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VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

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Consejo de Estado Providencia

Recurso de apelación: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 85001233300020190014701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es la oportunidad procesal para adicionar cargos de anulación? No
El recurso de apelación no es la oportunidad procesal para adicionar cargos de nulidad que no se formularon en la primera instancia, porque hacerlo vulneraría el derecho de defensa del demandado, que no pudo controvertirlos ni aportar pruebas sobre ellos. Una razón es que los nuevos reproches de falsa motivación por dos porcentajes de ejecución, de falta de autorización de un plazo adicional y de uso de documentos precontractuales de otro contrato no se debatieron en el proceso de primera instancia. Otra razón es que la entidad contratante citó al contratista a una audiencia por ausencia de personal, falta de informes mensuales y no amortización del anticipo, pero en la audiencia varió los hechos del posible incumplimiento y declaró los siniestros por otros motivos, lo que desconoció el debido proceso del contratista. En el caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y los siniestros. Su consecuencia práctica es que el demandante debe formular todos los cargos de nulidad en la demanda, y la entidad debe sustentar el incumplimiento con los mismos hechos que notificó al contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque los actos acusados son nulos por cuanto la entidad demandada varió los hechos constitutivos del posible incumplimiento endilgados, y por ende… ¿Procede la condena en costas contra la parte demandada por cuanto resultó vencida en el proceso?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-08-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 13001233100020070043801 ACCION CONTRACTUAL
¿Para la época en que fue proferido el acto que declaró la caducidad del contrato, era obligatorio o existía un procedimiento previo que la entidad demandada tuviera que realizar para garantizar los derechos al debido proceso, audiencia y defensa del contratista? Sí
El contratista tiene derecho al debido proceso administrativo en el momento de la declaratoria de caducidad del contrato, lo que implica que la entidad estatal debe garantizarle la posibilidad de ser oído y ejercer su defensa, independientemente de la ausencia de un procedimiento específico en la época en que fue proferido el acto. Esto se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política y en la jurisprudencia que lo desarrolla, así como en el Decreto 01 de 1984, que establece la obligación de la administración de comunicar al contratista las actuaciones que puedan afectar sus intereses y darle la oportunidad de expresar sus opiniones. La Sala reitera que la omisión de estos procedimientos vicia de nulidad el acto administrativo que declara la caducidad del contrato, lo que puede conllevar una indemnización por pérdida de oportunidad si el contratista demuestra que estaba en una posición jurídicamente relevante para celebrar contratos con el Estado y que esa posibilidad fue truncada por la declaratoria de caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Para la procedencia de la indemnización de perjuicios por la pérdida oportunidad derivada del acto que declara la caducidad de un contrato estatal… ¿Es procedente reconocer a favor del contratista indemnización de perjuicios a título de pérdida de oportunidad, cuando no se acreditó que, en los años de la inhabilidad… ¿Es procedente reconocer indemnización de perjuicios por el 15% del valor de las cuotas partes que le hubieran correspondido al demandante “sí el contrato se hubiera desarrollado en feliz término”?
REVOCA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

No debe declararse la nulidad de las resoluciones 357 y 425 de 2021

Sentencia — Sentencia 2026-05-21 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C) JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA Rad. 25000233600020220039300 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe declararse la nulidad de las resoluciones 357 y 425 de 2021, por medio de las cuales se declaró el incumplimiento, se hizo efectiva la cláusula penal del contrato 479 celebrado entre las partes demandante y demandada y se confirmó tal decisión por estar incurso en las causales de nulidad alegadas por la parte actora? No
El contratista no puede declarar la nulidad de las resoluciones que declaran el incumplimiento y hacen efectiva la cláusula penal en un contrato interadministrativo, ya que la entidad estatal tiene competencia funcional para adelantar el proceso de incumplimiento y declarar el incumplimiento contractual conforme a la ley, sin violar el debido proceso ni presentar falsa motivación, siempre y cuando se acredite debidamente la falta de cumplimiento del contrato y se respeten los derechos del contratista en todo el proceso. La Sala reitera la jurisprudencia sobre la competencia de las entidades estatales para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en contratos interadministrativos, lo que implica que los contratistas deben cumplir con sus obligaciones contractuales y no pueden alegar nulidad sin evidencia clara de violación al debido proceso o falsa motivación del acto administrativo.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140058501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de… ¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas… ¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿La no citación de la SAE en el procedimiento administrativo que antecedió la declaratoria de caducidad del contrato vulneró sus derechos como administradora de Aposmar?

