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clave: "consejo_estado:providencia:20001233100020020132901-34936-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el acto administrativo estaba viciado por falsa motivación"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-04-20"
radicado: "20001233100020020132901"
numero: "34936"
ponente: "GUILLERMO SANCHEZ LUQUE"
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# Consejo de Estado: el acto administrativo estaba viciado por falsa motivación

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-04-20
- **Radicado:** 20001233100020020132901
- **Número interno:** 34936
- **Ponente:** GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** RODRIGO EMILIO GOMEZ VELEZ
- **Demandado:** EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:20001233100020020132901-34936-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/20001233100020020132901/CBD0E4BEF72626BF30A51C9E3D9F363B6966011B42506C762726AD5327E89E69/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=200012331000200201329011100103

## Problema jurídico

¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por haber sido expedido con falsa motivación?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el debido proceso?
- ¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el derecho de defensa y la buena fe?
- ¿Conforme a lo solicitado en la demanda de reconvención, es procedente declarar la legalidad de las resoluciones 0433 de 2001 y 196 de 1999, que declararon la caducidad del contrato…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, art. 18

## Extracto

Según la demanda, el acto administrativo estaba viciado por falsa motivación, pues la entidad no precisó el valor adeudado –al referirse al incumplimiento de la obligación de pago–… y la resolución que declaró la caducidad del contrato era nula por falsa motivación, pues el contratista sí cumplió con sus obligaciones de enviar el plan de negocios para el año 2001.… Quedó probado el incumplimiento grave del contratista pues, por una parte, desatendió reiteradamente sus obligaciones de pago del producto, a tal punto que la demandada tuvo que iniciar un proceso ejecutivo y, por otra, no cumplió sus obligaciones de publicidad y posicionamiento de la marca, incluida la entrega de informes.

