Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Cuál es el alcance de las funciones del supervisor en el trámite de pago de un contrato estatal y a qué dependencias corresponde definir el procedimiento administrativo, financiero, presupuestal, contable y jurídico para efectuarlo?
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades constituye un conjunto de restricciones especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales que, por afectar el ejercicio de un derecho, únicamente puede ser establecido por la Constitución o la ley y debe interpretarse de manera restrictiva, sin que sea posible ampliar sus causales por vía de analogía o de interpretación extensiva.
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: noción, finalidad, carácter restrictivo, interpretación restrictivaParentesco por afinidad: segundo grado, alcanceAdquisición de bienes inmuebles: contratación directa, capacidad para contratar
¿Cuál es el alcance del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la adquisición directa de bienes inmuebles cuando el propietario tiene un vínculo de parentesco en segundo grado de afinidad con el representante legal de la entidad estatal?
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación pública limita la capacidad de personas naturales o jurídicas para celebrar contratos con el Estado, asegurando la idoneidad, imparcialidad, probidad y transparencia en la función pública, y solo puede ser establecido por la Constitución o la ley, interpretándose de manera restrictiva. Según el artículo 8, numeral 2, literal b), de la Ley 80 de 1993, no pueden celebrar contratos con la entidad estatal quienes tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con servidores públicos de niveles directivo, asesor o ejecutivo, incluyendo al representante legal como servidor directivo. La adquisición de bienes inmuebles mediante contratación directa no exime de esta normativa, por lo que si el propietario del inmueble está en segundo grado de afinidad con el alcalde, la entidad estatal no puede celebrar el contrato, a menos que se demuestre que la inhabilidad no afecta el interés público.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: noción, finalidad, carácter restrictivo, interpretación restrictivaParentesco por afinidad: segundo grado, alcanceAdquisición de bienes inmuebles: contratación directa, capacidad para contratar
¿Procede declarar fundado el impedimento, para conocer del presente asunto, manifestado por uno de los magistrados de la subsección C, consistente en tener un vínculo en el segundo grado de afinidad con el apoderado de la parte demandante? Sí
El magistrado de la subsección C declara fundado su impedimento para conocer del asunto, basado en el segundo grado de afinidad con el apoderado de la parte demandante, conforme al numeral 3 del artículo 141 del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso, lo que implica su apartamiento del conocimiento del caso. Además, la Sala determina que el medio de control de controversias contractuales no es adecuado para solicitar la liquidación judicial de un acuerdo conciliatorio aprobado judicialmente, ya que este acuerdo adquiere la naturaleza de una decisión judicial con fuerza vinculante y no puede ser objeto de debate posterior, lo cual contraviene los principios de seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones judiciales. Esto implica que cualquier incumplimiento del acuerdo conciliatorio debe ser ventilado mediante el proceso ejecutivo.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso resulta procedente acudir al medio de control de controversias contractuales a efectos de solicitar la liquidación judicial del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes…¿Procede condenar en costas en segunda instancia a la Unión Temporal demandante, por resultar vencida en esta instancia, al resultar prospero el recurso de apelación interpuesto por la Empresa de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-07-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 17001233300020140042401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las causales de impedimento establecidas en la ley tienen como propósito garantizar la imparcialidad y objetividad de las decisiones que adopte el juez? Sí
El juez debe apartarse del conocimiento del proceso cuando tenga un interés directo o indirecto en el mismo, lo cual incluye que un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil sea parte en el proceso, ya que esto configura un interés en el asunto y garantiza la imparcialidad y objetividad de las decisiones judiciales. Las causales de impedimento establecidas en el artículo 141 del Código General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 130 del Contrato de Provisión de Bienes y Servicios de la Administración Pública, son taxativas y de interpretación restrictiva, por lo que no pueden extenderse más allá de lo expresamente señalado en la norma. La Sala acepta el impedimento del consejero de Estado debido a que un pariente en cuarto grado de consanguinidad es representante legal de una de las partes en el proceso, lo que evidencia la configuración de un interés directo y, por tanto, la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP. Esta decisión reitera la importancia de la taxatividad de las causales de impedimento y su aplicación rigurosa para preservar la imparcialidad judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El juez deberá apartarse del conocimiento del proceso cuando tenga él, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil…
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada…¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño…¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
¿Pueden presentarse hermanos o familiares con diferentes proponente?
