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APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2024-11-25 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020070062903 ACCION CONTRACTUAL
¿En garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y a la posibilidad de cuestionar las determinaciones judiciales, debe ordenarse al Tribunal a quo impartir el trámite del recurso de reposición a la apelación presentada contra del auto de 23 de septiembre de 2024, para que en sede de primera instancia se estudie de fondo los argumentos planteados por las entidades del extremo pasivo, sobre la procedencia de la vinculación de los miembros del Comité Fiduciario? Sí
En concreto, explicó que en este caso el juzgador de primera instancia adecuó el recurso de reposición a apelación y, a su vez, este despacho rechazó la impugnación, sin darle la oportunidad de que se reconsiderara la negativa de vincular a los miembros del Comité Fiduciario en la calidad solicitada. No obstante lo anterior, el despacho considera que le asiste razón a… [la recurrente], por cuanto en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y a la posibilidad de cuestionar las determinaciones judiciales, se debió ordenar al Tribunal a quo impartir el trámite del recurso de reposición a la apelación presentada, para que en sede de la primera instancia se estudiara y resolviera de fondo los argumentos planteados por las entidades del extremo pasivo.
REPONE
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2022-03-04 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 76001233100020040421702 ACCION CONTRACTUAL
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales en las que, a pesar de haber pactado una cláusula compromisoria, guardaron silencio sobre su existencia, lo que implica una renuncia tácita al pacto arbitral. Esto se debe a que la Sala ha reconocido que la renuncia tácita al pacto arbitral se produce cuando una de las partes presenta la demanda ante el juez contencioso administrativo y la otra parte no propone la excepción de cláusula compromisoria en su contestación, sin vulnerar el derecho de acceso a la justicia y el principio de confianza legítima. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia anterior que limitaba la competencia del juez contencioso administrativo en casos de cláusulas compromisorias, permitiendo que los procesos ya en curso continúen bajo la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve: ¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…
Consejo de Estado Providencia

La demandada no trasgredió la buena fe del actor

Sentencia — Sentencia 2022-02-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150119102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Con la expedición de los actos 11900-2014-6884 del 29 de diciembre de 2014, 10200-2014-1137 del 30 de diciembre de ese año y 11900-2015-0454 del 4 de febrero de 2015, la demandada desconoció el principio de buena fe y, por consiguiente, incurrió en responsabilidad precontractual? Sí
El contratista no puede reclamar responsabilidad precontractual por la terminación de una invitación pública, ya que la entidad estatal actuó conforme a los términos inicialmente establecidos y conocidos por el contratista, cumpliendo así con el principio de buena fe. La Sala reitera que la responsabilidad precontractual no se activa cuando la entidad cumple con los deberes inherentes a la buena fe contractual. Además, el Consejo de Estado determina que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, salvo excepciones legales, por lo que la terminación de la invitación pública no constituye un acto administrativo susceptible de nulidad. En consecuencia, el medio de control adecuado es la reparación directa, conforme al artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, al no tratarse de un acto administrativo sino de actuaciones negociales precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Consejo de Estado Providencia

Por prevalencia del derecho de acceso a la administración de justicia esta Colegiatura decidirá el asunto

