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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: cumplieron las capturas y su legalización los requisitos, sin causar un daño antijurídico

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Fecha
2025-10-21
Radicado
25000232600020100074301
Número interno
48681
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPARACION DIRECTA
Actor
IVAN MAURICIO CORDERO CRUZ, ALFREDO CORDERO LANCHEROS, MARLEN CRUZ NIETO, NELSON ANDRES CORDERO CRUZ, ALFREDO ALEXANDER CORDERO CRUZ
Demandado
NACION- RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: cumplieron las capturas y su legalización los requisitos, sin causar un daño antijurídico

Regla de decisión

La responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación a la administración pública.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 906 de 2004, arts. 297 y 303
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CAPTURA LEGALIDAD DE LA CAPTURA LEGALIZACIÓN DE LA CAPTURA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DAÑO ANTIJURÍDICO ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONTROL DE LEGALIDAD CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PRINCIPIO DE REPARACIÓN DEL DAÑO DAÑO ANTIJURÍDICO DERIVADO DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD LIMITACIÓN LEGÍTIMA DEL DERECHO A LA LIBERTAD CONDUCTA DE LA VÍCTIMA CON CAUSACIÓN DEL DAÑO CARGA DE LA PRUEBA CONCEPTO DE CARGA DE LA PRUEBA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA ACUSACIÓN TÉRMINO PROCESAL CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL ESCRITO DE ACUSACIÓN PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN JUICIO ORAL HECHO LIBERTAD INCUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL LIBERTAD PROVISIONAL INACTIVIDAD DEL ABOGADO INACTIVIDAD PROCESAL PRINCIPIO ADVERSARIAL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CONCEPTO DE IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD SUPUESTOS FÁCTICOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ESTADO CONSTITUCIÓN POLÍTICA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FALLA DEL SERVICIO POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD REGULACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN VÍCTIMA LEGITIMIDAD DE LA VÍCTIMA IMPUTACIÓN IMPUTACIÓN A LA VÍCTIMA IMPUTACIÓN DEL DAÑO PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO INEXISTENCIA DE PROLONGACIÓN ILÍCITA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PROLONGACIÓN ILÍCITA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CONDUCTA DE LA VÍCTIMA CULPA DE LA VÍCTIMA LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DETENCIÓN EN EL PROCESO PENAL PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA EFECTOS DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA PRESUPUESTO PROCESAL AUTO QUE RECHAZA LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL CLASES DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO ENTIDAD COMPETENTE PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO COPIA DEL REGISTRO CIVIL DIGITAL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO COMPAÑERO PERMANENTE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA INTERÉS GENERAL MEDIO DE CONTROL PLAZO PERENTORIO TÉRMINO PERENTORIO PLAZO PRECLUSIVO ORDEN PÚBLICO OMISIÓN ADMINISTRATIVA DAÑO DERIVADO DE OMISIÓN ADMINISTRATIVA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA LIBERTAD DEL PROCESADO INVESTIGACIÓN PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN NOTIFICACIÓN FALTA DE NOTIFICACIÓN PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD NOCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ORDEN DE DETENCIÓN IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO ANTIJURICIDAD PROPORCIONALIDAD LESIONES ORDENAMIENTO JURÍDICO IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DAÑO ESPECIAL CARGAS PÚBLICAS RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS FALLA DEL SERVICIO REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS CONDUCTA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

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Contratación estatal: Sentencia
Titulación de la relatoría 62.439 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAPTURA / LEGALIDAD DE LA CAPTURA / LEGALIZACIÓN DE LA CAPTURA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, con el riesgo excepcional y con el daño especial. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. (...)[E]l análisis que se realice entonces tendrá en cuenta tres hechos fundamentales que tuvieron lugar durante el proceso penal del que fueron objeto [las victimas] los (demandantes), a saber: i) la privación de la libertad de la que fue objeto cuando fueron capturados por agentes de la Policía Nacional; ii) la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta en su contra; iii) el cumplimiento de los términos procesales; y iv) la decisión de la Rama Judicial por medio de la cual negó el beneficio de libertad provisional a [quien se le niega libertad]. Según lo expuesto, en un primer momento, se procederá con el estudio del daño, consistente en la privación de la libertad de [las victimas] derivada de la captura. Así pues, se tiene que [normativo]. Bajo el anterior contexto, se observa que la captura de [victimas] cumplió con los requisitos (...), toda vez que la orden que impartió para ello el Juez de Control de Garantías señaló el delito y las razones por las cuales era requerido judicialmente. Además, desde que el procesado fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional hasta que el Juez de Control de Garantías adelantó la diligencia de legalización de captura, no transcurrieron más de treinta y seis (36) horas. En efecto, se probó que el 6 de agosto de 2007, [las victimas] fueron capturados y que ese mismo día el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá adelantó la audiencia de control de legalidad, y dispuso lo pertinente en relación con los aprehendidos. Justamente, se observa que el Juez de Control de Garantías legalizó la captura de [las victimas] porque el procedimiento que se adelantó para ello fue realizado conforme a los lineamientos consagrados en el Código de Procedimiento Penal. (...) [E]n el anterior sentido, se evidencia que la captura de [las victimas] satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004. (...) En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de la libertad de [las victimas], derivada de la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la cual los demandantes califican como injusta. (...)Bajo el anterior contexto, se observa que la solicitud de imposición de medida de aseguramiento del 6 de agosto de 2007, elevada por la Fiscalía 10 Seccional de Bogotá al Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, cumplió con los requisitos previstos en las normas (...), pues se fundamentó en los elementos de juicio con los que contaba la Fiscalía General de la Nación en dicho momento procesal, que eran suficientes para acompañar de manera justificada el requerimiento de la medida cautelar. Justamente, la Fiscalía 10 Seccional de Bogotá sustentó la solicitud de la medida cautelar en los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudada, como eran: i) la entrevista a [testigos], quienes narraron las circunstancias en que ocurrió el hecho delictivo; ii) la denuncia de la [victima], quien manifestó que [las victimas] incumplieron los protocolos de seguridad (…) los elementos de convicción anteriormente mencionados, se pudo evidenciar, de forma preliminar, que [las victimas] estaban seriamente comprometidos con la conducta punible atestada, pues su relato no guardaba relación con los demás medios de convicción obrantes y, por el contrario, la experticia practicada al vehículo de transporte de valores permitía evidenciar que este no fue violentado, sino que fue abierto por sus ocupantes. Además, la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva halló justificación de cara a la posible obstrucción de la justicia y a la gravedad de las conductas que se le atribuían a los procesados, pues se consideró que la modalidad del hecho punible implicaba un peligro para la seguridad (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2004, exp. 11001-03-27-000-2002-0111-01 (13622), C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 25000-23-26-000-2006-01722-01 (49898), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sustento normativo: Código Contencioso Administrativo – artículo 136; Ley 4 de 1913 – artículo 62. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 68001-23-31-000-2010-00950-01 (48130), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 68001-23-31-000-2011-00903-01 (49206), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-00236-02 (54716), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la protección de la justicia, ver: Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998, C.P. Carlos Gaviria Díaz. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 297, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 303 MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTROL DE LEGALIDAD / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRINCIPIO DE REPARACIÓN DEL DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO DERIVADO DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / LIMITACIÓN LEGÍTIMA DEL DERECHO A LA LIBERTAD / CONDUCTA DE LA VÍCTIMA CON CAUSACIÓN DEL DAÑO / CARGA DE LA PRUEBA / CONCEPTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004, sin generar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Respuesta al problema jurídico: Si [S]egún lo expuesto, la solicitud de medida de aseguramiento elevada por el ente fiscal el 6 de agosto de 2007 cumplió con lo previsto en los artículos 295, 296 y 306 de la Ley 906 de 2004 (…) Así las cosas, se advierte que en el presente asunto la solicitud de medida de aseguramiento elevada por la Fiscalía General de la Nación estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, sin vislumbrarse la configuración de un daño antijurídico sujeto de reconocimiento indemnizatorio en dicha actuación también se advierte que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos previstos en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004, puesto que el delito de hurto calificado y agravado por el cual se investigaba a los imputados tenía prevista una pena de prisión de nueve (9) años, es decir, que excedía los cuatro (4) años de que trata la norma referida. En vista de lo expuesto, se observa que la privación de la libertad de (los demandantes) no fue injusta, puesto que la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos formales y sustanciales fijados en los artículos 308, 310 y 313 de la Ley 906 de 2004, toda vez que de los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que los imputados podían ser partícipes de la conducta delictiva que se investigaba, puesto que se estimó que [los demandantes] violaron todos los protocolos de seguridad de la empresa para la cual trabajaban y, pese a que se desplazaban en un vehículo blindado, se bajaron de este y entregaron el dinero que transportaban. Igualmente, se evidencia que la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable, tal y como se desprende de los elementos de prueba obrantes en el expediente, debido a la gravedad del delito por el cual estaban siendo investigados y la