## Síntesis temática

El contratista no puede declarar nulo el acto administrativo que declara la caducidad del contrato por falsa motivación, vulneración del debido proceso o incumplimiento de la buena fe contractual, siempre y cuando la entidad estatal haya acreditado el incumplimiento grave y reiterado del contratista y haya permitido al mismo tiempo un plazo razonable para que cumpla con sus obligaciones. En este caso, la entidad estatal demostró que el contratista no cumplió con sus obligaciones de pago y de publicidad, lo que autorizaba la declaratoria de caducidad del contrato. Además, la entidad estatal no vulneró el debido proceso ni la buena fe contractual, ya que advirtió reiteradamente los incumplimientos del contratista y le dio un tiempo prudencial para cumplir con sus obligaciones antes de declarar la caducidad. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que la presunción de legalidad de los actos administrativos impide que la justicia declare la legalidad de dichos actos, pero sí permite que se declare la procedencia de la caducidad del contrato en casos similares.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN, OBJETO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN, EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA, NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL PAGO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, PUBLICIDAD DE LA MARCA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, FALTA DE PRUEBA, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, BUENA FE CONTRACTUAL, INEXISTENCIA DE MALA FE, DEMANDA DE RECONVENCIÓN, PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL, RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA, RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL, DEROGACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL, APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CAMBIO DE JURISPRUDENCIA, APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INOPONIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NOTIFICACIÓN PERSONAL, MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, OBLIGATORIEDAD DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, NOTIFICACIÓN POR CORREO CERTIFICADO, ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, FOTOGRAFÍA, VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA, DOCUMENTO PÚBLICO, PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO, AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO, APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, SISTEMA DE SANA CRÍTICA, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, PERSONERÍA JURÍDICA, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DEL ESTADO, CONTRATO ESTATAL, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ESTATAL, CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL, ACUERDO DE VOLUNTADES, FINALIDAD DEL ESTADO, CONTRATO ATÍPICO, CONTRATO DE SUMINISTRO, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, PRINCIPIOS DEL CONTRATO, REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, NORMA DE ORDEN PÚBLICO, NORMATIVA DEL DERECHO CIVIL, NORMAS DEL DERECHO COMERCIAL, CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, AUTOTUTELA, MONOPOLIO, CLASES DE MONOPOLIO ESTATAL, MONOPOLIO ESTATAL DE LICORES, MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES, CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, INHABILIDADES DEL CONTRATISTA, RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, NORMATIVA DEL CONTRATO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ERROR DE DERECHO, ERROR DE HECHO, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CONTROL JUDICIAL, DEBIDO PROCESO, CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO, DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO, IMPOSICIÓN DE LA MULTA, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / PUBLICIDAD DE LA MARCA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por haber sido expedido con falsa motivación?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, el acto administrativo estaba viciado por falsa motivación, pues la entidad no precisó el valor adeudado –al referirse al incumplimiento de la obligación de pago– (…) [y] la resolución que declaró la caducidad del contrato era nula por falsa motivación, pues el contratista sí cumplió con sus obligaciones de enviar el plan de negocios para el año 2001. (…) [Q]uedó probado el incumplimiento grave del contratista pues, por una parte, desatendió reiteradamente sus obligaciones de pago del producto, a tal punto que la demandada tuvo que iniciar un proceso ejecutivo y, por otra, no cumplió sus obligaciones de publicidad y posicionamiento de la marca, incluida la entrega de informes. El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones principales del contrato n°. 196 de 1999 paralizó la comercialización de los productos de la Empresa de Licores de Cundinamarca en el departamento del Cesar, situación que autorizaba la declaratoria de caducidad del contrato, en los términos del artículo 18 de la Ley 80 de 1993.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, la Resolución n°. 0433 de 2001 vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, pues el demandante no pudo controvertir los incumplimientos alegados en el acto administrativo. (…) El 1 de noviembre de 2001, la Empresa de Licores de Cundinamarca declaró la caducidad del contrato –Resolución n°. 0433– (…). Como la caducidad del contrato se declaró el 1 de noviembre de 2001, el régimen jurídico aplicable era el previsto en el estatuto de contratación (…). La decisión de la entidad de declarar la caducidad del contrato no fue intempestiva o sorpresiva para el demandante, pues quedó acreditado que el contratista conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato n°. 196 de 1999 antes de que se expidiera este acto administrativo y que, a pesar de esas circunstancias, no presentó durante la ejecución del contrato pruebas para controvertir los incumplimientos (…). Como el demandante no acreditó que la Resolución n°. 196 de 1999 vulneró el debido proceso o fue expedida con falsa motivación, la Sala confirmará la sentencia en este aspecto.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993
NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DE MALA FE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el derecho de defensa y la buena fe?
Respuesta al problema jurídico: No
