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Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre desistimiento de pruebas2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020150003800LEY 1437 REPETICION
¿ Procede el desistimiento de las pruebas testimoniales? Sí
El artículo 175 del CGP aplicado por remisión expresa del artículo 211 del CPACA señaló que “La partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieren solicitado. No se podrá desistir de las pruebas practicadas, excepto en el caso contemplado en el inciso final del artículo 270”. En esa medida, como las pruebas testimoniales solicitadas… , aún no se han practicado, se procederá a aceptar su desistimiento.
También resuelve:¿Resulta procedente reconocer la personería para actuar como apoderada de la demandante Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y abstenerse de reconocer personería al abogado?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2024-10-15Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020200039901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la admisión del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia por encontrarse acreditados los presupuestos de procedencia, oportunidad y sustentación? Sí
Por encontrarse acreditados los presupuestos de procedencia, oportunidad y sustentación, se admitirá el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 y 247 del CPACA, modificados por los artículos 62 y 67 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente.
También resuelve:¿Se reúnen los requisitos legales para reconocer personería al abogado?
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2026-10-07Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 17001233300020180035802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de suspensión del proceso presentada de común acuerdo por las partes reúne los requisitos previstos en el numeral 2 del artículo 161 del CGP? Sí
La solicitud de suspensión del proceso presentada de común acuerdo por las partes reúne los requisitos previstos en el numeral 2 del artículo 161 del Código de Procedimiento General de los Tribunales (CPG), que establece que el juez decretará la suspensión del proceso cuando las partes lo soliciten de común acuerdo por un tiempo determinado. En este caso, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó la suspensión del proceso con la intención de llegar a un acuerdo con la Asociación de Técnicos de Gestión Agroempresarial de Risaralda, y la parte demandada manifestó su acuerdo. El Despacho decretó la suspensión del proceso por el término de ocho (8) meses.síntesis automática
También resuelve:¿El poder conferido a los apoderados cumple los requisitos previstos en el artículo 75 del CGP y el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación2024-08-08Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020130058002LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditaron los presupuestos de procedencia, oportunidad y sustentación para admitir el recursos de apelación? Sí
Al encontrarse acreditados los presupuestos de procedencia, oportunidad y sustentación se admitirán los recursos de apelación presentados contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 243 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (modificados por los artículos 62 y 67 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente).
También resuelve:¿Se reunieron los requisitos legales previstos en los artículos 74 del CGP y 5 de la Ley 2213 de 2022, para reconocer personería al abogado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-05-20Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000232600020080052902ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente reponer el auto recurrido por negar solicitud de impulso procesal por considerar que el abogado no tenía reconocimiento de personaría para actuar como apoderado de RCN Televisión S.A.? Sí
El 8 de abril de 2023, el Despacho negó la solicitud de impulso procesal presentada por el abogado Juan Carlos Gómez Jaramillo por no haber sido reconocido en el proceso. Sin embargo, el mencionado abogado presentó recurso de reposición contra esa decisión, en el que señaló que había sido reconocido como apoderado de la demandante por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Revisado el expediente, el Despacho comprobó que el abogado Juan Carlos Gómez Jaramillo fue reconocido como apoderado de RCN Televisión S.A., el 19 de febrero de 2009. Por lo tanto, SE REPONE el auto recurrido y se resolverá la solicitud de impulso procesal. Así, en atención a la solicitud en cuestión, conviene destacar que el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 establece que los jueces tienen la obligación de respetar el orden para proferir sentencia.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2022-03-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 41001233300020120018402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Acepta renuncia de poder Sí
El contratista acepta la renuncia del poder presentada por el abogado defensor, siempre que esta cumpla con los requisitos establecidos en el inciso cuarto del artículo 76 del Código General del Proceso. En este caso, la renuncia fue aceptada por la entidad estatal conforme al memorial del 10 de febrero de 2022, presentado por la abogada portadora de la tarjeta profesional No. 46.871 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actuaba como apoderada de la entidad pública demandada. Además, se reconoce personería judicial a la nueva abogada defensora portadora de la tarjeta profesional No. 288.470, conforme al poder otorgado y a lo dispuesto en los artículos 74 del Código General del Proceso y 5º del Decreto 806 de 2020. Se requiere a los sujetos procesales para que informen su dirección de notificaciones electrónicas y se advierte que en adelante deberán comunicar cualquier modificación en la información de los canales de comunicación electrónica en cumplimiento a lo previsto en el artículo 2º del Decreto 806 de 2020.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-06-14Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 41001233300020150002301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaración solicitada resulta inconducente para acreditar la dirección de notificación de las sociedades que integran el consorcio demandado? Sí