posible no comparecencia de los imputados al proceso, que no solo permitían sino aconsejaban la medida restrictiva de la libertad. En efecto, la medida resultaba: i) necesaria, ante la posible no comparecencia de los imputados al proceso ii) proporcional, por cuanto el delito de hurto calificado y agravado implicaba una pena privativa de la libertad superior a (4) años; y iii) razonable, de cara a la gravedad de las conductas. De igual manera, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto la parte demandante tampoco allegó prueba alguna que permita vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o fuera arbitraria, carga que le correspondía asumir a la parte demandante con el propósito de acreditar la injusticia de la medida cuya omisión impide establecer la antijuricidad del daño sin la cual no es posible declarar la responsabilidad a cargo del Estado. Por otra parte, debe recordarse que la libertad, como los demás derechos, salvo la dignidad humana, no tiene un carácter absoluto y su limitación resulta legítima cuando tal restricción se encuentra acorde a los parámetros legales y a los fines constitucionales. Es por esto que, para poder configurarse un daño antijurídico, de cara a la restricción de tal derecho, debe obligatoriamente acreditarse en el caso concreto que tal limitación devino de una situación ilegal, desproporcionada, arbitraria o irrazonable, pues de lo contrario, el daño carecerá de antijuridicidad y no podría ser indemnizado. En suma, se evidencia que el daño alegado no tiene el carácter de antijurídico, por haberse derivado de una actuación de la Administración ajustada a derecho, frente a la cual los demandantes no pueden pretender indemnización de perjuicios, pues se evidencia que la medida de aseguramiento impuesta a [los demandantes] satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 308, 309, 310 y 313 de la Ley 906 de 2004. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la vigencia de la acción, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2011, exp. 23001-23-31-000-1998-09155-01 (21093), C.P. Hernán Andrade Rincón. Sobre daños derivados de la administración de justicia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-00236-02 (54716), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 25000-23-26-000-2006-01722-01 (49898), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la verificación de la legitimación en la causa de las partes, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2019, exp. 68001-23-31-000-2011-01118-01 (54527), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la verificación de la legitimación en la causa de las partes como presupuesto procesal, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2021, exp. 25000-23-26-000-2008-00105-01 (48436), C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la falla del servicio, con el riesgo excepcional y con el daño especial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 2017, exp. 68001-23-31-000-1994-09953-01 (36386), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 88001-23-31-000-1997-00209-01 (16516), C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 295, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 306, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 308, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 310, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 313 ACUSACIÓN / TÉRMINO PROCESAL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / ESCRITO DE ACUSACIÓN / PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN / JUICIO ORAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / HECHO / LIBERTAD / INCUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL / LIBERTAD PROVISIONAL / INACTIVIDAD DEL ABOGADO / INACTIVIDAD PROCESAL / PRINCIPIO ADVERSARIAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONCEPTO DE IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SUPUESTOS FÁCTICOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO Problema jurídico: ¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, cuando la defensa del procesado no solicita la libertad provisional y dicha omisión resulta imprevisible, irresistible y ajena a la entidad demandada? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e observa que la Rama Judicial excedió el término procesal fijado en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 del 2004, porque transcurrieron más de noventa (90) días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación sin dar inicio a la audiencia de juicio. Justamente, se observa que el 25 de octubre de 2007, el Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá celebró la audiencia de formulación de acusación en contra de los procesados por el delito de hurto calificado y agravado y el 23 de junio de 2008, el referido juzgado dio inicio a la audiencia de juicio oral en contra de los acusados. Sobre el particular, se advierte que respecto de (él demandante) las consecuencias derivadas de esta circunstancia son imputables a la propia víctima, pues debe recordarse que de cumplirse los presupuestos para conceder la libertad, es la defensa del procesado la que debe pedir su libertad y el funcionario competente debe decidir sobre la solicitud, lo cual respecto de este demandante no ocurrió. Al efecto, es pertinente resaltar que conforme lo ha establecido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la libertad provisional del procesado no opera de manera automática, pues en todos los casos, el funcionario competente debe analizar las condiciones y circunstancias que han impedido adelantar la actuación procedimental dentro de los términos formales establecidos en la ley procesal penal. En igual sentido, es pertinente destacar que son deberes de la víctima, entre otros, los de evitar y mitigar el hecho lesivo, de donde su incumplimiento se traduce en la asunción de los efectos del daño y su imputación gravita a su propia desidia. En el sub examine se observa que la víctima no ejerció acciones como la de solicitar ante el operador judicial la concesión del derecho a la libertad por el incumplimiento de términos procesales y en tal virtud, dicho incumplimiento, imputable a su propia inactividad, incidió en la causación directa del daño antijurídico alegado en la demanda. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que en cuanto al vencimiento del término establecido en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, las consecuencias que ello pudo causar al demandante son atribuibles a la inactividad de la propia víctima, ya que la libertad provisional no opera de forma automática y la defensa no ejerció la prerrogativa que le permitía al procesado ser titular del beneficio de excarcelación. Justamente la omisión de parte de la defensa del procesado fue imprevisible, irresistible y externa a la entidad demandada, pues fue deliberada y hacía parte de una facultad que exclusivamente podía ser ejercida por aquella, máxime en un proceso de naturaleza adversarial, en el cual la Fiscalía General de la Nación se constituye como ente acusador y la Rama Judicial como juez imparcial. Ahora, la Sala precisa que el demandante sí solicitó su libertad provisional por vencimiento de términos, decisión que fue denegada por el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá. En ese sentido, se efectuará el estudio de dicha providencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre circunstancias que han impedido adelantar la actuación procedimental dentro de los términos formales establecidos en la ley procesal penal, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 2016, exp. 34099, C.P. Eugenio Fernández Carlier, CSJ AP2071-2016. FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 317 NUMERAL 5 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ESCRITO DE ACUSACIÓN / PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO / ESTADO / CONSTITUCIÓN POLÍTICA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLA DEL SERVICIO POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CAPTURA / AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA / REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA / JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL / TÉRMINO PROCESAL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGULACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e procederá con el estudio del daño, consistente en la privación de la libertad de (...) y (...) derivada de la captura. (...) cumplió con los requisitos previstos en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, toda vez que la orden que impartió para ello el Juez de Control de Garantías señaló el delito y las razones por las cuales era requerido judicialmente. Además, desde que el procesado fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional hasta que el Juez de Control de Garantías adelantó la diligencia de legalización de captura, no transcurrieron más de treinta y seis (36) horas. En efecto, se probó que el 6 de agosto de 2007, (...) y (...) fueron capturados y que ese mismo día el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá adelantó la audiencia de control de legalidad, y dispuso lo pertinente en relación con los aprehendidos. Justamente, se observa que el Juez de Control de Garantías legalizó la captura de (...) y (...) porque el procedimiento que se adelantó para ello fue realizado conforme a los lineamientos consagrados en el Código de Procedimiento Penal. (...) Así pues, comoquiera que la captura de los señores (...) y (...) se ha cumplido conforme a los procedimientos legales establecidos en los artículos ya citados 301 a 303 del estatuto adjetivo penal y las disposiciones constitucionales y los tratados de derechos humanos sobre la materia, el juzgado imparte legalidad a la misma”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la vigencia de la acción, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2011, exp. 23001-23-31-000-1998-09155-01 (21093), C.P. Hernán Andrade Rincón. Sobre daños derivados de la administración de justicia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-00236-02 (54716), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 25000-23-26-000-2006-01722-01 (49898), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la verificación de la legitimación en la causa de las partes, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2019, exp. 68001-23-31-000-2011-01118-01 (54527), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la verificación de la legitimación en la causa de las partes como presupuesto procesal, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2021, exp. 25000-23-26-000-2008-00105-01 (48436), C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la falla del servicio, con el riesgo excepcional y con el daño especial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de mayo de 2017, exp. 68001-23-31-000-1994-09953-01 (36386), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 88001-23-31-000-1997-00209-01 (16516), C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 297, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 301 , LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 303 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACUSACIÓN / FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN / VÍCTIMA / LEGITIMIDAD DE LA VÍCTIMA / IMPUTACIÓN / IMPUTACIÓN A LA VÍCTIMA / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / TÉRMINO PROCESAL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / INEXISTENCIA DE PROLONGACIÓN ILÍCITA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PROLONGACIÓN ILÍCITA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CONDUCTA DE LA VÍCTIMA / CONDUCTA DE LA VÍCTIMA CON CAUSACIÓN DEL DAÑO / CULPA DE LA VÍCTIMA / LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD / DETENCIÓN EN EL PROCESO PENAL / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / EFECTOS DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA Problema jurídico: ¿Exceder el término procesal previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 genera responsabilidad patrimonial del Estado por daño antijurídico cuando la inactividad de la víctima impidió solicitar la libertad provisional del procesado? Respuesta al problema jurídico: No [D]e otro lado, se observa que la Rama Judicial excedió el término procesal fijado en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 del 2004, porque transcurrieron más de noventa (90) días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación sin dar inicio a la audiencia de juicio. Justamente, se observa que el 25 de octubre de 2007, el Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá celebró la audiencia de formulación de acusación en contra de los procesados por el delito de hurto calificado y agravado y el 23 de junio de 2008, el referido juzgado dio inicio a la audiencia de juicio oral en contra de los acusados. Sobre el particular, se advierte que respecto de (...) las consecuencias derivadas de esta circunstancia son imputables a la propia víctima, pues debe recordarse que de cumplirse los presupuestos para conceder la libertad, es la defensa del procesado la que debe pedir su libertad y el funcionario competente debe decidir sobre la solicitud, lo cual respecto de este demandante no ocurrió. Al efecto, es pertinente resaltar que conforme lo ha establecido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la libertad provisional del procesado no opera de manera automática, pues en todos los casos, el funcionario competente debe analizar las condiciones y circunstancias que han impedido adelantar la actuación procedimental dentro de los términos formales establecidos en la ley procesal penal. En igual sentido, es pertinente destacar que son deberes de la víctima, entre otros, los de evitar y mitigar el hecho lesivo, de donde su incumplimiento se traduce en la asunción de los efectos del daño y su imputación gravita a su propia desidia. En el sub examine se observa que la víctima no ejerció acciones como la de solicitar ante el operador judicial la concesión del derecho a la libertad por el incumplimiento de términos procesales y en tal virtud, dicho incumplimiento, imputable a su propia inactividad, incidió en la causación directa del daño antijurídico alegado en la demanda. (...) [D]e conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que en cuanto al vencimiento del término establecido en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, las consecuencias que ello pudo causar al demandante (...) son atribuibles a la inactividad de la propia víctima, ya que la libertad provisional no opera de forma automática y la defensa no ejerció la prerrogativa que le permitía al procesado ser titular del beneficio de excarcelación. Justamente la omisión de parte de la defensa del procesado fue imprevisible, irresistible y externa a la entidad demandada, pues fue deliberada y hacía parte de una facultad que exclusivamente podía ser ejercida por aquella, máxime en un proceso de naturaleza adversarial, en el cual la Fiscalía General de la Nación se constituye como ente acusador y la Rama Judicial como juez imparcial. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA 91 DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 317 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / VÍCTIMA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / PRESUPUESTO PROCESAL / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / AUTO QUE RECHAZA LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REGISTRO CIVIL / CLASES DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / ENTIDAD COMPETENTE PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL / REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO / COPIA DEL REGISTRO CIVIL DIGITAL / REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / COMPAÑERO PERMANENTE Problema jurídico: ¿Se acredita la legitimación en la causa por activa de los familiares y compañeros permanentes de las víctimas, así como la legitimación en la causa por pasiva de la Nación, con base en las pruebas allegadas al proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis [víctima], [padre], [madre], [cónyuge], [hijo], [hermano] y [hermano] están legitimados en la causa por activa ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado (…), según da cuenta copia simple de la sentencia del 18 de diciembre de 2008, dictada por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, de conformidad con las copias auténticas de los registros civiles de matrimonio y nacimiento, respectivamente. [V]íctima], [padre], [madre], [hijo] están legitimados en la causa por activa ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado (…), según da cuenta copia simple de la sentencia del 18 de diciembre de 2008, dictada por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, de conformidad con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento. [Señora] está legitimada en la causa por activa como compañera permanente de la [víctima], pues ostentaba una relación afectiva con la [víctima] en calidad de compañera permanente, de conformidad con los testimonios escuchados en el plenario. En efecto, en el presente proceso, el [testigo] que [la victima] “tenía una relación de pareja con una mujer joven de nombre [...]”