Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-12-09
Radicado
20001233900320140032501
Número interno
59629
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
HUMBERTO PAEZ CONTRERAS, EDWIN ALBERTO CARRILLO SANCHEZ, LUIS JESUS CONTRERAS, ROMEL JESUS FANDIÑO SOTO, JAIME JAIMES RAMIREZ, JAIRO LEON CALDERON, ULISES BADILLO DIAZ, JOSE MANUEL SANABRIA ARGUELLO, GEOVANNY PAJOY POBRE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001

Lo que dijo la Sala

La demanda se presentó el 13 de junio de 2014, por ello, el régimen procesal aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.… En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 24 de agosto de 2007, fecha en que [los señores] murieron.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el Código General del Proceso (CGP) para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014, mientras que la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007 se rige por la Ley 678 de 2001, incluyendo sus presunciones de dolo o culpa grave. La Sala modifica la interpretación anterior, estableciendo que el CPACA es aplicable a los procedimientos iniciados después de su entrada en vigencia, mientras que la Ley 678 de 2001 regula los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición para hechos ocurridos en su vigencia. Esta regla implica que los procesos de repetición deben seguir rigurosamente la normativa vigente al momento de los hechos y la presentación de la demanda, afectando la aplicación de la ley y el procedimiento a seguir en casos similares.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe aplicarse el CPACA —con remisión al CGP— para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014 y la Ley 678 de 2001 para resolver la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007, incluidas sus presunciones de dolo o culpa grave?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 306 y 308
  • Ley 1564 de 2012
  • Ley 57 de 1887, art. 66

También resuelve

  • ¿Debe considerarse competente al Consejo de Estado para conocer en segunda instancia este medio de contro de repetición, atendiendo los factores de competencia por materia (repetición)…
  • ¿Debe considerarse procedente la acción de repetición como medio de control para declarar la responsabilidad patrimonial del agente cuyo dolo o culpa grave originó la condena o conciliación contra la…
  • ¿Debe considerarse presentada en tiempo la acción de repetición interpuesta el 13 de junio de 2014, al haberse radicado dentro de los dos años siguientes al pago efectuado el 13 de junio de 2012…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RÉGIMEN PROCESAL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEY 678 DE 2001 AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO DOLO CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA CÓDIGO CIVIL APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA FUNCIONAL COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA COMPETENCIA SUBJETIVA ACCIÓN DE REPETICIÓN ENTIDAD PÚBLICA COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN AGENTE CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CONDUCTA DEL AGENTE PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DESVINCULACIÓN DEL PROCESO RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL MILITAR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS FUERZAS MILITARES RESPONSABILIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL PAGO DE CONDENA JUDICIAL PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LEGITIMACIÓN POR ACTIVA LEGITIMACIÓN POR PASIVA CULPA GRAVE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL SERVIDOR PÚBLICO EXSERVIDOR PÚBLICO DAÑO ANTIJURÍDICO FUNCIÓN PÚBLICA MORALIDAD ADMINISTRATIVA PATRIMONIO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO FUERZA PÚBLICA CONFLICTO ARMADO INTERNO DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ COMISIÓN DE LA VERDAD DERECHO A LA VERDAD GARANTÍA DE NO REPETICIÓN SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN INVESTIGACIÓN PENAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN CONDUCTA PUNIBLE CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA SOMETIMIENTO ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ MACROCRIMINALIDAD EXTINCIÓN DE ACCIONES SANCIÓN PENAL FALSO POSITIVO CASO FALSO POSITIVO RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL TRASLADO DE PRUEBA TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL PRÁCTICA DE PRUEBA FINALIDAD DE LA PRÁCTICA DE PRUEBA CONTRADICCIÓN EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA PRUEBA DOCUMENTAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL PROCESO PENAL PROCESO DISCIPLINARIO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA VERSIÓN LIBRE DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE INDAGATORIA VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA PRUEBA ALCANCE DE LA PRUEBA ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA ANÁLISIS DE LA PRUEBA PRUEBA DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO RESPONSABILIDAD SUBJETIVA CONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA CARGA DE LA PRUEBA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA CONFIGURACIÓN DEL DOLO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO CULPA LEVE CONDUCTA CONCEPTO DE DOLO NEGLIGENCIA IMPRUDENCIA SENTENCIA CONDENATORIA ACUERDO DE CONCILIACIÓN CONCILIACIÓN JUDICIAL CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN AUTO QUE APRUEBA LA CONCILIACIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE PAGO MEDIOS DE PRUEBA MORA EN EL PAGO INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO ORDENACIÓN DEL GASTO EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL NORMATIVA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA FALLA DEL SERVICIO PROPORCIONALIDAD LEGÍTIMA DEFENSA INEXISTENCIA DE LA LEGÍTIMA DEFENSA PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES OPERACIÓN MILITAR INEFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL INVESTIGACIÓN PENAL MILITAR HOMICIDIO PERSONA PROTEGIDA HOMICIDIO DE PERSONA PROTEGIDA SUSPENSIÓN DEL PROCESO PENAL PARTICIPACIÓN EN EL HECHO PUNIBLE CONDENA CONDENA SOLIDARIA INDEXACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO INTERÉS PÚBLICO ALCANCE DEL CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2025-10-06 Sección Tercera (Subsección B)
No debe la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer una controversia relacionada con un contrato celebrado
Consejo de Estado 2024-11-08 Sección Tercera (Subsección C)
Auto que corrige sentencia: Auto interlocutorio
Consejo de Estado 2024-03-11 Sección Tercera (Subsección C)
Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia
Consejo de Estado 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección C)
Medio de control de repetición: Auto interlocutorio
Consejo de Estado 2025-08-04 Sección Tercera (Subsección C)
Las disposiciones del CPACA y las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 rigen los procesos en curso salvo en los actos procesales exceptuados expresamente.
