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¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
Sentencia — Sentencia2026-07-23SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DAYAN ALBERTO BLANCO LEGUIZAMORad. 11001334306420180026001ACCION DE REPETICION
¿La entonces Jueza Tercera Penal del Circuito de Barrancabermeja actuó con culpa grave al proferir la sentencia condenatoria sin verificar la identidad de la persona procesada? No
La entonces Jueza Tercera Penal del Circuito de Barrancabermeja no actúa con culpa grave al proferir una sentencia condenatoria sin verificar la identidad del procesado, siempre que la irregularidad en la identificación del imputado tenga su origen en la fase investigativa y no sea conocida por el juez hasta después de emitir la sentencia. En este caso, la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de verificar la correcta identificación del imputado durante la etapa investigativa, conforme a lo establecido en la Ley 906 de 2004. La suplantación de identidad solo fue advertida después de que la sentencia condenatoria fue emitida, lo que implica que la Juez no tuvo conocimiento ni la posibilidad de prever la irregularidad en el momento de dictar la sentencia. Por lo tanto, no se acredita la existencia de culpa grave por parte del juez, y la decisión es confirmada.síntesis automática
¿Cuándo el perjuicio patrimonial que sufre una entidad proviene de una acción u omisión de otra entidad y pretende ser reparada por el dinero pagado en la condena de la sentencia, debe demandar a la entidad que causó el daño en ejercicio del medio de control de reparación directa en los estrictos términos del inciso segundo del artículo 86 del CCA y no a los servidores de la entidad que causó el daño en repetición? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición contra los servidores de una entidad estatal que causaron un daño, cuando el perjuicio proviene de una actuación administrativa de dicha entidad, en lugar de demandar a la entidad misma mediante la acción de reparación directa conforme al inciso segundo del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. La entidad demandante debe dirigirse a la entidad que originó el daño, ya que la acción de repetición no es idónea en estos casos, y la responsabilidad es institucional, no personal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de utilizar el medio de control adecuado para reclamar indemnización de perjuicios causados por entidades estatales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-07Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 44001234000020220001801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Dados los antecedes que rodean el caso concreto, debe revocarse el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de la Guajira no aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, con el ánimo de lograr la participación de la Procuraduría General de la Nación a través de su delegado para el Despacho que conoció la primera instancia y revestir el asunto de legalidad, legitimidad y garantías para el ejercicio de la revisión de la conciliación judicial que se somete a estudio y, con ello, de la protección del erario y la preservación del ordenamiento jurídico? Sí
El contratista debe solicitar la intervención del Ministerio Público en la conciliación judicial para garantizar la legalidad, legitimidad y protección del erario, ya que este órgano es crucial para determinar si la conciliación cumple con los requisitos legales y constitucionales y no resulta lesiva para el patrimonio público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación no tuvo la oportunidad de conocer el acuerdo final de conciliación, lo que implica una falta de garantías para el ejercicio de la revisión de la conciliación judicial. La Sala revoca el auto que no aprobó el acuerdo conciliatorio, devolviendo el asunto al Tribunal Administrativo de la Guajira para que comunique al Procurador 154 Judicial II para Asuntos Administrativos la fórmula conciliatoria lograda y este, a partir de los antecedentes del caso y la fórmula lograda, conceptúe y defina si el asunto es conciliable y cumple con los requisitos legales. Esta decisión implica que en casos similares, la participación del Ministerio Público es esencial para garantizar la legalidad y la protección del patrimonio público en la conciliación judicial.síntesis automática
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
¿Hay lugar o no al pago de los rendimientos financieros aducidos por la parte y se debe dejar de lado el examen de las pretensiones de incumplimiento y el análisis del balance puesto de presente por el Tribunal en torno al logro o no del objeto convenido? Sí
En el sub examine, el convenio interadministrativo 355 de 2013, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON y el municipio de Turbo,… En la cláusula quinta del negocio20 se estipuló que el Ministerio aportaría hasta la suma de $683’000.000, que incluía la totalidad de costos, estudios y diseños, obra e interventoría y los demás requeridos para la ejecución del proyecto, mediante cuatro desembolsos, así: a) el primero, por el valor de $10’482.241; b) el segundo, por la suma de $262’717.769; c) el tercero, por $341’500.000; y d) un último desembolso, por $68’300.000; cada uno en distintos momentos de ejecución del proyecto, en atención a su avance.
También resuelve:¿La finalidad del recurso de apelación es que superior jerárquico revise la decisión del a quo, acusada de ser errática o de romper o lesionar el ordenamiento jurídico?¿Qué son los rendimientos financieros y cómo es su asignación en las finanzas del Estado?¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2024-07-03Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020240017700CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 Primera para la Contratación Estatal, es la autoridad competente para continuar conociendo de la actuación disciplinaria iniciada por la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, por las posibles irregularidades en que pudieron incurrir servidores públicos y contratistas de esa misma entidad en la ejecución de varios contratos de obra e interventoría? Sí
Así las cosas, se evidencia que el proceso disciplinario que generó el presente conflicto de competencia administrativa, según lo afirma la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, involucra a determinados servidores públicos de dicha autoridad y a particulares disciplinables, «bajo su condición de contratistas y/o interventores».
