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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

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Fecha
2025-07-14
Radicado
05001233100020070292402
Número interno
49367
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Demandado
LICORES DEL CARIBE S.A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión [mayor] supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista es competente para ceder su posición contractual en favor de una persona jurídica privada, como una distribuidora de licores, siempre y cuando se notifique y obtenga la aceptación del gobernador del departamento, tal como lo establece la normativa de contratación estatal. Esta regla se fundamenta en que la cesión del contrato no altera el régimen jurídico aplicable, y que la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se mantiene en la entidad estatal y la cesionaria. La Sala modifica precedentes al establecer que la cesión de la posición contractual y los créditos y derechos litigiosos derivados del contrato son válidos cuando se cumplen los requisitos legales, lo que implica que las partes cesionarias deben cumplir con las formalidades establecidas para mantener la validez del contrato y la legitimación en el proceso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 82, 87 y 129
  • Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
  • Ley 1107 de 2006, art. 1

También resuelve

  • ¿Ante la ausencia de un pacto para la liquidación del contrato, resulta procedente aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, frente a la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad?
  • ¿La unión temporal contratista cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato, en favor de la distribuidora de licores cesionaria?
  • ¿Al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de la solución del mismo, corresponde mantener invariable la causa petendi?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CLASES DE ACCIÓN CONTRACTUAL COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL ACCIÓN CONTRACTUAL CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EMPRESA DE LICORES LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PARTES CONTRATANTES CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CAPACIDAD PARA SER PARTE GARANTÍA PARA DEMANDAR INTERÉS JURÍDICO DIRECTO RELACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL TEMPORAL PERSONA JURÍDICA PRIVADA REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA CESIÓN DEL CONTRATO LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN PRETENSIONES DE LA DEMANDA DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA LIMITACIÓN DEL JUEZ CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FUNDAMENTOS DE DERECHO DERECHOS DEL ACREEDOR LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL ETAPA CONTRACTUAL CONDICIONES DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR COBRAR CRUCE DE INFORMACIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACCIÓN JUDICIAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL CLASES DE SALDOS A FAVOR DECLARACIÓN DE SALDOS A FAVOR VALIDEZ DEL CONTRATO FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA CLASES DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA ARGUMENTO NUEVO IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN SALDOS A FAVOR SALDOS A FAVOR ORIGINADOS EN LIQUIDACIÓN OFICIAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PAGO DEL CONTRATO DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR RECUPERACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR OBLIGACIÓN CONTRACTUAL OBJETO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN PRODUCTO DESTINADO A PUBLICIDAD BEBIDAS ALCOHÓLICAS RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CLASES DE MONOPOLIO ESTATAL MONOPOLIO ESTATAL DE LICORES MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES RENTAS DEL MONOPOLIO ESTATAL DE LICORES APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO MODIFICACIÓN DE LA NORMA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA PATRIMONIO DEL DEPARTAMENTO CLASES DE MONOPOLIO RENTÍSTICO EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE MONOPOLIO RENTÍSTICO NORMATIVA DEL CONTRATO CLASES DE CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA DISTRIBUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO PARA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS ACTIVIDAD COMERCIAL CONTRATO POR COLABORACIÓN CLASES DE CONTRATO DE SUMINISTRO DISTRIBUIDOR CONTRATO DE EXCLUSIVIDAD CLASES DE CONTRATO ATÍPICO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL OBLIGACIONES DEL CONTRATO REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR IMPROCEDENCIA DE SALDOS A FAVOR GASTOS DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS MULTA AL CONTRATISTA PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL CONTRATO PRINCIPAL INTEGRACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL CONTRATO ACCESORIO OBLIGACIÓN ACCESORIA ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO COLIGACIÓN NEGOCIAL FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA APELANTE ÚNICO REFORMA EN PERJUICIO DE APELANTE ÚNICO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA INTERÉS LEGAL RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS LEGAL COBRO DEL INTERÉS MORATORIO PAGO DE INTERÉS MORATORIO INDEXACIÓN DE LA CONDENA CLASES DE INTERÉS CORRIENTE RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS CORRIENTE AJUSTE POR INFLACIÓN COMPONENTE INFLACIONARIO CAUSACIÓN DE LOS INTERESES IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS CORRIENTE

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ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLASES DE ACCIÓN CONTRACTUAL / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión [mayor] supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA. La acción contractual es el medio de control idóneo para perseguir la liquidación judicial de un contrato al que le son aplicables las reglas de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen (art. 52 de la Ley 80, 1546 y 1602 del CC y 87 del CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, 87, 129 Y 132 NUMERAL 5, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 52, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546 Y 1602 ACCIÓN CONTRACTUAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿Ante la ausencia de un pacto para la liquidación del contrato, resulta procedente aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, frente a la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 44 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 136.10.d del CCA– estableció de manera expresa que la Administración contaba con el término de dos meses para liquidar unilateralmente el contrato. [L]a Ley 1150 de 2007, [artículo] 32 derogó el artículo 61 de la Ley 80 de 1993, pero, [conforme] el artículo 136.10.d del CCA, el artículo 11 de la Ley 1150 mantuvo el término de dos meses para la liquidación unilateral del contrato. [E]l contrato […] no previó un plazo para realizar su liquidación, [ni hay] prueba alguna que permita establecer que las partes lo liquidaron. [C]omo el contrato […] se rige por la Ley 80 de 1993, la cual regula [la] liquidación del contrato, ante la ausencia de un pacto en tal sentido, resulta procedente aplicar las disposiciones de ese estatuto frente a los plazos de la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad. [E]l término de caducidad de la acción debió contarse luego de seis meses […] transcurridos a partir de la finalización del contrato. [E]l objeto contractual terminó por el vencimiento del plazo de ejecución. [C]omo el 28 de marzo de 2006 terminó el plazo de ejecución […], a partir del día siguiente inició el conteo de cuatro meses para la liquidación bilateral del contrato […]. Al día siguiente inició el plazo de dos meses para la liquidación unilateral, que venció el 30 de septiembre de 2006. Como la demanda principal fue interpuesta el 6 de septiembre de 2007 y la de reconvención el 26 de febrero de 2008, esto es, dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar, se presentaron en tiempo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de febrero de 2001, rad. 13682; sentencia del 16 de agosto de 2001, rad. 14384, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 30 de mayo de 1996, rad. 11759, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; y sentencia del 13 de julio de 2000, rad. 12513, C. P. María Elena Giraldo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11 Y 32, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / EMPRESA DE LICORES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARTES CONTRATANTES / CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CAPACIDAD PARA SER PARTE / GARANTÍA PARA DEMANDAR / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / RELACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL TEMPORAL / PERSONA JURÍDICA PRIVADA / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CESIÓN DEL CONTRATO / LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO Problema jurídico: ¿La unión temporal contratista cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato, en favor de la distribuidora de licores cesionaria? Respuesta al problema jurídico: Si El departamento de Antioquia-Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia está legitimado en la causa por activa y por pasiva en reconvención, porque fue la parte contratante […]. [S]e acreditó que [la unión temporal contratista] cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato […], en favor de Licores […]. También se probó que se notificó al gobernador del departamento de