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Consejo de Estado
Providencia
La liquidación de costas realizada se encuentra ajustada a la sentencia
Auto interlocutorio — Auto que aprueba liquidación de costas
2025-11-25
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 11001032600020230011900
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La liquidación de costas realizada se encuentra ajustada a la sentencia de la que se origina? Sí
El contratista debe ajustar la liquidación de costas a lo ordenado en la sentencia original, conforme al artículo 366 numeral 1 del Código General del Proceso, que establece que la liquidación debe ser conforme a las agencias en derecho fijadas y a la realidad procesal. En este caso, la liquidación de costas realizada por la Secretaría de la Sección Tercera fue aprobada por su conformidad con la sentencia de 18 de junio de 2025, pero se corrigió el monto a pagar, que es de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($14.235.000), equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de la sentencia, en lugar de ($14.230.000) como se consignó inicialmente. Esta decisión reitera la importancia de una correcta liquidación de costas que refleje exactamente lo dispuesto en la sentencia y la realidad del proceso, evitando errores en el monto final.síntesis automática
APRUEBA
Consejo de Estado
Providencia
El presente proceso tiene vocación de doble instancia
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación
2024-03-15
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 52001233300020170051502
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se admite el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante? Sí
El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se admite cuando el proceso tiene vocación de doble instancia, lo que ocurre cuando la pretensión mayor supera quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de presentarse la demanda. La regla se apoya en tres razones. Primera, la cuantía se determina por la pretensión mayor, valorada con el salario mínimo del año en que se presentó la demanda, conforme a los artículos 150, 152 numeral 5 y 157 del CPACA. Segunda, el recurso fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, por lo que la impugnación es procedente y se admite. Tercera, al admitirse la apelación se deben poner en conocimiento de las partes los términos para pronunciarse sobre las apelaciones de los demás intervinientes y, si es necesario decretar pruebas en segunda instancia, la presentación de alegatos por escrito por diez días tras su práctica. La providencia aplica los criterios de doble instancia del CPACA sin modificarlos, y su consecuencia práctica es que el proceso continúa con el trámite de la segunda instancia en el Consejo de Estado.síntesis automática
ADMITE
Consejo de Estado
Providencia
El recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, por lo cual no es admisible que con su interposición se intente continuar, reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso.
Sentencia — Sentencia
2025-06-03
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 11001032600020240016000
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación contra los laudos arbitrales puede ser utilizado como una instancia adicional para reabrir el debate sobre el fondo del proceso? No
El juez define el control ejercido mediante el recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales precisando que este no constituye una instancia adicional para reabrir el debate sobre el fondo del proceso. En este asunto, la Sala determinó que la posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales adoptadas por particulares en ejercicio de la administración de justicia conforme al artículo 116 superior no habilita al juez contencioso administrativo como superior de los árbitros, sino para efectuar un control fundado en el acatamiento de causales precisas, declarando infundado el recurso y condenando en costas y agencias en derecho equivalentes a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral por la causal de caducidad si no se interpuso recurso de reposición contra el auto que avoca la competencia?
¿En contratos que requieren liquidación, el término de caducidad para demandar se cuenta desde la liquidación o el vencimiento del término para hacerla?
¿Procede la anulación del laudo por falta de competencia cuando la controversia es de naturaleza contable o financiera?
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
No procede invocar la causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, cuando la parte recurrente no interpuso recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia para alegar la falta de competencia del tribunal arbitral.
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020250006900
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede invocar la causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, cuando la parte recurrente no interpuso recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia para alegar la falta de competencia del tribunal arbitral? No
El contratista no puede invocar la causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, cuando no interpuso recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia para alegar la falta de competencia del tribunal arbitral, a menos que demuestre que no estaba en condiciones de agotar ese requisito. El tribunal arbitral tiene competencia para valorar pruebas que incluyen negocios jurídicos y documentos producidos entre una de las partes del contrato de concesión y un tercero, siempre y cuando dicha valoración no se refiera a derechos y obligaciones entre las partes del contrato original, sino a la determinación de perjuicios causados. Además, la discrepancia frente a la interpretación jurídica o valoración probatoria del tribunal no habilita la anulación del laudo si este expone los fundamentos que sustentan la decisión y realiza un análisis probatorio adecuado. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, estableciendo criterios claros para la procedibilidad de recursos de anulación y la competencia del tribunal arbitral en la valoración de pruebas.síntesis automática
También resuelve:
¿Desconoció el Tribunal Arbitral su ámbito competencial al valorar un contrato celebrado entre una de las partes del contrato de concesión y un tercero…
¿La discrepancia frente a la interpretación jurídica o valoración probatoria del Tribunal habilita la anulación del laudo referida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012?
¿Se configura la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 cuando el Tribunal se pronuncia sobre supuestas relaciones contractuales o efectos económicos derivados de contratos con terceros…
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio
Sentencia — Sentencia
2024-05-20
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 76001233300020140116001
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo?
¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad?
¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación
Sentencia — Sentencia
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 05001233300020180148501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación, sin que estos hayan sido objeto de debate en la demanda o la contestación? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación si estos no han sido objeto de debate en la demanda o la contestación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que exigen que el fallo se ajuste a los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación, evitando sorprender a las partes con decisiones sobre aspectos no debatidos. El contrato de prestación de servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa no está sometido al régimen de contratación pública, sino a las normas del Código Civil y del Comercio, y a disposiciones especiales en materia de prestación del servicio educativo, conforme a la Ley 1294 de 2009 y su reglamentación. En contratos estatales regidos por normas de derecho privado, los actos contractuales emitidos por la entidad pública no se consideran ejercicios de potestades administrativas, manteniendo la igualdad entre contratantes, aunque pueden convenir una etapa de liquidación del contrato para definir reajustes, revisiones o reconocimientos, siempre dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.síntesis automática
También resuelve:
¿Está sometido al régimen de contratación pública un contrato de prestación del servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa?
¿Pueden considerarse actos administrativos las manifestaciones contractuales realizadas por una entidad pública en contratos estatales regidos por normas de derecho privado?
¿Constituyen actos administrativos las resoluciones expedidas por una entidad pública para liquidar unilateralmente un contrato estatal regido por normas de derecho privado?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2024-05-22
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 27001233300020190006501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales? Sí
Cuando el daño que se reclama en una demanda de controversias contractuales tiene origen en actos administrativos expedidos por el agente liquidador de una entidad en liquidación que rechazaron una reclamación, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones: los actos del agente liquidador que deciden sobre acreencias son actos administrativos que exteriorizan la voluntad de la administración de manera particular y concreta; esos actos gozan de presunción de legalidad, que debe desvirtuarse a través del medio de control correspondiente; y el daño reclamado proviene de la decisión que rechazó la reclamación y no del incumplimiento del contrato. En el caso, la demanda no cuestionó esos actos, por lo que se configuró la ineptitud de la demanda y se confirmó la decisión que la declaró. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación contra el rechazo de una acreencia en un proceso liquidatorio debe demandarse mediante nulidad y restablecimiento dentro de su término.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de controversias que giran en torno a la actividad de una entidad pública?
¿Cuando lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto que se considera ilegal…
¿Procede la valoración de los documentos aportados en copia simple que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No son admisibles como medio probatorio dentro del proceso judicial las grabaciones de voz obtenidas o realizadas sin autorización
Sentencia — Sentencia
2026-06-01
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000233600020190038102
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Son admisibles como medio probatorio dentro del proceso judicial las grabaciones de voz obtenidas o realizadas sin autorización de los funcionarios públicos que intervinieron en ellas, cuando fueron captadas por fuera de una audiencia administrativa formalmente convocada? No
El contratista no puede presentar como medio probatorio grabaciones de voz obtenidas sin autorización de los funcionarios públicos, incluso cuando estas fueron captadas por fuera de una audiencia administrativa formalmente convocada, ya que tales grabaciones violan el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución y son nulas de pleno derecho según el artículo 29, lo que implica su exclusión del debate probatorio. Esta regla reitera la protección del derecho a la intimidad y establece que la grabación no autorizada no puede ser admitida en el proceso judicial, independientemente del contexto en que se realice, lo que garantiza la confidencialidad de las conversaciones privadas entre funcionarios públicos.síntesis automática
También resuelve:
¿Tiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, ante el incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir el contrato estatal, una naturaleza sancionatoria e indemnizatoria?
¿La efectividad de la garantía de seriedad de la oferta exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo y resulta aplicable para ello el procedimiento previsto en el artículo 86 de la…
¿Vulneró la entidad demandada el derecho al debido proceso del demandante al adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio sin su comparecencia, sin designarle defensor de oficio…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante?
Sentencia — Sentencia
2022-11-18
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000232600020090003701
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…
¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…
¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Indicó que en las actas de las visitas realizadas por la Secretaría no se dejó constancia acerca de esa situación
Sentencia — Sentencia
2024-05-22
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020160246901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Fundación incumplió las obligaciones del convenio de asociación, en los términos alegados por la entidad pública demandante? No
Cuando una entidad pública demanda el incumplimiento de un convenio de asociación, la carga de demostrar el incumplimiento recae en ella, y no basta con requerimientos que no precisan los bienes, servicios y circunstancias de modo, tiempo y lugar del aporte que la entidad alega incumplido. La regla se sostiene en tres razones: la carga de la prueba corresponde a quien alega el incumplimiento, conforme al principio de autorresponsabilidad probatoria; los oficios de requerimiento del supervisor no identifican el objeto del aporte pactado, de modo que no pueden servir de sustento del incumplimiento; y el convenio asigna a la entidad sin ánimo de lucro un aporte de bienes y servicios cuyo contenido debía precisarse en el convenio para ser exigible. En el caso, no hubo prueba del incumplimiento de las obligaciones de aporte, de seguridad social ni de pago de salarios, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el supervisor debe precisar en sus requerimientos los bienes y servicios concretos que la entidad asociada debe acreditar.síntesis automática
También resuelve:
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al convenio de asociación que fue suscrito por una…
¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento del contrato?
¿Cualquier entidad estatal puede celebrar el convenio de asociación con personas jurídicas particulares, con observancia de los principios de la función administrativa?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido?
Sentencia — Sentencia
2025-08-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000232600020110042702
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido? Sí
El incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial configura la ineptitud de la demanda y conduce al rechazo de plano de la misma. La regla se apoya en los artículos 35 y 36 de la Ley 640 de 2001, vigentes al presentarse la demanda, que exigen ese agotamiento como condición previa para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, y en que su extensión a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, introducida por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, mantiene el mismo efecto. Por ello, la conciliación adelantada solo por la víctima directa no satisface el requisito para los demás demandantes, aun cuando actúen como litisconsortes facultativos. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la conciliación adelantada por uno de los demandantes no aprovecha a los demás, y la excepción de ineptitud sustantiva debe prosperar respecto de ellos.síntesis automática
También resuelve:
¿Transmilenio S.A. tiene legitimación en la causa por pasiva frente a las demandas de reparación directa originadas por accidentes de tránsito de buses concesionados del Sistema Integrado de…
¿Resulta procedente valorar las pruebas trasladadas del proceso penal cuando, pese a la oposición inicial de una de las demandadas…
¿Configuró un daño antijurídico las secuelas físicas y funcionales sufridas por la víctima, aun cuando no existe certeza sobre el carácter permanente de su limitación?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia.
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300020160021301
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta de un contrato estatal o de un acto administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 140 del CPACA delimita este medio de control frente a los demás, de modo que cuando el daño es imputable a la administración de justicia y no se origina en un contrato ni en un acto administrativo, la reparación directa es la vía procedente. Segundo, la responsabilidad patrimonial del Estado que se reclama tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia modifica la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la reparación directa; en la práctica, el demandante que reclame daños causados por la administración de justicia debe acudir a la reparación directa dentro del término de caducidad correspondiente.síntesis automática
También resuelve:
¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación injusta?
¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto la persona que alega es la compañera permanente de la víctima de privación injusta de la libertad, por lo cual…
MODIFICA