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CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

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Consejo de Estado Providencia

No es posible concluir que se presentara un estudio probatorio contraevidente a las pruebas aportadas

Sentencia — Sentencia 2024-08-12 Sección Segunda (Subsección B) JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Rad. 11001031500020240107800 ACCIONES DE TUTELA
¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales de la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. con ocasión de la providencia proferida del 28 de junio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, se le declaró responsable de pagar al municipio de Rondón el valor de los dineros pagados por este con ocasión a la condena en abstracto que se le impuso en el expediente de reparación directa (...), con cargo a la póliza de responsabilidad civil extracontractual (...), con lo cual incurrió, presuntamente, en defecto fáctico? No
El juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica que el juez natural hace de un contrato y de la cláusula penal pactada, y no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro de la órbita de competencia de ese juez, salvo que resulte palmaria la vulneración de un derecho fundamental. Esta regla se apoya en que el defecto fáctico exige un estudio probatorio contraevidente, es decir, una decisión que desconozca de manera manifiesta las pruebas aportadas. Por ello la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para rediscutir la valoración del contrato. En el caso concreto la decisión del tribunal de segunda instancia fue concordante con el texto de la cláusula penal y con las pretensiones de la demanda, y su interpretación se consideró razonable y ajustada a derecho. Por ello la acción de tutela fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la tutela contra una sentencia de reparación por incumplimiento contractual no prospera si la interpretación del contrato es razonable.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente atribuir responsabilidad a Ecopetrol

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 85001233300020170026301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente atribuir responsabilidad a Ecopetrol, por expedir un número insuficiente de órdenes de trabajo que no alcanzaron el valor total del negocio jurídico, cuando en el contrato no se estipuló que esa empresa estaba obligada a emitir un máximo o mínimo de órdenes de trabajo y menos por el valor estimado del contrato, dado que el mismo era indeterminado? No
El contratista no puede atribuir responsabilidad a Ecopetrol por emitir un número insuficiente de órdenes de trabajo que no alcanzaron el valor total del contrato, ya que el contrato no establecía obligaciones específicas para Ecopetrol en cuanto a la cantidad de órdenes de trabajo ni un valor mínimo para cada una, y el contrato era de valor indeterminado. Además, el contrato contemplaba cláusulas que regulaban situaciones en las que no se emitieran órdenes de trabajo, lo que evidencia que el contratista aceptó la posibilidad de que Ecopetrol no emitiera órdenes de trabajo. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia que niega las pretensiones del contratista, reafirmando que no se configura un incumplimiento contractual por parte de Ecopetrol ni se viola el principio de planeación.síntesis automática
También resuelve: ¿Se debe atribuir responsabilidad a Ecopetrol por exigirle al contratista mantener el stock de maquinaria y personal durante toda la ejecución del contrato? ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable, el recurso de aplicación que impetró?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Ejército Nacional está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 18001233300020140004401 LEY 1437 REPETICION
¿El Ejército Nacional, entidad demandante, está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada? Sí
En el medio de control de repetición, la pretensión no procede cuando busca desconocer una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada y en la que la jurisdicción contencioso administrativa se pronunció sobre la misma controversia. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad demandante no puede acudir a la acción de repetición para reabrir un asunto ya resuelto por una sentencia ejecutoriada, porque ello desconoce la cosa juzgada. Segunda, la acción de repetición está destinada a recuperar lo pagado por la condena, y no a revisar nuevamente la responsabilidad que la sentencia ya declaró. En el caso, la sentencia anterior estableció que el Estado debía responder por las lesiones, y la entidad pretendía discutir de nuevo ese asunto mediante la repetición. La providencia rechaza las pretensiones y, en esa medida, revoca la decisión de primera instancia. En la práctica, la entidad que quiera repetir debe verificar que su pretensión no reproduzca el objeto de una sentencia previa con fuerza de cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de repetición está prevista para solicitar el reintegro de lo pagado por el Estado en una condena judicial? ¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena? ¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere que exista certeza de que fueron ellos los que con su conducta causaron el daño?