Consejo de Estado 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C)
A la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, pues la controversia gira en torno a la liquidación del contrato.
Titulación de la relatoría 56.702 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN PROCESAL / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTUACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LEY 678 DE 2001 / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CÓDIGO CIVIL / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Problema jurídico: ¿Debe aplicarse el CPACA —con remisión al CGP— para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014 y la Ley 678 de 2001 para resolver la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007, incluidas sus presunciones de dolo o culpa grave? Respuesta al problema jurídico: Si La demanda se presentó el 13 de junio de 2014, por ello, el régimen procesal aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (...) En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 24 de agosto de 2007, fecha en que [los señores] murieron. Por ende, son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001, que entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509 del 4 de agosto de 2001. En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen –en todos sus aspectos– por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que estableció unas presunciones legales para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público –artículos 5° y 6°–, que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 del Código Civil. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la regulación de los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Exp. 27006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 1564 DE 2012, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 66, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA SUBJETIVA / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ENTIDAD PÚBLICA Problema jurídico: ¿Debe considerarse competente al Consejo de Estado para conocer en segunda instancia este medio de contro de repetición, atendiendo los factores de competencia por materia (repetición), funcional (apelación), cuantía (pretensión > 500 SMLMV) y subjetivo (calidad de los demandados no atribuible a única instancia)? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 del CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.11 del CPACA ($308.000.000). Al verificar el factor subjetivo de competencia, la calidad de los demandados no es de aquellas que corresponderían al Consejo de Estado en única instancia –artículo 149.13 del CPACA–. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AGENTE / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO / RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL MILITAR / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS FUERZAS MILITARES / RESPONSABILIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES Problema jurídico: ¿Debe considerarse procedente la acción de repetición como medio de control para declarar la responsabilidad patrimonial del agente cuyo dolo o culpa grave originó la condena o conciliación contra la entidad pública, pese a que dicho agente no fue vinculado al proceso inicial? Respuesta al problema jurídico: Si La repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 de la Constitución, art. 142 del CPACA e inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001). FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 INCISO 1 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / FECHA DE PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Debe considerarse presentada en tiempo la acción de repetición interpuesta el 13 de junio de 2014, al haberse radicado dentro de los dos años siguientes al pago efectuado el 13 de junio de 2012, conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y la jurisprudencia constitucional sobre caducidad? Respuesta al problema jurídico: Si El término para formular pretensiones, en repetición, es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022–. En atención a la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, el término de caducidad corre desde la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, del vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA. La demanda se interpuso en tiempo –13 de junio de 2014–, porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes en edicto desfijado el 8 de julio de 2011 y el pago de la condena se efectuó el 13 de junio de 2012. En efecto, el giro se consignó en el plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la constitucionalidad del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, que regula la caducidad de la acción de repetición, ver: Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-394 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. FUENTE FORMAL: DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 2195 DE 2022 - ARTÍCULO 42, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / PAGO DE LA CONDENA / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJÉRCITO NACIONAL / SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNCIÓN PÚBLICA / MORALIDAD ADMINISTRATIVA / PATRIMONIO Problema jurídico: ¿Debe considerarse que la Nación–Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, está legitimada por activa para ejercer la acción de repetición por haber pagado la condena, y que los servidores y exservidores involucrados están legitimados por pasiva al ser los presuntos responsables del daño antijurídico causado con conducta dolosa o gravemente culposa, conforme al artículo 90 de la Constitución y al artículo 8 de la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Según la jurisprudencia, esta habilitación constitucional y legal implica que el Estado reclama a su agente o exagente, por vía de acción de repetición, en virtud de un deber-derecho para que se declare responsable al sujeto que, por su actuar doloso o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico y por el cual el Estado ha respondido. Se encamina, además, a la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública. Así las cosas, cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado. (...) La Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional está legitimada en la causa por activa, porque pagó la condena judicial impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar el 29 de junio de 2011 y conciliada en acuerdo aprobado el 8 de noviembre siguiente. Por otro lado, [los señores] están legitimados en la causa por pasiva al ser los servidores públicos que, según la demanda, dieron lugar a la condena judicial. Conforme al oficio (...) del 30 de agosto de 2011, expedido por la Sección Jurídica del Ejército Nacional, se evidencia que los agentes pertenecían al batallón de infantería