Las causales de inhabilidad de los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, fundadas en relaciones de matrimonio, unión permanente y parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otra persona que haya presentado propuesta en la misma licitación, se refieren solamente a personas naturales y, por la interpretación restrictiva del régimen de inhabilidades, no pueden extenderse a personas jurídicas. Sin embargo, alcanzan a las personas naturales que integran sociedades distintas a las anónimas, consorcios o uniones temporales, así como a la persona designada como su representante, porque estas formas de asociación no constituyen una persona jurídica independiente de sus miembros. En consecuencia, el consorcio o la unión temporal queda inhabilitado en un proceso de contratación cuando uno de sus integrantes o su representante designado se encuentra en alguna de esas relaciones de parentesco con quien participa en otra propuesta, como ocurre con los hermanos, que están en segundo grado de consanguinidad. La entidad estatal puede solicitar los medios de prueba necesarios para verificar la inhabilidad y descalificar la oferta afectada.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual, limitación capacidad contractual / inhabilidadesInhabilidad: relación de parentesco, vínculo natural, personas naturalesParentesco: clasificación, consanguinidad, afinidad, grados
¿Existe la inhabilidad contemplada en el literal g) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, cuando se presentan en un mismo proceso de selección dos consorcios, dentro de los cuales uno de ellos es integrado por una persona natural, la cual es hermana del representante legal (ni socio ni accionista) de una persona jurídica que integra el otro consorcio?
En otras palabras, es aplicable la causal cuando una persona natural integrante del consorcio A y representante del mismo es el hermano del representante legal de una persona jurídica integrante del consorcio B.
También resuelve:Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual, limitación capacidad contractual / inhabilidadesInhabilidad: relación de parentesco, vínculo natural, personas naturalesParentesco: clasificación, consanguinidad, afinidad, grados
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2023-06-28Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020140058501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete a la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conocer de los impedimentos manifestados por magistrados que pertenecen a la respectiva Sala? Sí
La Sala es competente para resolver los impedimentos que manifestaron los magistrados… , de conformidad con el numeral 3 del artículo 131 del CPACA, modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 2021, que dispone que la sala a la que pertenece el magistrado que manifiesta su impedimento es la competente para resolver si lo declara fundado o no. Además, el literal b) del numeral 2 del artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, establece que a las salas les corresponde dictar las providencias que resuelvan sobre los impedimentos y recusaciones.
También resuelve:¿Los impedimentos se encuentran instituidos en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor…¿El juez debe manifestar que se encuentra incurso en una de las causales previstas en la ley, haciendo una relación sucinta de los elementos fácticos respectivos, y de considerarse fundados…¿Debe separarse del conocimiento del proceso a los consejeros cuyos parientes o cónyuges tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2025-10-16Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 11001032600020250005000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La circunstancia de que una funcionaria subalterna de un magistrado sea hija del apoderado de una de las partes en el proceso constituye causal de impedimento que afecte su imparcialidad en la decisión del asunto? No
El magistrado no está impedido para conocer de un asunto cuando una funcionaria subalterna en su despacho es hija del apoderado de una de las partes, siempre y cuando el magistrado manifieste de manera clara su impedimento sin solicitar a la Sala que valore su situación. La Sala considera que esta circunstancia no afecta la imparcialidad del magistrado, ya que no se configuran las causales de interés directo o indirecto en el proceso ni dependencia del apoderado con el magistrado. La relación de subordinación existe entre la funcionaria y el magistrado, no con el apoderado, lo que descarta la posibilidad de que el impedimento tenga efectos en la decisión del caso. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre los requisitos necesarios para que una causal de impedimento tenga efectos en la imparcialidad del magistrado, lo que implica que los impedimentos deben ser claramente configurados por las causales establecidas en la ley.síntesis automática
¿Cuáles son las inhabilidades relacionadas con el vínculo entre conyugues o compañeros permanentes establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993?
El literal g) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece que son inhábiles para participar en procesos de contratación o suscribir contratos con entidades estatales quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación; el literal h) del mismo numeral consagra una prohibición similar cuando la participación simultánea es de sociedades distintas de las anónimas abiertas. Estas inhabilidades se fundan en relaciones familiares o de parentesco y se instituyeron única y exclusivamente para limitar la participación de personas naturales en los procesos de contratación. Las inhabilidades son restricciones establecidas por el constituyente o el legislador que afectan la capacidad para contratar con el Estado. Conforme al Código Civil, el parentesco es de consanguinidad o de afinidad y sus grados se cuentan por el número de generaciones: en segundo grado de consanguinidad están hermanos, abuelos y nietos, y en segundo de afinidad los hermanos, abuelos y nietos del cónyuge o compañero permanente.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractualInhabilidad: relación de parentesco, vínculo natural, personas naturalesParentesco: clasificación, consanguinidad, afinidad, grados
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿Pueden dos (2) hermanos solicitar la limitación de una convocatoria a MiPymes a nivel territorial?
