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CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

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Consejo de Estado Providencia

No son nulas las Resoluciones por medio de las cuales EPM declaró la ocurrencia del riesgo

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020110195201 ACCION CONTRACTUAL
¿Son nulas las Resoluciones por medio de las cuales EPM declaró la ocurrencia del riesgo de incumplimiento del contrato e hizo efectiva la póliza expedida por Seguros del Estado S.A.? No
El contratista no puede declarar la ocurrencia del riesgo de incumplimiento del contrato y hacer efectiva la póliza de seguro, salvo que las partes hayan acordado explícitamente que tal facultad le corresponde, y que dicha acción no vulnere normas de orden público ni asuma competencias que no le corresponden. La Sala establece que en este caso, EPM, como empresa de servicios públicos domiciliarios, no defraudó normas de orden público ni asumió competencias que no le correspondían al declarar la ocurrencia del riesgo y hacer efectiva la póliza, ya que tal acción se ajusta al marco común de las obligaciones que a cualquier particular la aseguradora le impone al momento de tramitar el pago de un siniestro. Además, la Sala reitera que la demanda de reconvención presentada por EPM es extemporánea, ya que se presentó después del término de caducidad establecido por la ley. Por último, la Sala determina que las cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato no son nulas ni exorbitantes, ya que fueron aceptadas por el contratista y no violan el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve: ¿Está Seguros del Estado S.A. legitimada en la causa para reclamar la nulidad e ineficacia de las cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato suscrito entre EPM y ESGEM? ¿Trajo EPM, en su calidad de demandante en reconvención, oportunamente a esta jurisdicción las pretensiones con las cuales busca que Seguros del Estado asuma los perjuicios derivados de la… ¿La declaración del riesgo de incumplimiento contractual amparado mediante la póliza, provino de la inclusión de cláusulas exorbitantes en el pliego de condiciones que reguló la celebración del…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-09-20 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 54001233300020190028401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio? Sí
El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para proteger el derecho objeto del litigio, asegurando que se cumplan los requisitos legales como la acreditación del perjuicio material y la necesidad de la medida cautelar. La Sala revoca la medida cautelar de suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al no encontrar acreditados los elementos que permitan apreciar la ilegalidad en el proceder de la entidad demandada ni la necesidad de la medida cautelar. La regla reitera la importancia de que la solicitud de medida cautelar esté debidamente sustentada y que el juez evalúe rigurosamente la legalidad del acto administrativo acusado, lo que implica que las partes deben presentar pruebas suficientes para demostrar la necesidad de la medida cautelar y la existencia de un perjuicio material.síntesis automática
También resuelve: ¿La actuación desplegada por la entidad demandada se revela arbitraria o abiertamente contraria al derecho de defensa de la accionante? ¿La solicitud de medida cautelar debe estar debidamente sustentada, expresando los motivos por los cuales se debe acceder a dicha medida? ¿La medida cautelar de suspensión provisional es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020120058901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Con ocasión de la ejecución del contrato, se acreditó que EPM incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones por el hecho de no haber reconocido y pagado la totalidad de las obras y servicios efectivamente ejecutados, lo cual condujo a unos mayores costos y debió asumir la contratista? No
Los reconocimientos por mayor obra aparentemente ejecutada por la contratista se basan en los anexos documentales aportados por la parte actora, que corresponden a cuadros elaborados por ella misma que condensan los valores definidos en el acápite correspondiente a la cuantía de la demanda y que en modo alguno cuentan con verificación de ejecución real, aceptación de tales cantidades y valores por parte de la interventoría y verificación de ausencia de pago, documentos estos que a pesar de no ser objetados o controvertidos por la entidad demandada, no proporcionan elementos de juicio para apreciar lo realmente ejecutado.… En ese sentido, extraña la Sala en la verificación de tales items, cantidades y valores, el procedimiento de reconocimiento por parte de la entidad y su correspondiente pago o denegación de pago…
También resuelve: ¿Es procedente revocar la decisión objeto de apelación que declaró la nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato, así como también el reconocimiento y pago de unas obras… ¿El numeral 4.5.6 del pliego de condiciones es nulo por objeto ilícito, por cuanto expresamente señaló que no se pagarían las visitas perdidas por ningún concepto? ¿El régimen contractual aplicable a la empresa de servicios públicos domiciliarios es el de derecho privado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer del presente caso