Sentencia — Sentencia 2022-10-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 85001233300020140002301 LEY 1437 REPETICION
¿Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere que exista certeza de que fueron ellos los que con su conducta causaron el daño? Sí
Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, es necesario establecer certeza de que fueron ellos quienes causaron el daño, lo cual requiere pruebas suficientes de su conducta dolosa o gravemente culposa. En el caso en cuestión, la Sala negó la responsabilidad del Estado y los agentes estatales debido a la ausencia de pruebas que acrediten su participación en la conducta que causó el daño. La falta de pruebas de la conducta culposa o dolosa, así como la incertidumbre sobre la hipótesis del combate y la pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley, impidió la imputación o endilgar la responsabilidad a los militares involucrados.síntesis automática
También resuelve: ¿La parte demandante acreditó con suficiencia las condiciones en las que ocurrieron los hechos por los que pretende repetir contra sus exagentes? ¿Los elementos de prueba allegados sugieren dudas sobre la hipótesis del combate y la posible pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley? ¿Resulta posible imputar o endilgar a los tres militares señalados el hecho dañoso que dio origen a la acción de repetición ante la falta de prueba de la conducta que se alega cometieron los agentes?
Consejo de Estado Providencia

¿Se acreditó que los demandados dejaron de cumplir algún compromiso pactado en los contratos, con incidencia en la causación del accidente que derivó en la sentencia que impuso la condena?

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 50001233300020130044201 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó que los demandados dejaron de cumplir algún compromiso pactado en los contratos, con incidencia en la causación del accidente que derivó en la sentencia que impuso la condena? No
El contratista no es responsable por el incumplimiento del contrato estatal y la consecuente responsabilidad del Estado frente a terceros, si no se acredita plenamente la existencia de los elementos que constituyen el incumplimiento contractual con medios de prueba conducentes, pertinentes y útiles. La Sala determina que la sentencia de acción de reparación directa no es suficiente para establecer la responsabilidad contractual del contratista o del interventor, ya que solo demuestra la responsabilidad del Estado y no la del contratista. Además, la jurisprudencia establece que el régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave aplicable a contratistas, interventores, consultores y asesores, se rige por la Ley 678 de 2001 si los hechos que originaron la responsabilidad ocurrieron después de su entrada en vigencia, mientras que si los hechos ocurrieron antes, el medio de control procedente es el de controversias contractuales. Esto implica que para acciones de repetición contra contratistas, es crucial determinar la fecha de los hechos que dan origen a la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve: ¿El régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave propio del medio de control de repetición es aplicable a contratistas, interventores, consultores y asesores… ¿Es procedente la adecuación del medio de control de repetición al de controversias contractuales, en tanto lo que se pretende es que se declare la responsabilidad del contratista y del interventor… ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, al tratarse de una acción de regreso en la que se pretende que los demandados respondan por las indemnizaciones que la…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090044701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve: ¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama? ¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática? ¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público.

Sentencia — Sentencia 2023-07-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 50001233100020120009201 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos? ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario… ¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020140144601 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve: ¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria? ¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS? ¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Había razones valederas para acceder a la prórroga del convenio en aras de cumplir con lo pactado

Sentencia — Sentencia 2024-08-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 73001233300020180016901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad territorial debe devolver los aportes hechos por el Ministerio de Vivienda y pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio? No
Un acuerdo en el que las entidades aportan recursos a una subcuenta fiduciaria para la ejecución coordinada de una fase de un proyecto, sin remuneración ni intercambio patrimonial de bienes o servicios a cambio de un precio, constituye un convenio interadministrativo. Esta regla se apoya en que las partes celebraron el negocio en desarrollo de sus competencias y en que sus obligaciones no concretaron una contraprestación. Por ello, la naturaleza del acuerdo no se define por el hecho de que contenga prestaciones económicas, sino por su finalidad de colaboración para un fin común. Como consecuencia, no procede exigir la devolución de los aportes ni el pago de una cláusula penal pecuniaria que solo se pactó para un contrato de intercambio. En el caso concreto la sala revocó la sentencia de primera instancia y negó tales pretensiones, porque el negocio fue un convenio interadministrativo. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la naturaleza del acuerdo, y no su denominación, determina si proceden la devolución de aportes y la cláusula penal.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos en los que se ventila una controversia derivada de un negocio jurídico celebrado por la Nación y una entidad territorial? ¿Es posible acudir automáticamente a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para determinar las normas aplicables a los convenios… ¿La demanda de controversias contractuales debe formularse dentro del término de dos (2) años contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que soportan la reclamación?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se rigen por la Ley 678 de 2001, relativos a la acción de repetición

