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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de impulso procesal2024-12-06Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020170181101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Constituye obligación del juez dictar las sentencias en el estricto orden en que hayan pasado los expedientes al Despacho para dicho fin, por lo que resulta improcedente la solicitud de impulso procesal presentada por el apoderado de la parte demandante? Sí
El juez debe dictar las sentencias en el estricto orden en que los expedientes ingresaron al despacho para dicho fin, conforme al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, lo que implica que no es procedente la solicitud de impulso procesal presentada por el apoderado de la parte demandante, ya que el juez debe seguir el orden establecido para la resolución de los casos. Esta decisión reitera la obligación del juez de cumplir con el ordenamiento procesal y limita la posibilidad de que las partes soliciten un avance prioritario en el trámite de sus casos, asegurando así la equidad y la regularidad en el proceso judicial.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de impulso procesal2025-03-25Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 15001233100020100099202ACCION CONTRACTUAL
¿Constituye obligación del juez dictar las sentencias en el estricto orden en que hayan pasado los expedientes al Despacho para dicho fin, por lo que resulta improcedente la solicitud de impulso procesal presentada por el apoderado de la parte demandante? Sí
El juez debe dictar las sentencias en el estricto orden en que los expedientes hayan pasado al Despacho para fallo, conforme al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, lo que implica que no es procedente solicitar el impulso procesal para alterar este orden. En este caso, la apoderada de la parte demandante solicitó la expedición de sentencia fuera del turno establecido, lo cual fue negado por la Sala, quien ordenó informar a la solicitante que el proyecto de sentencia se redactará en el turno correspondiente. Esta decisión reitera la obligación del juez de cumplir con el orden establecido para la proferencia de sentencias, lo que implica que las solicitudes de impulso procesal que busquen alterar este orden serán improcedentes.síntesis automática
¿Debe el juez de segunda instancia analizar o estudiar las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena de repetición y su pago efectivo, aun cuando las partes procesales no lo solicitan en el recurso de apelación? No
La Sala no asumirá el estudio de las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena y su pago efectivo, porque aun cuando son presupuestos esenciales de la acción de repetición, conforme se desprende de la jurisprudencia reiterada de esta Corporación y el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, el fallador de instancia ya los analizó y frente a sus conclusiones ninguna de las partes se alzó en apelación.
También resuelve:¿Puede el juez administrativo modificar las pretensiones de la demanda sin que se vulnere el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de congruencia?¿Procede el levantamiento de las medidas cautelares impuestas al demandado en el caso sub examine?¿Procede la condena en costas procesales, en razón a que en el caso sub examine se persigue un interés público?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de impulso procesal2023-06-23Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 44001233100020080006101ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la solicitud de impulso procesal presentada por la parte demandante consistente en que se profiera sentencia judicial sin que se tenga en cuenta el turno de la misma? No
El 9 de mayo de 2023, la parte demandante presentó solicitud de impulso procesal. El proceso ingresó para elaborar proyecto de sentencia el 4 de junio de 2013. El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 establece que los jueces tienen la obligación de respetar el orden para proferir sentencia. El proceso será fallado de acuerdo al turno que le corresponde.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-10-06Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 44001234000020180006602LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer una controversia relacionada con un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, cuando dicho contrato corresponde al giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas que actúen como instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando dichos contratos correspondan al giro ordinario de sus negocios, pues conforme a la Ley 1437 de 2011, dichas controversias son competencia del juez civil del circuito. Además, la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado de conocer previamente el proceso no es relevante para determinar la jurisdicción competente, ya que el artículo 16 del Código General del Proceso establece que la falta de jurisdicción por factores subjetivo o funcional es improrrogable y debe ser declarada de oficio, lo que implica que cualquier actuación previa es nula y el proceso debe ser remitido al juez competente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse jurídicamente relevante y concluyente, para efectos de determinar la jurisdicción competente, el hecho de que la Sección Tercera del Consejo de Estado haya conocido previamente el…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000232600020120059103ACCION CONTRACTUAL
¿Procede el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante contra el auto del 6 de febrero de 2024 que negó el decreto de pruebas documentales en segunda instancia? No
Cuando una parte pide en segunda instancia el decreto de pruebas documentales, la solicitud solo procede si se encuadra en alguno de los eventos previstos en la ley procesal para la práctica de pruebas en esa instancia, como la negativa en primera instancia sin culpa del solicitante, los hechos posteriores a la oportunidad probatoria o los documentos que no pudieron aducirse por fuerza mayor. La regla se sostiene en tres razones: la segunda instancia no supone reabrir las etapas procesales ya agotadas, sino analizar la sentencia en los aspectos impugnados; la prueba que pretende incorporar nuevos medios para demostrar perjuicios ya debatidos no versa sobre hechos sobrevinientes; y, en consecuencia, la causal invocada no se configura. En el caso, la súplica contra el auto que negó la prueba documental fue rechazada y se confirmó la negativa. El documento reitera la jurisprudencia de la sección sobre los supuestos de la prueba en segunda instancia; la consecuencia práctica es que los perjuicios que ya fueron objeto de debate deben probarse en la primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Debe tenerse como prueba de oficio el documento allegado por la Agencia Nacional de Minería?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-11-25Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 13001233100020030210001ACCION CONTRACTUAL
¿Se debe declarar la nulidad por falta de notificación al Ministerio Público? No
La nulidad por no citar en debida forma al Ministerio Público solo puede ser alegada por la persona que resultó afectada por la indebida notificación, según el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la parte que no sufrió ese perjuicio no está legitimada para proponerla. Esta regla se aplica dentro del régimen de nulidades del proceso contencioso administrativo vigente para el asunto, que enumeraba como causales la falta de notificación a personas determinadas y la indebida citación del Ministerio Público en los casos de ley. El alcance de la causal exige que la irregularidad efectivamente afecte los derechos de quien la alega. En el caso concreto, la nulidad propuesta por falta de notificación al Ministerio Público fue negada. Como consecuencia práctica, la nulidad por falta de citación del Ministerio Público no puede invocarse por una parte que no resulta afectada por la omisión, y debe demostrarse el perjuicio concreto.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la nulidad por falta de competencia al ser el Juez de segunda instancia quien profiere el auto admisión del recurso de apelación?
- ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, en tanto (i) el presente asunto no corresponde a una controversia contractual sino a una actio in rem verso, (ii) el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria; (iii) desconoció que la violación de las normas y principios de la contracción estatal tienen como consecuencia la nulidad absoluta del contrato No. 500 de 2016, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993; y (iv) desconoció los principios de la contratación estatal (transparencia, responsabilidad, economía, selección objetiva, buena fe, libre concurrencia, igualdad, planeación), en tanto los bienes cuyo pago se reclama se suministraron con anterioridad a la celebración del contrato No. 500 de 2016? Sí
El contratista no puede obtener el pago de bienes suministrados antes de la celebración del contrato, ya que el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria y desconoció la violación de los principios de la contratación estatal, lo que implica la nulidad absoluta del contrato según los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal celebró el contrato No. 500 de 2016 con un objeto ilícito, desviando el poder y contraviniendo el principio de transparencia y la selección objetiva, por lo que la Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara de oficio la nulidad del contrato, negando las pretensiones del contratista. Esto implica que los bienes cuyo pago se reclama no están sujetos a la obligación de pago por parte de la entidad estatal, y que el juez de segunda instancia debe limitarse a resolver sobre el incumplimiento del contrato y no sobre la controversia que no se ajusta a la naturaleza del medio de control.síntesis automática
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición? No
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal?¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública…¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
¿La nulidad relativa del contrato derivada de la existencia de vicios del consentimiento, es susceptible de ser declarada por el juez oficiosamente? No
El juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del contrato estatal derivada de vicios del consentimiento, ya que esta facultad requiere que la parte interesada la solicite en la demanda. La autonomía funcional del juez permite que ejerza sus facultades de oficio sin petición de las partes, siempre y cuando estime que se dan las condiciones para adoptar tal decisión, pero no en el caso de la nulidad relativa. Asimismo, el juez no debe declarar el incumplimiento del contratista cuando en la apelación se modifica la imputación del incumplimiento planteada en la demanda y no se acredita debidamente el incumplimiento en el proceso. Esta regla limita la capacidad del juez para alterar las pretensiones iniciales de la demanda y reafirma la importancia de la petición de las partes en el proceso contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Las facultades de oficio del juez se ejercen sin petición de parte, cuando el juzgador estime que se dan las condiciones para adoptar tal decisión?¿Debe el juez declarar el incumplimiento de las obligaciones del contratista, cuándo se evidencia que en la apelación se modificó lo planteado en la demanda sobre este punto, y que, en todo caso…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-09-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 68001233100020070027301ACCION CONTRACTUAL
¿Se configura la causal de impedimento invocada, dado el conocimiento previo que, de manera personal, tiene el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas de la situación fáctica que dio lugar a esta controversia? Sí
El magistrado puede declararse impedido si previamente prestó servicios como abogado para una de las partes en relación con el objeto del litigio, conforme al artículo 150 numeral 12 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por integración normativa al Código Contencioso Administrativo. En este caso, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas asesoró a la entidad demandada en la legalidad del contrato de concesión en cuestión, lo que afecta su imparcialidad en el proceso actual. La regla reitera que el conocimiento previo y personal del magistrado sobre la situación fáctica del litigio configura una causal de impedimento, lo que implica que debe abstenerse de conocer el caso para garantizar la independencia e imparcialidad del juez administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código Contencioso Administrativo, así como las previstas en el Código de Procedimiento Civil?¿En los eventos en los que un magistrado concurra alguna de las causales de impedimento, deberá manifestarlo en escrito dirigido al ponente o al magistrado que le siga en turno para que lo decida de…¿Para que el juez pueda apartarse del conocimiento del proceso y, en esa medida, abstenerse de cumplir los deberes que la ley le asigna…
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020240001400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal séptima de nulidad del laudo arbitral, sobre fallo en conciencia, al haberse negado la nulidad del contrato objeto del litigio con base en la inexistencia de desequilibrio financiero del contrato? No
El contratista no puede configurar la causal séptima de nulidad del laudo arbitral al negar la nulidad del contrato por la inexistencia de desequilibrio financiero, ya que el laudo debe fundamentarse en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, no en un análisis probatorio que exceda las facultades del juez de anulación. En este caso, el Tribunal Arbitral analizó cada una de las posibles causales de alteración de la ecuación económica del contrato y concluyó que no había pruebas que demostraran la ocurrencia de ninguna de ellas. Además, el juez de anulación no puede revivir un debate probatorio, ya que su función es limitada a verificar la existencia de fundamentación jurídica y probatoria en el laudo. La Sala declaró infundado el recurso de anulación, reafirmando que el juez de anulación no es un juez de segunda instancia del laudo arbitral y que su análisis debe estar basado en la existencia de fundamentación jurídica y probatoria clara y manifiesta en el laudo.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de inexistencia de lesión enorme fue una decisión tomada en derecho cuya fundamentación jurídica y probatoria estuvo sustentada normativamente?¿La causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 habilita al juez a estudiar si en el Laudo se exponen los fundamentos que sustentan la decisión…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001333302920240020701LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para dirimir el conflicto negativo de competencia surgido entre juzgados de distintos distritos judiciales? Sí
De conformidad con lo previsto en el artículo 158 del CPACA, corresponde a este despacho resolver el presente conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga (Santander) y el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín (Antioquia) por corresponder a diferentes distritos judiciales.
También resuelve:¿Se configura un conflicto negativo de competencia cuando un despacho judicial remite un expediente a un juzgado distinto de aquel que inicialmente conoció del proceso y posteriormente se lo reenvió?¿Debe aplicarse como regla vigente de competencia territorial en los procesos de repetición la prevista en el numeral 11 del artículo 156 del CPACA…¿Debe atribuirse la competencia para conocer de una demanda de repetición al juez del domicilio del demandado, conforme a lo indicado por la parte actora al momento de subsanar la demanda?
¿En el accidente de tránsito entre un vehículo oficial y una motocicleta, se acreditó la culpa grave del demandado en repetición? No
Cuando el demandado en repetición no contesta la demanda, los hechos susceptibles de confesión se presumen ciertos, pero solo se tienen por probados aquellos en los que pudo intervenir de manera directa. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 97 de la Ley 1564 de 2012 presume ciertos los hechos de la demanda ante la falta de contestación, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Segunda, la confesión exige un hecho personal del demandado, de modo que los hechos en que no intervino directamente no pueden considerarse confesados. Tercera, en el caso, el accidente de tránsito entre el vehículo oficial y la motocicleta quedó probado, pero de ese hecho no se desprende la culpa grave del demandado. Como los cargos de la apelación no desvirtuaron la decisión, se confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Sólo resulta posible concluir que se encuentran probados por confesión aquellos hechos en los que el demandado pudo intervenir de manera directa?¿La sentencia proferida en el proceso de reparación directa no surtió efectos, porque luego hubo un acuerdo conciliatorio?¿El juez de la repetición puede arribar a conclusiones disímiles a las expuestas, por ejemplo, por el juez de la reparación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-11-21Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020190050801LEY 1437 REPETICION
¿Las partes procesales tienen la carga de justificar la prueba que soliciten practicar al juez administrativo? Sí
Las partes tienen la carga de justificar la prueba que solicitan, y si la incumplen, el juez puede denegar su práctica, pues debe verificar que el medio probatorio sea adecuado, guarde relación con los hechos relevantes y resulte necesario para demostrarlos. Para el testimonio, el artículo 212 del Código General del Proceso exige señalar la identidad y residencia del testigo y enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba, so pena de que el juez se abstenga de decretarla. Además, la parte debe argumentar la utilidad, la necesidad y la pertinencia del testimonio. En el caso, la reforma de la demanda indicó los hechos que se pretendían probar con el testigo, pero no argumentó esas tres condiciones. Además, el recurso de apelación pretendía ampliar la finalidad de la prueba para demostrar la culpa grave o el dolo y el pago de la condena, algo que no estaba en la solicitud original. La providencia confirmó el auto que negó la práctica del testimonio. Su consecuencia práctica es que la solicitud de testimonio debe justificar su utilidad, necesidad y pertinencia desde el momento en que se formula.síntesis automática
También resuelve:¿Debe negarse el decreto y práctica del testimonio solicitado en la reforma de la demanda por el demandante, puesto que el mismo no justificó la utilidad, necesidad y pertinencia de dicha prueba?¿La sentencia judicial constituye prueba suficiente para estructurar el dolo o la culpa grave del agente estatal que ocasionó la condena?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por activa para promover un medio de control de controversias contractuales cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a su existencia como persona jurídica. La entidad estatal, en este caso el municipio, y los particulares que suscribieron el acto constitutivo de la sociedad de economía mixta, sí ostentan dicha legitimación. Además, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones, siempre y cuando éstas excedan los 500 SMLMV. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre la competencia del Consejo de Estado en este tipo de casos, ampliando su alcance en controversias contractuales de mayor cuantía.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales cuando se pretende la declaratoria de incumplimiento de un ente territorial derivado de la suscripción de un acto constitutivo…¿Carece de legitimación en la causa por activa una sociedad de economía mixta cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a…¿Es requisito esencial para la constitución válida de una sociedad de economía mixta en Colombia contar con una autorización legal o reglamentaria previa…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2025-02-07Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020180093801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia para que el juez fije un monto específico de las costas en la decisión que confirma la sentencia apelada, considerando que la liquidación de las costas se realiza de manera concentrada ante el tribunal de primera instancia? No
El contratista no puede solicitar al juez de segunda instancia que fije un monto específico de las costas en la decisión que confirma la sentencia apelada, ya que la liquidación de las costas se realiza de manera concentrada ante el tribunal de primera instancia, conforme a lo establecido en los artículos 365 numeral 3 y 366 de la Ley 1564 de 2012. La condena en costas se efectúa en la providencia del superior que confirma la sentencia de primera instancia, mientras que la liquidación se lleva a cabo posteriormente por el juez de primera instancia, quien es el encargado de determinar el monto específico de las costas. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que el juez de segunda instancia no tiene la competencia para fijar el monto de las costas, lo que implica que las partes deben esperar la liquidación de costas por parte del juez de primera instancia.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2026-07-23SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DAYAN ALBERTO BLANCO LEGUIZAMORad. 11001334306420180026001ACCION DE REPETICION
¿La entonces Jueza Tercera Penal del Circuito de Barrancabermeja actuó con culpa grave al proferir la sentencia condenatoria sin verificar la identidad de la persona procesada? No
La entonces Jueza Tercera Penal del Circuito de Barrancabermeja no actúa con culpa grave al proferir una sentencia condenatoria sin verificar la identidad del procesado, siempre que la irregularidad en la identificación del imputado tenga su origen en la fase investigativa y no sea conocida por el juez hasta después de emitir la sentencia. En este caso, la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de verificar la correcta identificación del imputado durante la etapa investigativa, conforme a lo establecido en la Ley 906 de 2004. La suplantación de identidad solo fue advertida después de que la sentencia condenatoria fue emitida, lo que implica que la Juez no tuvo conocimiento ni la posibilidad de prever la irregularidad en el momento de dictar la sentencia. Por lo tanto, no se acredita la existencia de culpa grave por parte del juez, y la decisión es confirmada.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que aprueba liquidación de costas2024-04-19Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020160005000LEY 1437 REPETICION
¿Debe aprobar el juez la liquidación de costas procesales que realizó la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado? Sí
El Despacho APRUEBA la liquidación de costas que efectuó la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, que obra en el índice No. 175 del Sistema de Gestión Judicial Samai, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código General del Proceso.