Sentencia — Sentencia 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 47001233300020170021001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La no citación de la SAE en el procedimiento administrativo que antecedió la declaratoria de caducidad del contrato vulneró sus derechos como administradora de Aposmar? No
La falta de citación de la entidad que tiene el interés en la actuación administrativa de caducidad no vulnera los derechos del administrado cuando el depositario del patrimonio está llamado a velar por esos intereses y la declaratoria de caducidad no lo exige. La regla se apoya en que el tribunal señaló que la citación no era necesaria para declarar la caducidad, y en que el depositario debía velar por los intereses de la entidad, lo que sustenta la decisión de instancia. Además, la apelación no cumple la carga de sustentación cuando se limita a reiterar los argumentos de la demanda sin reparos concretos contra el razonamiento del fallo, pues no habilita al juez de segunda instancia a revocarlo. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la sentencia que declara la caducidad sin citación de la entidad interesada se confirma cuando el recurrente no controvierte de manera específica las razones del tribunal.síntesis automática
También resuelve: ¿La SAE vio vulnerados sus derechos por no haberse acreditado probatoriamente las conductas que justificaban la caducidad del contrato adjudicado a Aposmar? ¿La declaratoria de caducidad del contrato vulneró el mandato legal de mantener productivos los activos administrados por la SAE durante el proceso de extinción de dominio…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No es admisible estimar que se trata de una simple decisión declarativa de la efectividad del seguro que puede adoptarse de plano, interpretación contraria a la Constitución y a la ley.