No. 40 «coronel Luciano D’Elhuyar» para la fecha de ocurrencia de los hechos –24 de agosto de 2007–. (...) fungía como sargento segundo, (...) cabo segundo y los demás agentes eran soldados profesionales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la autonomía de esta acción y de la legitimación del Estado para hacer uso de este mecanismo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, Exp. 16335, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / CULPA GRAVE / DOLO / FUERZA PÚBLICA / CONFLICTO ARMADO INTERNO / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ / COMISIÓN DE LA VERDAD / DERECHO A LA VERDAD / GARANTÍA DE NO REPETICIÓN / SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN / INVESTIGACIÓN PENAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL / REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA / COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN / CONDUCTA PUNIBLE / CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES / SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA / SOMETIMIENTO ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ / MACROCRIMINALIDAD / EXTINCIÓN DE ACCIONES / SANCIÓN PENAL / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Debe declararse improcedente la acción de repetición contra los miembros de la Fuerza Pública por hechos relacionados con el conflicto armado interno, en virtud del artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017, aun cuando no exista un pronunciamiento expreso de la Jurisdicción Especial para la Paz que asuma competencia y disponga dicha improcedencia? Respuesta al problema jurídico: No El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución impone al Estado el deber de repetir contra el agente que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, haya provocado una condena de responsabilidad patrimonial en su contra. No obstante, el artículo transitorio 26 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 impuso una excepción a este precepto, al disponer que no procederá la acción de repetición o el llamamiento en garantía respecto de los miembros de la fuerza pública que hubieran cometido conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. Previno que, en todo caso, quienes se sometan a esta jurisdicción deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación no monetaria de las víctimas y garantizar la no repetición. (...) Ello, a su turno, debe circunscribirse a los factores de competencia de la JEP determinados en el artículo transitorio 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017: «de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo» (...) La Corte Constitucional ha señalado que la improcedencia de la acción de repetición no libera de responsabilidad a los victimarios frente a las víctimas; ello opera únicamente frente al componente patrimonial, de modo que el aporte de los victimarios en otros componentes es más riguroso. En vista de las condiciones en las que se logró el Acuerdo Final de Paz de 2016, la Corte señaló que este modelo no debe valorarse a partir de los paradigmas normales de reparación integral:(...) La limitación al ejercicio de la acción de repetición contra agentes de la fuerza pública debe leerse en concordancia con otros instrumentos normativos: la Ley 1820 de 2016, sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales; la Ley 1922 de 2018, que adopta unas reglas de procedimiento para la JEP, y la Ley 1957 de 2019, estatutaria de la administración de justicia en la JEP. (...) Conforme a lo anterior, la calidad de compareciente ante la JEP no se adquiere con la solicitud de sometimiento voluntario o forzoso a la JEP, dado que esa jurisdicción estudia, verifica y decide en cada caso si asume o no competencia frente a las solicitudes de sometimiento forzoso o voluntario que le son formuladas. A su vez, la definición de dicha situación jurídica no otorga automáticamente los beneficios encaminados a la improcedencia de la repetición –amnistía o renuncia a la persecución penal–, habida cuenta que la extinción de investigaciones y sanciones requiere previa solicitud del interesado –artículo 32 de la Ley 1957 de 2019–. Ello impone que, para que proceda la restricción impuesta en el artículo transitorio 26 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, es necesario un pronunciamiento previo y expreso de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Así lo resaltó el Tribunal para la Paz de la JEP al concluir que esta jurisdicción es la única facultada para decidir si tiene competencia sobre un caso sometido a su conocimiento, de modo que la justicia ordinaria continuará con los procesos correspondientes en tanto la JEP no active su prevalencia jurisdiccional. (...) En cuanto a la concesión de beneficios jurídicos, la jurisprudencia de la JEP ha sido uniforme en exigir el cumplimiento de contribuciones serias a la verdad, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición. A la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a su vez, le corresponde evaluar dichos aportes con anterioridad a definir sobre la concesión de esos beneficios. Las sentencias interpretativas de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz46 han delimitado así dichos deberes jurídicos:(...) La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz precisó que existen tres modalidades de renuncia a la persecución penal: la primera, para los comparecientes no seleccionados o no seleccionables por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la segunda, como tratamiento diferenciado para agentes del Estado que no hayan cometido delitos graves, y la tercera para los menores de dieciocho años que hayan cometido delitos en el contexto del conflicto armado. En cuanto a la segunda modalidad, relevante para determinar la intervención de la JEP en cuanto a los agentes del Estado, la JEP ha sido enfática en señalar que dicha medida no se concede en casos de delitos graves y requiere de contribuciones de los comparecientes a los derechos de las víctimas. (...) La Sección de Apelación precisó los supuestos en los que procede la renuncia a la persecución penal: (i) respecto de conductas efectivamente priorizadas en un macrocaso contra un compareciente que no fue seleccionado como máximo responsable; (ii) sobre conductas que integran patrones de macrocriminalidad estudiados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, respecto de comparecientes que evidentemente no revistan máxima responsabilidad, o (iii) sobre conductas que no se relacionan con la priorización efectiva o patrones de macrocriminalidad. En todos estos asuntos, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas deberá imponer a los beneficiarios un régimen de condicionalidad estricto, que comprende deberes especiales con la aportación a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad, si