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Auto interlocutorio — Auto que deja sin efecto providencia2022-06-15Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000232600020050278501ACCION CONTRACTUAL
¿Se deja sin efectos el auto proferido y se declara que esta jurisdicción es competente para resolver la controversia? Sí
El despacho declara la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales cuando un tribunal arbitral ha declarado la extinción definitiva de los efectos del pacto arbitral, lo que implica la terminación del vínculo jurídico entre las partes y la imposibilidad de que el acuerdo arbitral continúe produciendo efectos. En este caso, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de La Dorada–Caldas declaró extinguidos definitivamente los efectos del pacto arbitral el 1 de junio de 2007, lo que llevó a la anulación de la providencia que declaraba la falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta decisión garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, asegurando su acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, y prevalece sobre cualquier disposición procesal que pudiera desconocer el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión proferida garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante?¿El pacto arbitral obliga a las partes a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral?
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020240001400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal séptima de nulidad del laudo arbitral, sobre fallo en conciencia, al haberse negado la nulidad del contrato objeto del litigio con base en la inexistencia de desequilibrio financiero del contrato? No
El contratista no puede configurar la causal séptima de nulidad del laudo arbitral al negar la nulidad del contrato por la inexistencia de desequilibrio financiero, ya que el laudo debe fundamentarse en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, no en un análisis probatorio que exceda las facultades del juez de anulación. En este caso, el Tribunal Arbitral analizó cada una de las posibles causales de alteración de la ecuación económica del contrato y concluyó que no había pruebas que demostraran la ocurrencia de ninguna de ellas. Además, el juez de anulación no puede revivir un debate probatorio, ya que su función es limitada a verificar la existencia de fundamentación jurídica y probatoria en el laudo. La Sala declaró infundado el recurso de anulación, reafirmando que el juez de anulación no es un juez de segunda instancia del laudo arbitral y que su análisis debe estar basado en la existencia de fundamentación jurídica y probatoria clara y manifiesta en el laudo.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de inexistencia de lesión enorme fue una decisión tomada en derecho cuya fundamentación jurídica y probatoria estuvo sustentada normativamente?¿La causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 habilita al juez a estudiar si en el Laudo se exponen los fundamentos que sustentan la decisión…
¿En el medio de control de repetición, la sola sentencia del proceso de reparación directa es prueba suficiente del elemento subjetivo? No
En la acción de repetición, la sola sentencia del proceso de reparación directa no constituye prueba suficiente del elemento subjetivo, esto es, del dolo o de la culpa grave del agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, las presunciones de la Ley 678 de 2001 no pueden aplicarse a conductas anteriores a su vigencia, y en el caso los hechos ocurrieron antes de ella. Segunda, la sentencia de reparación directa aplicó un régimen objetivo de imputación sin analizar la falla del servicio ni la conducta concreta del agente demandado, de modo que no ofrece el juicio subjetivo que la repetición exige. Tercera, sin prueba autónoma de la conducta, el elemento subjetivo no queda acreditado, y el recurso único de apelación no permite modificar la decisión que negó las pretensiones. La providencia confirma esa negativa. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe aportar pruebas propias del dolo o de la culpa grave y no puede limitarse a invocar la condena previa.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible aplicar la presunción de dolo alegada en la demanda y en el recurso de apelación?¿La demanda se presentó oportunamente dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿En razón a que el demandado fue representado por curador ad-litem y que este no realizó ninguna actuación en esta instancia, se considera razonable no condenar en costas a la entidad demandante?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 31 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. En el caso concreto, la entidad estatal presentó un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, y el Consejo de Estado confirmó su competencia para resolver el recurso. Además, el juez de repetición no está atado por la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que debe realizar un juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, basándose en las pruebas legalmente acopiadas. En este caso, el INVIAS no acreditó la culpa grave de los demandados, por lo que la entidad estatal no pudo obtener la condena en repetición que buscaba.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal?¿La Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto?¿El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado ata al juez de la repetición?
¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Sí
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.