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020210062101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe la administración, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizar plenamente el derecho al debido proceso del contratista y de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tratarse de un acto que implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual y que, por tanto, exige la posibilidad de ser oído, controvertir las pruebas y presentar las que se consideren pertinentes? Sí
El contratista y la aseguradora del cumplimiento del contrato estatal tienen derecho al debido proceso antes de que la administración declare la ocurrencia del siniestro y haga efectiva la garantía única de cumplimiento, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Este derecho implica la posibilidad de ser oídos, controvertir las pruebas y presentar las que consideren pertinentes para defender sus intereses, ya que la declaración de siniestro implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual. La Sala reitera la necesidad de garantizar el debido proceso en estas circunstancias, lo que implica que la administración debe permitir a las partes involucradas participar en un procedimiento reglado antes de adoptar decisiones que afecten sus intereses.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe el municipio de Soacha ser condenado en costas en la segunda instancia, conforme al numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, dado que su recurso de apelación no prosperó?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-08-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233100020010235402 ACCION CONTRACTUAL
¿La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 que declara el incumplimiento contractual, fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación y en consecuencia, con falta de competencia temporal? No
La entidad estatal que profiere un acto administrativo declarando el incumplimiento de un convenio o contrato estatal actúa dentro de los límites de su competencia temporal siempre que la decisión se adopte antes del vencimiento del plazo legal para liquidar el negocio jurídico o dentro de los plazos conferidos jurisprudencialmente, sin que se requiera necesariamente agotar la liquidación bilateral. La Corporación precisa que la actuación administrativa desplegada para sancionar el incumplimiento respeta plenamente el derecho fundamental al debido proceso cuando se otorga al contratista la oportunidad efectiva de conocer los informes de interventoría, controvertir los cargos endilgados y presentar sus descargos antes de la expedición de los actos definitivos. La falta de sustentación autónoma en el recurso de apelación impide prosperar los argumentos sobre falsa motivación planteados por la parte recurrente.síntesis automática
También resuelve: ¿La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo? ¿Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso? ¿Los actos acusados se expidieron con falsa motivación?
CONFIRMA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Tampoco se advierte una indebida inversión de la carga probatoria por parte del juez de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2026-07-23 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C) FERNANDO IREGUI CAMELO Rad. 11001334306420170009802 ACCION CONTRACTUAL
“¿El contexto de la expedición de la Resolución No. 5997 de 2016 y la decisión que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra (Resolución No. 6050 de 2016), constituye una actuación viciada por falta de competencia y por infracción a la prohibición de subdelegación de funciones prevista en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la exigencia del literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, según la cual la audiencia sancionatoria contractual debe ser convocada y dirigida por el jefe de la entidad o su delegado?” No
El contratista no puede alegar falta de competencia o subdelegación de funciones en la expedición de las resoluciones sancionatorias, ya que la delegación de funciones por parte del jefe de la entidad fue válida y de conocimiento público, y la carga probatoria de desvirtuar dicha delegación recae sobre el contratista, quien no la cumplió. Además, la mención de una norma derogada en el oficio de convocatoria a la audiencia sancionatoria no vicia el debido proceso, dado que el contenido normativo de dicha norma sigue vigente bajo otra disposición legal aplicable a los hechos investigados. Esta decisión reitera y confirma la presunción de legalidad de los actos administrativos y la necesidad de que el contratista acredite cualquier vicio en la delegación de funciones, así como la irrelevancia de citar normas derogadas si su contenido sigue vigente en otra disposición legal.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 13001233100020090054801 ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad, en la medida en que no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión en un contrato de concesión de servicios públicos, en la medida en que estos no plantearon una circunstancia concreta que justifique la afectación grave del servicio o su paralización, y no cumplieron con el procedimiento previsto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 31 del contrato, que exige que las partes intenten acordar previamente los cambios contractuales antes de que la entidad pueda expedir el acto administrativo de modificación unilateral. Esto implica que la entidad debe demostrar que hubo una convocatoria previa al contratista para discutir las modificaciones propuestas y que no se logró un acuerdo, lo cual no se evidenció en este caso.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos administrativos demandados que modificaron unilateralmente la cláusula de reversión estipulada en el contrato, están afectados de nulidad…
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-02-12 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A) DAYAN ALBERTO BLANCO LEGUIZAMO Rad. 11001333603120200001201 ACCION CONTRACTUAL
¿El descuento por valor de $757.444.465 efectuado por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad al momento de pagar a Fresenius S.A., las Órdenes de compra 19961, 19962, 19963, 19964 y 19965, constituye un incumplimiento contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento en el pago de órdenes de compra sin que previamente se haya establecido una relación de deudas recíprocas, líquidas y actualmente exigibles, y sin que se haya garantizado el debido proceso administrativo. La entidad estatal debe adelantar el procedimiento de declaratoria de incumplimiento contractual para determinar la existencia de una deuda específica y su monto concreto antes de realizar cualquier compensación. En este caso, la Policía Nacional no cumplió con este requisito, por lo que su descuento de $757.444.465 constituye un incumplimiento contractual que debe ser corregido. Esta decisión reitera la importancia de seguir los procedimientos legales para evitar violaciones al debido proceso administrativo en la contratación estatal.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contenciosa conoce de la legalidad de actos sancionatorios en contratos estatales celebrados por entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 76001233300020130028301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la legalidad de actos administrativos que imponen multas en el marco de contratos de concesión celebrados con entidades públicas según lo dispuesto expresamente en el artículo 104 del CPACA. En este caso judicial, el Consejo de Estado resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se abstiene de imponer condena en costas de segunda instancia al no prosperar las impugnaciones presentadas por ambas partes, entendiéndose las costas debidamente compensadas entre los extremos procesales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las resoluciones demandadas, mediante las cuales se impuso una multa al contratista, en el marco del contrato de concesión… ¿Para determinar si se vulneró el debido proceso del concesionario resultan aplicables las disposiciones del manual de contratación del ICBF? ¿Cuando la administración ejerce su potestad sancionadora, si bien se efectúa unilateralmente, debe estar precedida de un procedimiento mínimo que preserve las garantías del debido proceso del…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No existen expectativas legítimas en contravía del ordenamiento jurídico

