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Consejo de Estado
Providencia
No es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia contractual del Fonade
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2025-04-28
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 66001233300020190068401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia contractual del Fonade que corresponde a su giro ordinario? No
Las controversias contractuales de las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero que corresponden a su giro ordinario no son de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 105 del CPACA. Esta conclusión se apoya en la naturaleza de la entidad, pues el artículo 1 del Decreto 288 de 2004 la define como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, vigilada por la Superintendencia Bancaria, y en que la controversia recae sobre su actividad ordinaria. La falta de jurisdicción conduce a declarar la nulidad de lo actuado, incluso de la audiencia en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. En el caso concreto, el despacho declaró la falta de jurisdicción, anuló lo actuado y adoptó medidas para continuar el trámite en la jurisdicción ordinaria. Como consecuencia práctica, las controversias contractuales de este tipo deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria y no ante la de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿Hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado, incluso de la audiencia inicial de 1 de diciembre de 2021 en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la decisión del Tribunal en este punto
Sentencia — Sentencia
2023-05-25
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020180053402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Indumil estaba facultada para modificar unilateralmente el acta de liquidación bilateral del contrato para descontar sumas de dinero al contratista por concepto de multa? No
La entidad que pacta descuentos o multas solo puede aplicarlos si cumple los términos del pacto, incluido el trámite previsto en la garantía, y no puede hacer un uso abusivo de su facultad unilateral. La regla se apoya en que el juez verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales de la facultad y que la cláusula que regula las multas exige ese trámite antes de cualquier descuento de los saldos a favor del contratista. Por ello, la multa impuesta sin seguir el procedimiento de la póliza no puede descontarse de la liquidación. En el asunto, la entidad impuso una multa por la fecha de entrega sin adelantar el trámite de la póliza, por lo que el tribunal acertó al concluir que no podía descontar esas sumas de la liquidación bilateral, y la Sala confirmó esa decisión. En la práctica, los descuentos incluidos en una liquidación bilateral deben tener sustento en el procedimiento pactado.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos emitidos por la entidad contratante en el marco de un contrato regido por el derecho privado tienen la naturaleza de actos administrativos?
¿Procede la condena en costas ante la prosperidad parcial del recurso de apelación?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿El contrato de interventoría no. 20110798 de 2011 suscrito con Fonade, es regido por el derecho privado?
Sentencia — Sentencia
2025-03-26
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 76001233300020160105601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de interventoría no. 20110798 de 2011 suscrito con Fonade, es regido por el derecho privado? Sí
El contratista no puede declarar nula la acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría suscrito con Fonade, ya que la forma de pago estipulada en el contrato dependía del avance del contrato de consultoría objeto del contrato de interventoría, y no se demostró que el consultor hubiera cumplido con el 100% de las obligaciones encomendadas. La cláusula de pago variable fue conocida y aceptada por el contratista desde el inicio del proceso de selección, por lo que su fuerza jurídica vinculante no puede ser cuestionada. Además, el reconocimiento de costos variables dependía directamente del seguimiento y verificación del avance del contrato de consultoría por parte del interventor, lo que no fue cumplido en su totalidad. Por lo tanto, la negativa de Fonade a reconocer y pagar el valor total del contrato no constituye un abuso de derecho, y la sentencia que confirma la acta de liquidación bilateral se mantiene.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente declarar la nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría no. 2110798 de 2013, porque según la contratista…
¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue resuelto desfavorablemente?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Jurisdicción de lo contencioso administrativo: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2022-01-31
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020130202801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción administrativa juzga controversias contractuales derivadas de contratos celebrados por entidades públicas financieras cuando corresponden al giro ordinario de sus negocios? Sí
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales derivadas de contratos celebrados por entidades públicas financieras cuando estas correspondan al giro ordinario de sus negocios, ya que la competencia en estos casos recae en la jurisdicción ordinaria. Esta regla se fundamenta en que las controversias contractuales en las que participe una entidad financiera pública y que versen sobre asuntos que correspondan al giro ordinario de sus negocios, se encuentran excluidas del conocimiento de la jurisdicción administrativa. Para que se configure esta excepción, es necesario que la entidad pública tenga el carácter de institución financiera y que la controversia tenga relación directa con el objeto social o las funciones catalogadas como financieras en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el caso analizado, la entidad financiera en cuestión, FONADE, celebró un convenio interadministrativo en el marco de su misión como gerente de proyectos de desarrollo, lo que corresponde al giro ordinario de sus negocios. Por lo tanto, la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de competencia para conocer de dicha controversia contractual, y el asunto debe ser remitido a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuál es la definición del giro ordinario de los negocios de las instituciones financieras, que determina la competencia de la jurisdicción ordinaria o de la contencioso administrativa?
¿Se cumple con el criterio orgánico que determina la excepción de materias que no son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
¿Tiene competencia de jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las controversias que tienen origen en los negocios jurídicos celebrados en conexión o en relación directa con el…
Consejo de Estado
Providencia
En cambio, sí es prorrogable, de que, aunque la autoridad judicial no sea competente puede dictar válidamente sentencia si el vicio no se alega oportunamente.
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2025-08-22
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020200038801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción de lo contencioso-administrativo es competente para conocer de una controversia derivada de un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, vigilada por la Superintendencia Financiera, dentro del giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para resolver una controversia derivada de un contrato celebrado con una entidad pública que actúa como institución financiera y está vigilada por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando el contrato se encuentre dentro del giro ordinario de los negocios de la entidad financiera. Esta regla se fundamenta en que la falta de jurisdicción y la incompetencia por factores subjetivo y funcional son improrrogables, generando una nulidad insanable. En el caso del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), su naturaleza como establecimiento de crédito y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera cumple con los requisitos del artículo 105 del CPACA, excluyendo así la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de controversias contractuales que correspondan al giro ordinario de sus negocios. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la competencia funcional y subjetiva, limitando la jurisdicción contencioso-administrativa en casos específicos de entidades financieras estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en su calidad de establecimiento de crédito de naturaleza especial y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera…
¿El contrato celebrado entre el FNA y la Entidad de Certificación Digital corresponde al giro ordinario de los negocios de la entidad?
¿Se debe declarar la nulidad del fallo de primera instancia por falta de competencia, y remitir el expediente al juez competente conforme al factor territorial?
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado
Providencia
No es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2025-05-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020150125001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:
¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en…
¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario…
¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-06-08
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 17001233300020120029701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía , en los términos del artículo 150 del C.P.A.C.A.
También resuelve:
¿Goza el juez de facultades para interpretar la demanda?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia derivada de contrato celebrado por empresa industrial y comercial del Estado?
¿Se acreditó la legitimación en la causa de las partes?
Consejo de Estado
Providencia
Se ha concluido que dichas manifestaciones no pueden analizarse como actos administrativos
Sentencia — Sentencia
2025-10-24
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 25000233600020220029201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede afirmarse que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 —modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011— y a la jurisprudencia reiterada de la Sala, el contrato No. 1298 de 2017 celebrado por el Fondecun, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia con el sector privado, se encuentra sometido al régimen de derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las decisiones adoptadas por la entidad en ejercicio de las facultades pactadas contractualmente (como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria) constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos? Sí
Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no quedan sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Por ello, las decisiones que la entidad adopta en ejercicio de las facultades pactadas en el contrato, como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria, constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos. La regla se apoya en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, y en que el objeto misional de la entidad, al efectuar captaciones, prestar asesoría y adelantar operaciones de financiación, la coloca en competencia con el sector privado. La providencia reitera la jurisprudencia de la subsección, según la cual esta clase de entidades no se rige por el estatuto general. Como consecuencia práctica, las controversias sobre esas decisiones deben tramitarse como asuntos contractuales de derecho privado y no como impugnaciones de actos administrativos.síntesis automática
También resuelve:
¿El Tribunal desconoció que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XXI S.A.S. produjo efectos de cara al contrato No. 1298 de 2017?
¿Conforme a lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017 y al procedimiento seguido por el Fondecun, la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento…
¿Se debió reconocer en favor de los demandantes el pago de la suma pretendida por la ejecución de la fase 1 del citado contrato, que habría realizado la Unión Temporal Construir Día?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2023-09-18
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 68001233100020090011702
ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales, presentada para demandar el incumplimiento de un contrato estatal en el que fue parte Ecopetrol? Sí
En las controversias contractuales, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para decidir los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de interponerse la demanda. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la competencia depende de la naturaleza pública de la entidad contratante y del origen de la controversia en su actividad. Segunda, cuando la entidad contratante es una empresa estatal, el incumplimiento de su contrato entra en la competencia de esta jurisdicción y, por ello, la Sala conoce de la segunda instancia. En el caso, el incumplimiento de un contrato celebrado por una empresa petrolera estatal vinculada al Ministerio justificó esa competencia. La providencia confirma la sentencia apelada. En la práctica, el demandante que pretenda el incumplimiento de un contrato celebrado con una empresa estatal debe verificar la calidad de la entidad contratante, porque esa condición determina la jurisdicción competente.síntesis automática
También resuelve:
¿Se interpuso de forma oportuna la demanda de controversias contractuales, presentada para declarar el incumplimiento del contrato estatal suscrito entre Ecopetrol y el consorcio del que hizo parte…
¿Ecopetrol S.A. incumplió el contrato N° 5201841 del 28 de noviembre de 2006, por efectuar los pagos a su cargo, directa e íntegramente al representante de la sociedad contratista…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Sentencia — Sentencia
2022-09-22
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100020010104101
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?
¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación?
¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las normas que imponen sanciones o establecen prohibiciones deben ser expresas y son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, por consiguiente, no cabe su interpretación extensiva, ni su aplicación por vía de analogía y tampoco su derivación por la exigencia de ciertos requisitos previos.
Sentencia — Sentencia
2021-12-15
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 18001233100020020041301
ACCION CONTRACTUAL
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse? No
El contratista no puede ser objeto de terminación unilateral del contrato por nulidad absoluta basada en la falta de registro sanitario, la violación del principio de selección objetiva, la ausencia de inscripción en el registro de proponentes o la falta de capacidad para obligarse, ya que estas circunstancias no constituyen una prohibición expresa legal o constitucional que genere la nulidad del contrato. La falta de motivación detallada y la ausencia de una prohibición expresa en la norma aplicada implica la nulidad del acto administrativo que termina unilateralmente el contrato. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, matizando la interpretación restrictiva de las causales de nulidad en contratos estatales, lo que implica que las entidades estatales deben fundamentar con rigor legal y constitucional cualquier terminación unilateral basada en la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
¿La legitimación en la causa es de hecho y material?
¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2024-05-22
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020100009201
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?
¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No hay lugar a declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra
Sentencia — Sentencia
2022-04-20
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 05001233100020100215001
ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra? No
El contratista no puede declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra, ya que las partes acordaron modificaciones contractuales que regularon los costos adicionales y prorrogaron el plazo de ejecución, y el contratista no demostró los perjuicios reclamados ni cumplió con la carga probatoria que le correspondía. Además, la fuerza obligatoria del contrato se basa en la voluntad de las partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, y en este caso el contratista no probó los costos administrativos adicionales. Por lo tanto, la Sala reitera que la acción contractual es el mecanismo adecuado para resolver controversias derivadas del contrato estatal, pero en este caso declina las pretensiones principales del contratista debido a la falta de prueba.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal?
¿Se presenta caducidad de la acción de controversias contractuales?
¿La entidad demandada incumplió el contrato al aplicar incorrectamente la fórmula de ajuste pactada y no efectuar el pago de la totalidad de los valores a que tenía derecho el contratista…
Consejo de Estado
Providencia
Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior.
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020010121201
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior? Sí
El juez aplica a los contratos estatales la ley vigente al tiempo de su celebración, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Las obligaciones, validez, existence y efectos de los acuerdos de voluntades celebrados por las entidades públicas no pueden quedar sujetos a los cambios constantes de la legislación posterior, pues ello generaría inestabilidad e incertidumbre jurídica en las relaciones contractuales, impidiendo que las normas nuevas alteren retroactivamente las condiciones pactadas al momento de perfeccionar el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista…
¿Resulta procedente reconocer la legitimación en la causa por activa al contratista y por pasiva al departamento de Antioquia…
¿La ausencia de una exposición concreta, clara y suficiente de los motivos de inconformidad en el recurso de apelación impide que el juez de segunda instancia ejerza su competencia para revisar los…
MODIFICA