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Dado que el régimen del convenio de asociación que se analiza corresponde al derecho privado, y en este escenario no se ejercen prerrogativas de poder público, ¿resulta indispensable su cuestionamiento en sede judicial para avanzar en el examen de incumplimiento, pues tal exigencia está referida exclusivamente a los actos administrativos? No
En un convenio de asociación regido por el derecho privado, en el que no se ejercen prerrogativas de poder público, el examen del incumplimiento no exige cuestionar judicialmente actos administrativos, pues esa exigencia se refiere exclusivamente a los actos de esa naturaleza. La regla se apoya en que el régimen privado del negocio determina las obligaciones y el análisis de su cumplimiento, sin que la impugnación de actos administrativos sea presupuesto para estudiarlo. Por ello, la discusión sobre el incumplimiento puede avanzar con el análisis de las obligaciones pactadas y de las pruebas aportadas al proceso. En el asunto, la Sala examinó primero las generalidades del negocio jurídico que originó el litigio y luego los supuestos específicos del incumplimiento alegado, y confirmó la decisión de la primera instancia. En la práctica, en los convenios de derecho privado el incumplimiento se examina con las cláusulas pactadas y no con la impugnación de actos administrativos.síntesis automática
¿Se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada? No
En la acción de enriquecimiento sin causa el demandante debe probar el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada y su propio empobrecimiento, así como la prestación efectiva de los servicios que alega, de modo que no basta con afirmar la existencia de la prestación ni con un dictamen que se limite a actualizar el valor de las facturas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el demandante que no formula reparos a la conclusión del tribunal sobre la inexistencia del enriquecimiento no sustenta su pretensión en segunda instancia. Segundo, el empobrecimiento exige probar la prestación alegada, y las pruebas documentales y periciales deben acreditar su realización. Tercero, un peritaje que solo actualiza el valor de las facturas y del monto total del proyecto no demuestra el enriquecimiento ni el empobrecimiento. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la prueba de los servicios prestados y del beneficio obtenido por la entidad debe aportarse de manera específica en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Los requisitos del enriquecimiento sin causa están ausentes de prueba en el caso que ocupa la atención de la Sala?¿El Tribunal advirtió que no se había acreditado el enriquecimiento alegado?
¿Las horas adicionales en que incurrió el consultor para ejecutar su objeto debían ser asumidas por la entidad contratante? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento y pago de horas adicionales por la entidad contratante, ya que no se demostró un desequilibrio financiero del contrato ni la ocurrencia de un riesgo imprevisto, dado que las horas adicionales correspondieron a un riesgo previsible asumido por el contratista en su matriz de riesgos. Además, el contratista no demostró haber desplegado mecanismos para mitigar el impacto del riesgo ni que las horas adicionales tuvieran origen en actividades no previstas en la etapa precontractual. La Sala también rechazó los argumentos relacionados con un presunto enriquecimiento sin causa, considerando que no se incluyó en la demanda una pretensión tendiente a declarar la configuración de esa figura y que su estudio resultaría inconsecuente para acceder a las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, la Sala confirma la decisión de primera instancia, rechazando la pretensión del contratista y condenándolo en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Son procedentes los argumentos relacionados con un presunto enriquecimiento sin causa?¿Procede la condena en costas contra la parte demandante y su litisconsorte, por ser las vencidas en el proceso?
¿La potestad de adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando la parte actora ha señalado una vía procesal inadecuada, resulta aplicable al caso concreto? No
El contratista no puede adecuar el medio de control a las pretensiones formuladas en la demanda cuando ha señalado una vía procesal inadecuada, ya que la reforma del CPACA que otorga dicha potestad no es aplicable en este caso, dado que la acción de controversias contractuales es indebida y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es extemporánea. La entidad estatal revoca la sentencia de primera instancia para declarar la indebida escogencia de la acción de controversias contractuales, lo que implica que no se puede adecuar el medio de control sin cumplir los requisitos que permitan un análisis juicioso y completo de la legalidad del acto administrativo, evitando así una violación del debido proceso y del principio de congruencia.síntesis automática
También resuelve:¿En consonancia con la hipótesis general que fijó la Corte Constitucional, se pueden proferir de manera excepcional decisiones inhibitorias?¿No cabe duda sobre los reproches que hizo la demandante a la legalidad de la decisión que rechazó el pago por falsa motivación del acto?¿El medio de control dispuesto por el ordenamiento para procurar el restablecimiento o reparación del daño causado por un acto administrativo ilegal…
¿La recurrente no presentó ningún argumento de inconformidad dirigido a rebatir las conclusiones por las cuales el Tribunal a quo negó sus pretensiones y su impugnación se limitó a reiterar lo planteado inicialmente en la demanda? Sí
El apelante en un proceso de controversias contractuales tiene la carga de sustentar su recurso mediante argumentos dirigidos a rebatir las conclusiones y la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, pues si se limita a reiterar lo expuesto en la demanda o formula un cargo nuevo incongruente con la base de la decisión impugnada, el juez de segunda instancia no puede suponer las razones de inconformidad y debe confirmar el fallo. En el ámbito sustancial de los contratos de prestación de servicios de salud, las liquidaciones bilaterales constituyen negocios jurídicos en los que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, realizan un cruce de cuentas sobre las obligaciones ejecutadas. Por tanto, el contratista no puede pretender posteriormente el cobro de facturas que dejó de radicar oportunamente bajo un trámite conocido ni excusarse en hechos sobrevinientes cuando omitió revisar sus cuentas pendientes pese al requerimiento previo a la etapa liquidatoria.síntesis automática
También resuelve:¿La vía procesal adecuada para tramitar las controversias entre las partes era la contractual y no la de reparación directa?¿El alegato de la parte recurrente se ciñó a ofrecer una reproducción idéntica a la plasmada en la demanda?¿Era procedente pretender el cobro de unas facturas que se dejaron de tramitar en el momento oportuno?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-18Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 20001233300020150064701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los autos proferidos por tribunales administrative, mediante los cuales se resuelve un incidente de regulación de honorarios? Sí
La providencia que resuelve un incidente de regulación de honorarios es apelable, conforme al numeral 5 del artículo 321 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, y su resolución en segunda instancia corresponde al magistrado ponente, según los artículos 125 y 243 del CPACA. El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de los recursos de apelación contra los autos de los tribunales administrativos respecto de los cuales resulte procedente ese medio de impugnación, de acuerdo con el artículo 150 del CPACA. En el caso concreto, la abogada reclamó honorarios por actuaciones realizadas después del vencimiento del plazo del contrato de prestación de servicios profesionales con el fondo, y la providencia confirmó la negativa del reconocimiento, porque esas actuaciones no se realizaron en virtud de una relación contractual vigente con el Estado. Como consecuencia práctica, los honorarios por defensa judicial solo son reconocibles en la medida en que la actuación se encuentre cubierta por el contrato que las sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Las actuaciones desarrolladas por la profesional del derecho con posterioridad al 25 de junio de 2018, fecha en la que se cumplió el plazo estipulado en el contrato de prestación de servicios…¿Dado que las prestaciones ejecutadas por la abogada entre el 22 de noviembre de 2018 y el 28 de marzo de 2019 se efectuaron sin contar con un vínculo obligacional vigente con el Estado…
¿La parte actora acreditó que la suma de $1.097.581.199, correspondiente a obras ejecutadas y no facturadas, constituía un saldo cierto, exigible y susceptible de compensación a favor del contratista, que debía ser tenido en cuenta al expedir los actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato? No
El contratista no acredita que una suma específica por obras ejecutadas y no facturadas constituya un saldo cierto y exigible a su favor, que deba ser tenido en cuenta al expedir actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato. La entidad estatal no reconoce esa suma como una obligación dineraria autónoma y aislada, sino como parte de un balance contractual más amplio que incluye otros componentes desfavorables. El contratista no puede descomponer selectivamente balances o ejercicios preliminares para extraer únicamente la partida que beneficia su tesis, sin asumir los demás componentes que integran la misma ecuación financiera. En este caso, la entidad no trató los documentos como fuentes equivalentes al momento de expedir los actos demandados, lo que confirma que la suma no puede ser trasladada de manera automática a la liquidación unilateral como una obligación definitiva. La Sala concluye que la parte actora no aportó prueba técnica o contractual idónea que acredite de manera autónoma que el contratista efectivamente ejecutó obras por el valor mencionado y que no fueron objeto de pago, por lo que la impugnación del acto administrativo no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora acreditó, mediante prueba técnica o contractual idónea, que el contratista ejecutó obras por valor de $1.097.581.199 que fueron recibidas a satisfacción y no pagadas…¿La suscripción unilateral del proyecto de acta de liquidación bilateral por parte de la entidad perfecciona el acuerdo liquidatorio y consolida, por sí sola, derechos u obligaciones definitivas?¿La referencia al valor de las obras ejecutadas y no facturadas en la contestación de la demanda constituye confesión judicial?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción administrativa como guardiana del orden jurídico y en la necesidad de garantizar el debido proceso en controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas. La modificación de la regla implica que los litigantes deben considerar la cuantía de sus pretensiones para determinar la jurisdicción competente en segunda instancia, lo que puede afectar significativamente la estrategia procesal y los costos asociados a la litigación.síntesis automática
También resuelve:¿Es la reparación directa el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin justa causa?¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al registro del trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿Es procedente la pretensión de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual? No
El contratista no puede invocar la acción de enriquecimiento sin justa causa cuando el conflicto tiene su origen en un negocio jurídico perfeccionado y no en un hecho contractual o extracontractual, ya que la controversia debe ser resuelta bajo la óptica contractual y no mediante la compensación por enriquecimiento sin causa, salvo en casos excepcionales donde la afectación del interesado carezca de razón jurídica contractual o extracontractual. La entidad estatal, en este caso, debe tramitar el litigio bajo las reglas de la reparación directa o del contrato, según corresponda, lo que implica que las pretensiones relacionadas con el enriquecimiento sin causa resultan improcedentes. La Sala reitera la jurisprudencia en este sentido, lo que limita la posibilidad de utilizar esta acción en casos de cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los argumentos del recurso de apelación delimitan el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia?¿Está sometida una empresa industrial y comercial del Estado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en los contratos celebrados para el cumplimiento de su misión?¿Constituye la ausencia de salvedades en instrumentos contractuales modificatorios una renuncia automática del contratista a formular reclamaciones por desequilibrio económico?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿El convenio marco es un negocio jurídico atípico? Sí
El convenio marco es un negocio jurídico atípico, porque carece de regulación legal específica que discipline su contenido, y responde al ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes. La regla se apoya en que esta figura presenta los rasgos del contrato marco: vocación de permanencia en el tiempo, carácter regulatorio de la relación entre las partes que simplifica la celebración de negocios subordinados o actos de ejecución, y el hecho de que al momento de suscribirlo no se regulan intereses actuales, sino lineamientos generales para relaciones futuras. En el caso, el convenio marco celebrado entre las partes se analiza como negocio atípico, y la sentencia se modifica en lo relativo a su naturaleza. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la exigibilidad de obligaciones derivadas de un convenio marco depende de los negocios subordinados que se celebren bajo sus lineamientos, y no del convenio marco en sí.síntesis automática
También resuelve:¿El Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1 constituían un acto plural y complejo, sujetos a un proceso de liquidación bilateral?¿El término de caducidad de las pretensiones principales debía computarse, no desde el vencimiento del Acta de Ejecución No. 1…¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensiones sobre reconocimientos
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad del acto que impuso una multa, por una parte, y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, por otra? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar la nulidad del acto que impuso una multa y la ruptura del equilibrio económico por el incumplimiento de la entidad, conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de iniciarse el proceso. La demanda se interpuso dentro del plazo de dos años desde la notificación de la resolución que impuso la multa y desde la notificación del acto que liquidó unilateralmente el contrato, por lo que no se declara la caducidad de la acción. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que las demandas presentadas en estos términos no serán declaradas extemporáneas.síntesis automática
También resuelve:¿La ineptitud de la demanda en forma, constituye ina ecepcion que debe ser declara de oificio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia?¿Como el municipio de Medellín fue parte del contrato de obra público objeto de controversia y lo celebró en vigencia de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico que le resulta aplicable…¿La liquidación unilateral del contrato de obra pública se realizó de forma oportuna, pese a que fue efectuada luego de haberse cumplido el término de dos meses dispuesto para tal efecto en la…
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a…¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…
¿Puede la Sala analizar el enriquecimiento sin causa alegado por el consorcio en el recurso de apelación, con fundamento en la ejecución de mayores cantidades de obra, pese a que no formuló esa pretensión en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de ejercer su defensa frente a ella? No
El contratista no puede introducir en el recurso de apelación un nuevo argumento sobre enriquecimiento sin causa basado en la ejecución de mayores cantidades de obra, ya que no fue planteado en la demanda y el municipio no tuvo oportunidad de defenderse, lo que violaría el principio de congruencia y el derecho de defensa, según establece el artículo 281 del Código General del Proceso aplicado por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el análisis de nuevos cargos en segunda instancia es improcedente, limitando así el pronunciamiento del juez a las pretensiones y argumentos presentados en la demanda original.síntesis automática
También resuelve:¿La ocurrencia de un hecho ajeno a las partes e imprevisible al momento de contratar, que genera una afectación grave de la ecuación económica del contrato y lo torna más oneroso para una de ellas…¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por la teoría de la imprevisión, debido a los mayores costos que el consorcio atribuyó a las crecientes del río Bugalagrande…¿Debe mantenerse la condena en abstracto por el desequilibrio económico del contrato derivado de la implementación de los protocolos de bioseguridad por el COVID-19…
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación?¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los…¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
¿Cuál es la diferencia entre las figuras del desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual ? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual con el desequilibrio económico del contrato, ya que el primero surge de la conducta antijurídica de un contratante que genera insatisfacción en el acreedor, mientras que el segundo se origina en circunstancias sobrevenidas o actos de autoridad que alteran la simetría prestacional originalmente pactada, obligando a la administración a restablecer el equilibrio funcional pactado sin reparar perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales. La Sala reitera que el juez debe aplicar correctamente el derecho, incluso cuando las pretensiones de la demanda no distinguen claramente entre estas figuras, siempre y cuando se ajuste a la causa petendi invocada en la demanda y no se vulnere el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento patrimonial y extrapatrimonial que se deriva del incumplimiento del contrato es aplicable a los eventos de desequilibrio económico del contrato?¿Las pretensiones formuladas por el actor van dirigidas a que se declare el incumplimiento del contrato?¿La liquidación del contrato es un acto jurídico negocial autónomo?
Sentencia — Sentencia2025-07-18Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020230011900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas prestablecidas en la ley para ese fin? Sí
El contratista no puede utilizar el recurso extraordinario de anulación como una segunda instancia, ya que el juez contencioso administrativo no actúa como superior de los árbitros, sino que realiza un control basado en la verificación del acatamiento de las causales precisas establecidas en la ley. Este control se limita a detectar posibles falencias procedimentales o sustanciales, sin invadir la independencia y autonomía del tribunal arbitral. La Corporación reitera que el recurso no permite continuar, reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso, lo que implica que el juez debe abstenerse de revisar los razonamientos jurídicos del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados, y se centra exclusivamente en los errores in procedendo.síntesis automática
También resuelve:¿La causal del fallo en conciencia o en equidad opera cuando el tribunal de arbitramento profiere el laudo apartándose del sistema jurídico, normativo o probatorio?¿La competencia de la autoridad jurisdiccional en sede del recurso extraordinario de anulación, se limita al examen de errores in procedendo?¿El laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación se profirió en conciencia y no en derecho, dado que la declaración sobre incumplimiento del INVÍAS de la obligación de entrega de…
¿La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, que opera por mandato normativo al verificarse el cumplimiento del plazo extintivo? Sí
El contratista no puede presentar una acción contractual después de que caduca el término legal, que se inicia a partir de la firma del acta de liquidación bilateral o, en su defecto, del plazo que tenía la entidad para realizarla, según lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en la necesidad de brindar seguridad jurídica al conglomerado social, protegiendo los intereses colectivos y generales mediante la institución de la caducidad de la acción, que es de orden público e irrenunciable. La Sala reitera su jurisprudencia sobre la contabilización del término de caducidad en contratos que requieren liquidación, lo que implica que las partes deben cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para evitar la caducidad de la acción contractual.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos que requieran de liquidación, como lo son los contratos de tracto sucesivo y los que señala el artículo 60 de la ley 80 de 1993…¿El acta de liquidación bilateral es un negocio jurídico que nace de la autonomía negocial de quienes suscribieron el contrato estatal y que se orienta a dar firmeza o definición a las prestaciones…¿El acta de liquidación del contrato estatal se puede realizar con posterioridad al término pactado o supletorio de 4 meses para su adopción por mutuo acuerdo y del período de 2 meses en que la…
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