Según la demanda, la Empresa de Licores de Cundinamarca incumplió el contrato n°. 196 de 1999, porque declaró la caducidad sin requerir previamente al contratista –cláusula vigésima– y no ejecutó el contrato de buena fe. (…) Aunque la última comunicación que la Empresa de Licores de Cundinamarca envió al contratista solicitando que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones y la posibilidad de declarar la caducidad –de no hacerlo–, no fue enviada a la dirección correcta del contratista, lo cierto es que la empresa advirtió los incumplimientos del contratista, lo requirió para que cumpliera el contrato y, ante la renuencia del demandante, declaró la caducidad del contrato. La decisión de declarar la caducidad no incumplió la cláusula vigésima del contrato, que exigía un “requerimiento previo”, pues la Empresa de Licores de Cundinamarca anunció en reiteradas ocasiones los graves incumplimientos y esperó un tiempo más que prudencial para declarar la caducidad. Tampoco se acreditó que las actuaciones de la demandada durante la ejecución del contrato fueran contrarias a la buena fe. La Empresa de Licores de Cundinamarca permitió al contratista pagar en cuotas las obligaciones vencidas del contrato y sólo decidió declarar la caducidad meses después del incumplimiento del contratista. De modo que, la parte demandante no acreditó el incumplimiento de la cláusula vigésima del contrato, ni que el contrato se ejecutó de mala fe.
DEMANDA DE RECONVENCIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Conforme a lo solicitado en la demanda de reconvención, es procedente declarar la legalidad de las resoluciones 0433 de 2001 y 196 de 1999, que declararon la caducidad del contrato; declarar que la entidad estatal cumplió con las demás obligaciones contractuales; y liquidar judicialmente el contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
La demanda de reconvención solicitó que se declarara que la Resolución n°. 0433 de 2001, que declaró la caducidad del contrato n°. 196 de 1999, y la Resolución n° 0191 de 2002, que confirmó esa decisión, eran legales. El acto administrativo, como declaración unilateral de la administración, produce efectos jurídicos por sí mismo sobre el asunto que trata y, por ello, es vinculante y está revestido de presunción de legalidad (artículo 66 CCA hoy retomado por el art 88 CPACA, en consonancia con el inciso segundo del artículo 4 CN). Como los actos administrativos se presumen legales, la Sala no puede declarar la “legalidad” de las Resoluciones n°. 0433 de 2001 y n°. 191 de 2002. Si se requiriera de una decisión judicial para “corroborar” cada decisión que adopta la Administración, no solo colapsaría la buena gestión de lo público, sino que erigiría a los jueces en coadministradores con grave riesgo para la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho (arts. 6 y 113 CN). Por ello, se negará esa pretensión. La demanda de reconvención también pidió que se declarara que la Empresa de Licores de Cundinamarca cumplió con las demás obligaciones del contrato n°. 196 de 1999. (…) Como la parte demandante no acreditó el cumplimiento de las demás obligaciones del contrato, la Sala negará esta pretensión. (…) La demanda de reconvención solicitó que se liquidara judicialmente el contrato. El Tribunal negó esa pretensión, porque el demandante pidió que se liquidaran unos valores que ya habían sido reconocidos en el acuerdo de pago. (…) Como no hay pruebas que permitan a la Sala determinar con precisión las acreencias pendientes en favor y en contra de cada uno de los contratantes con ocasión a la ejecución de sus obligaciones, la Sala negará esa pretensión.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación de los contratos estatales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001, rad. 12660, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 15239, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de junio de 2010, rad. 18971, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de agosto de 1984, rad. 3215, C. P. José Alejandro Bonivento Fernández; sentencia de 16 de octubre de 1980, rad. 1960, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 4 de junio de 2008, rad. 16293, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 113, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 4, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 66
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / DEROGACIÓN DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer de la acción de controversias contractuales en eventos en los que se ha incluido en el contrato cláusula compromisoria y las partes renunciaron de manera tácita a ella, al entablar la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la otra parte no excepcionó la falta de jurisdicción?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. Las partes pactaron cláusula compromisoria en la cláusula vigésima octava del contrato n°. 196 de 1999. Sin embargo, [RGV] presentó la demanda y la Empresa de Licores de Cundinamarca compareció al proceso y no propuso la excepción de falta de jurisdicción, ni alegó nulidad alguna. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en un primer momento, aceptó la posibilidad de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la aplicación de la cláusula compromisoria, cuando una de ellas instauraba demanda ante la jurisdicción administrativa y la otra no excepcionaba falta de jurisdicción. Posteriormente, la Sala Plena de esta Sección unificó la jurisprudencia y señaló que la derogatoria de la cláusula compromisoria exige un pacto revestido de las mismas formalidades empleadas para su nacimiento, con lo cual concluyó que se requería escrito. Esta decisión no moduló sus efectos. La demanda se presentó el 12 de agosto de 2002, fecha para la cual la jurisprudencia consolidada se inclinaba por la posibilidad de la “renuncia tácita” a la cláusula compromisoria. Criterio que solo vino a ser cambiado en decisión de 18 de abril de 2013, para exigir la renuncia expresa mediante escrito. (…) [L]a aplicación del criterio de la renuncia tácita es consonante con las disposiciones introducidas en la Ley 1563 de 2012 sobre arbitraje y el Código General del Proceso. Por ello, esta Subsección ha aplicado la “renuncia tácita a la cláusula compromisoria”, cuando las partes acuden a la jurisdicción contenciosa, con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, en las demandas presentadas antes del cambio de criterio jurisprudencial. Como al momento de la presentación de la demanda la jurisprudencia del Consejo de Estado aceptaba la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la cláusula compromisoria, se conocerá de la demanda. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la cláusula compromisoria suscrita en el contrato y la renuncia tácita, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, providencia de unificación de 18 de abril de 2013, rad, 17859, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 28 de junio de 2019, rad, 44009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82,