la tuvieran, así como la contribución a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Ha de advertirse, inclusive, que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se ha abstenido de decretar la imposibilidad de adelantar la acción de repetición cuando no medie una resolución definitiva de la situación jurídica, por cuanto ello equivaldría a un beneficio transicional definitivo e incondicionado. (...) Para concluir, se destaca que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha delimitado la forma en que la renuncia a la ejecución penal surte efectos. Hizo énfasis en que la resolución que define una situación jurídica únicamente podrá ser revisada por la JEP y resulta obligatoria respecto de los funcionarios que conozcan las actuaciones ordinarias objeto de la medida, los cuales deberán adoptar la decisión que extinga tanto la acción como la sanción correspondiente. (...) Con base en lo expuesto, a efectos de determinar si en este caso procede decidir la demanda de repetición, se deberá verificar si la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas adoptó medidas a favor de los aquí demandados, si esas medidas incluyen el proceso de la referencia y si fueron comunicadas por la autoridad judicial competente. Lo anterior es consecuente con la jurisprudencia pacífica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto se ha determinado que la solicitud de acogimiento a la JEP o, inclusive, el ingreso a dicha jurisdicción, no otorgan automáticamente los beneficios encaminados a la improcedencia de la repetición. Al conocer otra demanda de repetición cuyos hechos también se enmarcan en los denominados «falsos positivos», la Subsección A de la Sección Tercera ha señalado que la improcedencia del medio de control está condicionada a que exista un pronunciamiento expreso de la JEP. (...) Por su parte, la Subsección B ha señalado que los beneficios previstos en el Acto Legislativo 01 de 2017 y los artículos 45 y 47 de la Ley 1957 de 2019 están sujetos a un régimen de condicionalidades y al pronunciamiento expreso de la autoridad competente para adoptar tales medidas. (...) Con fundamentos jurídicos similares, la Corporación declaró infundado un recurso extraordinario de revisión invocado contra una sentencia que decidió un medio de control de repetición. Al revisar el cargo de nulidad originado en la sentencia con base en la supuesta falta de jurisdicción, se determinó que el recurrente no había demostrado su sometimiento a la JEP o que dicha autoridad hubiese emitido algún pronunciamiento expreso en relación con la demanda de repetición. Ello fue razón suficiente para concluir que el medio de control debía ser tramitado y decidido por esta jurisdicción. (...) La Sala requirió a los comparecientes para que presenten un escrito de compromisos concretos, programados y claros en relación con los fines de la JEP. Aclaró «que la presente decisión no implica su ingreso a la JEP ni el otorgamiento de ningún beneficio, puesto que todo ello será objeto de análisis por parte de la Sala y decidido mediante resolución debidamente motivada» (...) En vista del anterior acervo de actuaciones, se puede concluir que (i) [agentes] se encuentran sometidos a la JEP por los hechos objeto de investigación penal bajo el radicado 2015-00216, por el homicidio en persona protegida contra [los señores], pero no son beneficiarios de medidas que conlleven a la improcedencia del presente medio de control; (ii) (...) está sometido a la JEP, pero en relación con el homicidio en persona protegida (...), el cual no es objeto de estudio en el asunto de la referencia; (iii) [el señor] presentó solicitud de sometimiento, pero no firmó acta de compromiso, de modo que no se reputa como compareciente ante la JEP, y (iv) [Los señores] no han solicitado acogerse a la JEP, ni han sido vinculados para su sometimiento forzoso. Lo anterior conduce a que, en este asunto, proceda el estudio y decisión de fondo de la demanda de repetición adelantada por la Nación-Ministerio de Defensa Ejército Nacional, habida cuenta que la improcedencia de la acción de repetición y del llamamiento en garantía está condicionada a que la Jurisdicción Especial para la Paz asuma competencia y disponga expresamente dicha improcedencia. A partir del recuento de actuaciones, se tiene que la JEP no ha adoptado la medida referida a favor de los aquí demandados. En todo caso, esta providencia se comunicará a la JEP para lo de su cargo. FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1820 DE 2016, LEY 1922 DE 2018, LEY 1957 DE 2019 - ARTÍCULO 32, LEY 1957 DE 2019 - ARTÍCULO 45, LEY 1957 DE 2019 - ARTÍCULO 47 TRASLADO DE PRUEBA / TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL / PRÁCTICA DE PRUEBA / FINALIDAD DE LA PRÁCTICA DE PRUEBA / CONTRADICCIÓN EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / PROCESO PENAL / PROCESO DISCIPLINARIO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / VERSIÓN LIBRE / DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE / VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE / INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA / PRUEBA / ALCANCE DE LA PRUEBA / ADMISIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN Problema jurídico: ¿Puede el juez valorar las pruebas documentales y testimoniales trasladadas desde los procesos penal, disciplinario y de reparación directa cuando estas fueron practicadas con audiencia o contradicción de los demandados, y, en contraste, abstenerse de valorar las versiones libres e indagatorias por no cumplir los requisitos legales, para así decidir de fondo la controversia con el acervo probatorio válidamente integrado? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme al artículo 174 del CGP, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. Las pruebas documentales y testimoniales del proceso penal No. 7908 y las investigaciones disciplinarias se practicaron con audiencia de los demandados, de modo que serán valoradas. Las pruebas documentales del proceso de reparación directa y del proceso penal rad. 2015-00216 obraron en el expediente y se surtió su contradicción, lo que permite su valoración probatoria. A su vez, las declaraciones rendidas en ambos procesos serán tenidas en cuenta, ya que los demandados no solicitaron su ratificación en los términos del artículo 222 del CGP. (...) Las partes aportaron al proceso copia de las versiones libres e indagatorias rendidas por los militares investigados en los procesos penal y disciplinario. Conforme a los artículos 203 y 220 del CGP, tanto las declaraciones de parte como de terceros serán recibidas bajo la gravedad del juramento. Las versiones libres e indagatorias no cumplen con este mandato legal, de modo que no serán valoradas. (...) Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales. Sin embargo, no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe fundarse en las pruebas que obran en el proceso (artículo 164 del CGP). Las providencias del 29 de junio y 8 de noviembre de 2011, proferidas dentro del proceso de reparación directa en el que se condenó a la entidad aquí demandante, serán valoradas en esos términos. NOTA DE RELATORÍA: Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Exp. 24844, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 203, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 220, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 222 PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA / ORDEN DE PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / CONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / LEY 678 DE 2001 / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CULPA LEVE / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CONDUCTA / CONCEPTO DE DOLO / NEGLIGENCIA / IMPRUDENCIA / SENTENCIA CONDENATORIA / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / CONCILIACIÓN JUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / AUTO QUE APRUEBA LA CONCILIACIÓN / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / PAGO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE PAGO / PRUEBA DEL PAGO / MEDIOS DE PRUEBA / MORA EN EL PAGO / INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / ORDENACIÓN DEL GASTO / SERVIDOR PÚBLICO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / NORMATIVA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / FALLA DEL SERVICIO / PROPORCIONALIDAD / LEGÍTIMA DEFENSA / INEXISTENCIA DE LA LEGÍTIMA DEFENSA / PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA / DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA / DERECHOS FUNDAMENTALES / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / FUERZA PÚBLICA / OPERACIÓN MILITAR / INEFICACIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / INVESTIGACIÓN PENAL MILITAR / HOMICIDIO / PERSONA PROTEGIDA / HOMICIDIO DE PERSONA PROTEGIDA / SUSPENSIÓN DEL PROCESO PENAL / PARTICIPACIÓN EN EL HECHO PUNIBLE / CONDENA / CONDENA SOLIDARIA / INDEXACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Procede condenar en el medio de control de repetición al reintegro del capital pagado por el Estado —sin intereses moratorios no imputables— actualizado a la fecha de la sentencia y distribuido conforme al grado de participación y roles de mando, al haberse acreditado la obligación reparatoria, el pago y el dolo de los agentes? Respuesta al problema jurídico: Si La procedencia de la acción de repetición –además de la condición de servidor o exservidor público, (...) requiere: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas. (..) El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo, conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001.ley La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se acredita mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, tal y como lo dispone la norma precitada. Por demás, la Corte Constitucional ha anotado que la conciliación que ejerza el Estado, en tanto cumpla los requisitos de ley, no extingue las pretensiones de repetición. De haber acuerdo conciliatorio entre el Estado y la víctima, el proceso principal podría seguir adelante en lo relativo al llamamiento en garantía al agente estatal, sin perjuicio de que el Estado pueda adelantar la acción autónoma de repetición. Ambos mecanismos buscarían determinar la responsabilidad subjetiva del agente, sin perjuicio de las pretensiones indemnizatorias conciliadas. (...) Conforme al artículo 1617 del Código Civil, cuando se incumple la obligación de pagar una suma de dinero, se generan perjuicios al acreedor por la mora en el pago, quien puede reclamarlos dentro del proceso ejecutivo, para que se obligue al deudor a pagar los respectivos intereses moratorios. Es factible que el Estado formule la repetición para recuperar la suma pagada por intereses moratorios, cuando estos se deriven del dolo o culpa grave de uno de sus agentes. Sin embargo, cuando la demora de la entidad no le sea atribuible al demandado, no procede el cobro de los intereses de mora causados. (...) Está acreditado que, dentro del proceso de reparación directa (...), el 29 de junio de 2011, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar profirió sentencia que declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad de los perjuicios ocasionados a raíz de la muerte [del señor]. (...) La condena impuesta fue objeto de acuerdo conciliatorio entre las partes, celebrado en audiencia del 1 de noviembre de 2011, consistente en reconocer el 80% de los valores ordenados en la sentencia condenatoria y desistir de una condena simbólica no patrimonial. El acuerdo fue aprobado por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar mediante auto del 8 de noviembre siguiente. En Resolución No. 3389 del 31 de mayo de 2013, el Ejército Nacional liquidó la suma contenida en el acuerdo conciliatorio. En el acto administrativo mencionado se calculó un capital de perjuicios de $364.496.472,80; al sumar los intereses moratorios, obtuvo un valor final de $420.799.794. Aunque la demanda pretende la suma final de $420.799.794, la Sala advierte que las pretensiones únicamente proceden sobre el valor de capital neto. Ello obedece a que los agentes demandados no tenían funciones de ordenación del gasto ni les es atribuible la demora del Estado en el pago de la condena, de modo que no puede reclamarse el cobro de los intereses de mora causados. En ese sentido, la Sala efectuará el estudio sobre la cifra de $364.496.472,80. (...) Está acreditado que la entidad demandante pagó (...) la conciliación aprobada por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar en auto del 8 de noviembre de 2011, liquidada en el monto de $364.496.472,80, (...) En relación con la certificación de tesorería, el inciso tercero del artículo 142 del CPACA dispone que tal documento es prueba suficiente para iniciar el proceso de repetición. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha precisado que dicho medio probatorio es preliminar, está sujeto al principio de contradicción y debe ser valorado en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente. Tales consideraciones giran en torno a la libertad de medios probatorios sobre el acto jurídico del pago y la inexistencia de tarifa legal probatoria a favor o en contra de algún medio de prueba. (...) Como se dejó expuesto, el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, de modo que se aplican las presunciones legales previstas en los artículos 5 y 6 de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas presunciones inciden directamente en la carga de la prueba porque, antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado a partir de la conducta de este último. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba: una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos de hecho que, según la ley, presumen el dolo o la culpa grave, el demandado, a su vez, tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la presunción. El juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si, no obstante configurarse alguna de las presunciones, el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. Además, evaluará los eventos que no se subsumen en esos escenarios de presunción legal. (...) En cuanto a las acepciones generales de dolo y culpa grave, el ordenamiento jurídico impone a las personas que en todos sus actos procedan con la prudencia y diligencia necesaria, a fin de no causar daño a nadie. La culpa es un error de conducta, en que incurre quien asume un comportamiento –por acción o por omisión– contrario al esperado, por negligencia, imprevisión o impericia. La culpa es la conducta contraria a la que debiera haberse observado (artículo 63 del CC); una conducta desviada, bien por imprudencia, por ignorancia, por torpeza o por otro motivo semejante, así como por omisión de un deber objetivo de cuidado. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo corresponde a la conducta realizada con intención de generar daño a una persona o a su patrimonio. Aunque estas nociones son propias del derecho común, son relevantes para estructurar el juicio de responsabilidad subjetivo al servidor público –y, en ausencia de las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, su aplicación era forzosa–. (...) El Ejército Nacional –como integrante de la fuerza pública, conforme al artículo 216 de la CN– con el objetivo de dar cumplimiento a los deberes constitucionales y legales mencionados, tiene el monopolio del uso de la fuerza mediante el empleo de las armas. Por ello, está autorizado para usar de forma legítima esos instrumentos. No obstante, dicho uso encuentra un límite en el respeto de la dignidad humana, los derechos inalienables de las personas y la supremacía de los derechos fundamentales (artículos 1, 5 y 85 de la CN). En el marco del respeto y observancia de estos derechos, el uso de la fuerza debe ser proporcionado y razonable (...) Ejercer la fuerza para mantener el orden público, la seguridad y las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades implica, entonces, actuar con mesura, prudencia y emplear los medios necesarios –en defensa de un derecho propio o ajeno– y proporcional a la causa o motivo de la perturbación. De allí que, si bien el Estado debe y está legitimado para contener amenazas al orden público, la fuerza pública solo debe emplear los instrumentos suficientes y adecuados en ese ejercicio. El actuar de los agentes, se reitera, debe ser proporcional al peligro que enfrentan. Sin embargo, eso no significa que, frente a una perturbación o agresión grave, los agentes enviados a restablecer el orden tengan que tolerar situaciones contra su integridad. A todo ser humano le está permitido protegerse, en el marco de la proporcionalidad, conforme al postulado de la legítima defensa. La Sección Tercera, al estudiar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza como evento de configuración de la falla del servicio, ha insistido en que esta debe ejercerse dentro de los precisos linderos del ordenamiento jurídico y con respeto a la primacía de los derechos inalienables de la persona, entre estos, la inviolabilidad de la vida y la prohibición de la pena de muerte. (...) De manera previa al estudio de los demás medios de prueba, la Sala hará énfasis en lo resuelto mediante sentencia del 29 de junio de 2011, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar. Dicha providencia valoró las pruebas aportadas a esa actuación, que incluían la investigación preliminar de la justicia penal militar, la misión táctica, la lección aprendida, las actas de material de guerra consumido, informes de balística y necropsia y declaraciones juradas. Al efectuar el juicio crítico de raciocinio, el juzgado encontró contradicciones e inconsistencias en el relato de los agentes de la fuerza pública, y otorgó firmeza a los relatos relativos a las calidades personales de las víctimas, quienes llegaron a la vereda de Guaduas con la intención de trabajar en una vía férrea. (...) En otras palabras, el operador judicial determinó la ocurrencia de una ejecución extrajudicial con base en la improbabilidad del combate, la falta de demostración de que las víctimas pertenecieran a bandas criminales y su arraigo social. (...) Sin desconocer lo precitado, en este asunto particular, la Sala estima que no pueden desatenderse de plano las consideraciones esgrimidas por el juez de la reparación directa. (...) Por demás, ha de anotarse que esta posición ha sido acogida por dos autoridades públicas, en actuaciones de responsabilidad personal actualmente en curso: la Fiscalía General de la Nación y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. En efecto, la Fiscalía 67 Especializada de la Unidad de DDHH y DIH profirió resolución de acusación del 21 de septiembre de 2012 contra [los señores] por el delito de homicidio en persona protegida. Dicha alegación aún no ha sido objeto de decisión definitiva, por cuanto el proceso penal rad. 2015-00216 se encuentra suspendido por orden de la JEP, instruida en Resolución 3520 de 2021. En criterio del ente acusador, las víctimas eran jóvenes humildes y tenían intenciones de trabajar en la carrilera de un ferrocarril. La Fiscalía señaló que los jóvenes no dispararon las armas que se encontraron cerca y que se les habría implantado estos elementos para dar apariencia de combate. Además, las víctimas recibieron la mayoría de los impactos por la espalda y la trayectoria de los disparos no coincidía con la versión de los soldados. (...) Los medios de prueba documentales atrás señalados son documentos públicos, porque fueron otorgados por los funcionarios encargados de la investigación de los hechos, respectivamente. Conforme a lo establecido en el artículo 244 del CGP, se presumen auténticos, porque existe certeza de las personas que elaboraron y suscribieron esos documentos, no se tacharon de falsos ni se desconocieron durante el proceso. Estos medios de prueba dan cuenta del fallecimiento (...) y de que estos no integraban alguna banda criminal ni tenían antecedentes penales. Sin embargo, no detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su muerte. Por ende, son pertinentes en cuanto al contexto del operativo objeto de estudio, pero no sirven para estructurar el juicio de reproche subjetivo. (...) La Sala otorgará credibilidad a estas declaraciones, porque fueron responsivas y exactas en cuanto a las condiciones en las que la declarante conoció a [los señores] , además de coincidir entre sí. Su mérito probatorio será determinado en conjunto con las demás declaraciones. (...) La Sala también estima fiables estas declaraciones, en cuanto a las condiciones en las que el declarante conoció a las víctimas. Sin embargo, le restará credibilidad al relato de los disparos efectuado en la tercera declaración, por cuanto los dos primeros testimonios carecían de ese nivel de precisión, a pesar de que fueron más cercanos a la noche de ocurrencia de los hechos. (...) La Sala otorgará credibilidad a las declaraciones de [la señora] porque son claras respecto de las condiciones personales de las víctimas y carecen de contradicciones entre sí. (...) La Sala encuentra llamativa la inconsistencia entre la declaración rendida ante el Juzgado 39 de Instrucción Penal Militar y la manifestada ante el Batallón de Infantería No. 40 del Ejército, más aún cuando ambas declaraciones se presentaron con apenas un día de diferencia. (...) La Sala otorga credibilidad al testimonio en cuanto a las condiciones personales de los jóvenes. Además de ello, se advierte que esta declaración coincide con la rendida (...) en cuanto (...) alias «Navarro», quien supuestamente habría desplazado a los jóvenes a Aguachica y posteriormente habría comunicado su muerte a la familia. (...) La Sala considera que, de cara a los medios probatorios obrantes en el expediente, el relato de los agentes que participaron en el operativo pierde credibilidad. Con base en las circunstancias personales de las víctimas, se tiene que estas no tienen antecedentes penales ni figuran en la lista de desmovilizados colectivos prevista en el Decreto 3360 de 2003. Asimismo, según el relato de la comunidad y de su grupo familiar, estas personas no tenían vínculos con grupos delictivos ni portaban armas. Los documentos de la operación «Armero» no controvierten esta conclusión y, por el contrario, se limitan a una aseveración genérica de que los occisos pertenecían a la banda criminal «Águilas Negras», lo que parecería tener respaldo único en el informe de inteligencia. (...) De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, su conducta reveló un actuar doloso, porque tuvo la clara intención de provocar la muerte de personas inocentes para presentarlas como bajas en combate y obtener resultados operacionales o distinciones –como, en efecto, se verificó en las hojas de vida (...) – y, con ello, los demandados se desviaron de su deber como miembros de la fuerza pública. (...) El artículo 14 de la Ley 678 de 2001 establece que, cuando el perjuicio causado al Estado fue producido por el dolo o culpa grave de uno de sus agentes, el monto de la condena correspondiente se cuantificará atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño, culpa grave o dolo y a la valoración que haga con base en las pruebas aportadas al proceso de repetición. De entrada, la jurisprudencia ha determinado que las condenas por actuaciones dolosas deberán ser equivalentes al 100% de lo pagado por la parte demandante, al haberse acreditado la intención del agente estatal de realizar la actividad generadora del daño. En atención a dicha regla jurisprudencial, aunque algunos de los agentes que intervinieron en el operativo no fueron demandados, ello no impide que esta providencia imponga a los demandados el 100% de la suma pagada, habida cuenta que aquí se acreditó su actuar doloso. En este asunto, resulta difícil determinar con claridad el grado de participación directa de los agentes en la configuración del daño. Ello obedece a que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte (...) no fueron determinadas de forma clara o precisa. Inclusive si se tuviera en cuenta cuáles agentes estatales accionaron sus armas de dotación, ello resultaría irrelevante, por cuanto es imposible determinar cuáles proyectiles impactaron en las víctimas –y, aún menos, cuáles provocaron heridas fatales–. Siendo así, resulta procedente dividir la condena en partes iguales, en atención a que se demostró el actuar doloso de los demandados y su participación conjunta en la producción del daño; esto incluye a los agentes (...), quienes no gastaron munición, pero sí participaron del operativo y se abstuvieron de atender el deber de denunciar. No obstante, en esta oportunidad, la Sala hará énfasis en el sargento segundo (...) y el cabo segundo (...). Ambos servidores públicos merecen un juicio de reproche más severo, dado que ambos tenían el mando sobre sus unidades de combate y, por lo tanto, les era más exigible el cumplimiento del objetivo de la misión y de las instrucciones de coordinación. Por lo tanto, la Sala dividirá la condena en 12 partes iguales (8,33%). Diez de esas partes serán distribuidas en cabeza de cada uno de los agentes demandados, mientras que [al sargento segundo y el cabo segundo] se les asignará una parte adicional, cada uno, en atención a su rol de mando. Con ello, ambos responderán en una proporción del doble de sus compañeros. (...) El artículo 283 del CGP impone al juez de segunda instancia el deber de extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia, aun cuando la parte beneficiada no hubiera apelado. En conjunción con lo anterior, la jurisprudencia ha sostenido que el resarcimiento del perjuicio debe actualizarse o indexarse al momento en que se produce el pago, a fin de traer a valor presente la suma que ha de pagarse y así compensar el fenómeno de la depreciación de la moneda. Por ello, la condena cuya repetición se ordenará, por valor de $364.496.472,80 (...), será actualizada (...). NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos de procedencia de la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Exp. 27006, sentencia del 29 de mayo del 2014, Exp. 42183, C.P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero. Frente a la conciliación de reembolsar sin vulnerar la Constitución, ver: Corte Constitucional, sentencia C-484 de 2002. Sobre intereses moratorios que se originaron por la conducta de los agentes, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2007, Exp. 27006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En cuanto al cobro de los intereses de mora causados, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de julio de 2025, Exp. 69326, C.P. Nicolás Yepes Corrales y Subsección B, sentencia del 19 de septiembre de 2025, Exp. 66313 C.P. Alberto Montaña Plata. Respecto a la prueba del pago de la condena, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de abril de 2024, Exp. 69878, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia del 24 de enero de 2024, Exp. 54518, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 17 de julio de 2025, Exp. 70478, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez. Sobre la inversión de la carga de la prueba, ver: Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Exp. 30327, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sobre las presunciones de culpa y dolo de la Ley 678 de 2001, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-374 de 2002, C-778 de 2003, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Exp. 34816, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Respecto a la calificación de la conducta del agente del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2014, Exp. 39404, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Exp. 47535, C.P. María Adriana Marín. En cuanto la noción de culpa grave y dolo en la acción de repetición, consultar providencias de 4 de diciembre de 2006, Exp. 16887, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de mayo de 2025, Exp. 70669, C.P. Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Exp. 54518, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, reiterada en sentencia del 13 de septiembre de 2024, Exp. 71198, Fernando Alexei Pardo Flórez, sentencia del 17 de junio de 2024, Exp. 58672, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre el uso de la fuerza debe ser proporcionado y razonable ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 1967, Exp. 138, C.P. Carlos Portocarrero Mutis; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 1984, Exp. 3152, C.P. José Alejandro Bonivento Fernández. Sobre Legítima defensa, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 1967, Exp. CE-SEC3-1967-04-28 , C.P. Carlos Portacarrero Mutis, sentencia de 17 de junio de 2004, Exp. 50422-23-31-000-940345-01 (15208), C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 17318, Ruth Stella Correa Palacio. Acerca de la apreciación como prueba de la providencia que originó la condena respecto a la calificación de la conducta del agente repetido, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2024, Exp. 69450, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia de 3 de diciembre de 2007, Exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 33450, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 29 de noviembre de 2019, Exp. 43056 y sentencia del 30 de agosto de 2024, Exp. 59728, C. P. María Adriana Marín, sentencia del 3 de febrero de 2025, Exp. 71176, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre la calificación de la conducta del agente del Estado, Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2024, Exp. 63496, Corte Constitucional, sentencia SU-354 del 26 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En cuanto a la responsabilidad del agente del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 33450, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Respecto al indicio como prueba, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Exp. 19286, reiterada –entre otras–en: Corte Constitucional, sentencia SU035 de 2018, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de julio de 2006, Exp. 1992-0315-01, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, Exp. 19286, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 14 de julio de 2025, Exp. 53967, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre clases de indicios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Exp. 19286, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, Exp. 63849, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre la responsabilidad del Estado por las minas antipersonales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de marzo de 2018, Exp. 34359A, C.P. Danilo Rojas Betancourth, reiterado en sentencia del 2 de febrero de 2025, Exp. 56765, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Respeto a los principios del DIH en el desarrollo de las investigaciones y juzgamientos de conductas punibles atribuibles a los miembros de la fuerza pública en relación con el conflicto armado, ver: Corte Constitucional, sentencia C-084 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 5, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 85, DECRETO 3360 DE 2003, JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, RESOLUCIÓN 3520 DE 2021, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 283, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1617, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 14, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / INTERÉS PÚBLICO / ALCANCE DEL CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la imposición de costas en segunda instancia dentro de un proceso de repetición, considerando que el recurso de apelación de la parte demandada no prosperó y que la acción de repetición no implica una exoneración automática de costas a favor del Estado? Respuesta al problema jurídico: Si En algunas oportunidades, la Corporación se ha abstenido de imponer condena en costas en los procesos de repetición, por considerar que tales controversias persiguen un interés público. (...) En otra oportunidad, esta Subsección ha determinado que el CPACA no establece una exoneración absoluta de costas a favor del Estado y que la acción de repetición no persigue, de manera directa, un interés público. A raíz de lo anterior, procede la imposición de costas en segunda instancia, porque el recurso interpuesto por la parte demandada no prosperó y la sentencia de primera instancia fue confirmada en su integridad –salvo en lo atinente a la actualización de la condena–. La parte demandante se opuso al recurso de apelación, de modo que procede la imposición de agencias en derecho. De conformidad con el artículo 366.4 del CGP y en los términos del Acuerdo No. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda, las agencias en derecho se tasarán en el 0,2% del valor de las pretensiones otorgadas, en atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado. Las pretensiones reconocidas en esta sentencia ascienden a $712.250.119,97, de modo que la demandada pagará a la demandante la suma de $1.424.500,24 por concepto de agencias en derecho en la segunda instancia. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a que la Corporación se ha abstenido de imponer condena en costas en los procesos de repetición, por considerar que tales controversias persiguen un interés público, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, Exp. 71254. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez y sentencia del 2 de julio de 2021, Exp. 65825, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 10 de septiembre de 2021, Exp. 55227, C. P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 30 de agosto de 2024, Exp. 59728, C. P. María Adriana Marín. Sobre la condena en costas en los procesos de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, Exp. 71907, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez, sentencia del 8 de julio de 2024, Exp. 66764, C.P. Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz. En cuanto a la acción de repetición no persigue, de manera directa, un interés público, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, Exp. 56897, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=200012339003201400325011100103