También resuelve:¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Deben aplicarse las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 al caso sub examine? No
La entidad estatal que ejerce la acción de repetición debe acreditar que el agente del Estado actuó con dolo o culpa grave para que proceda la condena, pues el régimen de responsabilidad objetiva aplicable a la conducción como actividad peligrosa en la responsabilidad extracontractual del Estado no es relevante en esta acción. Como el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la condena, no se aplican las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 si tales hechos ocurrieron con anterioridad a su vigencia; en ese evento, el elemento subjetivo se valora conforme al artículo 63 del Código Civil. Así, aunque se demuestre que un accidente de tránsito obedeció a una imprudencia o falta de diligencia y cuidado del demandado, como invadir el carril, no procede la repetición cuando no se acredita el grado de culpa grave o dolo exigido.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la acción de repetición en el caso sub examine, ya que se demostró el elemento subjetivo de la misma, es decir, se acreditó el grado de culpa grave o dolo con el cual actuó el demandado?¿Debe aplicarse el régimen objetivo de responsabilidad del Estado al caso sub examine?¿Procede la condena en costas procesales por concepto de agencias en derecho?
¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo de la culpa grave, en cuanto no hay lugar a emplear las presunciones que establece la Ley 678 de 2001? Sí
Respecto del régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena. En este caso, dado que los hechos ocurrieron en diciembre de 1995 y enero de 1996, no hay lugar a aplicar las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001. En ese orden, le asiste la razón a la parte demandada cuando reclama que el estudio del elemento subjetivo se haga por fuera de las presunciones; no podía, el juez de primera instancia, presumir que si existió violación manifiesta e inexcusable de disposiciones (presunción prevista en la Ley 678, artículo 6, numeral 1) entonces el demandado había obrado con culpa grave, comoquiera que la ley que introdujo las presunciones no estaba vigente al momento en que sucedieron los hechos…
También resuelve:¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa, puesto que existe una absoluta falta de argumentación…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos, siempre que la cuantía de la demanda de repetición supere el límite establecido para la competencia de estos últimos en primera instancia, lo que implica que el proceso tenga vocación de doble instancia. La entidad pública que realiza el pago de la condena es legitimada por activa para ejercer la acción de repetición, junto con el Ministerio Público y el ministro de Justicia, en caso de que la entidad condenada no lo haga en el plazo de seis meses. La Sala reitera que el régimen jurídico sustancial aplicable es el que regía antes de la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, por lo que la carga de la prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa recae sobre el órgano demandante. En el caso particular, la Sala no encuentra probada la conducta gravemente culposa de los demandados, por lo que no procede el reembolso de la suma de la condena. Finalmente, resulta procedente condenar a la parte demandante a pagar las costas causadas en ambas instancias, incluyendo agencias en derecho en esta instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad pública que realiza el pago de la condena está legitimada por activa para el ejercicio de la acción de repetición ?¿El régimen jurídico sustancial aplicable al caso es el que regía con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001?¿La suma de la condena que el municipio de Sabana de Torres pagó por causa del daño antijurídico que le fue atribuido a título de falla del servicio, debe ser reembolsada por los demandados…
¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo del concepto general de culpa grave, en cuanto el demandante alega una supuesta presunción de culpa grave por extralimitación de las funciones? Sí
El contratista no puede alegar una presunción de culpa grave por extralimitación de funciones, ya que tal presunción no está prevista en la ley, y el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la condena, en este caso la Ley 678 de 2001. La Sala analiza el concepto general de culpa grave contenido en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, conforme al régimen del Código Civil, y rechaza las pretensiones de la demanda por falta de prueba de la culpa grave y la extralimitación de funciones. Además, la prueba trasladada del proceso penal militar es valorada, pero la sentencia de reparación directa no es oponible al demandado por su ausencia en el proceso. Finalmente, se fija la condena en costas y agencias en derecho en el 2.5% del valor de las pretensiones, según el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Debe otorgarse valor probatorio a la prueba trasladada en el caso concreto, es decir, al proceso penal del cual conoció la justicia militar?¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa…¿Puede otorgarse valor probatorio a la sentencia de reparación directa que fue aportada al proceso, toda vez que no es oponible al demandado, dado que este no participó en dicho asunto?
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para la acción de repetición? Sí
El servidor público o profesional de la salud que realiza un procedimiento de sedación sin contar con la especialidad requerida mientras presta el servicio social obligatorio, suministra una dosis de medicamento mayor a la recomendada y omite verificar la existencia del antídoto para contrarrestar eventuales complicaciones, actúa con culpa grave al desatender el deber de cuidado y no prever los riesgos a los que expone al paciente, por lo cual debe responder patrimonialmente en la acción de repetición. Para acreditar dicha responsabilidad es procedente valorar la prueba trasladada del proceso penal y de actuaciones ético-médicas cuando la persona demandada participó y fue investigada en tales trámites, siempre que las piezas procesales hayan estado a disposición de las partes durante el proceso de repetición y no hayan sido tachadas de falsas. Finalmente, cuando el pago de la conciliación aprobada judicialmente se realiza en pagos parciales, el término de caducidad se cuenta desde el último pago efectuado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de la prueba trasladada del proceso penal?¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron?¿Se acreditó que la causa de la muerte del paciente fue tanto la actuación de la demandada como las fallas del hospital demandante, presentándose una concurrencia de causas del daño?
¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa impuesta al contratista por el incumplimiento de la terminación de las obras dentro del término estipulado? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia temporal del IDU para imponer una multa por el incumplimiento en la terminación de las obras, ya que esta sanción fue acordada en el contrato y no se extingue la obligación principal con su pago, según el artículo 1594 del Código Civil. La multa fue impuesta antes de que venciera el plazo total del contrato, pero después de que el término para la finalización de las obras había concluido, lo que no la hace extemporánea. Además, la Corporación es competente para conocer la acción de controversias contractuales en virtud de la naturaleza pública del IDU y la cuantía del asunto. La acción de controversias contractuales es procedente para intentar la nulidad de actos contractuales como las multas, siempre y cuando se presente dentro del término legal.síntesis automática
También resuelve:¿La Corporación tiene competencia para conocer la acción de controversias contractuales?¿La nulidad de los actos contractuales como las multas se pueden intentar a través de la acción de controversias contractuales?¿Los incumplimientos contractuales que endilga la parte accionante ya habían sido sancionados, presentándose violación del principio non bis in idem?
¿Con ocasión de la ejecución del contrato, se acreditó que EPM incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones por el hecho de no haber reconocido y pagado la totalidad de las obras y servicios efectivamente ejecutados, lo cual condujo a unos mayores costos y debió asumir la contratista? No
El contratista que reclama en controversias contractuales el pago de mayores obras o servicios ejecutados debe aportar medios idóneos como actas de corte de obra y pago suscritas por la interventoría y por las partes que acrediten la ejecución real, la aceptación de cantidades y valores y la ausencia de pago. En efecto, los cuadros elaborados unilateralmente por la parte demandante, aunque no hayan sido objetados por la entidad estatal, resultan insuficientes para demostrar el incumplimiento contractual cuando carecen de verificación de la interventoría. Por otra parte, en virtud de la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 1494 del Código Civil, son válidas las estipulaciones del pliego de condiciones incorporado al contrato que excluyen el reconocimiento de viajes perdidos cuando la verificación de la necesidad y dirección del servicio constituye una carga del contratista, sin que sea procedente solicitar su nulidad tras la terminación y liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente revocar la decisión objeto de apelación que declaró la nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato, así como también el reconocimiento y pago de unas obras…¿El numeral 4.5.6 del pliego de condiciones es nulo por objeto ilícito, por cuanto expresamente señaló que no se pagarían las visitas perdidas por ningún concepto?¿El régimen contractual aplicable a la empresa de servicios públicos domiciliarios es el de derecho privado?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de una sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo como guardián del orden jurídico, que permite a las entidades públicas promover demandas para obtener el reembolso o reintegro de dineros pagados como consecuencia de actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores públicos, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998 y la Ley 678 de 2001. La decisión modifica un precedente, lo que implica que las entidades públicas pueden ahora recurrir al Consejo de Estado para resolver consultas sobre sentencias de tribunales administrativos en casos de acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar patrimonialmente responsable a servidor público del pago realizado en cumplimiento de una condena judicial?¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal?¿Una sucesión ilíquida puede estar legitimada en la causa por pasiva en una acción de repetición?
¿La conducta dolosa debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el proceso de repetición? Sí
En la acción de repetición, la conducta dolosa del agente debe quedar establecida de manera plena e individualizada dentro del propio proceso, sin que la sentencia que declaró la nulidad de los actos por desviación de poder acredite automáticamente la responsabilidad subjetiva del demandado. La regla se apoya en que ese juicio previo y diferente tiene otro objeto, de manera que el juez de la repetición debe hacer una valoración autónoma e independiente de la prueba del elemento subjetivo. Además, la carga probatoria recae sobre la entidad que pretende el reembolso, que no puede limitarse a reproducir las consideraciones de las sentencias que la condenaron. En el asunto, la entidad se limitó a afirmaciones sobre una supuesta conducta dolosa, basadas en las mismas consideraciones de las sentencias condenatorias, y no probó el actuar doloso que fundaba su pretensión reversiva. La Sala confirmó la decisión que negó las pretensiones. En la práctica, la acción de repetición no prospera cuando el dolo se afirma pero no se prueba en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Existe prueba de la conducta dolosa del demandado en repetición?¿Las sentencias que declararon la nulidad de los actos y ordenaron el restablecimiento del derecho ordenando unos pagos solo acreditan lo que allí se decide?¿El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos que declararon la insubsistencia por cuanto tuvieron como móvil las desavenencias que tenía el juez con su empleada?
¿Es procedente proponer excepciones en la etapa de alegaciones finales? No
En el proceso no se pueden proponer excepciones en la etapa de alegaciones finales, porque la oportunidad prevista por el ordenamiento es la contestación de la demanda, para que sean resueltas en la audiencia inicial conforme al artículo 180 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la oportunidad de proponer excepciones se cierra con la contestación de la demanda, de modo que las alegaciones no son el momento para formularlas. La segunda es que esta limitación no se opone a la facultad oficiosa del juez, en cualquier instancia, para declarar cualquier excepción que aparezca probada. En el caso concreto, la entidad que pagó la condena estaba legitimada en la causa por activa, porque el pago se hizo por el departamento con cargo a su presupuesto, habilitado por el artículo 3 de la Ley 1416 de 2010 para el caso de una contraloría departamental condenada. La legitimación se fundó en el hecho del pago, que condiciona el inicio de la repetición al aporte de la prueba del pago. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Existe habilitación legal para que, a pesar de que una condena judicial sea emitida contra una contraloría departamental, el pago se haga con cargo al presupuesto del departamento respectivo?¿La entidad que pagó la condena judicial está legitimada por activa en el medio de control de repetición?¿Procede la aplicación de las presunciones de culpa grave y dolo establecidas en la Ley 678 de 2001?
¿El pronunciamiento del juez de segunda instancia está limitado por las razones de inconformidad planteadas por los apelantes en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia en un recurso de apelación está limitado a las razones de inconformidad planteadas por los apelantes, no pudiendo examinar cuestiones no objeto del recurso. En la acción de repetición, la normativa aplicable es la vigente al momento de los hechos que dan lugar al dolo o culpa grave del servidor público, y la evaluación de dicha culpa se realiza comparando la conducta del agente con los estándares legales y reglamentarios que le eran aplicables. Para determinar la existencia de dolo o culpa grave, es necesario acreditar que la conducta del servidor implicó omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, y que violó principios constitucionales como la buena fe y el respeto a los derechos de las personas. El juez en la acción de repetición no está atado a las consideraciones hechas en otros procesos por la misma causa, pero debe valorar la prueba presentada de acuerdo con la ley y la Constitución, sin limitaciones adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿La normatividad aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al dolo o la culpa grave del servidor?¿La evaluación y determinación de la existencia de dolo o culpa grave se funda en un análisis comparativo de una conducta concreta frente a un estándar o modelo conductual que está dispuesto en la…¿Para determinar si un agente estatal obró con dolo o culpa grave, es necesario acreditar una conducta que implicó la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones?
¿Los documentos públicos aportados con la demanda resultan suficientes para acreditar el pago de la condena que dio lugar a la acción de repetición? Sí
Los documentos públicos aportados con la demanda pueden acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, sin que sea necesario el paz y salvo de los beneficiarios, siempre que resulten idóneos para acreditar la extinción de la obligación y hayan permanecido a disposición de las partes para su contradicción. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la entidad puede valerse de cualquier medio probatorio idóneo, y los documentos públicos evidencian la voluntad de la administración de reconocer la suma a favor de los beneficiarios de la condena. La segunda es que los documentos no fueron tachados de falsos ni controvertidos, y acreditan que el pago se hizo a la cuenta del apoderado judicial, quien tenía facultad para recibir. En consecuencia, se demostró el requisito del pago. Respecto de la prueba trasladada, la providencia reitera que solo procede su valoración cuando fue solicitada por la parte contra la que se aduce o se practicó con su audiencia. La nota de relatoría remite a una sentencia de 10 de septiembre de 2021 sobre la prueba del pago de la condena, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de la prueba trasladada?¿Cuál es la normatividad aplicable a la acción de repetición?¿Procede la valoración de los testimonios sospechosos?
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
La desviación de poder constituye un vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada, no pudiendo predicarse un actuar gravemente culposo respecto de aquel agente estatal que adopta una decisión de insubsistencia con la supuesta finalidad de tomar represalias políticas, toda vez que la culpa grave se halla inmersa en una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves, concebida esencialmente como un error, imprudencia o negligencia imposible de justificar sino por la propia necedad o desidia del agente, sin que el hecho de sostener relaciones personales de amistad con adversarios o aliados pueda tomarse como prueba determinante de tal vicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder?¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali?¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio?¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social…¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
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