Sentencia — Sentencia 2023-03-10 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 44001233100020110011201 ACCION CONTRACTUAL
¿Esta Corporación es competente para resolver sobre el fondo de este asunto, pese a la cláusula compromisoria contenida en el contrato cuyo incumplimiento se analiza? Sí
Pese a la existencia de una cláusula compromisoria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede resolver el fondo de la controversia cuando la contraparte no propone la excepción de pacto arbitral. La regla se apoya en tres razones. Primera, para la fecha de radicación de la demanda la jurisprudencia admitía la renuncia tácita al pacto arbitral. Segunda, bajo ese criterio la competencia se asumía cuando la contraparte no formuló excepción por esa circunstancia. Tercera, la prevalencia del derecho de acceso a la administración de justicia justifica decidir el asunto. En el caso, la Sala asumió la competencia y resolvió el fondo, por lo que la sentencia se confirmó. Como la controversia involucra a un ente universitario autónomo de carácter departamental, la competencia de segunda instancia del Consejo de Estado se confirma por la cuantía. La providencia remite a la línea sobre renuncia tácita al pacto arbitral, por lo que reitera ese criterio.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo? ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos siguientes a la notificación del acto de liquidación unilateral del contrato? ¿La modificación de la causa petendi planteada en la demanda, a través del recurso de apelación, permite tomar una decisión apreciativa de los cargos formulados contra la sentencia de primera…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, prevé que la decisión que adopte el panel arbitral sobre su propia competencia en la primera audiencia de trámite puede ser impugnada mediante el recurso de reposición.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 54001233300020230018901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe rechazarse, por falta de jurisdicción, la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio de San José de Cúcuta, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de claúsula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que, gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación? No
El contratista no debe rechazarse por falta de jurisdicción la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de cláusula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación. La Sala sostiene que, en ausencia de un juez competente, la decisión del tribunal arbitral sobre su propia competencia prevalece sobre cualquier otra proferida por un juez ordinario o contencioso administrativo, en virtud del principio kompetenz-kompetenz. Esto implica que, si el tribunal arbitral declara su falta de competencia, la demanda debe ser devuelta a la parte interesada para que promueva el proceso arbitral, salvo que la controversia sea de naturaleza tributaria, en cuyo caso corresponde a la justicia contenciosa administrativa. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la competencia del tribunal arbitral se limita a los asuntos de libre disposición y excluye aquellos que la ley reserva a la justicia estatal, como los tributos.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede vulnerarse el acceso a la administración de justicia si la jurisdicción de lo contencioso administrativo no asume la competencia…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Requisito al que se le ha atado la carga de claridad y de concreción y la necesidad de identificar los motivos concretos de la inconformidad, cuya ausencia “impide el examen judicial”.

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 50001233100020080019201 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe el juez abordar aquel petitum que no fue objeto de discrepancia expresa por el contratista en el acto de liquidación bilateral del contrato? No
El contratista no puede controvertir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo aquellos aspectos del contrato que no fueron objeto de discrepancia expresa en el acta de liquidación bilateral, en virtud del principio de buena fe y la prohibición de venir en contra de los propios actos, lo que implica que las salvedades en la liquidación deben ser claras y concretas para permitir el examen judicial posterior. Esta exigencia, inicialmente aplicable a la liquidación bilateral, se ha extendido a otras actuaciones contractuales como modificaciones y adiciones, y no puede instrumentalizarse como un obstáculo al derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala reitera esta posición, matizando que la administración no puede revocar unilateralmente acuerdos bilaterales previamente establecidos, y que el contratista debe dejar constancia expresa de sus inconformidades durante la ejecución del contrato para evitar sorpresas y defraudar la confianza de la entidad contratante.síntesis automática
También resuelve: ¿La actuación del contratista fue violatoria de la buena fe contractual y con ella sorprendió y defraudó a la entidad contratante… ¿Resulta procedente el reconocimiento de los sobrecostos en los que incurrió el contratista por la mayor permanencia en obra, resultado de la conducta de la entidad contratante?
Consejo de Estado Providencia

Caducidad de la acción: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 41001233100020120015501 ACCION CONTRACTUAL
¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, que busca garantizar la seguridad jurídica y proteger el interés general, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos, y que debe ser declarado de oficio por el juez ante su observancia en el proceso? Sí
La caducidad es un fenómeno objetivo, ligado al paso del tiempo y no a la voluntad de las partes, y es de orden público, por lo que su declaratoria corresponde al juez aun de oficio. El término de caducidad corre de forma imparable desde el hecho que la ley define como punto de partida, y no se suspende ni se interrumpe sino en los eventos y con los efectos que la propia ley establece. Tres razones sostienen la regla: la caducidad fija un límite temporal razonable para acceder a la jurisdicción, evita que las situaciones jurídicas en controversia permanezcan indefinidas en el tiempo, y su carácter de orden público impide que las partes alteren el término fijado en la ley. En consecuencia, el juez debe verificar al momento de dictar sentencia si cuenta con habilitación temporal para el examen pretendido, con base en el artículo 164 del CCA, aplicable al asunto, y en la jurisprudencia vigente cuando comenzó a correr el término. El documento reitera la jurisprudencia de la corporación sobre esta materia; la consecuencia práctica es que el juez debe examinar la oportunidad de la demanda aun cuando las partes no la hayan alegado.síntesis automática
También resuelve: ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales presentada para demandar la nulidad del acto de liquidación unilateral de un contrato de concesión…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El recurso de anulación es un mecanismo de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario que procede contra los laudos arbitrales ejecutoriados y no constituye una instancia más dentro del correspondiente proceso arbitral, ya que está dirigido a controvertir la decisión por errores in procedendo.