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

TATAL / CONTROL JUDICIAL
Problema jurídico:
¿La falsa motivación se configura, cuando los fundamentos de la decisión no corresponden con la realidad, por la inexistencia o error de los motivos de derecho o de hecho aducidos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La motivación es un elemento del acto administrativo que puede encontrarse en el texto de la decisión o en los antecedentes que le dieron origen. La falsa motivación se configura, pues, cuando los fundamentos de la decisión no corresponden con la realidad, por la inexistencia o error de los motivos de derecho o de hecho aducidos. De manera que, si los motivos de hecho o de derecho que aduce una entidad para declarar la caducidad del contrato, con fundamento en lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, no corresponden con aquellos que dan lugar a la figura, el acto estará viciado, pues las circunstancias alegadas no se enmarcarán en los supuestos que habilitan la medida. El control que haga el juez, en estos casos, no se limita a verificar la veracidad de los motivos expuestos por la Administración al declarar la caducidad, sino también debe consultar su seriedad, pertinencia y proporcionalidad con la medida tomada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de falsa motivación y su configuración, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de febrero de 2000, rad. 5694, C. P. Olga Inés Navarrete Barrero; Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2001, rad. 13411, C. P. María Elena Giraldo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El juez debe, determinar el régimen aplicable a la declaratoria de caducidad de un contrato, para establecer, de acuerdo con las normas correspondientes, si se vulneró el debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[F]rente al ejercicio de potestades excepcionales, la Ley 80 de 1993 prevé que el debido proceso se garantiza con la motivación detallada y precisa del acto administrativo, pues es a partir de esa motivación que el contratista puede controvertir la decisión ante la propia Administración y, si la entidad no la revoca, ante la jurisdicción contencioso administrativa. La exigencia de motivación del acto administrativo es la garantía más importante, como instrumento de control –administrativo y jurisdiccional– de las decisiones de la Administración. El artículo 77 de la Ley 80 de 1993, además, dispuso que las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales, “en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley”. (…) El ejercicio de facultades excepcionales busca precisamente evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación (art. 14 Ley 80 de 1993). Esta finalidad se ve truncada si la entidad debe adelantar un procedimiento extenso y engorroso para tomar decisiones que, justamente, deben ser inmediatas y oportunas. Aunque la Ley 80 de 1993 previó mecanismos para garantizar el debido proceso ante el ejercicio de facultades excepcionales, el Consejo de Estado ha aceptado la aplicación de reglas del procedimiento administrativo general en materia sancionatoria contractual. En un primer momento, la Sala sostuvo que las actuaciones contractuales se sujetaban a las normas generales del CCA y al artículo 5 de la Ley 58 de 1982 y que, por ello, antes de tomar una decisión la entidad debía adelantar un procedimiento en el que el contratista tuviera la oportunidad de conocer y expresar sus puntos de vista. La Sala aclaró este criterio al precisar que no todos los actos contractuales debían estar precedidos por un procedimiento administrativo sometido a los principios de la actuación administrativa, pues este procedimiento no era necesario si el contratista estaba advertido de las consecuencias de sus comportamientos contractuales. El Consejo de Estado sostuvo después que no había vulneración del debido proceso si durante la ejecución del contrato el contratista conoció la inconformidad de la entidad, pues recibió quejas, reclamos o solicitudes de mejora o informes de interventoría. Precisó que las garantías del debido proceso debían aplicarse de manera matizada, pues tenían que armonizarse con los fines de la contratación pública y la prevalencia del interés general. De ahí que, el derecho al debido proceso contractual no debía entenderse como la necesidad de adelantar una actuación que implicara la “formación de un expediente”, pues lo que se buscaba era que la medida no resultara sorpresiva o intempestiva y que se otorgara al interesado la oportunidad de expresar su opinión y contradecir las pruebas en su contra. Como consecuencia de este tipo de pronunciamientos del Consejo de Estado, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 introdujo un cambio sustancial a la Ley 80 al establecer el debido proceso como “principio rector” en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales y dispuso que, la decisión de imponer multas y de declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, debía estar precedida de audiencia del afectado que debía tener un procedimiento mínimo que garantizara el derecho al debido proceso del contratista. (…) Posteriormente, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 –estatuto anticorrupción– reguló detalladamente el procedimiento que debían adelantar las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación para declarar el incumplimiento, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal. (…) El juez debe, pues, determinar el régimen aplicable a la declaratoria de caducidad de un contrato, para establecer, de acuerdo con las normas correspondientes, si se vulneró el debido proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto del debido proceso en materia sancionatoria contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de septiembre de 1990, rad. 3106, C. P. Antonio José De Irisarri Restrepo; auto de 24 de septiembre de 1998, rad. 14821, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 17 de marzo de 2010, rad. 18394, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 4 de mayo de 2000, rad. 17871, C. P. María Elena Giraldo Gómez; auto de 24 de julio de 2003, rad. 18091, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 23 de junio de 2010, rad. 16367, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 58 DE 1982 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-04-20. C.P. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE. Rad. 20001233100020020132901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:20001233100020020132901-34936-sentencia).
