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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

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Fecha
2022-09-22
Radicado
05001233100020010104101
Número interno
38652
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
INCIVILES LTDA.
Demandado
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 5 y 82
  • Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
  • Ley 1107 de 2006, art. 1

También resuelve

  • ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?
  • ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación?
  • ¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES FUENTE DEL DAÑO ACTIVIDAD CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO REQUISITOS DEL DOCUMENTO PRIVADO PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA SISTEMA DE SANA CRÍTICA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CAMBIO DE NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CONCEPTO DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EPM ACTIVOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PARTES DEL CONTRATO RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD INTERVENTOR EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA FACULTADES DEL INTERVENTOR FUNCIÓN DEL INTERVENTOR INFORME DEL INTERVENTOR PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL APRECIACIÓN DEL TESTIGO DECLARACIÓN DEL TESTIGO VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO EFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL COHERENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL BUENA FE OBJETO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO REQUISITOS DE LA TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO ACTO PROPIO PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL PRECIO DEL CONTRATO PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EXISTENCIA DEL CONTRATO

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Titulación de la relatoría 28.617 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA (...). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FUENTE DEL DAÑO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alega el desequilibrio económico y los perjuicios por el incumplimiento de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 136.10.c CCA dispone que la demanda se puede intentar en los contratos que requieran liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos años contados desde la firma del acta. Las partes pactaron en la cláusula sexta del contrato n.° 4102260 para la construcción de canalizaciones de energía en Itagüí, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC), que todas las estipulaciones de la minuta del pliego de condiciones y especificaciones se entendían incorporadas al acuerdo. En la cláusula 5.26 del pliego de condiciones se estableció que las partes suscribirían un acta de liquidación final dentro de los 60 días siguientes a la recepción de las obras. El 25 de agosto de 1999, las partes suscribieron acta de liquidación final. La demanda se interpuso en tiempo –3 de abril de 2001–, pues el 25 de agosto de 1999 las partes suscribieron el acta bilateral de liquidación del contrato, en la que el contratista declaró no tener ninguna reclamación, salvo la relacionada con el rompimiento del equilibrio económico del contrato, que sirvió de fundamento a la demanda presentada. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO / REQUISITOS DEL DOCUMENTO PRIVADO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO Problema jurídico: ¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC). NOTA DE RELATORÍA: Respecto al valor probatorio de los documentos en copia simple, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CAMBIO DE NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONCEPTO DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EPM / ACTIVOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO Problema jurídico: ¿Los contratos celebrados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios, por regla general, se rigen por el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 1° del Acuerdo n.° 58 de 1955 creó el establecimiento público denominado EPM, para que dirigiera, administrara y prestara los servicios públicos de energía eléctrica, telefonía, acueducto y alcantarillado en el municipio de Medellín o en otros municipios con los que se celebrara convenios destinados a esa finalidad. En cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, EPM se transformó en empresa industrial y comercial del Estado mediante el Acuerdo n.° 069 del 10 de diciembre de 1997. La Constitución Política de 1991, al regular los servicios públicos domiciliarios, como un apartado especial de la Constitución Económica introdujo un cambio sustancial: el nuevo ordenamiento constitucional dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a una proyección de la ‘función pública’ y optó por un ‘nuevo servicio público’ basado en el modelo competitivo, a la vez, libre e intervenido por el Estado en su condición de director general de la economía (arts. 365 y 370 CN). Con esta regulación se superó la teoría clásica de los servicios públicos, que los asimilaba a una función administrativa, para reformularla como una actividad económica inherente a las finalidades sociales de nuestro Estado de Derecho. Transformación fundamental hacia un derecho administrativo de la libertad. (…) Dentro de los múltiples preceptos de promoción de la competencia, contenidos en la Ley 142, ocupan especial lugar las reglas en materia de contratación, las cuales sometieron a un mismo marco