Sentencia — Sentencia 2023-03-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020190013901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existió una vulneración al debido proceso en el procedimiento sancionatorio minero contra el demandante? No
Cuando el titular minero es requerido en un procedimiento sancionatorio, el derecho de contradicción se garantiza mediante providencia notificada por estado, sin que sea exigible una notificación personal fuera de las excepciones previstas en la normativa especial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la normativa minera admite la notificación por anotación en estados de las providencias del procedimiento, y el demandante reconoció que los primeros autos se notificaron de esa forma. Segunda, la declaratoria de caducidad se fundamentó en el incumplimiento parcial de los requerimientos, y la multa en la falta de entrega de formularios básicos, de modo que la falta de notificación alegada no configura causal de nulidad. Tercera, no existen expectativas legítimas contrarias al ordenamiento que justifiquen desconocer reglas de derecho público de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, el cambio de dirección para notificaciones personales resulta irrelevante y no se vulneró el debido proceso. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera debe estar precedida de un procedimiento administrativo donde se le permita al concesionario conocer las causas de ésta y ejercer su… ¿La falta de ejecución del contrato excusa al contratista de la obligación de mantener vigente la garantía minero ambiental? ¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista.

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 85001233300020160006101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista? No
El contratista no debe ser declarado en litisconsorcio necesario con la entidad aseguradora, ya que la relación entre ambas no es indispensable para que uno de ellos actúe en el proceso, configurándose así un litisconsorcio cuasinecesario. Además, las objeciones al dictamen pericial presentadas por la aseguradora no constituyen un error grave, afectando solo la credibilidad y solidez técnica de la prueba, pero no su validez. Asimismo, la UT contratista no tiene la obligación de corregir y ajustar los diseños de la obra, y el incumplimiento en la entrega de los planos no justifica hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el 100% del valor estipulado, ya que no se demostró un nexo causal entre la deficiencia en los diseños y la inejecución de las obras. Por último, la entidad estatal rechaza la pretensión de nulidad de las resoluciones impugnadas, al no acreditarse adecuadamente la inversión del anticipo por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Los dictámenes periciales adolecen de error grave por las deficiencias técnicas y metodológicas expresadas por la parte demandante? ¿Le asistía a la UT contratista el deber de corregir y ajustar los diseños de la obra que eran objeto del contrato núm. 320 de 2011? ¿El contratista manejó e invirtió adecuadamente los recursos del anticipo pactado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Resulta procedente prescindir de la audiencia de pruebas

Auto interlocutorio — Auto que prescinde de audiencia de pruebas 2025-03-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020140002400 LEY 1437 REPETICION
¿Resulta procedente prescindir de la audiencia de pruebas, con el fin de agilizar el proceso judicial y cumplir el mandato de la Ley 2213 de 2022, dado que las pruebas que deben practicarse son pruebas documentales que reposan en el expediente y fueron objeto de traslado para que se surtiera la contradicción de las mismas, por economía procesal y eficacia, al no advtirse una violación al debido proceso como quiera que las partes tuvieron la oportunidad de controvertir la prueba con el traslado realizado, y en garantía del acceso a la administración de justicia? Sí
El contratista puede prescindir de la audiencia de pruebas en un proceso contencioso administrativo si las pruebas a incorporar son documentales y ya fueron objeto de traslado para su contradicción, siempre que esto no vulnere el debido proceso y las partes hayan tenido la oportunidad de controvertir dichas pruebas. Esta decisión se fundamenta en el mandato de agilizar los procesos judiciales establecido por la Ley 2213 de 2022 y en la garantía del acceso a la administración de justicia consagrada en la Constitución. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la economía procesal y la eficacia en la administración de justicia, permitiendo así una mayor celeridad en la resolución de conflictos.síntesis automática
PRESCINDE
Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2022-04-22 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 76001233100020020473101 ACCION CONTRACTUAL
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran la caducidad del contrato estatal cuando se evidencia su incumplimiento, ya que la entidad administrativa justificó adecuadamente el incumplimiento del contratista, y la Sala considera que la entidad demandante no tiene el interés directo requerido para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo, dado que su interés en la nulidad del convenio es indirecto y no afecta sus derechos directos en la caducidad del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la competencia del Consejo de Estado en controversias contractuales en ausencia de cláusulas compromisoriarespetando la posibilidad de renuncia tácita a la justicia arbitral, y matiza la posición respecto a la legitimación en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta de contratos estatales, estableciendo que los terceros ajenos al contrato deben demostrar un interés directo en el acto administrativo cuestionado.síntesis automática
También resuelve: ¿La entidad demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para solicitar la nulidad absoluta del convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Jamundí y Coopmunicipios… ¿Resulta procedente la nulidad de los actos contractuales que declararon la caducidad administrativa del contrato de outsourcing… ¿Se acreditó la violación al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción, en la declaratoria de caducidad del contrato de outsourcing por el incumplimiento de las obligaciones del…
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-06-16 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 13001233300020150082801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos? No
El contratista no puede ejercer unilateralmente la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado basándose en disposiciones de la Ley 1474 de 2011, si las partes no incorporaron expresamente dicha ley en el acuerdo de voluntades. En este caso, la entidad estatal pretendió aplicar la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, sin que las partes hubieran acordado su inclusión en el contrato. La Sala estableció que la atribución de potestades unilaterales en contratos de derecho privado requiere un pacto claro y expreso, y no basta con la vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP. La regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, matizando que la incorporación de normas del EGCAP debe ser explícita y no puede ser asumida por la mera vigencia de la ley. Esto implica que las partes deben ser cuidadosas al definir las facultades y procedimientos que regirán el contrato, evitando asumir que las disposiciones del EGCAP se aplican automáticamente.síntesis automática
También resuelve: ¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las… ¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación… ¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Argumentó que se habían negado las peticiones probatorias y que no había precluido la etapa probatoria

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 66001233300020180007202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal Administrativo de Risaralda omitió correr traslado a las partes para alegar de conclusión? No
El contratista no puede alegar que el tribunal omitió correr traslado para presentar alegatos de conclusión si ya se había ordenado previamente y las partes tuvieron la oportunidad de pronunciarse, como ocurrió en este caso donde el tribunal ordenó el traslado el 20 de agosto de 2019, y el demandante presentó recurso de reposición sin alegar la falta de traslado, y el tribunal confirmó la decisión. Además, el tribunal no incurrió en defectos de valoración probatoria al analizar integralmente las pruebas que demostraban la legalidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato, y el demandante no demostró cómo la valoración de las pruebas habría variado la decisión del tribunal, por lo que la apelación no prospera. Este precedente reitera que el tribunal debe cumplir con los trámites procesales y analizar las pruebas de manera integral, pero también establece que el demandante debe utilizar oportunamente los recursos procesales para alegar cualquier irregularidad.síntesis automática
También resuelve: ¿El Tribunal incurrió en defectos de valoración probatoria que condujeron a negar la pretensión de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato? ¿El ad quo realizó un análisis integral de las pruebas que obran en el plenario que demuestran la legalidad del acto acusado? ¿El ad quo debía pronunciarse respecto de la pretensión relativa al reconocimiento de $106’328.139,00 por concepto de mayor valor deducido sobre el saldo a su favor con base en la aplicación de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen en el proceso otras pruebas que permiten la verificación de los hechos.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-10-20 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020220064302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen en el proceso otras pruebas que permiten la verificación de los hechos? No
El contratista no puede recurrir de apelación contra el auto que niega el decreto de la inspección judicial cuando existen otras pruebas en el proceso que permiten verificar los hechos, ya que el artículo 236 del Código General del Proceso establece que no procede ningún recurso en estas circunstancias. Además, si la solicitud de prueba incluye un dictamen pericial o un testimonio técnico, el contratista debe cumplir con las cargas procesales mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico, como especificar los conocimientos técnicos del auxiliar de la justicia o proporcionar la información necesaria para citar a los declarantes. El incumplimiento de estas cargas impide el decreto de la prueba y hace improcedente el recurso de apelación, lo que reafirma la necesidad de cumplir con los requisitos legales para garantizar el debido proceso y evitar la desnaturalización de los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera el juez el derecho fundamental al debido proceso y las garantías probatorias de la parte interesada al negar el decreto del dictamen pericial solicitado…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020180018001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La aseguradora se encuentra legitimada en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista? No
El contratista no está legitimado en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista, ya que la aseguradora no es parte del contrato estatal y su interés se limita a los aspectos que impactan directamente su patrimonio. Aunque la compañía aseguradora puede discutir la legalidad de los actos administrativos que afectan la garantía del contrato, no puede reclamar las prestaciones propias del contratista ni cuestionar la liquidación unilateral del contrato que no vincula formal ni materialmente a la aseguradora. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, limitando la legitimación en la causa por activa de la aseguradora a los aspectos que directamente la afectan, lo que implica que la aseguradora no puede demandar por los derechos del contratista ni por actos que no la vinculan directamente.síntesis automática
También resuelve: ¿Son válidos los actos administrativos que ordenaron hacer efectivo el amparo de cumplimiento para pagar la cláusula penal, cuando dicho amparo ya había sido afectado por su valor total… ¿Es nulo el acto administrativo que declara el siniestro y ordena hacer efectiva la garantía de anticipo por apropiación indebida de recursos… ¿Tiene derecho la aseguradora al reintegro de las sumas pagadas con cargo a las garantías del contrato, junto con su actualización e intereses…
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Consejo de Estado Providencia

Se ha concluido que dichas manifestaciones no pueden analizarse como actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 25000233600020220029201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede afirmarse que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 —modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011— y a la jurisprudencia reiterada de la Sala, el contrato No. 1298 de 2017 celebrado por el Fondecun, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia con el sector privado, se encuentra sometido al régimen de derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las decisiones adoptadas por la entidad en ejercicio de las facultades pactadas contractualmente (como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria) constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos? Sí
Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no quedan sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Por ello, las decisiones que la entidad adopta en ejercicio de las facultades pactadas en el contrato, como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria, constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos. La regla se apoya en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, y en que el objeto misional de la entidad, al efectuar captaciones, prestar asesoría y adelantar operaciones de financiación, la coloca en competencia con el sector privado. La providencia reitera la jurisprudencia de la subsección, según la cual esta clase de entidades no se rige por el estatuto general. Como consecuencia práctica, las controversias sobre esas decisiones deben tramitarse como asuntos contractuales de derecho privado y no como impugnaciones de actos administrativos.síntesis automática
También resuelve: ¿El Tribunal desconoció que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XXI S.A.S. produjo efectos de cara al contrato No. 1298 de 2017? ¿Conforme a lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017 y al procedimiento seguido por el Fondecun, la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento… ¿Se debió reconocer en favor de los demandantes el pago de la suma pretendida por la ejecución de la fase 1 del citado contrato, que habría realizado la Unión Temporal Construir Día?
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