La limitación territorial de una convocatoria limitada a MiPymes colombianas es una facultad discrecional de la entidad contratante, conforme al artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, por lo que no procede que sean las MiPymes las que la soliciten; lo obligatorio es la limitación a MiPymes colombianas cuando se cumplan las condiciones del artículo 2.2.1.2.4.2.2. Para adoptarla, la convocatoria debe limitarse a MiPymes domiciliadas en los departamentos o municipios donde se ejecutará el contrato y la entidad debe justificar su decisión en los estudios del sector, con una motivación adecuada a los fines de la norma y proporcional a los hechos, según el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011. En cuanto al parentesco, el literal g) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece la inhabilidad de quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otra persona que haya presentado propuesta para una misma licitación, causal instituida exclusivamente para personas naturales. Al ser la capacidad jurídica un requisito habilitante, la entidad puede solicitar pruebas sobre la inhabilidad hasta el traslado del informe de evaluación y descalificar la oferta si esta se evidencia después.síntesis automática
También resuelve:Convocatorias limitadas a mipyme: limitación territorial, Decreto 1860 de 2021Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual, relación de parentescoParentesco: clasificación, consanguinidad, afinidad, grados
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2025-03-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 08001233300020200012402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los impedimentos se encuentran instituidos en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, garantizándose de esta forma la objetividad y legitimidad de sus decisiones, mediante causales que son de carácter excepcional y taxativa? Sí
Las causales de impedimento y recusación son taxativas y de interpretación restrictiva, pues no pueden extenderse a motivos distintos de los que la ley expresamente señala. Estas causales, previstas en el artículo 141 del Código General del Proceso y en el artículo 130 del CPACA, buscan garantizar la imparcialidad y objetividad de las decisiones. El juez debe apartarse del conocimiento del proceso cuando su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, sea servidor público de nivel directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurren al proceso como parte o como tercero interesado, según el numeral 3 del artículo 130 del CPACA. En el caso concreto, la cónyuge del juez ejercía el cargo de procuradora judicial y actuaba como agente del Ministerio Público, cuyo nivel funcional se equipara al directivo de la entidad que concurría al proceso, y el impedimento fue declarado fundado. Como consecuencia práctica, el juez debe examinar si el vínculo de su familiar encuadra en una causal taxativa antes de conocer del asunto.síntesis automática
También resuelve:¿Debe separarse del conocimiento del proceso al consejero cuya cónyuge ejerce el
¿Cuáles son las inhabilidades relacionadas con el vínculo entre parientes establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993?
Son inhábiles para participar en procesos de contratación o suscribir contratos con entidades estatales, según el literal g) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación. Esta causal tiene fundamento en las relaciones familiares o de parentesco y se instituyó única y exclusivamente para limitar la capacidad de participación de las personas naturales, unidas entre sí por vínculos naturales o jurídicos. Las inhabilidades desarrollan los principios de la función administrativa del artículo 209 de la Constitución Política, con especial énfasis en la moralidad. Conforme al Código Civil, el parentesco se clasifica en consanguinidad, que une a quienes descienden de un mismo tronco, y afinidad, que surge entre una persona y los consanguíneos de su cónyuge o compañero permanente. Los grados se cuentan por el número de generaciones, de modo que la causal se configura, por ejemplo, respecto de hermanos, abuelos y nietos, y de cuñados, abuelos y nietos del cónyuge o compañero permanente.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractualInhabilidad: relación de parentesco, vínculo natural, personas naturalesParentesco: clasificación, consanguinidad, afinidad, grados
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine?¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria?¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS?¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta de un contrato estatal o de un acto administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 140 del CPACA delimita este medio de control frente a los demás, de modo que cuando el daño es imputable a la administración de justicia y no se origina en un contrato ni en un acto administrativo, la reparación directa es la vía procedente. Segundo, la responsabilidad patrimonial del Estado que se reclama tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia modifica la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la reparación directa; en la práctica, el demandante que reclame daños causados por la administración de justicia debe acudir a la reparación directa dentro del término de caducidad correspondiente.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación injusta?¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto la persona que alega es la compañera permanente de la víctima de privación injusta de la libertad, por lo cual…
¿En el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió? Sí
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad… . El demandante [víctima] fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
También resuelve:¿La Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998?¿La Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada?¿El término de caducidad debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado?