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Colombia Compra Eficiente
Concepto
Establecimiento de comercio: C-726 de 2026
C-726 de 2026
2026-06-23
¿Cuáles son los criterios normativos y los límites que el ordenamiento jurídico impone a las entidades estatales para la determinación de los requisitos habilitantes en los procesos de selección de contratistas?
Las entidades estatales deben fijar los requisitos habilitantes de manera adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y a su valor, de modo que permitan determinar la idoneidad o capacidad del proponente para cumplir el objeto contractual. Según el concepto, las condiciones que no resulten adecuadas para esa finalidad, o que sean desproporcionadas frente al contrato, son contrarias al deber de selección objetiva. El listado de requisitos habilitantes del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 tiene carácter enunciativo, pues la norma no contiene expresiones como únicamente o solo. Además, una lectura integral de la normativa permite identificar otras condiciones de habilitación, como la capacidad residual a la que se refiere el artículo 6, parágrafo 1, de la Ley 1150 de 2007. Los factores de escogencia y calificación de los pliegos deben tener en cuenta los criterios de la selección objetiva, pues la escogencia debe hacerse en el ofrecimiento más favorable a la entidad, sin consideraciones de afecto, interés o motivación subjetiva. En consecuencia, la entidad debe justificar la adecuación y la proporcionalidad de cada requisito habilitante que incorpore en el pliego.síntesis automática
También resuelve:
Establecimiento de comercio: definición, requisito habilitante
Colombia Compra Eficiente
Concepto
En especial, señala la Ley que los criterios habilitantes que determine la Entidad deberán ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.
C-433 de 2026
2026-05-04
¿Puede una Entidad Estatal exigir como requisito de participación que los proponentes cuenten con establecimiento de comercio en un lugar específico, aun cuando dicha exigencia no esté prevista expresamente en la Ley 80 de 1993 ni en la Ley 1150 de 2007, y determinar si dicha exigencia constituye un requisito habilitante y una condición de ejecución contractual?
Las condiciones habilitantes que fije la entidad deben ser adecuadas y proporcionales a la naturaleza del contrato y a su valor, pues aquellas que no sirvan para determinar la idoneidad o capacidad del proponente, o que resulten desproporcionadas, contrarían el deber de selección objetiva. La postura sostiene que el listado de requisitos habilitantes del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 es enunciativo, porque no contiene expresiones como únicamente o solo, y que existen otras condiciones de habilitación, como la capacidad residual del artículo 6, parágrafo 1. Frente al establecimiento de comercio, el concepto indica que, en principio, no se advierte la viabilidad de exigir un establecimiento o local propio como condición habilitante para ejecutar un contrato de suministro. La razón es que el establecimiento de comercio es el instrumento del empresario para realizar su actividad organizada y no necesariamente responde a la capacidad técnica que exige el contrato. No obstante, como la entidad tiene discrecionalidad para fijar los requisitos habilitantes, la exigencia debe analizarse a la luz de las condiciones técnicas específicas del contrato y verificarse si constituye un requisito estrictamente indispensable para garantizar su ejecución.síntesis automática
También resuelve:
Establecimiento de comercio: definición, requisito habilitante
Colombia Compra Eficiente
Concepto
El establecimiento de comercio no está relacionado con la capacidad jurídica del proponente, por lo que no resulta procedente su requerimiento como un requisito habilitante asociado a la capacidad jurídica.
C-006 de 2026
2026-02-18
¿Puede una Entidad Estatal exigir como requisito de participación que los proponentes cuenten con establecimiento de comercio en un lugar específico, aun cuando dicha exigencia no esté prevista expresamente en la Ley 80 de 1993 ni en la Ley 1150 de 2007, y determinar si dicha exigencia constituye un requisito habilitante o una condición de ejecución contractual?
La postura es que los requisitos habilitantes deben ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato y a su valor, y que las condiciones que no sirvan para determinar la idoneidad o capacidad del proponente, o que resulten desproporcionadas, son contrarias al deber de selección objetiva. El concepto sostiene que el listado de requisitos habilitantes del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 es enunciativo y no taxativo, porque no contiene expresiones como solo o únicamente, y que existen otras condiciones legales de las que derivan requisitos habilitantes, como la capacidad residual. Bajo esa lectura, la entidad puede definir requisitos adicionales en el pliego, siempre que cumplan el criterio de adecuación y proporcionalidad. La exigencia de un establecimiento de comercio en un lugar específico debe justificarse frente al objeto del contrato para determinar si opera como requisito habilitante. La consecuencia práctica es que la entidad debe justificar en los estudios previos por qué la exigencia es necesaria para la idoneidad del proponente, antes de incluirla en el pliego.síntesis automática
También resuelve:
Establecimiento de comercio: definición, requisito habilitante
Colombia Compra Eficiente
Concepto
El establecimiento de comercio no está relacionado con la capacidad jurídica del proponente, por lo que no resulta procedente su requerimiento como un requisito habilitante asociado a la capacidad jurídica.
C-1598 de 2025
2025-11-20
¿Puede requerirse como requisito habilitante contar con un establecimiento de comercio o “local” propio, para la ejecución de un contrato de suministro de bienes?
En principio, según el concepto, no se advierte la viabilidad de exigir como requisito habilitante un establecimiento de comercio o local propio para la ejecución de un contrato de suministro. Los requisitos habilitantes tienen carácter enunciativo, pues la Ley 1150 de 2007 no los presenta como taxativos, pero deben ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato y a su valor. Las condiciones que no resulten adecuadas para determinar la idoneidad o capacidad del proponente para cumplir el objeto, o que sean desproporcionadas frente a este, son contrarias al deber de selección objetiva. El establecimiento de comercio se entiende como el conjunto organizado de bienes materiales e inmateriales destinado a la producción o distribución de bienes y servicios. Aunque la entidad tiene discrecionalidad para fijar los requisitos habilitantes, debe analizar la exigencia a la luz de las condiciones técnicas específicas del contrato y verificar si es estrictamente indispensable para garantizar su ejecución. En la práctica, quien pretenda exigir un local propio debe justificar esa necesidad técnica en los estudios del proceso, pues de lo contrario la condición podría resultar desproporcionada.síntesis automática
También resuelve:
Selección objetiva: noción y factores de escogencia
Requisitos habilitantes de la ley 1150 de 2007: carácter enunciativo
Establecimiento de comercio: definición, requisito habilitante
Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará parcialmente la decisión apelada
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 05001233300020230011601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El no pago de los gastos del arbitramento internacional, habilita a las partes a sustraerse válidamente del pacto arbitral y acudir a la jurisdicción contencioso administrativa? No
De conformidad con las reglas que rigen el arbitraje internacional materia de controversia, el no pago de los gastos del tribunal no derivó en la extinción del pacto arbitral sino en el desistimiento de las pretensiones de la demanda de reconvención, toda vez que las partes definieron que sus conflictos serían definidos por la justicia arbitral internacional, acuerdo al cual no pueden ahora sustraerse válidamente para desconocer los efectos de las órdenes procesales números 35 y 38, según las cuales se tuvieron por desistidas las pretensiones de la demanda de reconvención.
También resuelve:
¿Para que las partes puedan someter sus controversias contractuales al arbitraje internacional, sus domicilios deben estar en Estados diferentes o que el contrato sea ejecutado fuera del domicilio de…
¿La competencia para dirimir las controversias contractuales entre las partes recae sobre el centro de arbitraje internacional, toda vez que el domicilio de una de ellas está en Barcelona…
¿La controversia contractual entre las sociedades convocante y convocada, tiene la virtualidad de afectar los intereses del comercio internacional al tratarse de un contrato cuyos recursos se…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La legitimación que ostentan las partes para formular o contradecir las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria.
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233300020130003401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…
¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?
¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
SIN DECISION
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Requisitos habilitantes: el establecimiento de comercio no puede ser parte ni de una relación contractual
C-483 de 2024
2024-09-27
¿Puede un establecimiento de comercio creado por una persona natural suscribir contratos estatales?
El establecimiento de comercio creado por una persona natural no puede suscribir contratos estatales, porque conforme al artículo 515 del Código de Comercio es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa, una universalidad de hecho cuya titularidad radica en personas naturales o jurídicas, y no una persona. Al no ser sujeto de derechos y obligaciones, carece de capacidad contractual y procesal y no puede ser parte de una relación contractual con entidades estatales ni objeto de obligaciones contractuales. El concepto enmarca esta conclusión en la capacidad jurídica como requisito habilitante: según el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los procesos de selección se verifican, entre otros, la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad de organización, y la entidad estatal es autónoma para exigir la capacidad necesaria según el objeto contractual. De acuerdo con el artículo 1503 del Código Civil, toda persona es legalmente capaz salvo las que la ley declara incapaces, de modo que puede contratar con una entidad estatal la persona natural o jurídica debidamente facultada y no incursa en inhabilidades o incompatibilidades.síntesis automática
También resuelve:
Requisitos habilitantes: noción– autonomía
Capacidad jurídica: proponentes
Establecimiento de comercio: personas naturales, capacidad
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Canon de arrendamiento
2016_11001-03-26-000-2014-00170-00_52714_52714
2016-07-21
Sección Tercera
Definición,Régimen jurídico,Recurso extraordinario de anulación,Normativa,Naturaleza,Causal novena,Alcance,Artículo 163,Decreto 1818 de 1998,Cuestiones sujetas al arbitramento,Fallo citra petita,Causal tercera,Constitución d – Mes: julio – Año: 2016…
También resuelve:
Establecimiento de comercio: definición
Canon de arrendamiento: régimen jurídico
Laudo arbitral: recurso extraordinario de anulación, normativa, naturaleza, causal novena
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Capacidad procesal
2016_25000-23-26-000-1999-02383-01_34712_34712
2016-01-27
Sección Tercera
Incumplimiento contractual,Ley 446 de 1998,Vigencia,Noción,Definición,Carece de personería jurídica,Fallo inhibitorio – Mes: enero – Año: 2016…
También resuelve:
Controversias contractuales: incumplimiento contractual
Consejo de estado: Ley 446 de 1998, vigencia
Capacidad procesal: noción
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Establecimiento de comercio: 66001 23 31 000 2000 00294 01_28078
66001-23-31-000-2000-00294-01_28078
2014-07-09
Sección Tercera
Enajenación,Contrato de arrendamiento,Fundamento normativo – Mes: julio – Año: 2014…
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Establecimiento de comercio: 27001 23 31 000 1995 02367 01
27001-23-31-000-1995-02367-01
2011-07-25
Sección Tercera
REQUISITOS PROCESALES,ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO –…
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-10-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 18001233300020190014701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera la entidad contratante los principios que rigen la contratación estatal al elaborar un análisis de mercado con base únicamente en datos extraídos del RUES y el SECOP, sin realizar una indagación exhaustiva sobre la experiencia de los oferentes? No
El contratista no vulnera los principios de la contratación estatal al basar el análisis de mercado en datos del RUES y SECOP sin indagar exhaustivamente sobre la experiencia de los oferentes, ya que el estudio de mercado no implica una evaluación de experiencia, y la entidad no está obligada a verificar la información reportada en estos sistemas. Además, la inclusión de indicadores económicos de entidades sin ánimo de lucro en el RUES no invalida el análisis del mercado, conforme al artículo 166 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista considera que la información en el RUES es inexacta, debe solicitar su modificación ante la Cámara de Comercio, según los artículos 14 a 17 de la Ley 1437 de 2011. La enajenación a título gratuito de un establecimiento de comercio después de la presentación de la propuesta no constituye causal de incumplimiento de requisitos habilitantes, siempre y cuando el establecimiento exista antes del proceso de contratación. Asimismo, una propuesta puede ser rechazada si no cumple con los indicadores financieros mínimos exigidos en el pliego de condiciones, según el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe el interesado acudir previamente a la Cámara de Comercio para solicitar la modificación del RUES cuando considere que la información allí contenida no refleja la realidad?
¿Constituye causal de incumplimiento de los requisitos habilitantes la enajenación a título gratuito de un establecimiento de comercio con posterioridad a la presentación de la propuesta en un…
¿Puede ser rechazada una propuesta en un proceso de selección si no cumple con los indicadores financieros mínimos exigidos en el pliego de condiciones?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23
Sentencia — Sentencia
2026-02-05
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 85001233300020240010501
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía
Sentencia — Sentencia
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
MARÍA ADRIANA MARÍN
Rad. 13001233100020030030101
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación en segunda instancia en casos de controversias contractuales por su cuantía, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, y también por la naturaleza de la controversia que involucra a entidades públicas, según el artículo 82 del mismo código. Además, una sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal a través de su sucursal en Colombia, aunque esta carezca de personería jurídica, tiene legitimación en la causa por activa, siempre y cuando se acredite la representación legal de la matriz, como lo establece el artículo 87 del CCA y el artículo 471 del Código de Comercio. En cuanto al cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, este debe iniciarse el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado, tal como lo dispone el artículo 136 del CCA y la Ley 446 de 1998, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro del plazo de dos años desde esa fecha.síntesis automática
También resuelve:
¿Tiene legitimación en la causa por activa la sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal mediante su sucursal en Colombia, siendo esta última carente de personería jurídica?
¿Debe contarse el término de caducidad de la acción de controversias contractuales desde el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado?
¿El Departamento de Bolívar vulneró el debido proceso del contratista en el procedimiento que derivó en la sanción impuesta?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No se configuró caducidad del medio de control de repetición
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100020100110301
ACCION DE REPETICION
¿Se configuró caducidad del medio de control de repetición, en cuanto la demandante presentó de forma extemporánea la demanda? No
El término de caducidad del medio de control de repetición se cuenta desde el pago efectuado por la entidad dentro del plazo máximo legal para cumplir la condena, de modo que el último pago realizado dentro de ese plazo determina la oportunidad para demandar. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable es la vigente cuando empezó a correr el término, y en el caso ese término inició bajo la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. Segunda, la ley prevé un término de dos años contados desde que el organismo pagó la condena, y el plazo máximo para el pago total comenzó a correr desde la ejecutoria de la providencia que liquidó los perjuicios. Tercera, el pago se efectuó en dos momentos y el último ocurrió dentro del término legal, por lo que la demanda no está caducada. La providencia revoca la decisión que había declarado la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando la condena se paga en varias fechas, la caducidad se mide desde el último pago efectuado dentro del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe aplicarse la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad?
¿La parte demandante acreditó el pago efectivo de la condena que se le impuso, en cuanto las pruebas allegadas al proceso son documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la…
¿Se configuró la culpa grave del demandado durante los hechos en los que resultó lesionada una mujer al dispararse de forma accidental el fusil que portaba como dotación oficial, esto…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2022-05-20
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020070017701
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales en las que hacen parte entidades estatales? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando el contrato fue celebrado por una entidad pública y la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. La caducidad de la acción se contará a partir de la terminación del contrato cuando este no sea susceptible de liquidación, tal como dispone el literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, lo que es aplicable a contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones que se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación. En el caso en cuestión, la terminación del contrato por vencimiento de plazo y la presentación de la demanda dentro del término de dos años permiten concluir que la acción fue oportuna, revocando así la sentencia de primera instancia y permitiendo el estudio de las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿La caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en que el contrato no requiere liquidación, debe contarse a partir de la terminación del msimo?
¿La demanda se presentó oportunamente?
¿La Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones está legitimada en la causa por pasiva al operar la cesión de contratos una vez fue liquidada Telecom?
Consejo de Estado
Providencia
Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia.
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300020160021301
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta de un contrato estatal o de un acto administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 140 del CPACA delimita este medio de control frente a los demás, de modo que cuando el daño es imputable a la administración de justicia y no se origina en un contrato ni en un acto administrativo, la reparación directa es la vía procedente. Segundo, la responsabilidad patrimonial del Estado que se reclama tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia modifica la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la reparación directa; en la práctica, el demandante que reclame daños causados por la administración de justicia debe acudir a la reparación directa dentro del término de caducidad correspondiente.síntesis automática
También resuelve:
¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación injusta?
¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto la persona que alega es la compañera permanente de la víctima de privación injusta de la libertad, por lo cual…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 05001233300020230011601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La calificación de si el trámite arbitral es nacional o internacional es de competencia de los árbitros y no del juez estatal? Sí
Considero que la decisión se debió fundamentar exclusivamente en que, por continuar vigente el referido pacto, la calificación de si el trámite arbitral es nacional o internacional es de competencia de los árbitros y no del juez estatal. Respecto de los motivos para calificar el trámite como internacional, la decisión no es precisa en los conceptos por las siguientes razones: El carácter internacional del arbitraje se establece por la verificación objetiva de alguno de los criterios previstos en el artículo 62 de la Ley 1563 de 2012… . En mi concepto, las sucursales colombianas de sociedades extranjeras generan domicilio en Colombia, pues de acuerdo con el artículo 471 del Código de Comercio, cuando una sociedad extranjera pretende emprender negocios permanentes en Colombia debe constituir una sucursal con domicilio en territorio nacional.
También resuelve:
¿El contrato objeto de la controversia afectó los intereses del comercio internacional?