. Igualmente, el [testigo] declaró que “cuando me di cuenta de la detención de [víctima] sabía que estaba conviviendo con una [señora] llamada […]”. Ahora, de acuerdo con el artículo 217 del C.P.C., las declaraciones de [declarante 1] y [declarante 2] resultan sospechosas dada su cercanía con [víctima], el primero por su parentesco (tío del demandante) y el segundo por su relación de amistad y, por consiguiente, deberán ser valoradas con especial severidad. Al respecto, vale reiterar que conforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor recelo, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso. De conformidad con lo anterior, se considera que el dicho de estas personas tiene eficacia probatoria, pues sus declaraciones se realizaron bajo la gravedad de juramento y se limitaron a señalar, de forma espontánea, su conocimiento sobre el vínculo entre [víctima] y su [compañera]. Asimismo, al ser valoradas en conjunto con el registro civil de nacimiento de [menor], quien es hijo de [víctima] y [compañera], permiten establecer que estos últimos mantenían una comunidad de vida permanente y singular. [otra presunta compañera], quien también alega ser compañera permanente de [víctima], no está legitimada en la causa por activa, pues, aunque el derecho de acción se ejerció invocando tal calidad, lo cierto es que no se acreditaron las características de la relación que sostenía con la víctima ni el sufrimiento que padeció derivado de su privación, así como tampoco allegó prueba alguna que permitiera establecer la calidad de tercera perjudicada en el proceso, ni tener un interés en las resultas de este. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que la primera fue la entidad que solicitó ante el Juez de Control de Garantías la legalización de la captura y decretar la medida de aseguramiento en contra de […] y [víctima], la segunda fue quien impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su contra y posteriormente los absolvió en aplicación del principio in dubio pro reo. [L]a legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso. (…) Se desarrolla la verificación concreta: “[víctima] (…) están legitimados en la causa por activa ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal (…) y los demás hacen parte de su núcleo familia la [víctima] (…) están legitimados en la causa por activa…y […] está legitimada en la causa por activa como compañera permanente (…) [L]a Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial…” NOTA DE RELATORÍA: Sobre legitimación en la causa como un presupuesto procesal de la acción, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2021, exp. 25000-23-26-000-2008-00105-01 (48436), C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sustento normativo: Código de Procedimiento Civil, artículo 177. Sobre legitimación en la causa como un presupuesto procesal de la acción, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 8 de octubre de 2020, exp. 05001-23-33-000-2017-02078-01 (1760-18), C.P. César Palomino Cortés. Sustento normativo: Sobre legitimación en la causa como un presupuesto procesal de la acción, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2019, exp. 68001-23-31-000-2011-01118-01 (54527), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / INTERÉS GENERAL / MEDIO DE CONTROL / PLAZO PERENTORIO / TÉRMINO PERENTORIO / PLAZO PRECLUSIVO / ORDEN PÚBLICO / HECHO / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / DAÑO DERIVADO DE OMISIÓN ADMINISTRATIVA / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / LIBERTAD DEL PROCESADO / INVESTIGACIÓN / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / NOTIFICACIÓN / FALTA DE NOTIFICACIÓN / TÉRMINO PROCESAL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / NOCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Problema jurídico: ¿La acción de reparación directa fue oportuna después de la absolución penal y dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si [C]on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. Así mismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. [E]n el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció de manera oportuna en el proceso de reparación directa identificado con número del proceso (…), teniendo en cuenta que, aunque no hay constancia de la fecha en la que quedó notificado y/o ejecutoriado el proveído del 18 de diciembre de 2008, mediante el cual el Juzgado 27 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá absolvió […]; los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 25 de mayo de 2010 ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el 28 de julio de 2010; y la demanda se presentó el 13 de octubre de 2010, por lo que resulta evidente que entre la fecha del proveído de absolución y aquella en la que se presentó la demanda, no transcurrieron más de dos años. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el fenómeno de caducidad alegado en tiempo, ver; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2011, exp. 23001-23-31-000-1998-09155-01 (21093), C.P. Hernán Andrade Rincón. Sobre limitación injusta al derecho de libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 25000-23-26-000-2006-01722-01 (49898), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre limitación injusta al derecho de libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 68001-23-31-000-2010-00950-01 (48130), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre limitación injusta al derecho de libertad, ver; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 68001-23-31-000-2011-00903-01 (49206), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre limitación injusta al derecho de libertad, ver; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-00236-02 (54716), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre legitimación en la causa e integración de las partes en la litis, ver; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2021, exp. 25000-23-26-000-2008-00105-01 (48436), C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre legitimación en la causa e integración de las partes en la litis, ver; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 8 de octubre de 2020, exp. 05001-23-33-000-2017-02078-01 (1760-18), C.P. César Palomino Cortés. Sobre legitimación en la causa e integración de las partes en la litis, ver; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2019, exp. 68001-23-31-000-2011-01118-01 (54527), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre legitimación en la causa e integración de las partes en la litis, ver; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 2019, exp. 68001-23-31-000-2011-01118-01 (54527), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre legitimación en la causa e integración de las partes en la litis, ver; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, exp. 05001-23-26-000-1996-00364-01 (20262), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre seguridad jurídica y situaciones indefinidas en el tiempo, ver: Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, C.P. Rodrigo Escobar Gil. Sobre caducidad y protección de derechos subjetivos ver: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001, C.P. Álvaro Tafur Galvis. Sobre la protección de a justicia, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-574 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 136 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ORDEN DE DETENCIÓN / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Puede imputarse responsabilidad patrimonial al Estado por la privación de la libertad cuando la orden de detención y sus condiciones no vulneraron el ordenamiento jurídico y la medida resultó necesaria, razonable y proporcional? Respuesta al problema jurídico: Si [P]or aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta se produjo al margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa de la propia víctima, con lo cual se rompe la imputación de la responsabilidad y se desestima el deber de responder para la Administración. Es en ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente de responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo 90 Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en concreto. En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre cláusula general de responsabilidad restablecimiento del desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 10 de octubre de 2019, exp. 11001-03-27-000-2017-00036-00 (23354), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 ANTIJURICIDAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PROPORCIONALIDAD / LESIONES / ORDEN DE DETENCIÓN / ORDENAMIENTO JURÍDICO Problema jurídico: ¿Es viable atribuir responsabilidad al Estado por privación de la libertad cuando la detención se realizó bajo los cánones legales y constitucionales y no se acreditó exceso en su duración ni falta de proporcionalidad? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e ha encontrado necesario reconducir esta fuente de responsabilidad (...) el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para luego acreditar, los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en concreto. (...) se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional; de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad (...) [O]tra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez penal debe concluir su veredicto luego de un riguroso análisis probatorio que permita calificar la conducta y verificar la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula de cara a las pruebas que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya valoración se desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el deber de auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del servicio. [S]e observa que la captura (...) cumplió con los requisitos previstos (...) [S]e probó que el 6 de agosto de 2007, [víctima1] y [víctima 2] fueron capturados y que ese mismo día el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá adelantó la audiencia de control de legalidad, y dispuso lo pertinente en relación con los aprehendidos. [E]l Juez de Control de Garantías legalizó la captura (...) porque el procedimiento que se adelantó para ello fue realizado conforme a los lineamientos consagrados en el Código de Procedimiento Penal. [E]n el anterior sentido, se evidencia que la captura (...) satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004. NOTA DE RELATORÍA: Sobre medida restrictiva, ver: Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018, C.P. Alejandro Linares Cantillo. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 303, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 397 IMPUTACIÓN DEL DAÑO / IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ESPECIAL / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CARGAS PÚBLICAS / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / ORDEN DE DETENCIÓN / LIBERTAD / FALLA DEL SERVICIO / LESIONES / DETENCIÓN EN EL PROCESO PENAL / REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS / CONDUCTA Problema jurídico: ¿Resulta procedente imputar responsabilidad al Estado bajo el título de daño especial cuando la privación de la libertad se ordenó en debida forma pero generó un desequilibrio en las cargas públicas respecto del administrado? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño, (...) sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención (…), así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional (...) si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. (...) [N]o excluye la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo no dio pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas públicas respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho (…) no existió o la conducta era objetivamente atípica.(...) como cuando logra establecerse que el hecho que pretendía imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, C.P. Alejandro Linares Cantillo. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAPTURA / LEGALIDAD DE LA CAPTURA / LEGALIZACIÓN DE LA CAPTURA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD / FALLA DEL SERVICIO / FALLA DEL SERVICIO POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO DERIVADO DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, con el riesgo excepcional y con el daño especial. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. [E]l análisis que se realice entonces tendrá en cuenta tres hechos fundamentales que tuvieron lugar durante el proceso penal del que fueron objeto [las víctimas] los [demandantes], a saber: i) la privación de la libertad de la que fue objeto cuando fueron capturados por agentes de la Policía Nacional; ii) la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta en su contra; iii) el cumplimiento de los términos procesales; y iv) la decisión de la Rama Judicial por medio de la cual negó el beneficio de libertad provisional a [quien se le niega libertad]. Según lo expuesto, en un primer momento, se procederá con el estudio del daño, consistente en la privación de la libertad de [las víctimas] derivada de la captura. [B]ajo el anterior contexto, se observa que la captura de [víctimas] cumplió con los requisitos (...), toda vez que la orden que impartió para ello el Juez de Control de Garantías señaló el delito y las razones por las cuales era requerido judicialmente. Además, desde que el procesado fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional hasta que el Juez de Control de Garantías adelantó la diligencia de legalización de captura, no transcurrieron más de treinta y seis (36) horas. En efecto, se probó que el 6 de agosto de 2007, [las víctimas] fueron capturados y que ese mismo día el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá adelantó la audiencia de control de legalidad, y dispuso lo pertinente en relación con los aprehendidos. Justamente, se observa que el Juez de Control de Garantías legalizó la captura de [las víctimas] porque el procedimiento que se adelantó para ello fue realizado conforme a los lineamientos consagrados en el Código de Procedimiento Penal. [E]n el anterior sentido, se evidencia que la captura de [las víctimas] satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004. [E]n el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de la libertad de [las víctimas], derivada de la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la cual los demandantes califican como injusta. [B]ajo el anterior contexto, se observa que la solicitud de imposición de medida de aseguramiento del 6 de agosto de 2007, elevada por la Fiscalía 10 Seccional de Bogotá al Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, cumplió con los requisitos previstos en las normas (…), pues se fundamentó en los elementos de juicio con los que contaba la Fiscalía General de la Nación en dicho momento procesal, que eran suficientes para acompañar de manera justificada el requerimiento de la medida cautelar. Justamente, la Fiscalía 10 Seccional de Bogotá sustentó la solicitud de la medida cautelar en los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudada, como eran: i) la entrevista a [testigos], quienes narraron las circunstancias en que ocurrió el hecho delictivo; ii) la denuncia de la [víctima], quien manifestó que [las víctimas] incumplieron los protocolos de seguridad (…) los elementos de convicción anteriormente mencionados, se pudo evidenciar, de forma preliminar, que [las víctimas] estaban seriamente comprometidos con la conducta punible atestada, pues su relato no guardaba relación con los demás medios de convicción obrantes y, por el contrario, la experticia practicada al vehículo de transporte de valores permitía evidenciar que este no fue violentado, sino que fue abierto por sus ocupantes. Además, la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva halló justificación de cara a la posible obstrucción de la justicia y a la gravedad de las conductas que se le atribuían a los procesados, pues se consideró que la modalidad del hecho punible implicaba un peligro para la seguridad (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2004, exp. 11001-03-27-000-2002-0111-01 (13622), C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 25000-23-26-000-2006-01722-01 (49898), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 68001-23-31-000-2010-00950-01 (48130), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 68001-23-31-000-2011-00903-01 (49206), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-00236-02 (54716), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la protección de la justicia, ver: Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998, C.P. Carlos Gaviria Díaz. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 297, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 303

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000743011100103