jurídico a todos los operadores con independencia de su naturaleza jurídica. Con sujeción a esos postulados, en especial, los de libre iniciativa, competencia y eficiencia económica, los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, por regla general, se regirían por el derecho privado. La remisión al derecho privado excluye la aplicación del derecho público, salvo en aquellos casos puntuales previstos en la ley en los que se entiende pueden proferirse actos administrativos. Así ocurre en las hipótesis reguladas por el artículo 33 de la Ley 142 –desarrollado por los artículos 56, 57, 116 y siguientes–. También lo hizo en los contratos para la concesión de Áreas de Servicio Exclusivo (art. 40). Además, la regulación del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1993 –antes de la modificación del artículo 3 de la Ley 689 de 2001– facultó a las Comisiones de Regulación para hacer obligatoria, por vía general, la inclusión de cláusulas excepcionales en cierto tipo de contratos de cualquier empresa de servicios públicos y también autorizó a las comisiones para facultar, previa consulta expresa por parte de los operadores, que se incluyeran en los demás. Esas cláusulas se regían, en lo pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. El 21 de abril de 1998, [las partes] celebraron el contrato n.° 4102260 para la construcción de canalizaciones de energía en Itagüí. Como Empresas Públicas de Medellín celebró el contrato en vigencia de la Ley 142 de 1994, su régimen corresponde, en esencia, al derecho privado. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la noción del servicio público, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de octubre de 2020, rad. 48009, C. P. Guillermo Sánchez Luque; auto de 17 de febrero de 2005, rad. 27673, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 16257, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 18 de julio de 2007, rad. 29745, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; providencia de 30 de junio de 2011, rad. 32018, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; providencia de 15 de noviembre de 2011, rad. 21178, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; y Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003. Respecto a la posibilidad de proferir actos administrativos cuando la relación contractual está regida por el derecho privado, cita Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de septiembre de 1997, rad. S-701, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2017, rad. 56562, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; providencia de 8 de junio de 2018, rad. 38120, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; providencia de 30 de septiembre de 2019, rad. 43036, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y sentencia de Unificación de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 370, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 116, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 1, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 33, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 56, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 57, LEY 689 DE 2001 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / CLASES DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿La alteración de la ecuación contractual y el incumplimiento del contrato son figuras que encuentran su origen en causas distintas dentro de la relación contractual? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a alteración a la ecuación contractual y el incumplimiento del contrato son distintos, pues tienen origen en causas disímiles. El primero supone una alteración de la ecuación económica por hechos ajenos a la voluntad de las partes, irresistibles e imprevisibles o imputables a la Administración como consecuencia del ejercicio legítimo de su condición de autoridad y, el segundo, tiene por fundamento la inejecución absoluta, la ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la prestación debida. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la diferencia entre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 15 de julio de 2020, rad. 28794, C. P. Guillermo Sánchez Luque. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INTERVENTOR / EFECTOS DE LA INTERVENTORÍA / FACULTADES DEL INTERVENTOR / FUNCIÓN DEL INTERVENTOR / INFORME DEL INTERVENTOR / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / APRECIACIÓN DEL TESTIGO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / EFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / COHERENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL Problema jurídico: ¿Las modificaciones hechas al contrato se hicieron de mutuo acuerdo y son una manifestación de consentimiento de las partes del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Las boletas de interventoría son documentos que se presumen auténticos, porque no se tacharon de falsos (art. 252 CPC), y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas. Acreditan que Empresas Públicas de Medellín decidió que no se debía construir ciertos tramos de la obra contratada (…). El relato de los testigos fue claro, responsivo y completo, pues narraron los hechos que presenciaron de forma directa, en su calidad de miembros de la interventoría y asesores del contratista. Además, su dicho es claro y concreto y no se aprecian en su declaración incongruencias, inferencias o afirmaciones que no correspondan con lo que percibió durante la vigencia del contrato. La Sala dará crédito a su dicho frente a la conducta del contratista de ejecutar el contrato con