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020080037901 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer del presente caso, en observancia del factor objetivo de atribución de competencia por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía? Sí
Cuando la controversia tiene origen en la actividad negocial de una entidad pública, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce del asunto, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia por el factor objetivo de la cuantía, según el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del mismo código, modificado por la Ley 1107 de 2006, atribuye a la jurisdicción las controversias derivadas de la actividad negocial de las entidades públicas; el factor objetivo de atribución determina la doble instancia a partir del valor de las pretensiones; y la acción de controversias contractuales resulta idónea para pretender la nulidad de los actos contractuales, la declaratoria de incumplimiento y la indemnización de perjuicios. En el caso, la entidad demandada era una empresa de telecomunicaciones que celebró el contrato bajo el régimen de derecho privado, y la controversia se tramitó en doble instancia ante la corporación. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia depende del valor de la pretensión y no del régimen jurídico del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la acción de controversias contractuales para pretender la declaratoria de nulidad de los actos administrativos contractuales… ¿El contrato objeto de debate, se rige por el derecho privado, por haber sido celebrado por una empresa prestadora de los servicios telefónicos, radiotelefónicos y radiotelegráficos? ¿La decisión de terminación unilateral cuya declaratoria se pretende, es un acto administrativo fundado en la potestad de terminación unilateral concebida en la Ley 80 de 1993?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 19001233100020110057302 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-03-24 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020000341401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).
También resuelve: ¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización? ¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio? ¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato?

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 05001233300020200372701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve: ¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica… ¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica? ¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Servicios públicos domiciliarios: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150305201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliaros en el desarrollo de su actividad contractual son actos administrativos? No
El contratista no puede expedir actos administrativos en el marco de su actividad contractual como empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no emanan de prerrogativas públicas ni del régimen legal aplicable, sino que se rigen por el derecho privado salvo disposición constitucional o legal en contrario. La entidad prestadora de servicios, en este caso Emsersopó, carece de competencia para proferir actos administrativos, y un contrato de seguro entre particulares no puede conferirle tales facultades. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, por lo que deben ser analizados bajo las normas del derecho común y las condiciones estipuladas en el contrato, sin someterse a los controles de legalidad aplicables a los actos administrativos. Esto implica que las condiciones generales de la póliza de seguro deben interpretarse conforme a la intención de las partes y el régimen legal aplicable, sin restar efecto a lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El pacto de facultades unilaterales por las partes del contrato estatal, en este caso, tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía… ¿El seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que… ¿Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento, para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020010104101 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato? ¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación? ¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El artículo 1.081 del Código de Comercio señala que la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 85001233300020160005301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe declarar probada la excepción de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro y, en consecuencia, en el evento de haberse pagado alguna suma por los siniestros aquí en estudio, se deberán devolver dichas sumas, debidamente actualizadas desde el momento en que fueron canceladas por la Aseguradora Solidaria de Colombia? Sí
La Aseguradora Solidaria de Colombia pretende que se declare la nulidad de la Resolución n.° 50 del 06 de agosto de 2015, por medio de la cual la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. declaró la ocurrencia de los siniestros de incumplimiento y de mal manejo del anticipo, en el marco del contrato de obra n.° 20 del 1 de marzo de 2011, celebrado con el señor Óscar Javier Acuña Correa. Igualmente, solicita la nulidad absoluta de las cláusulas número seis y ocho de las condiciones generales de la póliza n.° 605-47-994000005277, expedida por la actora. Señala que aunque en dichas cláusulas se admite la posibilidad de expedir actos administrativos para la declaratoria del siniestro, tampoco otorgaron la competencia para el efecto, puesto que esta es privativa de la ley.
También resuelve: ¿La liquidación no suspende el término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro? ¿Es posible que los términos del incumplimiento y la liquidación, puedan contarse simultáneamente, claro está, si concurren las circunstancias de hecho que dan lugar a uno o a otro evento? ¿Las empresas de servicios públicas domiciliarios regidas por el derecho privado, dictan verdaderos actos administrativos para la declaratoria del siniestro…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2022-05-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020070017701 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales en las que hacen parte entidades estatales? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando el contrato fue celebrado por una entidad pública y la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. La caducidad de la acción se contará a partir de la terminación del contrato cuando este no sea susceptible de liquidación, tal como dispone el literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, lo que es aplicable a contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones que se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación. En el caso en cuestión, la terminación del contrato por vencimiento de plazo y la presentación de la demanda dentro del término de dos años permiten concluir que la acción fue oportuna, revocando así la sentencia de primera instancia y permitiendo el estudio de las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en que el contrato no requiere liquidación, debe contarse a partir de la terminación del msimo? ¿La demanda se presentó oportunamente? ¿La Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones está legitimada en la causa por pasiva al operar la cesión de contratos una vez fue liquidada Telecom?
Consejo de Estado Providencia