Sentencia — Sentencia 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020240008800 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso de anulación es un mecanismo de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario que procede contra los laudos arbitrales ejecutoriados y no constituye una instancia más dentro del correspondiente proceso arbitral, ya que está dirigido a controvertir la decisión por errores in procedendo? Sí
El recurso de anulación es un mecanismo de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario que procede contra los laudos arbitrales ejecutoriados, no constituyendo una instancia adicional dentro del proceso arbitral, sino que está dirigido a controvertir la decisión por errores in procedendo, es decir, defectos formales en la estructuración del laudo y no por cuestiones de fondo. El juez del recurso no puede revisar el mérito del asunto ni llevar a cabo un nuevo debate probatorio, limitándose a resolver sobre las causales específicas y taxativamente consagradas en la ley, como el incumplimiento del principio de congruencia, que requiere una comparación entre lo decidido por el tribunal de arbitramento y lo planteado por las partes como litigio sometido a su decisión, sin desbordar las pretensiones elevadas. Esta jurisprudencia reitera y matiza la naturaleza restrictiva del recurso de anulación, limitando el alcance de los poderes del juez en este proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La procedencia del recurso extraordinario de anulación se encuentra condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente… ¿Para verificar el respeto del principio de congruencia en el laudo arbitral en el ámbito del recurso de anulación, es necesario efectuar una comparación entre lo decidido por el tribunal de… ¿Debe analizarse el recurso extraordinario de anulación a la luz de la causal primera del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consistente en la inexistencia del pacto arbitral…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Reiteración de la jurisprudencia: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión 2022-08-29 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020040078001 ACCION CONTRACTUAL
¿Emplear un nuevo criterio jurisprudencial en las demandas interpuestas con anterioridad a la expedición de dicho fallo, puede causar una afectación al derecho de acceso a la justicia, al imponer una carga desproporcionada al demandante, por lo cual, en el presente caso, debe darse aplicación a la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, esto es, la que permite la renuncia tácita de los efectos de la cláusula compromisoria, siendo la jurisdicción contencioso administrativa competente para conocer de este asunto? Sí
El contratista no está obligado a adaptarse a un nuevo criterio jurisprudencial en demandas interpuestas antes de su expedición, ya que esto podría afectar su derecho de acceso a la justicia, imponiéndole una carga desproporcionada. La entidad estatal debe aplicar la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, que permite la renuncia tácita de los efectos de la cláusula compromisoria, garantizando así la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer del asunto. Esta regla reitera la importancia de considerar las consecuencias de los cambios jurisprudenciales y de proteger los derechos fundamentales de las partes, evitando defraudar expectativas legítimas y asegurando la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.síntesis automática
También resuelve: ¿La decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso por falta de jurisdicción y competencia no puede ser adoptada por medio de una sentencia, como ocurrió en este caso… ¿En aquellos casos en los que se apele la sentencia, el superior debe verificar si existen demandas de reconvención o procesos acumulados, y en caso de no haberse resuelto sobre todos…
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-02-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 66001233300020120005401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve: ¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa… ¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo? ¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
Consejo de Estado Providencia

La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del mismo.

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 15001233100020060296602 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, por lo que resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para perseguir la nulidad absoluta del contrato, con fundamento en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación del mismo? Sí
La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de una decisión de fondo frente a controversias derivadas del negocio jurídico estatal. Resulta procedente utilizar esta herramienta para cuestionar la nulidad absoluta del contrato, fundada en la ilegalidad del acto administrativo de adjudicación. La legitimación en las acciones contractuales a través de las cuales se persigue la nulidad absoluta de un contrato se encuentra en cabeza de las partes del contrato censurado, del Ministerio Público o de cualquier tercero que acredite un interés directo. La caducidad de la acción de controversias contractuales no se aplica en este caso, ya que la demanda fue interpuesta después de la entrada en vigor de la Ley 446 de 1998, lo que permite perseguir la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en las acciones contractuales a través de las cuales se persiga la nulidad absoluta de un contrato, se encuentra en cabeza de las partes del contrato censurado… ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, respecto de las pretensiones correspondientes al restablecimiento del derecho solicitado por el Consorcio… ¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No existe, como requisito de acceso a la administración de justicia

Sentencia — Sentencia 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 68001233100020110065001 ACCION CONTRACTUAL
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
El contratista no necesita realizar la liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para ejercer la acción de controversias contractuales, ya que los requisitos de procedibilidad deben interpretarse restrictivamente y no existe un requerimiento legal expreso que lo establezca. La liquidación unilateral por parte de la entidad estatal no impide el análisis del incumplimiento contractual, siempre y cuando el contratista incluya la nulidad del acto liquidatario en sus pretensiones, pero esto no es un requisito de procedibilidad sino un presupuesto lógico para la prosperidad de las pretensiones. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de inepta demanda por falta de liquidación, permitiendo que el juez estudie el incumplimiento del contrato incluso durante su ejecución, siempre que se respete lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública? ¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
Consejo de Estado Providencia

El incumplimiento contractual se refiere al proceder contrario de una o ambas partes

Sentencia — Sentencia 2022-10-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020110055701 ACCION CONTRACTUAL
¿El incumplimiento contractual se refiere al proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones contraídas al suscribir el acuerdo de voluntades, mientras que el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada, que es ajena y externa a las partes contratantes? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual, que surge del proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones pactadas, con el desequilibrio económico, que se origina en circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes, como la teoría de la imprevisión o el ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la Administración. La Sala ha reiterado que el incumplimiento contractual conlleva la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad de la conducta, con reparación integral de los perjuicios, mientras que el desequilibrio económico implica el restablecimiento del sinalagma funcional pactado, llevando al contratista a un punto de no pérdida. Esta distinción es crucial para evitar confusiones en las demandas y permite al juez aplicar correctamente el derecho, en virtud del principio iura novit curia, sin vulnerar el debido proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La imprecisión en identificar indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como causa de las reclamaciones de una demanda… ¿La liquidación constituye la etapa que busca vestir de punto final las relaciones negociales que emergen del contrato estatal… ¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, en virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes…
Consejo de Estado Providencia

No se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento

Sentencia — Sentencia 2023-07-12 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233100220110089301 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento en que la parte demandante presenta la demanda durante la vigencia del contrato? No
Cuando el contrato está sometido a liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde su terminación, de modo que la demanda presentada mientras el contrato sigue vigente no está caducada. La regla parte del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fija un plazo de dos años desde el día siguiente al acontecimiento que fundamenta las pretensiones, pero lo cuenta de forma distinta en los casos sometidos a liquidación. Se apoya además en el artículo 60 original de la Ley 80 de 1993, que ordenaba liquidar los contratos cuya ejecución se prolongara en el tiempo, y en que la liquidación debe emprenderse desde que el contrato termina por cualquier motivo. En el asunto, el contrato era de ejecución diferida y estaba obligado a liquidarse, pero su vigencia no había expirado cuando se presentó la demanda. La Sala revocó la decisión de primera instancia, que había descartado la demanda por caducidad sin estudiar el fondo. En la práctica, la demanda no puede rechazarse por caducidad mientras el contrato siga vigente.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por violar los principios de planeación y transparencia ? ¿Las irregularidades referentes al registro o el certificado de disponibilidad presupuestal generan la nulidad del contrato? ¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por comprometer vigencias futuras sin autorización?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 17001233300020120019202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el proceso de controversias contractuales en el que se elevaron pretensiones en torno a un contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, Empresa Departamental para la Salud EDSA? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias contractuales relativas a un contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por una entidad pública, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación de la sentencia del tribunal, según el artículo 150 del mismo código, en la versión vigente al presentarse la demanda. La regla se apoya en que una de las partes del contrato es una entidad pública departamental de salud, lo que sitúa la controversia en el ámbito de los contratos estatales. En el caso, la entidad pública departamental de salud que celebró el contrato de concesión habilita la competencia del Consejo de Estado en apelación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las controversias sobre concesiones de juegos de suerte y azar celebradas por entidades públicas son competencia de la jurisdicción, y la apelación contra la sentencia de primera instancia se resuelve por esta Corporación.síntesis automática
También resuelve: ¿La Empresa Departamental para la Salud EDSA y la sociedad SUSUERTE S.A. se encuentran legitimados por pasiva y por activa, respectivamente, en los dos procesos acumulados… ¿La caducidad representa una figura jurídica de orden público que impone un límite máximo y perentorio dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción… ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la existencia del contrato de concesión de juegos de suerte y azar celebrado por la Empresa…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio

Sentencia Unificación — Sentencia 2024-05-09 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 76001233100020060332003 ACCION CONTRACTUAL
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas… ¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios… ¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El acto administrativo estaba viciado por falsa motivación

Sentencia — Sentencia 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 20001233100020020132901 ACCION CONTRACTUAL
¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por haber sido expedido con falsa motivación? No
El contratista no puede declarar nulo el acto administrativo que declara la caducidad del contrato por falsa motivación, vulneración del debido proceso o incumplimiento de la buena fe contractual, siempre y cuando la entidad estatal haya acreditado el incumplimiento grave y reiterado del contratista y haya permitido al mismo tiempo un plazo razonable para que cumpla con sus obligaciones. En este caso, la entidad estatal demostró que el contratista no cumplió con sus obligaciones de pago y de publicidad, lo que autorizaba la declaratoria de caducidad del contrato. Además, la entidad estatal no vulneró el debido proceso ni la buena fe contractual, ya que advirtió reiteradamente los incumplimientos del contratista y le dio un tiempo prudencial para cumplir con sus obligaciones antes de declarar la caducidad. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que la presunción de legalidad de los actos administrativos impide que la justicia declare la legalidad de dichos actos, pero sí permite que se declare la procedencia de la caducidad del contrato en casos similares.síntesis automática
También resuelve: ¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el debido proceso? ¿Es nulo el acto administrativo que declaró la caducidad de un contrato, por vulnerar el derecho de defensa y la buena fe? ¿Conforme a lo solicitado en la demanda de reconvención, es procedente declarar la legalidad de las resoluciones 0433 de 2001 y 196 de 1999, que declararon la caducidad del contrato…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Debe computarse el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del acta de terminación unilateral cuando no se suscribió acta de inicio del contrato.

Salvamento voto — Salvamento de voto 2026-05-22 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 68001233300020210000201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿No se podía obviar que no se celebró el acta de inicio del contrato, para llevar a cabo el conteo de la caducidad del medio de control? Sí
El juez contencioso administrativo debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir de la fecha del acta de terminación unilateral cuando las partes omitieron suscribir el acta de inicio del contrato. El magistrado disidente expone en su salvamento de voto que la mayoría erró al aplicar un plazo presunto de suscripción del acta inicial, desatendiendo la realidad contractual y la sentencia SU-16 de 2026 de la Corte Constitucional. Considera que la providencia exigía una argumentación jurídica más rigurosa y sólida para resolver adecuadamente los aspectos de caducidad y las controversias relativas al los actos de terminación y liquidación del vínculo negocial.síntesis automática
También resuelve: ¿La Sala tomó una decisión respecto a la caducidad del medio de control, sin llevar a cabo una argumentación que demuestre la correcta aplicabilidad de los motivos de hecho y de derecho que debían…
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: la figura del restablecimiento del equilibrio económico contractual resulta aplicable en contratos regidos por el derecho privado

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-10-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233100020120020601 ACCION CONTRACTUAL
¿La figura del restablecimiento del equilibrio económico contractual resulta aplicable en contratos regidos por el derecho privado? Sí
Si bien acompaño la decisión de negar la pretensión de la Fundación Tierra Viva, relacionada con el equilibrio contractual, lo hago porque sus supuestos no se aprecian probados -según lo que se expone en la sentencia-, pero no porque sea improcedente examinar ese fenómeno en contratos de derecho privado, criterio este que esbozó la Sala mayoritaria. Como lo he manifestado en otras oportunidades, considero que el equilibrio prestacional u obligacional en materia contractual opera ante todo como principio, más que como simple regla, tanto para los contratos de derecho público como los de derecho privado, al margen de que los primeros tengan regulación legal expresa sobre el restablecimiento de ese equilibrio.
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: la condena en costas en vigencia del CPACA requiere de una valoración subjetiva de la conducta de las partes

Salvamento voto — Salvamento de voto 2024-06-21 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020180030802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La condena en costas en vigencia del CPACA requiere de una valoración subjetiva de la conducta de las partes, por lo que, en el caso concreto, no había lugar a su imposición, por cuanto la demanda no careció manifiestamente de fundamento legal, así como tampoco se advirtió una conducta temeraria o de mala fe por parte del apelante? Sí
La posición mayoritaria de la Subsección, a la luz de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 188 del CPACA, aplicó un criterio objetivo, con el fin de condenar en costas en esta instancia. Sin embargo, el inciso segundo del artículo antedicho, introducido por la Ley 2080 de 2021, alude a la manifiesta carencia de fundamento como requisito para condenar en costas, y ello se refuerza por la expresión “en todo caso”, que debe ser entendida como una exigencia para que se valore siempre si la demanda carecía manifiestamente de fundamento y, solo cuando la respuesta sea afirmativa, procederá la condena en costas. Para armonizar la interpretación de ambos incisos (considerando el envío normativo que el primero efectúa al CGP), es necesario auscultar la exposición de motivos del proyecto que dio lugar a la citada Ley 2080 de 2021… .