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Control de legalidad,Actos administrativo,Objeto,Procedencia,Improcedencia – Mes: agosto – Año: 2016…
También resuelve:Nulidad simple: control de legalidad, actos administrativoNulidad y restablecimiento del derecho: objetoReparación directa: procedencia, improcedencia
¿A través de la reparación directa es posible perseguir el cumplimiento de las prestaciones de un contrato no estatal, no suscrito por las entidades demandadas? No
El contratista no puede perseguir el cumplimiento de las prestaciones de un contrato no estatal, no suscrito por las entidades demandadas, a través de la acción de reparación directa, ya que esta vía está diseñada para remediar daños derivados de hechos, omisiones o operaciones administrativas, no para resolver controversias contractuales privadas. La fuente del daño determina la acción procedente, y las normas que regulan las condiciones para el ejercicio de cada acción son de orden público, por lo que no están al arbitrio del interesado. La Sala revoca la decisión de primera instancia para declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse de pronunciarse sobre las pretensiones, lo que implica que los actores deben acudir a los mecanismos contractuales y judiciales privados para resolver sus controversias.síntesis automática
También resuelve:¿El actor puede escoger libremente la acción procedente para reclamar un daño, sin tener en cuenta la fuente de este?¿Hay lugar a condenar en costas cuando la conducta de las partes evidencia una actuación caprichosa, arbitraria o temeraria?
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020230016101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez adecuar el medio de control jurisdiccional al cauce procesal correspondiente cuando las pretensiones de la demanda derivan de una misma relación contractual y guardan conexión directa con su ejecución? Sí
El juez puede adecuar el medio de control jurisdiccional al cauce procesal correspondiente cuando las pretensiones de la demanda derivan de una misma relación contractual y guardan conexión directa con su ejecución, siempre y cuando la fuente del daño invoque una causa común y los hechos sean interrelacionados, lo que permite tramitar todas las pretensiones a través del medio de control judicial de controversias contractuales. Además, el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciarse a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de liquidación del contrato, siempre que éste se expida dentro del plazo legal y convencionalmente establecido, lo que implica que la caducidad es de orden público y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando se encuentre probada. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia sobre la aplicación del medio de control y el cómputo del término de caducidad, proporcionando mayor certeza jurídica en la interpretación y aplicación de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El inicio del cómputo del término de caducidad del medio de control debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria del acto administrativo de liquidación del contrato?¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales?
¿Se equipara una multa a una condena judicial como requisito de procedencia del medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición basándose en una multa impuesta por la Superintendencia Financiera, ya que esta no se equipara a una condena judicial derivada de un daño antijurídico, sino que es una sanción por incumplimiento de obligaciones legales. La regla sostiene que la responsabilidad patrimonial del agente del Estado, conforme al artículo 90 de la Constitución y la Ley 678 de 2001, se fundamenta en un daño antijurídico que no es consecuencia del incumplimiento de obligaciones propias del contratista. La Sala matiza la interpretación de que cualquier pago al Estado puede ser el origen de una acción de repetición, limitando su alcance a casos donde la condena judicial sea efectivamente por un daño antijurídico causado por el dolo o culpa grave de un agente estatal. Esto implica que los contratistas no podrán recuperar sumas pagadas como multa a través de este medio, a menos que la multa se haya convertido en una condena judicial por daño antijurídico.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los requisitos y la finalidad del medio de control de repetición?¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del agente del Estado?¿Cuándo procede la condena en costas?
¿Con la expedición de los actos 11900-2014-6884 del 29 de diciembre de 2014, 10200-2014-1137 del 30 de diciembre de ese año y 11900-2015-0454 del 4 de febrero de 2015, la demandada desconoció el principio de buena fe y, por consiguiente, incurrió en responsabilidad precontractual? Sí
El contratista no puede reclamar responsabilidad precontractual por la terminación de una invitación pública, ya que la entidad estatal actuó conforme a los términos inicialmente establecidos y conocidos por el contratista, cumpliendo así con el principio de buena fe. La Sala reitera que la responsabilidad precontractual no se activa cuando la entidad cumple con los deberes inherentes a la buena fe contractual. Además, el Consejo de Estado determina que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, salvo excepciones legales, por lo que la terminación de la invitación pública no constituye un acto administrativo susceptible de nulidad. En consecuencia, el medio de control adecuado es la reparación directa, conforme al artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, al no tratarse de un acto administrativo sino de actuaciones negociales precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Los procesos de repetición pueden fallarse sin sujeción al turno? Sí
el contratista puede interponer una acción de repetición contra un servidor público cuando el daño que dio origen a la condena contra la entidad estatal tuvo su origen en la suscripción de un contrato de transacción, pero no cuando el cuestionamiento se dirige a la legalidad del contrato en sí mismo y no a las conductas del funcionario que causaron el daño. La Sala establece que la acción de repetición no es procedente cuando el núcleo del litigio se centra en la validez del contrato de transacción, ya que esto implicaría un enjuiciamiento indebido del negocio jurídico y una violación del principio de congruencia. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, limitando la aplicación de la acción de repetición a casos en los que el daño se origina en la actuación del servidor público y no en la legalidad del contrato celebrado.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los requisitos para que un acuerdo entre las partes tenga la naturaleza de conciliación?¿El daño que dió lugar a la condena contra el municipio, tuvo su origen en un contrato de transacción?¿Es procedente la acción de repetición en eventos en los cuales se cuestiona la legalidad de un contrato?
¿Es improcedente resolver la controversia con fundamento en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensión alguna ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual? Sí
El contratista no puede basar la resolución de una controversia en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensiones ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual, debido a que la jurisdicción es de carácter rogado y las pretensiones de las partes resultan vinculantes. El juez no puede modificar la causa petendi ni el petitum de la demanda, ni introducir pretensiones que no fueron instauradas por las partes, y debe respetar el principio de congruencia y el derecho contractual celebrado entre las partes. Por lo tanto, es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y la resolución debe basarse en el medio de controversias contractuales, atendiendo el régimen legal aplicable al negocio suscrito por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato?¿La parte demandante desvirtuó la presunción de legalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado, en segunda instancia, para conocer del proceso por responsabilidad por incumplimiento que, como deudor de una obligación contractual cedida, le correspondía al IDU, que es un establecimiento público y de las pretensiones subsidiarias de responsabilidad extracontractual, por las omisiones que la firma actora imputa al IDU? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales cuando es cesionario de un crédito derivado de un contrato estatal, ya que la cesión de derechos crediticios no altera la posición de las partes en el contrato original, según establece el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal, en este caso el IDU, no es responsable por el daño que sufre el cesionario del crédito, ya que la cesión no implica la sustitución del contratista original en la relación contractual. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa para ejercer acciones derivadas de contratos estatales, y limita la capacidad de los cesionarios de créditos contractuales para demandar al Estado por incumplimiento del contrato original.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso, deben negarse las pretensiones subsidiarias referentes al daño extracontractual alegado, en razón a que la fuente del daño radicó en la desestimación que hizo el IDU en sede…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, siempre que la cuantía de la demanda supera los 500 SMLMV al momento de su presentación, conforme a lo establecido en los artículos 129, 132-6 y 181 del Código Contencioso Administrativo. En el caso particular, el Consejo revocó la decisión del tribunal al determinar que la cuantía de la demanda superaba el umbral legal, lo que le confería competencia para resolver el recurso de apelación. Además, la corporación reiteró su jurisprudencia sobre la facultad del juez de adecuar la acción en casos excepcionales, siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa del demandado y no haya variación en la causa petendi o en las pretensiones de la demanda. Asimismo, el Consejo estableció que los actos precontractuales emitidos por entidades sometidas al derecho privado, como Ecopetrol, no constituyen actos administrativos, sino actos de gestión contractual, por lo que la acción de reparación directa es el mecanismo adecuado para demandar responsabilidad bajo las reglas de la culpa in contrahendo.síntesis automática
También resuelve:¿Excepcionalmente, el juez administrativo puede adecuar la acción, siempre que el derecho de defensa del demandado no se vea afectado?¿Los actos precontractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos?¿La acción de reparación directa es adecuada para demandar la responsabilidad precontractual de las entidades sujetas a régimen exceptuado, y, en caso de haberse acudido a una acción inadecuada…
¿Se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que el demandado no participó en el procedimiento quirúrgico, posquirúrgico ni mucho menos en los trámites administrativos que tal procedimiento involucraba y por lo que se predica el daño que dio origen al proceso de reparación directa del que se derivó la condena por la que ahora se reclama con el medio de control de repetición? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por pasiva en un medio de control de repetición, ya que no participó en el procedimiento quirúrgico ni en los trámites administrativos que dieron origen al daño que dio lugar a la condena en el proceso de reparación directa, y por tanto no puede ser responsable por la falta de defensa técnica que habría causado la condena. La falta de conexión entre la actuación del abogado y el daño que se pretende revertir, junto con la ausencia de una acción u omisión dolosa o gravemente culposa que cause un daño antijurídico, determina que no exista un vínculo inescindible que justifique la pretensión reversiva. Además, el Ministerio Público no tiene interés jurídico para impugnar la decisión de primera instancia cuando esta va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la parte actora, lo que transgrede los principios constitucionales de igualdad y debido proceso. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de un vínculo directo entre la actuación del agente y el daño para establecer la responsabilidad del Estado y la legitimación en la causa en el medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Le asiste interés jurídico al Ministerio Público para impugnar la decisión de primera instancia, la cual va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la parte actora…¿La legitimación de hecho se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal…¿La repetición es una acción civil de carácter patrimonial, a través de la cual se promueve un juicio de responsabilidad frente a quien, por sus acciones u omisiones…
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de las pretensiones de nulidad absoluta del contrato de concesión, por haber transcurrido más de cinco años desde su perfeccionamiento hasta la presentación de la demanda? Sí
Un contrato de concesión minera se perfecciona con su inscripción en el Registro Minero Nacional, y desde ese momento corre el término de caducidad para demandar su nulidad absoluta. Esta regla se apoya en los artículos 14 y 50 de la Ley 685 de 2001, que condicionan la existencia del negocio a la inscripción, y en la jurisprudencia de la Corporación que entiende que el acuerdo de voluntades solo se celebra cuando se agota ese trámite. Por ello el término se cuenta desde la inscripción y no desde la suscripción del contrato. Cuando la demanda se presenta después de vencido el plazo máximo para alegar la nulidad absoluta, la pretensión está caducada. En el caso concreto el contrato fue suscrito en agosto de 2008 y registrado en octubre de ese año, la demanda se presentó después de transcurrido el término legal, y la sala confirmó la declaratoria de caducidad. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de inscripción minera, y no la de la firma, fija el inicio de la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿El medio de control procedente para reclamar la nulidad absoluta del contrato y el desequilibrio financiero del mismo, es el de controversias contractuales?¿La caducidad es una limitación al derecho de acción para poder ejercer de forma oportuna cada uno de los medios de control judicial y, por regla general…
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa…¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación…¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-28Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240048601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del auto proferido por los Tribunales Administrativos que rechace la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda, conforme al artículo 150 del CPACA y el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021, que establecen su competencia para estos casos. Además, la acumulación de pretensiones en una demanda es procedente siempre que sean conexas y cumplan los requisitos legales, según el artículo 165 del CPACA. La escogencia del medio de control adecuado no depende de la discrecionalidad del demandante, sino que se determina por la fuente del daño, como reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado. En este caso, el juez debe interpretar la demanda para adecuar el trámite al medio de control correspondiente, en este caso, el de controversias contractuales, dado que las pretensiones persiguen la responsabilidad contractual derivada de diferentes contratos celebrados entre las partes, conforme al artículo 171 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿La acumulación de pretensiones resulta procedente siempre que sean conexas y se cumplan los requisitos previstos en la ley?¿La escogencia del medio de control idóneo no depende de la discrecionalidad del demandante, sino que se determina por la fuente del daño en que se fundamenta la causa petendi?¿La adecuación del medio de control corresponde una labor del juez al interpretar la demanda, así como un deber de ajustar el trámite al cause procesal correspondiente, en este caso…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 68001233300020240019501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador…¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
¿Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales? Sí
Cuando el daño que se reclama en una demanda de controversias contractuales tiene origen en actos administrativos expedidos por el agente liquidador de una entidad en liquidación que rechazaron una reclamación, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones: los actos del agente liquidador que deciden sobre acreencias son actos administrativos que exteriorizan la voluntad de la administración de manera particular y concreta; esos actos gozan de presunción de legalidad, que debe desvirtuarse a través del medio de control correspondiente; y el daño reclamado proviene de la decisión que rechazó la reclamación y no del incumplimiento del contrato. En el caso, la demanda no cuestionó esos actos, por lo que se configuró la ineptitud de la demanda y se confirmó la decisión que la declaró. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación contra el rechazo de una acreencia en un proceso liquidatorio debe demandarse mediante nulidad y restablecimiento dentro de su término.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de controversias que giran en torno a la actividad de una entidad pública?¿Cuando lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto que se considera ilegal…¿Procede la valoración de los documentos aportados en copia simple que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente?
¿Se configura una ineptitud de la demanda pues se advierte que aun cuando el medio de control de controversias contractuales, en efecto, es el adecuado para solicitar la nulidad de los actos administrativos contractuales, como el que se analiza en esta oportunidad, lo cierto es que, en el presente asunto, el actor no incluyó dentro de sus pretensiones la de nulidad del acto administrativo contenido en el acta 76 de 2011, ni desarrollo el concepto de violación, como lo indica el artículo 162.4 del CPACA? Sí
Manuel Eduardo Lequerica Vergara presentó denuncia de vocación hereditaria, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF), sobre unos bienes que pertenecían al causante Francisco Rubén Rodríguez Emiliani. Con fundamento en lo anterior, ambas partes celebraron un contrato de participación, cuyo objeto era “adelantar las gestiones judiciales y extrajudiciales necesarias para que los bienes objeto de la denuncia le sean adjudicados y entregados real y materialmente al ICBF”.
También resuelve:¿Es procedente un fallo inhibitorio cuando hay una indebida integración de la pretensión de nulidad del acto administrativo…¿Existen formalidades para la conformación y existencia de un acto administrativo?¿Se debe aplicar el Estatuto General de Contratación al contrato de participación suscrito por el ICBF?
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría?¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta?¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
¿Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos interadministrativos bajo la modalidad de contratación directa siempre que las obligaciones que emanan del negocio jurídico tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora? Sí
El contratista puede celebrar contratos interadministrativos mediante contratación directa siempre que las obligaciones del contrato estén relacionadas con el objeto de la entidad ejecutora, según lo establecido por el literal c), numeral 4°, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011. Esta regla permite a las entidades públicas contratar directamente cuando las obligaciones del contrato tienen relación directa con su objeto, pero excluye esta modalidad para ciertas instituciones como las de educación superior, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria estatal, asociaciones de entidades públicas sin ánimo de lucro o federaciones de entes territoriales. La Sala reitera esta posición, lo que implica que las entidades estatales deben considerar cuidadosamente los requisitos y excepciones establecidos para la contratación directa en contratos interadministrativos.síntesis automática
También resuelve:¿La contribución por valorización es una prestación impositiva que se origina a partir de la realización actual o potencial de una obra o actividad de interés colectivo?¿La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia como sociedad de responsabilidad limitada puede tener un objeto social indeterminado?¿Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tienen relación directa con el objeto social de la contratista?
¿Puede el ad quem, salvo las excepciones hechas por el legislador, volver sobre temas no discutidos del fallo impugnado que son aceptados por el recurrente, porque omite debatirlos en la sustentación del recurso de apelación o porque expresamente los elimina de la discusión manifestando su asentimiento en relación con ellos? No
El juez de segunda instancia no puede volver sobre los temas no discutidos del fallo impugnado que el recurrente acepta, ya sea porque omite debatirlos en la sustentación de la apelación o porque los excluye expresamente de la discusión, salvo las excepciones que haya establecido el legislador. La regla se sostiene en que la finalidad del recurso de alzada es que el superior revise los aspectos de la decisión de primer grado que se acusan de erróneos o contrarios al ordenamiento, de modo que esos aspectos delimitan su competencia material. Además, los puntos aceptados por el recurrente quedan cobijados por la presunción de legalidad y acierto que acompaña a las providencias judiciales. En el caso, la Sala confirmó la sentencia impugnada en los términos del recurso. En la práctica, el alcance de la revisión queda delimitado por los argumentos de apelación y por los aspectos del fallo que el apelante no acepta.síntesis automática
También resuelve:¿Puede la Sala pronunciarse de oficio frente a la declaratoria de nulidad del negocio jurídico que originó el proceso, cuando dicha decisión no fue cuestionada en el recurso y cuando no advierte…¿Se probó el incumplimiento del convenio de asociación en estudio por parte del Banco Inmobiliario Metropolitano en liquidación, de cara a las obligaciones de resultado…
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituye el contenido del recurso de apelación, salvo las excepciones que se derivan de los principios o normas constitucionales, los compromisos vinculantes asumidos por el Estado y las normas legales de carácter imperativo? Sí
El juez de segunda instancia se circunscribe al contenido del recurso de apelación, salvo excepciones derivadas de principios constitucionales, compromisos internacionales del Estado y normas legales imperativas, lo que implica que su competencia se limita a los aspectos específicamente planteados por el recurrente, a menos que se trate de materias que por su naturaleza deben ser decididas oficiosamente. En otro orden, el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para resolver disputas que surgen de la ejecución de contratos estatales, como en el caso de una Unión Temporal que reclama el pago de mayores cantidades de servicios prestados en el marco de un contrato de asociación y apoyo, siempre y cuando la controversia tenga su origen en el contrato y no en un enriquecimiento sin causa. Esta decisión reitera y refuerza la jurisprudencia existente sobre la competencia del juez de segunda instancia y la procedencia del medio de control de controversias contractuales, lo que tiene implicaciones significativas para la interpretación y aplicación de la ley en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para reclamar el reconocimiento y pago de una mayor cantidad de servicios educativos prestados en el marco de un Contrato de…¿Aunque las partes denominaron “contrato” al negocio jurídico por ellas contraído, lo que realmente suscribieron fue un “convenio” de asociación para “la prestación del servicio público educativo en…¿Debe declararse de oficio la caducidad del medio de control de controversias contractuales incoado para reclamar el pago de las sumas por concepto de mayor cantidad de servicios de educación…