La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio

Sentencia Unificación — Sentencia 2024-05-09 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 76001233100020060332003 ACCION CONTRACTUAL
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas… ¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios… ¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 08001233100019930760701 ACCION CONTRACTUAL
¿Tiene jurisdicción y competencia el Consejo de Estado para conocer de controversia suscitadas en virtud de contratos administrativos y de contratos de derecho privado de la administración de que trata el Decreto Ley 222 de 1983, aun cuando no se hubiera pactado cláusula de caducidad? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias originadas en contratos administrativos y en contratos de derecho privado de la administración regidos por el Decreto Ley 222 de 1983, aunque no se haya pactado cláusula de caducidad, porque el criterio que determina la competencia es orgánico. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el criterio orgánico asigna la competencia en función de la naturaleza pública de la entidad contratante, con independencia del régimen del contrato. Segunda, el litigio versa sobre la legalidad de actos administrativos contractuales y sobre el incumplimiento y la nulidad de contratos suscritos por un ente territorial, por lo que se cuestiona la validez de decisiones de la administración. Tercera, la competencia de segunda instancia se determina por la cuantía de las pretensiones al momento de presentarse la demanda, conforme al Código Contencioso Administrativo vigente. La providencia modifica la decisión de primera instancia en lo que corresponda. La consecuencia práctica es que la ausencia de cláusula de caducidad no excluye a la jurisdicción contencioso administrativa cuando el contrato es celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve: ¿El pacto arbitral estipulado en el contrato impide al Consejo de Estado asumir competencia en este caso? ¿Procede la acción contractual para solicitar la nulidad parcial de la resolución que declara el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de aseo y arrendamiento, la que la confirma… ¿La demanda principal y la demanda de reconvención se interpusieron en tiempo, esto es dentro de los dos años del término de caducidad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: la sentencia negó las pretensiones porque no se cumplían los requisitos de la imprevisión contractual

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020120058901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuando las empresas de servicios públicos incluyan cláusulas exorbitantes en sus contratos, estas y todo lo concerniente a ellas se rige por la Ley 80 de 1993? Sí
Considero que la pretensión de desequilibrio económico del contrato no podía negarse por considerar que la figura no era aplicable porque no cumplía las condiciones del artículo 868 del Código de Comercio.… De manera excepcional, el legislador habilita que en ciertos contratos regidos por el derecho privado se incluyan las cláusulas exorbitantes previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993; el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 lo establece… . De conformidad con la anterior disposición, cuando las empresas de servicios públicos incluyan cláusulas exorbitantes en sus contratos, estas y todo lo concerniente a ellas se rige por la Ley 80 de 1993. Ello conlleva que en estos casos deba darse aplicación a la figura del desequilibrio económico del contrato prevista en el numeral 1 del artículo 5 de la referida ley cuando la ecuación económica se vea afectada por hechos imprevistos.
Consejo de Estado Providencia

La remisión al derecho civil y comercial en servicios públicos opera como componente de un sistema normativo especial y autónomo.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2026-07-06 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 13001233300020150082801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La remisión de la Ley 142 de 1994 al derecho civil y comercial permite concluir, por sí sola, que el contrato AB-OC003-2011 está sometido exclusivamente al derecho privado y excluye la necesidad de analizar las potestades excepcionales y demás particularidades del régimen especial de los servicios públicos domiciliarios? No
El magistrado aclara su voto para precisar que la remisión de la Ley 142 de 1994 al derecho civil y comercial no implica la exclusión de las particularidades del régimen especial de los servicios públicos domiciliarios. En distintos apartes de la providencia, el marco jurídico del contrato AB-OC003-2011 se describe como simplemente sujeto a los Códigos Civil y de Comercio o a la legislación civil y mercantil, y aunque esa afirmación no es equivocada en un plano descriptivo general, presentada de manera aislada no expresa la estructura completa del régimen aplicable ni permite advertir que el derecho privado opera como componente de un sistema normativo especial, y no como un sustituto puro y simple de él, conservando las potestades convencionales y los límites derivados de la buena fe y la especialidad de los servicios públicos.síntesis automática
También resuelve: ¿La remisión contractual al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública modifica la naturaleza jurídica de los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios y… ¿El análisis de las actas parciales, del acta final de obra y de la liquidación del contrato AB-OC-003-2011 debía fundarse principalmente en las estipulaciones contractuales pactadas por las partes?
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

Salvamento voto — Salvamento de voto 2024-05-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020060332003 ACCION CONTRACTUAL
¿El precedente jurisprudencial se refiere, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión, la cual puede ser de dos tipos: un precedente legislativo, que genera una regla general y abstracta; y un precedente de aplicación del caso, que resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores? Sí
La noción de precedente puede aplicarse, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión y se refiere también a dos tipos de precedente: (i) un precedente denominado legislativo, en el cual la Corte enuncia una regla general y abstracta con base en la cual se decide el caso concreto y deben decidirse los casos futuros que tengan supuestos fácticos similares mediante una aplicación deductiva; este modelo se acerca a la noción de jurisprudencia de los sistemas de derecho escrito; y (ii) un precedente de aplicación del caso, en el cual la Corte simplemente resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores teniendo en cuenta similitudes y diferencias mediante la aplicación de un método principalmente inductivo, que se acerca más a la noción de precedente del derecho anglosajón… .
También resuelve: ¿El Consejo de Estado tiene la facultad para adoptar reglas generales en las que interpreten las disposiciones legales o llenen lagunas normativas… ¿La adopción de reglas de unificación jurisprudencial debe ser precisa y debe ser enunciada de manera expresa, indicando cómo deben interpretarse las disposiciones legales pertinentes… ¿La regla de unificación que debió adoptarse en la sentencia no debió referirse a la calificación de los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios…