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EPM

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Consejo de Estado Providencia

Procede la admisión del recurso de anulación del laudo arbitral formulado por EPM

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2024-07-11 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020240003900 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede la admisión del recurso de anulación del laudo arbitral formulado por EPM, y la suspensión del cumplimiento del laudo, en cuanto se resuelve de fondo el recurso? Sí
Por reunir los requisitos formales y por ser esta Sección competente para conocer del asunto, se admitirá el recurso extraordinario de anulación formulado por Empresas Públicas de Medellín ESP en contra del laudo arbitral proferido el 7 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Arbitrajedel Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín… . El despacho observa que la parte recurrente Empresas Públicas de Medellín ESP solicitó en el escrito contentivo del recurso extraordinario de anulación la suspensión del laudo arbitral, la cual es viable de conformidad con lo consagrado en el inciso tercero del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012.
ADMITE
Consejo de Estado Providencia

Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020100132701 ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato? ¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto? ¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sala revocará la decisión de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100020110182401 ACCION CONTRACTUAL
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Las “deducciones por incumplimiento” ¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Resulta procedente la adición del fallo para resolver la totalidad de excepciones propuestas por la aseguradora

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020210035901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la adición del fallo para resolver la totalidad de excepciones propuestas por la aseguradora, puesto que la de compensación no se resolvió? Sí
En efecto, Liberty Seguros SA propuso la excepción de compensación y, aunque reconoció estar obligada a pagar determinadas sumas con ocasión de los amparos contratados con ella, indicó que de estos debía restarse el importe de las facturas descontados al contratista.… Verificado en su integridad el texto de la sentencia de 30 de noviembre de 2023, se advierte que esa precisa excepción no fue decidida, por lo cual es procedente la solicitud de adición del fallo; aunque las apelantes fueron EPM y Azacan SAS, Liberty Seguros SA no tenía interés para recurrir la sentencia de primera instancia porque le fue totalmente favorable, en esas condiciones, aunque no funge como recurrente, era del caso resolver la totalidad de las excepciones propuestas por ella y, como así no se hizo, hay lugar a adicionar el fallo en los términos del artículo 287 del CGP
También resuelve: ¿Debe prosperar la excepción de compensación aunque el supuesto de hecho de la excepción de compensación invocada por la aseguradora…
ADICIONA
Consejo de Estado Providencia

Debe considerarse caducada la acción de controversias contractuales cuando, pese a alegarse la presentación previa de una demanda

Sentencia — Sentencia 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100020080052002 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe considerarse caducada la acción de controversias contractuales cuando, pese a alegarse la presentación previa de una demanda que supuestamente suspendía el término de caducidad, no se probó la existencia, contenido, identidad fáctica y jurídica de dicha demanda ni la notificación del auto admisorio al demandado? Sí
El contratista no puede evitar la caducidad de la acción de controversias contractuales si no acredita la existencia, contenido y notificación del auto admisorio de una demanda previa que supuestamente la suspendía, conforme a lo establecido en el artículo 136 numeral 10 literal c) del Decreto 1400 de 1970 y el artículo 177 del mismo decreto. La Sala reitera que la carga de la prueba incumbe a las partes para demostrar los hechos que sustentan su pretensión, y que la presentación de una demanda no impide la caducidad si no se demuestra su admisión y notificación al demandado dentro del plazo legal. Esta regla implica que los contratistas deben aportar pruebas concluyentes para evitar la caducidad de sus acciones, lo que puede dificultar la interposición de demandas tardías basadas en supuestos hechos procesales no probados.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No tienen asidero las aseveraciones de la llamada en garantía

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-10-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020190223801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplió la carga en cabeza de la llamada en garantía para que la prueba fuera decretada, pues determinó en la solicitud probatoria los hechos sobre los cuales versaría el informe? No
En la solicitud de una prueba de informe, la parte debe exponer de manera concisa y clara los hechos que pretende probar, porque esos hechos son el objeto de la prueba y permiten juzgar su conducencia, pertinencia y utilidad. El artículo 275 del Código General del Proceso no exige expresamente esa precisión, pero el artículo 168 del mismo código, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, exige que la prueba recaiga sobre hechos jurídicamente relevantes. Por ello no se trata de aportar el cuestionario del informe, sino de identificar los hechos. Cuando la solicitud omite esa indicación, lo procedente es negar la prueba. En el caso concreto la llamada en garantía apeló el auto que negó el informe solicitado a una empresa pública, y la decisión fue confirmada porque la solicitud no cumplió esa carga. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que quien pide un informe debe enunciar desde la solicitud los hechos a probar.síntesis automática
También resuelve: ¿Es posible solicitar que el representante administrativo de la entidad rinda informe bajo gravedad de juramento sobre los hechos debatidos que le conciernan y que se determinen en la solicitud de la… ¿Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso?
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Consejo de Estado Providencia

Hay lugar a anular parcialmente los actos administrativos demandados

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100020030281501 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la nulidad parcial del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente, en cuanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo a cargo de la aseguradora sin que se hubiera acreditado un uso o apropiación indebida? Sí
La garantía de anticipo cubre el uso o la apropiación indebida del anticipo, pero no la no amortización de este, de modo que la entidad no puede hacer efectivo el amparo de anticipo por ese último concepto. La regla se apoya en el alcance del amparo que el reglamento vigente para la época de los hechos exigía en las garantías únicas de cumplimiento, según el Decreto 679 de 1994. Por ello, la devolución de la parte no amortizada del anticipo, ordenada en la liquidación unilateral, no permite cobrar el amparo a la aseguradora si no se acreditó un uso indebido. En el asunto, la entidad ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo al declarar la caducidad, sin acreditar uso o apropiación indebida, por lo que la Sala anuló parcialmente los actos demandados en esa parte. En la práctica, el amparo de anticipo exige probar el uso indebido y no basta con el saldo no amortizado del anticipo.síntesis automática
También resuelve: ¿En el pliego de condiciones se previó la inclusión de cláusulas excepcionales, por ser obligatorias en contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de… ¿EPM estaba facultado para declarar la caducidad del contrato, debido a que en el pliego de condiciones se reguló la inclusión de cláusulas excepcionales en los que se otorgaba esa potestad a la… ¿La declaratoria de caducidad del contrato administrativo estuvo motivada en el incumplimiento por parte del contratista que dio lugar a la suspensión de la ejecución de las obras?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad?

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100019980164701 ACCION CONTRACTUAL
¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad? Sí
El contratista debe presentar los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria en la vía gubernativa antes de demandarlos, para que el juez de lo contencioso administrativo pueda estudiar de fondo las pretensiones de nulidad, ya que omitir este paso genera ineptitud sustantiva de la demanda y obliga al juez a inhibirse de pronunciarse sobre ellas. Además, el juez puede declarar oficiosamente la nulidad de algunas cláusulas del pliego de condiciones si estas forman parte integrante del contrato de suministro pactado por las partes, siempre y cuando no se haya perfeccionado un nuevo documento que las sustituya. Estas reglas implican que el accionante debe cumplir con los principios de congruencia y justicia rogada, precisando con claridad los cargos de anulación y las causales de nulidad del acto administrativo, evitando así la ineptitud de la demanda y permitiendo al juez emitir un pronunciamiento fundado sobre los hechos y pretensiones presentados.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria oficiosa de nulidad por parte del juez de algunas de las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones era procedente por ser parte integrante del contrato de suministro a… ¿El principio de justicia rogada y el deber de precisar con toda claridad los cargos de anulación y el concepto de violación… ¿El régimen prevalente que informa la celebración y ejecución de los contratos de las prestadoras de servicios públicos es el derecho privado y no permiten la inclusión de cláusulas que habiliten a…
Consejo de Estado Providencia

La figura de la caducidad es de orden público y en tal virtud es de carácter irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando la encuentre probada.

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100020080021901 ACCION CONTRACTUAL
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes es una empresa que presta un servicio público y el contrato se rige por el derecho privado? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales fuera del término legalmente establecido, que en este caso es de dos años contados a partir del vencimiento del plazo para la liquidación del contrato, según lo pactado por las partes. La entidad estatal, aunque preste servicios públicos y el contrato se rija por el derecho privado, sigue siendo considerada como un sujeto del derecho administrativo, por lo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer del caso. La Sala reitera que la caducidad de la acción es de orden público y puede ser declarada de oficio por el juez, independientemente de que la parte demandante no haya solicitado la liquidación del contrato. Esta regla implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cómputo de los plazos para presentar sus demandas, teniendo en cuenta todos los términos pactados en el contrato, para evitar la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve: ¿Se debe tener el cuenta el término pactado para la liquidación del contrato para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales así en la demanda no se haya… ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas?
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2021-11-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100019980093701 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato? ¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993? ¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta a partir de la liquidación del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 05001233100019990195502 ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta a partir de la liquidación del contrato? Sí
El contratista no puede demandar por controversias contractuales después de que caduque la acción, y el término de caducidad se cuenta a partir de la fecha en que se realiza la liquidación bilateral del contrato, no desde cuando debió liquidarse, según el auto de unificación del 1° de agosto de 2019. En este caso, la liquidación bilateral se efectuó mediante un acta de finiquito conforme a lo pactado en el pliego de condiciones, y el término de caducidad se extendió hasta el primer día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de la demanda, permitiendo así su interposición. Además, el contrato estatal estaba sujeto al derecho privado, por lo que EPM no estaba obligada a restablecer el equilibrio económico del contrato por la alteración de la ecuación financiera, y cumplió sus obligaciones al pagar las obras a los precios pactados por la modalidad de precios unitarios. El dictamen pericial no acreditó la existencia y el monto de los perjuicios reclamados, ya que no cumplió con los requisitos establecidos para probar la existencia de situaciones imprevistas que justificaran un ajuste en los precios unitarios del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato estaba sujeto a las normas de derecho privado? ¿EPM cumplió sus obligaciones contractuales en tanto que pagó las obras realizadas a los precios pactados en el contrato por la modalidad de precios unitarios? ¿La prueba pericial aportada brindó los elementos técnicos suficientes para determinar la existencia y el monto de los perjuicios reclamados?
Consejo de Estado Providencia

Debe computarse el término de caducidad desde el día siguiente al vencimiento del plazo bilateral pactado para la liquidación.

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020230022101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe computarse el término de caducidad desde el día siguiente al vencimiento del plazo bilateral pactado para la liquidación? Sí
El contratista debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales desde el día siguiente al vencimiento del plazo bilateral pactado para la liquidación, sin incluir el término legal de dos meses previsto para la liquidación unilateral, cuando el contrato estatal no requiere una liquidación unilateral por disposiciones legales o pactos convencionales específicos. Esta regla se fundamenta en la naturaleza del contrato y en la cláusula accidental de liquidación que establece un plazo específico para la liquidación bilateral. La Sala matiza la regla general del artículo 164.2 literal (j) del CPACA, rechazando su aplicación cuando el contrato estatal está sujeto a un régimen especial y requiere liquidación bilateral, lo que implica que la oportunidad de la demanda se determina conforme al plazo pactado por las partes, sin adicionar el término legal para la liquidación unilateral. Esta decisión unifica la jurisprudencia en torno al cómputo del término de caducidad en contratos estatales sujetos a liquidación bilateral.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe rechazarse la excepción de caducidad si la demanda fue presentada dentro del término computado desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral? ¿Constituye incumplimiento contractual el hecho de no agotar la etapa de arreglo directo prevista convencionalmente antes de presentar la demanda ante la jurisdicción contenciosa? ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales en controversias de contratación estatal.

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2025-10-08 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020250003900 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sala Plena de esta Sección es competente para conocer, en única instancia, del recurso extraordinario de anulación formulado por la parte convocada? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado ejerce competencia en única instancia para conocer de los recursos extraordinarios de anulación contra laudos arbitrales nacionales o internacionales relacionados con contratos estatales. En el presente asunto, la Sala admite el recurso formulado frente al laudo derivado del contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango celebrado entre un consorcio y EPM, de conformidad con el artículo 149 numeral 7 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 68 de la Ley 1563 de 2012.síntesis automática
También resuelve: ¿Si el Panel Arbitral desestima las excepciones referidas a su falta de competencia en una etapa temprana del proceso, la impugnación deberá efectuarse una vez se emita el laudo final… ¿El recurso de anulación del laudo parcial formulado no se presentó en tiempo, dado que se formuló por fuera del término legal de un mes previsto en la ley de arbitraje? ¿El recurso extraordinario de anulación formulado por EPM contra el laudo final y la providencia que resolvió la solicitud de aclaración, corrección y adición del laudo definitivo…
ADMITE
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100020120066301 ACCION CONTRACTUAL
¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato es de ejecución sucesiva y requiere liquidación? Sí
El contratista puede demandar la declaratoria de incumplimiento durante la vigencia del contrato de ejecución sucesiva y hasta dos años después de su liquidación, conforme al artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, prevaleciendo esta norma especial sobre la regla general que computa el término de caducidad desde la ocurrencia del incumplimiento. Esto implica que si el contrato aún está en ejecución y no ha sido liquidado, el plazo para demandar no ha vencido, permitiendo analizar de fondo la configuración del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configura incumplimiento contractual cuando hay cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones? ¿La auditoría a los reportes de facturación por parte del municipio demandante constituía un requisito previo para que EPM pudiera facturar a los usuarios industriales y comerciales? ¿Se configuró un incumplimiento parcial del contrato por parte de EPM al no cobrar el impuesto de alumbrado público a los usuarios industriales y comerciales oportunamente?
Consejo de Estado Providencia

¿El régimen jurídico del contrato en este caso, es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, el derecho privado y, el asunto debe analizarse bajo la óptica del incumplimiento contractual y no sobre el desbalance económico?

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020100049801 ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen jurídico del contrato en este caso, es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, el derecho privado y, el asunto debe analizarse bajo la óptica del incumplimiento contractual y no sobre el desbalance económico? Sí
Los contratos que celebran las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por regla general por el derecho privado, de modo que su análisis debe hacerse bajo la óptica del incumplimiento contractual y con las reglas civiles y comerciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 establece que el régimen de estos contratos es, por regla general, de derecho privado. Segunda, en controversias sobre el quebranto de la ecuación económica de contratos regidos por el derecho común, el marco lo determinan el artículo 868 del Código de Comercio y la buena fe contractual del artículo 1603 del Código Civil, y no el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Tercera, el asunto versaba sobre el supuesto incumplimiento y no sobre el desbalance económico, por lo que el error en la fundamentación normativa de la primera instancia no tiene una gravedad insuperable. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la discusión sobre el incumplimiento de un contrato de empresa de servicios públicos se resuelve con normas de derecho privado y no con la figura del desequilibrio económico del estatuto contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿En el contrato 299901-26731 suscrito por una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios para la construcción de redes de gas se produjo un incumplimiento contractual…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato?

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020210035901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro? ¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido? ¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Pueden valorarse, los documentos que fueron aportados en copia simple, que estuvieron a disposición de la parte

Sentencia — Sentencia 2022-05-31 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020100207901 ACCION CONTRACTUAL
¿Pueden valorarse, como medios de prueba, los documentos que fueron aportados en copia simple, que estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen y no fueron tachados de falsos? Sí
El contratista puede presentar documentos en copia simple como medios de prueba, siempre y cuando estos hayan estado a disposición de la parte contraria durante el proceso y no hayan sido tachados de falsos, reiterándose así el criterio establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En el caso concreto, los accionantes alegan lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble, aportando un dictamen pericial que fue objeto de objeción por error grave por parte de la entidad estatal, pero que finalmente fue considerado válido por el juez, quien determinó que el perito cumplió con su cometido al calcular el valor comercial del bien para la fecha de celebración del contrato, a pesar de las críticas metodológicas. Sin embargo, el dictamen pericial fue cuestionado por su base en precios de una fecha posterior a la celebración del contrato, lo que implica que la valoración del dictamen debe considerar la descontaminación de la plusvalía generada por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, según lo dispone la Ley 388 de 1997. Esta regla implica que los peritos deben ser rigurosos en su metodología y considerar las variables temporales que afectan el valor de los bienes inmuebles en procesos de enajenación voluntaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la lesión enorme en los procedimientos de enajenación voluntaria de inmuebles, en lo relacionado con el reajuste de precio mas no, por imposible, la rescisión del contrato? ¿El avalúo rural presentado por la demandante tiene la naturaleza de informe de experto o técnico, el cual debe valorarse como prueba documental de acuerdo con la sana crítica?
Consejo de Estado Providencia

El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233300020180162101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación, sin que sea posible modificar la causa petendi en dicha etapa procesal? Sí
El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación sin modificar la causa petendi, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que requieren que el fallo sea coherente con los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación. La Sala reitera esta regla general, que admite excepciones basadas en normas constitucionales, tratados internacionales y normas legales imperativas. EPM no está sometida al Estatuto General de Contratación Estatal en la celebración de contratos de derecho privado, salvo excepciones específicas, por lo que el contrato CT-2014-000808 se rige por la Ley 142 de 1994 y su reforma por la Ley 689 de 2001. Además, la Sala encuentra que EPM no incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato, ya que el inicio del plazo contractual se estableció mediante una acta suscrita por ambas partes y no por una orden unilateral de EPM, desvirtuando así la tesis sostenida por la parte apelante.síntesis automática
También resuelve: ¿Está sometida EPM, en la celebración del contrato objeto del litigio, al régimen de derecho privado previsto en la Ley 142 de 1994 y no al Estatuto General de Contratación Estatal? ¿Se probó que EPM incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato? ¿El silencio y la firma del acta por parte de Servipáramo convalidaron cualquier retardo previo en el inicio del contrato, impidiendo atribuir incumplimiento a EPM?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020010104101 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato? ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación? ¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
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Consejo de Estado Providencia

El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020020068401 ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos con ocasión del negocio jurídico, son actos contractuales? Sí
El contratista no puede anular la resolución de EPM que liquida unilateralmente un contrato de obra, ya que este régimen de contratación se rige por el derecho privado y no por el derecho administrativo, por lo que los actos expedidos en el marco del contrato no son actos administrativos sino contractuales. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirma que la liquidación unilateral es un acto contractual y no administrativo, por lo que no está sujeto a los mismos requisitos y efectos que un acto administrativo. Esta decisión reitera la jurisprudencia que establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios como EPM se rigen por el derecho privado en sus contratos, lo que implica que las cláusulas de liquidación son pactos accesorios y no actos administrativos obligatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿Es pasible de anulación la Resolución 196502 de 2001, mediante la cual EPM liquidó unilateralmente el contrato de obra 1104308 de 1999, después de que, como aduce la parte recurrente… ¿Es procedente incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en los contratos, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro… ¿Incumplió EPM su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 1104308 de 1999, al no reconocer, a favor de la contratista…
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