Antioquia quien aceptó la cesión, según se acreditó con la copia auténtica de esa actuación, en la que consta la firma de ese funcionario. Este documento no fue tachado de falso por la parte demandada en reconvención. Aunque el contratista cedió su posición contractual a Licores […] -sociedad anónima de naturaleza privada constituida mediante escritura pública […]–, tal circunstancia no afecta el régimen jurídico aplicable al contrato, en tanto el departamento de Antioquia-Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia continuó como entidad contratante (art. 2 de la Ley 80 de 1993). Como Licores […] adquirió los derechos y obligaciones derivados del contrato por cesión y la entidad pública la aceptó, está legitimada en la causa por pasiva y por activa en reconvención. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LIMITACIÓN DEL JUEZ / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FUNDAMENTOS DE DERECHO / DERECHOS DEL ACREEDOR / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de la solución del mismo, corresponde mantener invariable la causa petendi? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l juez, al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de poder resolver el rumbo del litigio y la solución del mismo, le corresponde mantener invariable la causa petendi. [L]a Sala observa que la demanda principal solicitó que se liquide el contrato celebrado entre las partes y que [se] hagan a su favor los reconocimientos señalados en la pretensión tercera de la demanda, [por el valor estimado]. La demanda delimitó las pretensiones al indicar que correspondían a la liquidación judicial del contrato (pretensión primera). [L]a pretensión segunda [es] una declarativa tendiente a reconocer que las partes celebraron el contrato, aspecto que no requiere de declaración judicial en la medida en que se trata de un hecho probado […]. [L]a demanda principal no formuló pretensiones de incumplimiento, sino que persigue la liquidación judicial del contrato. [A]l presentar la demanda tendiente a obtener la liquidación judicial del contrato […], la parte demandante decidió no formular pretensiones de incumplimiento contractual. [P]idió la liquidación judicial del contrato. Además de las pretensiones […], en los fundamentos de derecho insistió en las acreencias pendientes a su favor, las cuales, afirmó, debían incluirse dentro de la liquidación judicial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causa petendi, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de febrero de 1995, rad. S-123, C. P. Consuelo Sarria Olcos. ETAPA CONTRACTUAL / CONDICIONES DEL CONTRATO / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CUENTAS POR PAGAR / CUENTAS POR COBRAR / CRUCE DE INFORMACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACCIÓN JUDICIAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / CLASES DE SALDOS A FAVOR / DECLARACIÓN DE SALDOS A FAVOR / VALIDEZ DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El juez puede, so pretexto de realizar el cruce de cuentas, declarar el incumplimiento contractual si no fue pedido en la demanda? Respuesta al problema jurídico: No La liquidación es una etapa en la que deben hacerse los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, [si] lo que se pretende es que la liquidación incluya los perjuicios derivados del incumplimiento, este aspecto debe quedar previamente definido. [E]l juez no podría, so pretexto de realizar el cruce de [cuentas], declarar el incumplimiento contractual si no fue pedido en la demanda. Las entidades públicas, [regidas] por la Ley 80 de 1993, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007, no estaban facultadas para declarar el incumplimiento del contrato. [C]on la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 se eliminó la prerrogativa de las entidades estatales para la declaración de incumplimiento del contrato, [ante] la imposibilidad de adoptar esta determinación de forma unilateral se debería pedir al juez que así lo declare y [que], incluya en la liquidación judicial del contrato los valores que resultan de ese incumplimiento. [E]n aquellos casos en los que se pide únicamente la liquidación judicial del contrato y se omite solicitar el incumplimiento del mismo, le corresponde al juez determinar [si] existen saldos pendientes entre las partes, en cuyo caso deberán ser reconocidos en el cruce de cuentas definitivo, sin que pueda resolver acerca del incumplimiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la pretensión de liquidación del contrato presentada por una entidad pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de mayo de 2022, rad. 55868; sentencia del 27 de octubre de 2023, rad. 63164, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; y sentencia del 21 de noviembre de 2022, rad. 68646, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CLASES DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / SALDOS A FAVOR / SALDOS A FAVOR ORIGINADOS EN LIQUIDACIÓN OFICIAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO / DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR / RECUPERACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONDICIONES DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / PRODUCTO DESTINADO A PUBLICIDAD / EMPRESA DE LICORES / BEBIDAS ALCOHÓLICAS Problema jurídico: ¿En los fundamentos de la demanda se limitó la causa petendi a la liquidación judicial del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [P]ara obtener la declaratoria de incumplimiento contractual era indispensable que se solicitara en las pretensiones de la demanda, ya que [en] los fundamentos de la demanda se limitó la causa petendi a la liquidación judicial del contrato. [H]abiéndose limitado las pretensiones a la liquidación judicial del contrato, el incumplimiento contractual es un aspecto que escapa del análisis en sede judicial, porque, [así] se formularon las pretensiones. [L]a Sala no analizará los hechos y argumentos que sustentan la nueva pretensión de incumplimiento [del] recurso de apelación. [E]n la medida en que la recurrente insistió en que existen acreencias pendientes a su favor porque el contratista no compró el número de botellas acordado durante [la] ejecución del contrato e insistió en que este valor fuera reconocido en la liquidación, así como [el] aporte institucional y publicitario, corresponde a la Sala determinar, [si] existen saldos pendientes entre las partes como consecuencia de la obligación de comprar una cuota mínima de botellas y de pagar el aporte institucional y publicitario [y], si procede modificar la liquidación judicial del contrato. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE MONOPOLIO ESTATAL / MONOPOLIO ESTATAL DE LICORES / MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LICORES / RENTAS DEL MONOPOLIO ESTATAL DE LICORES / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / MODIFICACIÓN DE LA NORMA / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA / PATRIMONIO DEL DEPARTAMENTO / EMPRESA DE LICORES / CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / CLASES DE MONOPOLIO RENTÍSTICO / EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE MONOPOLIO RENTÍSTICO / NORMATIVA DEL CONTRATO / NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Como el contrato de distribución está relacionado con el ejercicio del monopolio estatal de producción y venta de licores, el régimen jurídico es el derecho privado y la regulación especial del Estatuto de Contratación Pública? Respuesta al problema jurídico: Si [D]urante la vigencia de la Ley 80 de 1993, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007, [los] contratos que se celebran para desarrollar actividades en mercados monopolísticos se sujetan al Estatuto General de la Contratación Pública. El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 dispone que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Esta norma se opone al efecto general inmediato de una nueva ley en el ámbito contractual, porque los contratos no pueden estar sujetos a los cambios constantes y repentinos de la legislación, que generarían inestabilidad e incertidumbre en las relaciones jurídicas. Este mandato legal, es la concreción de la regla de la irretroactividad de la ley, pues la nueva no puede regular o afectar las situaciones jurídicas consolidadas. La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, creada mediante Ordenanza […], era una dependencia administrativa del departamento de Antioquia cuando celebró el contrato. Como el contrato de distribución está relacionado con el ejercicio de un monopolio estatal, el de producción y venta de licores, y se firmó [en] vigencia de la Ley 80 de 1993, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el régimen jurídico es el derecho privado (art. 13 de la Ley 80 de 1993) y la regulación especial del Estatuto de Contratación Pública. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen jurídico de los contratos relacionados con el monopolio estatal de producción y venta de licores, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 2022, rad. 50089, C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; y sentencia del 27 de agosto de 2020, rad. 44212, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13 CLASES DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SUMINISTRO PARA DISTRIBUCIÓN / CONTRATO DE SUMINISTRO PARA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS / ACTIVIDAD COMERCIAL / CONTRATO POR COLABORACIÓN / CLASES DE CONTRATO DE SUMINISTRO / DISTRIBUIDOR / CONTRATO DE EXCLUSIVIDAD / CLASES DE CONTRATO ATÍPICO / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / DERECHO A LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Problema jurídico: ¿La Corte Suprema de Justicia determinó que el contrato de distribución es un contrato atípico debido a la ausencia de una regulación específica en la ley mercantil, pese a su uso frecuente en el comercio? Respuesta al problema jurídico: Si El “contrato de distribución” no está regulado en las normas comerciales o civiles y carece de una definición clara en la legislación. [Se] describe como aquellos contratos cuyo objeto es colocar productos de otro en el mercado. [I]mplica la adquisición de bienes para colocarlos en el mercado por cuenta y riesgo propio. Desde el punto de vista de su función económica, esencial en los negocios mercantiles, este contrato se caracteriza por ser un acuerdo de colaboración y de duración. [E]l artículo 975 del Código de Comercio incluía al “distribuidor” dentro del suministro, al señalar que quien recibía el suministro en calidad de distribuidor tenía la obligación de promover, en la zona designada, la venta de mercancías o servicios con exclusividad y respondía por los perjuicios en caso de incumplimiento, incluso si se cumplía con la cantidad mínima fijada. Esta norma fue derogada por el artículo 33 de la Ley 256 de 1996. Con base en esa regulación, se consideraba que la actividad de distribución se integraba dentro de la figura del suministro cuando una persona adquiría bienes para revenderlos y no para consumirlos. La Corte Suprema de Justicia determinó que el contrato de “distribución” es un contrato atípico debido a la ausencia de una regulación específica en la ley mercantil, pese a su uso frecuente en el comercio. [C]oncluyó que este tipo de contrato se rige por lo pactado entre las partes bajo la autonomía de la voluntad y, en lo no previsto, por los principios generales de las obligaciones y contratos, así como por las reglas del contrato típico más cercano, el de suministro. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el contrato de suministro para distribución, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2014, número de providencia SC 5851-2014, M. P. Margarita Cabello Blanco. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 975, LEY 256 DE 1996 - ARTÍCULO 33 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SUMINISTRO PARA DISTRIBUCIÓN / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CLASES DE SALDOS A FAVOR / REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR / IMPROCEDENCIA DE SALDOS A FAVOR / PRODUCTO DESTINADO A PUBLICIDAD / GASTOS DE PUBLICIDAD / PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / MULTA AL CONTRATISTA / PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO / INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL Problema jurídico: ¿La demandante no logró acreditar la existencia de saldos pendientes a su favor y no procede modificar la liquidación judicial del contrato para reconocer alguna suma adicional? Respuesta al problema jurídico: Si [N]o obra prueba alguna –distintas a las que ya fueron analizadas y cuyo mérito probatorio ya fue estudiado por la Sala– en relación con saldos pendientes derivados de los aportes institucional y publicitario. [L]os únicos documentos que obran en el expediente relacionados directamente con este punto son las “Resoluciones […]”, mediante las cuales se impuso una multa al contratista por concepto de aporte publicitario durante el primer periodo de ejecución del contrato. En este orden de ideas, como no existe certeza frente al estado de esa obligación, la demandante no acreditó que el contratista adeude suma alguna por concepto de aporte institucional o publicitario. [N]o se cuenta con elementos adicionales que permitan arribar a una conclusión distinta a la adoptada por el Tribunal en la sentencia de primera instancia. [L]a demandante no logró acreditar la existencia de saldos pendientes a su favor y, por ello, no procede modificar la liquidación judicial del contrato para reconocer alguna suma adicional. Es claro que a partir de las pruebas que obran en el proceso no es posible concluir que el demandante haya demostrado algún perjuicio o suma a su favor que deba ser reconocida como le correspondía, conforme a los artículos 1757 del CC y 177 del CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 del CCA, normas que rigieron el trámite del proceso. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168 Y 267 , DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757 CLASES DE CONTRATO ESTATAL / CLASES DE CONTRATO ATÍPICO / CONTRATO DE SUMINISTRO PARA DISTRIBUCIÓN / CONTRATO PRINCIPAL / INTEGRACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL / CONTRATO ACCESORIO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN ACCESORIA / ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / COLIGACIÓN NEGOCIAL / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / GASTOS DE PUBLICIDAD / PRODUCTO DESTINADO A PUBLICIDAD / PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL Problema jurídico: ¿El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella? Respuesta al problema jurídico: Si [L]as partes y el Tribunal coinciden en afirmar que los contratos […] son “accesorios” al contrato […] –del que se pretende su liquidación– y que por ello resulta procedente su liquidación en un mismo acto. Según el artículo 1499 del CC, el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. [P]ara determinar la relación entre dos o más obligaciones que se reputan como accesorias, será necesario analizar el alcance del contrato principal y la autorización expresa o implícita contenida en este para entender los contratos celebrados con posterioridad como accesorios. Este análisis permite establecer si los contratos celebrados son realmente necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo base, [si] se subordinan a su objeto contractual y por lo mismo constituyen un medio para su ejecución efectiva. [L]os contratos coligados presentan una relación jurídica distinta. Aunque pueden estar vinculados por una finalidad económica común o por un mismo propósito contractual, mantienen su autonomía jurídica e independencia funcional. [P]ara la Sala es claro que dentro del alcance del contrato principal están las actividades tendientes a la publicidad de los productos, pues así se desprende de las inversiones a las que las partes se comprometieron en el contrato principal para tal fin. Esto hace que los contratos de publicidad fueran accesorios y, en tal virtud, debían integrar la liquidación del contrato base. [L]a Sala comparte las consideraciones del Tribunal en el sentido que las obligaciones contenidas en los tres contratos ya mencionados son accesorias al contrato […]. Por todo lo anterior, la Sala estima que sí era procedente la liquidación de los contratos en el mismo acto, tal como fue solicitado por las partes y realizado por el Tribunal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la obligación accesoria, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 2014, rad. 25645, C. P. Hernán Andrade Rincon. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1499 ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / APELANTE ÚNICO / REFORMA EN PERJUICIO DE APELANTE ÚNICO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / INTERÉS LEGAL / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS LEGAL / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / INDEXACIÓN DE LA CONDENA / CLASES DE INTERÉS CORRIENTE / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS CORRIENTE / AJUSTE POR INFLACIÓN / COMPONENTE INFLACIONARIO / GASTOS DE PUBLICIDAD / PRODUCTO DESTINADO A PUBLICIDAD / PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / CAUSACIÓN DE LOS INTERESES / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS CORRIENTE Problema jurídico: ¿Se actualizará el valor de la liquidación realizada por el Tribunal, sin que ello implique una afectación al principio no reformatio in pejus? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l monto de la condena debe actualizarse hasta la fecha de la presente sentencia. [E]l superior no puede reformar en perjuicio del apelante único [no reformatio in peius] (art. 357 del CPC) y, por ello, únicamente se actualizará el valor de la liquidación realizada por el Tribunal, sin que ello implique [una] afectación al mencionado principio. [S]olo cuando se aplican los intereses legales del Código Civil, [del] 6%, o los intereses moratorios [d]el inciso segundo del numeral 8º del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, procede la indexación de la suma originalmente debida, ya que cuando las partes pactan las tasas establecidas por el Código de Comercio (interés bancario corriente, art. 883 y 884 del C.Co. subrogados por la Ley 45 de 1990) no hay lugar a actualizar o traer a valor presente las sumas debidas, porque dichas tasas tienen un componente inflacionario. [E]l valor reconocido por concepto de mayor inversión publicitaria [no] puede ser objeto de actualización, en tanto el Tribunal consideró [reconocer] intereses comerciales corrientes, aspecto sobre el cual, [no se] formuló reparo alguno. [E]l valor total que reconoció el Tribunal a la entidad en la sentencia fue de $1.202´088.499, suma que [será] actualizada a la fecha de esta sentencia. En cuanto a los intereses, estos deben calcularse por los periodos y de la manera que fue reconocida por el Tribunal, en tanto este punto no fue objeto de reparo alguno en el recurso de apelación y mal haría la Sala en referirse sobre algo que escapa del objeto de la apelación (art. 357 del CPC). FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 883 Y 884, LEY 45 DE 1990, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8 INCISO 2, LEY 84 DE 1873

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200702924021100103