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INVESTIGACIÓN PENAL

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Consejo de Estado Providencia

Debe el juez en auto de mejor proveer solicitar información a la JEP para determinar si la concesión del beneficio de renuncia

Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer 2025-07-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233300020160016101 LEY 1437 REPETICION
¿Debe el juez en auto de mejor proveer solicitar información a la JEP para determinar si la concesión del beneficio de renuncia a la persecución penal impide fallar de fondo una acción de repetición? Sí
El juez en auto de mejor proveer debe solicitar información a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para determinar si la concesión del beneficio de renuncia a la persecución penal impide fallar de fondo una acción de repetición, en virtud del artículo 213 de la Ley 1437 de 2011. Esta diligencia es necesaria para establecer si los demandados se han sometido a la JEP y conocer el estado procesal de su trámite, así como si se les ha concedido o negado el beneficio de renuncia a la persecución penal, lo que podría afectar la competencia del juez para resolver el caso. La Sala reitera la importancia de recabar estos datos para esclarecer la situación jurídica de los demandados y garantizar el debido proceso.síntesis automática
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

Debe determinarse si los demandados han sido aceptados formalmente como comparecientes en la JEP para evaluar la procedencia

Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 05001233300020130110201 LEY 1437 REPETICION
¿Debe determinarse si los demandados han sido aceptados formalmente como comparecientes en la JEP para evaluar la procedencia de la repetición? Sí
El contratista debe determinar si los demandados han sido aceptados formalmente como comparecientes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evaluar la procedencia del medio de control de repetición, en virtud de que la falta de esta información impide establecer si la JEP ha declarado su competencia prevalente y si los demandados han sido objeto de amnistía o han renunciado a la persecución penal, lo que afectaría la procedencia del medio de control de repetición. La Sala establece que es necesario allegar al proceso certificaciones de la JEP y pruebas que acrediten estas circunstancias para determinar la competencia y los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, lo que implica que los abogados deben solicitar y presentar estos documentos para avanzar en el proceso.síntesis automática
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090044701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve: ¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama? ¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática? ¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2025-08-15 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210032501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la fecha de presentación de la solicitud de pruebas en segunda instancia, había fenecido el término para pedirlas? Sí
El contratista no puede solicitar pruebas en segunda instancia una vez vencido el término legal, que según el artículo 212 del CPACA, corre hasta la ejecutoria del auto que admite el recurso, lo que en este caso ocurrió del 5 al 7 de febrero de 2025, antes de la fecha de la solicitud probatoria. Aunque el solicitante argumenta que la prueba se refiere a un hecho sobreviniente, la preclusión establece que las actuaciones deben efectuarse en el tiempo dispuesto, evitando transgresiones al derecho de contradicción y defensa. Además, el documento que pretende acreditar el archivo de la investigación penal no es un elemento de juicio determinante para desvirtuar el fundamento de la terminación unilateral del contrato, ya que la cláusula en cuestión solo requiere el indicio del delito, no su comisión efectiva. Por último, el auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es susceptible de ser controvertido mediante recurso de súplica, directamente o como subsidiario de la reposición, según lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 246 del CPACA.síntesis automática
También resuelve: ¿El documento que se pretende hacer valer no es un elemento de juicio determinante, ya que solo acredita el archivo de la investigación penal? ¿El auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es susceptible de ser controvertido mediante recurso de súplica?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

La indebida representación se examina según las circunstancias concurrentes al momento de formular la demanda.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2025-03-18 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 11001032600020210010400 LEY 1437 REPETICION
¿El silencio de la demandante respecto del escrito contentivo de las excepciones tiene incidencia alguna de cara a la excepción de indebida representación de la parte actora, por carencia absoluta de poder? No
El demandante en el proceso judicial debe cumplir los parámetros exigidos para la presentación de la demanda y el respectivo mandato judicial desde su formulación inicial. El despacho advierte que la excepción de indebida representación alegada solo tiene repercusiones respecto de circunstancias ocurridas al formular la demanda, de modo que el silencio de la demandante respecto de las excepciones no tiene incidencia alguna de cara a la excepción de indebida representación por carencia absoluta de poder, careciendo el cargo de vocación de prosperidad conforme a las normas procesales aplicables.síntesis automática
También resuelve: ¿Es aplicable contra entidades públicas la consecuencia adversa para la parte accionada en caso de que no se conteste la demanda, consistente en tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión? ¿El poder otorgado y allegado por la entidad demandante configura algún vicio procesal previsto en el numeral 4 del artículo 133 del CGP? ¿Es un requisito de procedibilidad que se allegue el acta expedida por el comité de conciliación de la demandante para iniciar la acción de repetición?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

Se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y la sentencia recurrida será confirmada.

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 54001233100020100032701 ACCION DE REPETICION
¿El soldado profesional, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, desplegó una conducta gravemente culposa? No
El ente actor no logra demostrar la culpa grave del soldado profesional al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote a la víctima, ya que las pruebas practicadas no evidencian un actuar grosero, negligente o temerario del demandado. La Sala confirma que el uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro, siempre que los miembros de la fuerza pública se identifiquen y adviertan la intención de usarlas con tiempo suficiente, haciendo un uso moderado y proporcional a la amenaza. Además, la Sala establece que el ente actor incumple la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor público, lo que implica que no puede aplicarse la presunción de dolo prevista en la Ley 678 de 2001. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la necesidad de especificar claramente la presunción legal en la que se basa la atribución de responsabilidad al servidor público.síntesis automática
También resuelve: ¿El uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro? ¿La víctima salió corriendo de la vivienda y el soldado le dio la voz de alto, tras lo cual, al ver que el sujeto seguía corriendo, le disparó? ¿El ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor público?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público.

Sentencia — Sentencia 2023-07-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 50001233100020120009201 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos? ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario… ¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó que la conducta que se le endilga al agente estatal fue gravemente culposa

Sentencia — Sentencia 2023-02-17 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 70001233300020120013502 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó que la conducta que se le endilga al agente estatal fue gravemente culposa? No
Cuando la entidad no precisa en la demanda la conducta del agente ni los motivos por los que sería gravemente culposa, y las pruebas no generan certeza de un comportamiento contrario a la Constitución y a la ley, la culpa grave no se configura y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, la imputación de la entidad fue escueta y no ofreció una motivación clara que sustentara la calificación de culpa grave. Segunda, las decisiones disciplinarias y penales, aunque no constituyen prueba de lo que allí se expresa, muestran el apego a la legalidad del comportamiento del agente, lo que contradice la imputación. Tercera, la falla del servicio de seguridad declarada en la condena no equivale por sí sola a la culpa grave del agente. Además, la providencia matiza que la repetición también sirve para garantizar la verdad de los hechos en casos de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso, la decisión de primera instancia se revoca y se niegan las pretensiones. El documento no indica si cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Al caso concreto le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001? ¿Las pruebas trasladadas cumplen los requisitos para ser valoradas en el proceso contencioso administrativo? ¿Con la acreditación de la culpa grave en la conducta del agente del Estado, se configura la responsabilidad patrimonial de éste?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados?

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 05001233100020090045701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable? ¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo? ¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020080071201 ACCION DE REPETICION
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? No
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los aspectos sustanciales de la acción de repetición cuando la condena que la origina y los hechos son anteriores a su vigencia, y que el pago de la condena puede acreditarse por cualquier medio legalmente válido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, la ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogación, sin perjuicio de excepciones; los hechos anteriores siguen la normativa previa. Segunda, las decisiones que sustentaron la condena se dictaron en 1994 y 1995, es decir, antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Tercera, el ordenamiento civil no establece una tarifa legal para acreditar el pago, por lo que los documentos aportados, como comprobantes de egreso y certificados de disponibilidad, pueden acreditar el pago de la condena. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha de los hechos y de la condena determina la ley sustancial de la repetición, y la prueba del pago se aprecia por las reglas de la sana crítica.síntesis automática
También resuelve: ¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el… ¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por… ¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020170095501 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda? Sí
El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas… ¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es… ¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020140144601 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve: ¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria? ¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS? ¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 20001233900320140032501 LEY 1437 REPETICION
¿Debe aplicarse el CPACA —con remisión al CGP— para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014 y la Ley 678 de 2001 para resolver la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007, incluidas sus presunciones de dolo o culpa grave? Sí
El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el Código General del Proceso (CGP) para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014, mientras que la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007 se rige por la Ley 678 de 2001, incluyendo sus presunciones de dolo o culpa grave. La Sala modifica la interpretación anterior, estableciendo que el CPACA es aplicable a los procedimientos iniciados después de su entrada en vigencia, mientras que la Ley 678 de 2001 regula los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición para hechos ocurridos en su vigencia. Esta regla implica que los procesos de repetición deben seguir rigurosamente la normativa vigente al momento de los hechos y la presentación de la demanda, afectando la aplicación de la ley y el procedimiento a seguir en casos similares.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe considerarse competente al Consejo de Estado para conocer en segunda instancia este medio de contro de repetición, atendiendo los factores de competencia por materia (repetición)… ¿Debe considerarse procedente la acción de repetición como medio de control para declarar la responsabilidad patrimonial del agente cuyo dolo o culpa grave originó la condena o conciliación contra la… ¿Debe considerarse presentada en tiempo la acción de repetición interpuesta el 13 de junio de 2014, al haberse radicado dentro de los dos años siguientes al pago efectuado el 13 de junio de 2012…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 18001233100020080008301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión? ¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas? ¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública.

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020090103001 ACCION CONTRACTUAL
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe? ¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación? ¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 85001233300020180012502 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control, lo cual garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad en las situaciones controvertidas, al tiempo que protege el interés general y racionaliza el uso del aparato judicial. La caducidad es una limitación irrenunciable y de orden público que el juez debe declarar de oficio si el plazo legal ha vencido, lo que implica la pérdida del derecho de acción. Sin embargo, la entidad estatal no puede alegar caducidad si el afectado no conoce del hecho dañoso, como en el caso de una desaparición forzada, y la demanda se presenta mientras la víctima sigue desaparecida y sin pronunciamiento de la justicia penal. Esta regla reitera la importancia de la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos, matizando la aplicación de la caducidad en casos excepcionales donde el conocimiento del hecho dañoso es imposible.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configuró la caducidad del medio de control, en atención a la desaparición de la víctima y la fecha de presentación de la conciliación extrajudicial y de la demanda? ¿La declaración de responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política? ¿La desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales y convencionales?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El medio de control de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios originados en hechos, omisiones u operaciones administrativas estatales distintas a contratos o actos.

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300920150042901 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿El medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo? Sí
El proponente acude a la jurisdicción contencioso administrativa formulando pretensiones indemnizatorias por daños derivados de actuaciones imputables a la administración de justicia. El juez de la causa analiza la idoneidad del medio de control elegido a la luz del ordenamiento procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la pretensión de reparación directa constituye el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el perjuicio invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo. Verificada la oportunidad en la presentación de la demanda y acreditados los presupuestos procesales, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Asimismo, al advertir que la parte vencedora no desplegó actuación alguna en segunda instancia, se abstiene de imponer condena por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción? ¿El medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad se interpuso dentro del término establecido en la ley? ¿Las partes que integran la litis se encuentran legitimadas en la causa?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300120120072501 ACCION DE REPETICION
¿Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 142, 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo confirma que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer estos recursos, ya que el medio de control de repetición es una acción patrimonial que busca reembolsar al Estado por daños causados por actos dolosos o gravemente culposos de servidores públicos. La caducidad del medio de control de repetición se rige por el régimen jurídico vigente al inicio del proceso, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que el cómputo del plazo para el pago de la condena se ajusta a las disposiciones del Decreto 01 de 1984. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y establece las reglas sobre caducidad aplicables, lo que garantiza la seguridad jurídica en la interposición de recursos de apelación en procesos de control de repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente interponer el medio de control de repetición contra un servidor público o particular que, actuando con dolo o culpa grave… ¿Son aplicables al presente asunto las disposiciones procesales sobre caducidad previstas en el Código Contencioso Administrativo… ¿Es procedente la acción de repetición cuando se presenta la demanda dentro del plazo de los dos años contados a partir del pago realizado por la administración?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia.

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 50001233100020110036101 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine? ¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
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Consejo de Estado Providencia

Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia.

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020160021301 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta de un contrato estatal o de un acto administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 140 del CPACA delimita este medio de control frente a los demás, de modo que cuando el daño es imputable a la administración de justicia y no se origina en un contrato ni en un acto administrativo, la reparación directa es la vía procedente. Segundo, la responsabilidad patrimonial del Estado que se reclama tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia modifica la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la reparación directa; en la práctica, el demandante que reclame daños causados por la administración de justicia debe acudir a la reparación directa dentro del término de caducidad correspondiente.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación injusta? ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto la persona que alega es la compañera permanente de la víctima de privación injusta de la libertad, por lo cual…
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