Cuando la parte demandada pretende probar con una declaración la dirección de notificación de sociedades privadas que integran un consorcio, la prueba es inconducente, porque las personas jurídicas de derecho privado se notifican personalmente en el canal digital informado en el registro mercantil. La regla se apoya en el artículo 199 del C.P.A.C.A., que ordena esa forma de notificación, y se sostiene en dos razones: el certificado de existencia y representación legal es el medio idóneo para acreditar la dirección y el cambio de representante legal, y la declaración testimonial no suple ese documento público. En el caso, el auto admisorio ordenó notificar por correo electrónico a los representantes legales de las sociedades integrantes, por lo que la declaración solicitada no era pertinente para acreditar la notificación ni el incidente de nulidad propuesto, y se confirmó la negativa del decreto. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que, para discutir la notificación de una sociedad, la parte debe revisar y aportar el registro mercantil y no una declaración de testigos.síntesis automática
También resuelve:¿La declaración solicitada resulta pertinente para acreditar las afirmaciones en las que se sustenta el incidente de nulidad?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2024-05-07Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020240005500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se cumplen las exigencias establecidas en la Ley 1563 de 2012, para que el Consejo de Estado avoque el conocimiento del recurso extraordinario de anulación de la referencia? Sí
En este caso, el laudo objeto del recurso extraordinario de anulación resolvió una controversia surgida en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública núm. 121 de 2019, suscrito entre las partes el 13 de agosto de 2019. Pues bien, como el convocado, Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas -IDM- es un establecimiento público de carácter municipal, persona jurídica de derecho público, descentralizado, dotado de economía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, creado mediante el Decreto núm. 275 de 2001.
También resuelve:¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-03-20Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020230010200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, en el que interviene un órgano o dependencia del Estado que, aunque no tenga personería jurídica, sea el centro de imputaciones de derechos y obligaciones y que, con ocasión de ello, intervenga en el proceso arbitral? Sí
La competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en el que intervenga un órgano o dependencia del Estado que, aunque carezca de personería jurídica, sea centro de imputación de derechos y obligaciones y actúe con ocasión de ello en el proceso arbitral corresponde al Consejo de Estado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 debe interpretarse en sentido amplio, sin limitarse a entidades públicas o particulares con funciones administrativas. Segunda, el fondo que integró el tribunal arbitral forma parte del contrato marco de interventoría, aunque carezca de personería y haya sido representado por un consorcio. Tercera, se trata de una cuenta especial de un ministerio constituida con recursos públicos que no salieron de la esfera estatal por el contrato de fiducia. Con base en el numeral 4 del artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contenciosa conoce de estos recursos en los conflictos relativos a contratos. La providencia confirma la competencia de la Sección Tercera. La consecuencia práctica es que los recursos de anulación contra laudos en los que participen órganos estatales sin personería se tramitan en única instancia ante esa sección.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos proferidos en procesos arbitrales en los que interviene una entidad pública?
¿La Policía Nacional está obligada a aplicar los puntajes adicionales obligatorios previstos en el Decreto 248 de 2021 en sus procesos de contratación de alimentos y cuáles serían sus implicaciones jurídicas?
El contratista debe aplicar los puntajes adicionales obligatorios previstos en la legislación vigente en sus procesos de contratación, ya que estas disposiciones buscan fomentar el desarrollo de determinados tipos de proveedores y promover la igualdad de oportunidades en el mercado de la compra pública. En el caso específico de la Policía Nacional, que no cuenta con personería jurídica pero tiene capacidad contractual, la entidad debe cumplir con estas disposiciones al igual que las demás entidades estatales, ya que el artículo 352 de la Constitución Política y el Estatuto Orgánico del Presupuesto permiten a organismos públicos celebrar contratos a pesar de no tener personería jurídica, siempre y cuando se haya otorgado dicha habilitación de forma expresa. Esto implica que la Policía Nacional debe considerar los incentivos contractuales para Mipymes y otros proveedores específicos en sus procesos de contratación, lo que garantiza una contratación más inclusiva y equitativa.síntesis automática
También resuelve:Egcap: ámbito de aplicación, entidades estatalesEntidades sin personería jurídica: capacidad contractual, Estatuto Orgánico de PresupuestoPolicía nacional: naturaleza jurídica, cuerpo civil armado, organismo sin personería jurídica
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2024-05-06Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001334305920230029501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Como la ejecución del contrato tuvo lugar tanto en el municipio de Arauca como en Bogotá, la competencia recae sobre el juez administrativo de Arauca, al haber sido este el lugar en el que se radicó la demanda? Sí
En las motivaciones que dieron lugar a la celebración del negocio jurídico, se consagró que la E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca presentaba cuentas de servicios pendientes por facturar y/o cobrar al Fondo de Solidaridad y Garantías -Fosyga- (actualmente administrado por el ADRES), por concepto de atención a víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos; por esa razón se hizo necesario contratar los servicios profesionales de una persona natural o jurídica con experiencia especializada en la realización de dichos cobros; además, se constató que AAACPT Consultores S.A.S. contaba con sede en Bogotá D.C., lo que implicaba que no debía incurrir en costos de desplazamientos o representación para realizar las gestiones de cobro.… En la cláusula décima primera se pactó que el domicilio contractual del negocio jurídico, para todos los efectos legales, sería el municipio de Arauca.… En el contrato 22451 de 2016…
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre juzgados administrativos de distinto distrito judicial?¿Para determinar la competencia judicial por razón del territorio en los procesos de controversias contractuales, debe establecerse el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-04-04Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020190069301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los jueces tienen el deber de ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades? Sí
El juez tiene el deber de ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades, de acuerdo con el artículo 287 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). En el caso concreto, el juez declaró la falta de jurisdicción de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de un asunto que debía ser resuelto por la jurisdicción ordinaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Código General del Proceso. Esta decisión implica que los jueces deben analizar cuidadosamente la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en casos donde las controversias contractuales involucren a entidades financieras estatales como el FONADE, cuya naturaleza jurídica y funciones específicas pueden determinar que ciertos asuntos sean de competencia de la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa…¿El giro ordinario de los negocios de las instituciones financieras está compuesto por las actividades propias del objeto social de la entidad o de sus funciones…¿Se configuran los elementos orgánico y material exigidos por el artículo 105 del CPACA para que opere la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-05-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020150125001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en…¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario…¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-11Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020220035501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Basta con manifestar la existencia de un vínculo legal o contractual para admitir el llamamiento en garantía en los procesos contencioso administrativos, conforme al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011? Sí
El llamamiento en garantía en los procesos contencioso administrativos basta con manifestar la existencia de un vínculo legal o contractual para darle trámite, previa acreditación de la relación en la etapa de resolución, conforme al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011. Esta regla reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que el llamamiento en garantía permite a quien tenga derecho legal o contractual exigir a un tercero la indemnización del perjuicio sufrido o el reembolso del pago que hará como resultado de la sentencia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la norma. La regla implica que la admisión del llamamiento no requiere pruebas concluyentes de la relación jurídica en la etapa inicial, pero sí su acreditación en la resolución del juez, lo que facilita el acceso a la justicia en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Para que la subrogación proceda en materia de seguros debe: (i) existir un contrato de seguro; (ii) que se presente el siniestro amparado por la póliza vigente…¿Puede una aseguradora ejercer el derecho de subrogación o llamar en garantía a los miembros de un consorcio asegurado, cuando aún no ha efectuado el pago de la indemnización derivada de la póliza de…¿Procede condenar en costas, por la segunda instancia del recurso de apelación contra el auto del 28 de agosto de 2024, a la aseguradora demandada…
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa…¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación…¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio…¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su…¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras…¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2025-02-03Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020240015500CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es jurídicamente viable que el seguro de vida establecido en la Ley 16 de 1988 para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público y para las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, se haga extensivo a los funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, dada la naturaleza de sus funciones y los riesgos a los cuales se encuentran expuestas? No
No es posible extender por vía de analogía el seguro de vida establecido en la Ley 16 de 1988 para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público y para las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, a los funcionarios de la UBPD, teniendo en cuenta que, conforme el principio de legalidad, un seguro de vida que constituye un beneficio adicional al régimen de Seguridad Social que actualmente cubre el riesgo muerte de los funcionarios debe estar expresamente contemplado por la ley.
Sentencia — Sentencia2023-08-02Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020230004200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Compete a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer de los recursos de anulación presentados contra laudos arbitrales, proferidos para dirimir un conflicto surgido con ocasión de un contrato de obra pública, en el cual una de las partes es una entidad pública? Sí
Le corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado, conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas; tal como lo establece el numeral 7° del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el inciso 3° del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia surgida en el marco de la ejecución de un contrato de obra pública en el que son partes, por un lado, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC-, y, por el otro, el CONSORCIO… y las sociedades que lo integran… .
También resuelve:¿El recurso de anulación contra laudo arbitral, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, que tiene como finalidad cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo…¿La causal 9ª de anulación de laudo arbitral que enuncia el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, constituye una consecuencia a la transgresión del principio de congruencia cuando los árbitros han…¿Se configuraron los presupuestos establecidos para la procedencia de la causal de anulación prevista en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es…