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233300020150087601 LEY 1437 REPETICION
¿Se rigen por la Ley 678 de 2001, en todos sus aspectos sustanciales y procesales, los hechos ocurridos en vigencia de esta, relativos a la acción de repetición? Sí
El contratista está sujeto a la Ley 678 de 2001 en todos sus aspectos sustanciales y procesales para los hechos ocurridos durante su vigencia, incluyendo la acción de repetición, ya que esta ley desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución y estableció las presunciones legales para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público. La entidad estatal es competente para ejercer la acción de repetición contra el agente estatal cuya conducta ha generado una condena contra la entidad, incluso en segunda instancia, siempre que se cumplan los requisitos de competencia funcional y cuantía. El término de caducidad para formular pretensiones en repetición comienza a contar desde el pago efectivo de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses para su pago, según el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad pública que pagó la condena, mientras que la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar al daño. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre la aplicación de la Ley 678 de 2001 en casos de repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia de un proceso de repetición instaurado contra un agente estatal cuya conducta dolosa o gravemente culposa generó una condena… ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empieza a contar desde el pago efectivo de la condena, o desde el vencimiento del plazo dispuesto en la ley para efectuarlo? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena impuesta al Estado…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia.

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020160021301 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta de un contrato estatal o de un acto administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 140 del CPACA delimita este medio de control frente a los demás, de modo que cuando el daño es imputable a la administración de justicia y no se origina en un contrato ni en un acto administrativo, la reparación directa es la vía procedente. Segundo, la responsabilidad patrimonial del Estado que se reclama tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia modifica la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la reparación directa; en la práctica, el demandante que reclame daños causados por la administración de justicia debe acudir a la reparación directa dentro del término de caducidad correspondiente.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación injusta? ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto la persona que alega es la compañera permanente de la víctima de privación injusta de la libertad, por lo cual…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La subrogación es una figura en materia de derecho de seguros acaecido el siniestro

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170146101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente adecuar el medio de control presentado como controversias contractuales al de reparación directa, debido a que, la compañía de seguros al no ser parte del contrato estatal no esta habilitada para ejercer dicho medio de control y lo que cuestiona es la omisión en el actuar de la administración con ocación de un acto administrativo frente al que no se cuestiona su legalidad? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales cuando no es parte del contrato estatal, ya que la cesión de créditos o la subrogación no convierten al cesionario o subrogataria en parte del acuerdo de voluntades. La compañía de seguros, en su calidad de cesionaria o subrogataria, debe agotar la reclamación previa a la administración y, en caso de negativa, recurrir a la nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, si la administración responde favorablemente a la reclamación, como en este caso, el medio de control adecuado es la reparación directa, ya que la controversia no se refiere a la legalidad del contrato sino a la omisión en el actuar de la administración frente a un acto administrativo favorable. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las aseguradoras que no son partes del contrato estatal puedan ejercer la reparación directa cuando la administración reconoce sus derechos pero no los cumple.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez de segunda instancia analizar cargos nuevos cuando estos modifican la causa petendi? ¿La aseguradora tenía derecho al reconocimiento de los saldos derivados del contrato del cual adujo ser subrogataria de los créditos… ¿Debe reconocerse a la aseguradora como indemnización de perjuicios, el pago de los saldos pendientes de pagar del contrato, actualizados con el IPC?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación a la administración pública.

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020100074301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve: ¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004… ¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004… ¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio

Sentencia — Sentencia 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300020140116001 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo? ¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad? ¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La entidad incurre en indebida evaluación de la oferta al omitir puntos de apoyo a la industria nacional a pesar de los documentos aportados.

Sentencia — Sentencia 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020190053901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad demandada evaluó de manera indebida la oferta del actor al no otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional, aun cuando existían documentos que acreditaban el origen nacional de los servicios ofertados? Sí
El juez determina que la entidad estatal incurre en indebida evaluación de propuestas cuando omite otorgar los puntos correspondientes al factor de apoyo a la industria nacional a pesar de existir documentos que acreditan el origen de los servicios ofertados. En el presente proceso, al verificarse la falta de correcta valoración del Anexo 15 y de los elementos probatorios presentados por el actor, la Sala revoca la decisión absolutoria de primera instancia y ampara los derechos del proponente afectado bajo la prevalencia del derecho sustancial.síntesis automática
También resuelve: ¿La entidad al evaluar de forma errónea la propuesta del actor, evitó la aplicación de los criterios sucesivos y excluyentes de desempate previstos en el pliego y en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del… ¿Puede el juez examinar la responsabilidad por pérdida de oportunidad en la etapa precontractual cuando las pretensiones se presentan mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del… ¿Puede la pérdida de oportunidad en la etapa precontractual configurarse como un daño indemnizable cuando la Administración, mediante actos u omisiones en el proceso de selección…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 20001233900320140032501 LEY 1437 REPETICION
¿Debe aplicarse el CPACA —con remisión al CGP— para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014 y la Ley 678 de 2001 para resolver la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007, incluidas sus presunciones de dolo o culpa grave? Sí
El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el Código General del Proceso (CGP) para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014, mientras que la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007 se rige por la Ley 678 de 2001, incluyendo sus presunciones de dolo o culpa grave. La Sala modifica la interpretación anterior, estableciendo que el CPACA es aplicable a los procedimientos iniciados después de su entrada en vigencia, mientras que la Ley 678 de 2001 regula los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición para hechos ocurridos en su vigencia. Esta regla implica que los procesos de repetición deben seguir rigurosamente la normativa vigente al momento de los hechos y la presentación de la demanda, afectando la aplicación de la ley y el procedimiento a seguir en casos similares.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe considerarse competente al Consejo de Estado para conocer en segunda instancia este medio de contro de repetición, atendiendo los factores de competencia por materia (repetición)… ¿Debe considerarse procedente la acción de repetición como medio de control para declarar la responsabilidad patrimonial del agente cuyo dolo o culpa grave originó la condena o conciliación contra la… ¿Debe considerarse presentada en tiempo la acción de repetición interpuesta el 13 de junio de 2014, al haberse radicado dentro de los dos años siguientes al pago efectuado el 13 de junio de 2012…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional.

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170096201 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de reparación directa para reclamar la reparación de un daño causado por un hecho imputable a la administración de justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional o el Ejército Nacional, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal establecido, lo cual garantiza la seguridad jurídica y protege el interés general. La caducidad del medio de control implica que si el plazo para presentar la demanda vence sin que el interesado la haya elevado, se extingue el derecho de acción, consolidando las situaciones pendientes de solución. En casos de responsabilidad patrimonial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la inoperancia del medio de control por caducidad solo opera si se demuestra que la presentación de la demanda fue defectuosa o tardía, reiterando la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los plazos legales para ejercer el derecho de acción.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia del medio de control de acción de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de… ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a la presunta afectación que sufrió su derecho…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad.

Sentencia Perspectiva de Género — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020120047501 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad? Sí
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, omisión, operación administrativa u otra actuación estatal distinta de un contrato o de un acto administrativo, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primera, la norma atribuye el medio a los daños causados por hechos distintos del contrato y del acto, y el daño reclamado proviene de hechos imputables a la administración de justicia y a una entidad de seguridad del Estado. Segunda, la caducidad constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun cuando no haya sido alegada, pues los plazos son perentorios y de orden público. La providencia reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de esta acción y el control oficioso de la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando el daño no se origina en un contrato ni en un acto, la vía procedente es la reparación directa, cuya oportunidad debe verificarse desde el inicio del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad? ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta

Sentencia Unificación — FALLO 2013-10-17 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 52001233100019960745901 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad donde la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio del in dubio pro reo es aplicable el título de imputación del daño especial? Sí
El contratista puede obtener prosperidad en una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, incluso cuando la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio in dubio pro reo, ya que la responsabilidad del Estado se basa en el daño especial causado a la persona privada de libertad, independientemente de la regularidad del procedimiento penal. La Sala establece que la imputación del daño especial es aplicable en estos casos, reconociendo que la privación de libertad, aunque excepcional y en beneficio de la colectividad, afecta de manera perjudicial a la víctima individual. La corporación reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta de la libertad, lo que implica que los jueces administrativos deben examinar las eximentes de responsabilidad en cada caso concreto.síntesis automática
También resuelve: ¿Se cumplen los requisitos para admitir la prueba trasladada del proceso penal contra el demandante? ¿Los documentos aportados en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo? ¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer en segunda instancia en casos de responsabilidad por daños causados por la administración de justicia?