Sentencia Perspectiva de Género — Sentencia2024-03-13Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000232600020120047501ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad? Sí
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, omisión, operación administrativa u otra actuación estatal distinta de un contrato o de un acto administrativo, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primera, la norma atribuye el medio a los daños causados por hechos distintos del contrato y del acto, y el daño reclamado proviene de hechos imputables a la administración de justicia y a una entidad de seguridad del Estado. Segunda, la caducidad constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun cuando no haya sido alegada, pues los plazos son perentorios y de orden público. La providencia reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de esta acción y el control oficioso de la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando el daño no se origina en un contrato ni en un acto, la vía procedente es la reparación directa, cuya oportunidad debe verificarse desde el inicio del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad?¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de reparación directa para reclamar la reparación de un daño causado por un hecho imputable a la administración de justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional o el Ejército Nacional, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal establecido, lo cual garantiza la seguridad jurídica y protege el interés general. La caducidad del medio de control implica que si el plazo para presentar la demanda vence sin que el interesado la haya elevado, se extingue el derecho de acción, consolidando las situaciones pendientes de solución. En casos de responsabilidad patrimonial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la inoperancia del medio de control por caducidad solo opera si se demuestra que la presentación de la demanda fue defectuosa o tardía, reiterando la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los plazos legales para ejercer el derecho de acción.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia del medio de control de acción de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de…¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a la presunta afectación que sufrió su derecho…
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine?¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
Auto interlocutorio con estado — Auto que decide sobre el recurso2026-03-09SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)JOSE ELVER MUÑOZ BARRERARad. 25000233600020250052500ACCION CONTRACTUAL
¿Se debe reponer la decisión de admitir la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional – Casa da Moeda S.A. de Portugal, por supuesta falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial? No
El contratista no debe cumplir con la conciliación prejudicial antes de presentar una demanda por nulidad absoluta del contrato estatal cuando el Ministerio Público actúa en calidad de delegado preventivo y de control de gestión, ya que no representa a ninguna de las partes del contrato. Además, la Sala establece que la conciliación no es aplicable cuando el asunto en litigio no es susceptible de conciliación, como es el caso de la nulidad absoluta del contrato, que es un juicio de legalidad que debe hacer el juez de lo contencioso administrativo. Esta decisión matiza la regla anterior que exigía el agotamiento del trámite de conciliación antes de acudir a la jurisdicción, permitiendo que el cumplimiento del requisito de procedibilidad se verifique hasta antes de la audiencia inicial o incluso durante ella, lo que implica que la admisión de la demanda no se ve afectada por la falta de agotamiento de la conciliación prejudicial en casos específicos.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe reponer la decisión de admitir la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales…
¿Qué se entiende por “contratos y convenios administrativos” a los que se refiere el parágrafo del artículo 56 de la Ley 2063 de 2020?
Para responder la primera pregunta, con base en la línea conceptual de esta Agencia y por la jurisprudencia constitucional, es posible afirmar que no existe distinción sustancial entre contratos o convenios. Por tanto, de forma indistinta, contrato o convenio administrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Esta conclusión encuentra soporte en el Código Civil colombiano, toda vez que en su artículo 1495 equipará las instituciones de convenio y contrato, al disponer que «contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa… ».
También resuelve:Ley anual de presupuesto: generalidades, generalidades / presupuesto general de la nación / parafiscales, naturaleza jurídica / cofinanciación, definición / contratos o conveniosPresupuesto general de la nación: finalidadParafiscales: naturaleza jurídica
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2026-08-20Sala Consulta y Servicio CivilANA MARÍA CHARRY GAITÁNRad. 11001030600020260018400CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿El control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o del interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades? Sí
De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa. En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o del interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades.
También resuelve:¿La competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad, para que conozca y decida un asunto. y se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019…¿El contrato de prestación de servicios tiene como finalidad apoyar la gestión de las entidades estatales y no sustituirlas en el ejercicio de sus competencias?¿El artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, dispone que le corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías investigar a los particulares…
¿En el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió? Sí
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad… . El demandante [víctima] fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
También resuelve:¿La Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998?¿La Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada?¿El término de caducidad debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado?
¿Es procedente repetir lo pagado por indexación? No
El contratista no puede repetir lo pagado por indexación ya que esta actualización monetaria representa el mismo valor que se pagó originalmente, y la pérdida de capacidad adquisitiva debe ser asumida por la entidad estatal como una forma de compensación por haber tenido el capital a su disposición durante un tiempo. En este caso, la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga no sufrió una afectación patrimonial al pagar la indexación, lo que implica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales para ejercer el medio de control de repetición. La Sala consideró que la repetición es una acción subsidiaria para proteger el patrimonio público, y dado que no hubo detrimento patrimonial, las pretensiones del medio de control de repetición son improcedentes. Esto implica que el contratista no puede exigir la restitución de sumas pagadas por indexación, ya que no se ha producido un detrimento patrimonial del Estado que pueda ser imputado a la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de la indexación por parte de la corporación autónoma demandante no le representó una afectación patrimonial?¿El medio de control de repetición solo se activa cuando ocurre un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes?¿La restitución del dinero adeudado por el Estado a un ciudadano que no tenía la obligación legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización…