «detallada» y «precisa» (art. 24.7) a diferencia de la regulación que existía en el artículo 35 CCA.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 35, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 7
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / CULPA DE LA VÍCTIMA / CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En los eventos en los que el acreedor, a pesar de la inminencia del daño, insiste de forma imprudente en la celebración del contrato se configura culpa de la víctima?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los eventos en los que el acreedor, a pesar de la inminencia del daño, insiste de forma imprudente en la celebración del contrato se configura culpa de la víctima. En estos casos, el deudor puede alegar esa culpa para obtener una reducción en la indemnización. No se trata de una causal de exoneración, pues el deudor también es responsable del incumplimiento del contrato. Se trata de reconocer que el acreedor aceptó imprudente determinados riesgos y que esta conducta imprudente permite liberar parcialmente al acreedor de su obligación. Si bien la terminación unilateral supuso el incumplimiento del contrato y, además, la entidad fue responsable de la no renovación del registro sanitario, el demandante no procede indemnizar por la totalidad de la utilidad que dejó de percibir, cuando el demandante firmó un contrato con un registro de marca vencida. El contratista sabía, al momento de celebrar el contrato, que durante su plazo de ejecución se vencería el registro sanitario del aguardiente Extra Destilado del Caquetá y que, por ese motivo, podrían presentarse dificultades en el cumplimiento de las obligaciones. Esta situación era evidente, porque la SIC, para la firma del contrato, ya había negado el registro de la marca, circunstancia que impactaría en el registro sanitario del Aguardiente Extra Destilado del Caquetá. A pesar de ello, decidió, imprudentemente, obligarse. Como el demandante firmó el contrato bajo el riesgo de la imposibilidad de ejecutarlo, sabía de ese riesgo y confió imprudentemente en que podría superarse, la Sala ordenará que el valor de la indemnización se reduzca en un 40%.
PERITAJE / FINALIDAD DEL PERITAJE / PERICIA / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCEPTO DE DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / FINALIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL / OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL
Problema jurídico:
¿La pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 233 CPC dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones. El primero supone una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, exigencia lógica que implica brindar una explicación clara sobre cuáles fueron los instrumentos, materias y sustancias empleadas, que constituyen el soporte y garantía de credibilidad de sus conclusiones. El segundo impone que tales conclusiones se ajusten a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada y respondan de forma concreta, clara, ordenada y sin ambigüedades a todos los puntos sometidos a su consideración por las partes. Las conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes brindan firmeza al dictamen y el perito puede acudir a exámenes o investigaciones que le permitan elaborar un concepto preciso y detallado, tal como lo prevé el artículo 237.6 CPC. En armonía, el artículo 241 CPC ordena que el juez deberá analizar la conducencia en relación con el hecho que se pretende probar y la competencia del perito. De modo que, es preciso verificar que (i) no se acredite objeción por error grave; (ii) esté debidamente fundamentado, con conclusiones claras y precisas; (iii) se haya permitido su contradicción y (iv) otras pruebas no lo desvirtúen.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237 NUMERAL 6, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241