las modificaciones hechas por EPM, sin exigir compensación económica por ese motivo. (…) Las pruebas allegadas al proceso permiten concluir, pues, que se celebró una reunión con el contratista antes del inicio de la ejecución de las obras y que en ella se le informó la decisión de Empresas Públicas de Medellín de eliminar ciertos tramos del contrato. Durante la ejecución del contrato, la interventoría envió varios oficios al contratista informando los tramos anulados. Inciviles Ltda. no manifestó desacuerdo alguno por esa circunstancia y cumplió con las exigencias de la entidad contratante, dado que esperaba mitigar el impacto de la modificación con la ejecución de obras adicionales que se presentaran durante la construcción del proyecto. El contratista únicamente elevó reclamaciones por las modificaciones al contrato después de finalizada la obra, en la que manifestó que no había prestado su consentimiento frente a las citadas modificaciones. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes (pacta sunt servanda) y, por regla general, sólo puede ser invalidado por su consentimiento mutuo o por causas legales (art. 1602 CC). Las partes del contrato en ejercicio de la autonomía de la voluntad están en libertad de autorregular sus intereses y relaciones. De ahí que, en cualquier momento, puedan modificar de mutuo acuerdo los términos del negocio jurídico inicialmente pactado, para asegurar su correcto desarrollo, poner fin a cualquier diferencia o para llegar a un arreglo sobre una controversia. Estos acuerdos, denominados adendas, adiciones, modificaciones u otrosíes, tienen efectos derogatorios, complementarios o aditivos del contrato inicial y lo integran desde el momento en que se perfeccionan. En estas modificaciones, al igual que en el contrato, el proceso de formación de la voluntad se puede dar de manera inmediata o luego de surtir un procedimiento formativo diferido en el tiempo. (...) La aceptación es un acto jurídico unilateral en el que el destinatario de la propuesta u oferta manifiesta su adhesión o aquiescencia incondicional a los términos de la misma. De conformidad con la ley mercantil sus características son las siguientes: (i) es un acto voluntario; (ii) debe ser pura y simple; (iii) debe ocurrir en tiempo y (iv) debe ser, en principio, expresa. La aceptación tácita produce los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de ese hecho en tiempo y se manifieste con un hecho inequívoco de ejecución del negocio jurídico propuesto (art. 854 C. Co). Los hechos inequívocos de ejecución del negocio jurídico propuesto son una manifestación de consentimiento. La entidad comunicó su decisión de que no se ejecutarían ciertos tramos de la obra. El contratista ejecutó de manera inequívoca el contrato con las modificaciones indicadas por Empresas Públicas de Medellín, con la expectativa de mitigar el impacto a partir de la ejecución de obras adicionales. El contratista, pues, aceptó de forma tácita las nuevas condiciones propuestas. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 854, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE / OBJETO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / REQUISITOS DE LA TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / ACTO PROPIO Problema jurídico: ¿Las pretensiones de la demanda desconocen los propios actos de la accionante, al reclamar el incumplimiento por modificaciones acordadas y respecto de las cuales solo manifestó su inconformidad una vez finalizó la ejecución de las obras, lo cual no se ajusta con la buena fe en la relación contractual? Respuesta al problema jurídico: Si Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, que se presume en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas (art. 83 CN). En el ámbito de los contratos, el artículo 1603 CC, en consonancia con el artículo 871 C. Co., establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella. Las partes deben, pues, observar los deberes de fidelidad, lealtad y corrección recíproca. Esos deberes, que dan contenido al postulado de la buena fe, deben respetarse tanto en los actos, tratos o conversaciones preliminares, durante la formación del contrato, como en la ejecución y terminación del vínculo contractual. En la contratación estatal, la buena fe impone un proceder caracterizado por la mutua confianza, diligencia, prudencia y colaboración tanto en la construcción del vínculo jurídico, como en su ejecución, teniendo siempre en consideración que el cumplimiento de los fines estatales (art. 3 Ley 80). En todo caso, la dinámica contractual –tanto en el ámbito público como privado– impone a cada uno de los contratantes ligados por una convención bilateral poner todos los medios para cumplir sus obligaciones. Las partes, con fundamento en el postulado de la buena fe, deben comportarse de forma coherente y no pueden contradecir injustificadamente sus conductas anteriores “venire contra factum proprium non valet” –teoría o doctrina de los actos propios–. La inobservancia de este deber puede dar origen a diversas consecuencias, tales como desestimar las pretensiones o excepciones fundadas en un comportamiento contradictorio o, incluso, la responsabilidad por la infracción al deber de ejecutar los contratos de buena fe. Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento por modificaciones acordadas y respecto de las cuales solo manifestó inconformidad una vez finalizó la ejecución de las obras. Razón adicional para negar las pretensiones de la demanda. (…) De acuerdo con la cláusula 5.8 del pliego de condiciones, se concluye que cuando Empresas Públicas de Medellín decidiera realizar modificaciones en los planos o en las especificaciones de la obra, convendría con el contratista los ajustes sobre el pacto y el precio que se pudieran desprender de esa circunstancia. No obstante, las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC), podían celebrar modificaciones al contrato al margen de esta estipulación. Las partes son libres para no dar cumplimiento a ciertas estipulaciones pactadas en el contrato cuando acuerdan sobre ese aspecto. El contratista aceptó la decisión de no ejecutar ciertos tramos de la obra, al considerar que podría mitigar el impacto económico de esa decisión mediante obras adicionales. No solicitó, durante la ejecución de las obras, la revisión del precio o del plazo del contrato. Según su decisión negocial, aceptó la modificación al contrato sin convenir ajustes sobre estos aspectos. El contratista, pues, pretende que se reconozca un valor que no fue estipulado al momento de celebrar las referidas modificaciones al contrato, circunstancia que no constituye un incumplimiento contractual. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la buena fe en la relación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2013, rad: 21865, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS / CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Se cumplen los requisitos de revisión del contrato para su reajuste del precio por desequilibrio económico del mismo? Respuesta al problema jurídico: No La cláusula 5.15.3 del pliego de condiciones previo un reajuste de precios. De modo que, conforme al pliego de condiciones del contrato n.° 4102260, el precio de las obras ejecutadas se reajustaría conforme a la fórmula y las condiciones establecidas. Según la demanda, se configuró el desequilibrio económico del contrato n.° 4102260, porque la fórmula de ajuste no mantuvo el precio del contrato. Cuando el demandante pretende el restablecimiento del equilibrio económico del contrato frente a los cuales no le son aplicables las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dicho fenómeno no se rige, como es natural, por las disposiciones establecidas en dicho estatuto, sino a partir de la denominada "imprevisión", establecida en el artículo 868 C. Co. (...) En efecto, con fundamento en la equidad en las mutuas relaciones de las partes, en la presunción de que ellas se obligan en consideración a las circunstancias existentes al tiempo del negocio [rebus sic stantibus] y bajo el entendimiento de que situaciones extraordinarias, imprevistas e irresistibles, pueden volver excesivamente difícil el estricto cumplimiento del contrato, se desarrolló la llamada "teoría de la imprevisión", que busca restablecer el equilibrio prestacional perturbado por esas circunstancias. El artículo 868 C. Co., que reguló expresamente la figura, dispone que cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá pedir su revisión. Cuando se presente, el juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, decretará la terminación del contrato, de conformidad con el inciso segundo del artículo 868 C. Co. Para que proceda la revisión del contrato se requiere que el contrato (i) sea existente y válido; (ii) que sea de ejecución sucesiva, periódica o diferida y no aleatorio o de ejecución instantánea; (iii) que se trate de circunstancias imprevistas o imprevisibles; (iv) que sean eventos que ocasionen una excesiva onerosidad, esto es, una desproporción contundente y evidente con relación a la finalidad económica del contrato; (v) que los eventos alteradores de la simetría prestacional hayan acontecido después de la celebración del contrato, durante su ejecución y previamente a su extinción y; (vi) que dichos eventos sean ajenos a la voluntad de las partes. (…) [L]a revisión del contrato no es procedente, pues no hay un desequilibrio en las prestaciones del contrato que pueda ocasionar su reajuste o su terminación. La cláusula de reajuste, además, fue libremente pactada por las partes al momento de celebrar el contrato y solo circunstancias imprevistas e imprevisibles que implicaran una excesiva onerosidad darían lugar a la revisión del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la procedencia de la revisión del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 1991, rad. 6102, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; providencia de 29 de junio de 1989, rad. 5295, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de febrero de 2012, rad. 11001-031-040-2006-00537-01. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868 REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / FUENTE DEL DAÑO / EXISTENCIA DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Procede la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin causa? Respuesta al problema jurídico: No La demanda adujo, como pretensión subsidiaria, que las demandadas se habían enriquecido injustamente por los hechos aducidos en la demanda. La jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial y que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado su carácter subsidiario. En el ámbito de esta jurisdicción, supondría plantear la controversia de naturaleza extracontractual (reparación directa) y como último recurso a falta de otra acción. Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica –el contrato n.° 4102260–, que fue perseguida a través del medio de control de controversias contractuales, no se cumplen los presupuestos para la procedencia del enriquecimiento sin justa. Por ello, se confirmará la sentencia de primera instancia.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200101041011100103