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determinar si los señores Oscar Rodrigo Velasco Arcos y Jhon Ricardo Céspedes Gaviria son responsables, por su presunto actuar doloso, en los hechos ocurridos el 24 de junio de 2009, cuando el señor Fernando José Parejo Lozano fue víctima de los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, circunstancias por las cuales el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado Adjunto de Descongestión de Cundinamarca los condenó, providencia que fue conciliada y aprobada el 21 de marzo de 2012 y por la cual la entidad demandante tuvo que pagar $591.679.273,49 pesos. No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si no demuestra que la conducta del servidor público fue dolosa o gravemente culposa, ya que estos elementos son requisitos necesarios y concurrentes para que surta efectos el mecanismo. La entidad demandante debe probar la calidad del servidor público y su participación en la acción u omisión dañina, la existencia de una condena judicial o conciliación que genere la obligación de pagar una suma de dinero, el pago efectivo realizado por el Estado y que la conducta del servidor fue dolosa o gravemente culposa. En este caso, la Sala concluyó que la parte demandante no probó que la conducta de los demandados en los hechos ocurridos el 24 de junio de 2009 hubiera sido con dolo o culpa grave, por lo que no se le permite ejercer el medio de control de repetición.síntesis automática
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer medio de control de repetición contra representante legal de una entidad del orden nacional? Sí
El Consejo de Estado es competente en única instancia para conocer un medio de control de repetición contra el representante legal de una entidad del orden nacional, ya que el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 establece esta competencia cuando el demandado fungió como representante legal de la entidad en el momento de los hechos. En este caso, el demandado, quien era el representante legal de la entidad estatal en cuestión, no desvirtuó la presunción de dolo que se estructuró a partir de sentencias que anularon actos administrativos por desviación de poder, lo que permitió declarar la prosperidad del medio de control de repetición y condenarlo a reintegrar el valor pagado por la entidad demandante, en función de su grado de participación en la producción del daño. Además, la condena en costas es procedente contra la parte vencida en el proceso, de acuerdo con el artículo 365 numeral 1 y el artículo 366 numeral 1 de la Ley 1564 de 2012.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a declarar la prosperidad del medio de control de repetición ya que el demandado no desvirtuó la presunción de dolo que se estructuró con las sentencias que anularon el acto administrativo…¿El reintegro del pago de la condena por parte del demandado se da conforme a su grado de participación en la producción del daño?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Se debe revocar la sentencia proferida por el a quo, dado que conforme a las pruebas obrantes en el expediente se demuestra que los demandados violaron de forma manifiesta e inexcusable las normas de derecho al no impulsar como correspondía el proceso de cobro coactivo adelantado en contra de la Sociedad Sistemas Integrados Automotrices Limitada, es decir, ordenando la devolución del título? No
La acción de repetición contra el servidor público exige acreditar, además de la condena o del pago efectivo realizado por la entidad, que el agente actuó con dolo o con culpa grave. Esta última es un requisito de carácter subjetivo que debe probarse en el proceso y no puede presumirse, pues solo el actuar irresponsable, mal intencionado o descuidado genera responsabilidad. Los requisitos objetivos se rigen por las normas procesales vigentes al presentarse la demanda, mientras que la conducta subjetiva se rige por la normatividad vigente al momento de la acción u omisión que originó la responsabilidad del Estado. El operador judicial no debe limitarse a las definiciones del Código Civil y debe valorar la conducta del agente con garantía de los principios de buena fe, debido proceso e inocencia. En el caso concreto, los demandados actuaron conforme a sus funciones y tramitaron el proceso de cobro coactivo según correspondía, de modo que no se demostró la culpa grave y se confirmó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, la sola existencia de una condena o de un error en la gestión no basta para fundar la repetición.síntesis automática
¿El demandado está obligado a reembolsar al Ejército Nacional el valor de la conciliación celebrada, por cuanto su actuación fue dolosa? Sí
La presunción de dolo del numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 no se estructura cuando no obra en el proceso prueba de que el agente haya sido condenado a título de dolo, penal o disciplinariamente, de modo que la aprobación de una conciliación no suple esa condena ni valora la culpabilidad del agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presunción depende de una decisión previa que declare el dolo del servidor, y el auto que aprueba el acuerdo conciliatorio no se pronuncia sobre su comportamiento ni sobre su culpabilidad. Segundo, la ausencia de esa condena no excluye que el dolo se demuestre por otros medios, pues de las pruebas del proceso puede colegirse que el agente obró con móviles personales y con la intención de causar un daño. La providencia confirma la condena de repetición, al concluir que el dolo se acredita con los medios de prueba del proceso; en la práctica, la entidad puede demostrar el dolo con elementos propios del proceso aunque no pueda invocar la presunción.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena?¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-02-21Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020170089101LEY 1437 REPETICION
¿Los herederos de quien ostentó la condición de servidor público, que realizó las actuaciones que se califican de culposas o dolosas son los llamados a responder patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad demandante? Sí
Los herederos de un exservidor público responden patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad, siempre que se acredite su calidad de herederos y que se pruebe el elemento subjetivo de dolo o culpa grave de quien causó el daño. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la muerte no extingue las obligaciones patrimoniales, según el artículo 1625 del Código Civil, y la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial. La segunda es que la calidad de herederos se acredita con los documentos que lo demuestren, como la escritura pública de protocolización de la sucesión y los registros civiles de nacimiento. En el caso concreto, la entidad accionante aportó la escritura de la sucesión de la exfuncionaria, en la que se reconocen como herederos a sus dos hijos sobrevivientes, por lo que estos están legitimados por pasiva. La condena a los herederos depende de la prueba de la conducta culposa o dolosa, que se valorará con las pruebas del proceso. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Los herederos de la exdirectora del ICETEX se encuentran legitimados por pasiva, puesto que la parte demandante aportó el documento que los reconoce como herederos?¿El Estado se encuentra en la capacidad de repetir contra sus agentes y de esta forma reintegrar al erario público el dinero pagado por concepto de una condena?
¿En el caso concreto se configuraron los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, estos es la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y la existencia de una conducta dolosa del agente como factor determinante de la condena y la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio? Sí
El contratista puede prosperar en una acción de repetición contra la entidad estatal cuando se configuran tres elementos: la condena judicial al Estado por un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo de la condena a la víctima y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. En este caso, la Sala determinó que la entidad demandante fue condenada por un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo por falsa motivación, lo que configuró la presunción de dolo del agente estatal conforme al artículo 5 numeral 3 de la Ley 678 de 2001. La entidad demandante pagó la condena, lo que completa los requisitos para la procedencia de la acción de repetición. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, estableciendo que la falsa motivación en la expedición de actos administrativos puede dar lugar a la presunción de dolo del agente estatal, lo que implica que las entidades estatales deben ser especialmente cuidadosas en la motivación de sus decisiones administrativas.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-10-11Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020130016500LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia, por cuanto la CAR no es una entidad del orden nacional? Sí
La acción de repetición contra los representantes legales de entidades del orden nacional es de única instancia ante el Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, pero no cuando la entidad es una corporación autónoma regional, que no pertenece al orden nacional, de modo que la corporación carece de competencia y debe remitir el expediente. La razón es que la naturaleza de la corporación es sui generis y no puede asimilarse a un organismo de la administración central ni a una entidad territorial, mientras que su representante legal ejerce competencias en el ámbito territorial definido por la Ley 99 de 1993. Además, al declararse la falta de competencia, el artículo 152 del CPACA ordena remitir el expediente al tribunal competente, y las actuaciones surtidas conservan su validez según el artículo 16 del Código General del Proceso. En el caso, el despacho declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al tribunal administrativo competente. Su consecuencia práctica es que la competencia de única instancia exige que la entidad sea del orden nacional, y que una corporación descentralizada no basta para activarla.síntesis automática
También resuelve:¿Las CAR son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales?¿La competencia del Consejo de Estado para resolver en única instancia las demandas de repetición, se restringe a los eventos en que se llame a responder patrimonialmente a los representantes legales…¿El legislador estableció para cada CAR un ámbito territorial limitado para el ejercicio de sus competencias?
¿De la inasistencia del alcalde encargado a la audiencia se puede concluir que la no concesión del recurso de apelación fuera atribuible al demandando? No
De la sola inasistencia del [alcalde encargado] no se puede concluir que la no concesión del recurso fuera atribuible al demandando, máxime, cuando a la audiencia fue una apoderada como lo permitía la ley y, si bien la misma no tenía facultades para conciliar no se allegó el poder para determinar quién lo atribuyó de manera incompleta. En consecuencia, dado que no se demostró una conducta dolosa o gravemente culposa, se confirmará la Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.
También resuelve:¿La omisión del demandado como alcalde encargado determinó la imposición de la condena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Se acreditó que el demandado otorgó un poder de manera incompleta para que se declarara desierto el recurso de apelación?¿Se determinó que la actuación del demandado motivó la imposición de la condena y que esa actuación estuvo revestida de dolo o culpa grave?
¿Se demostró que la actuación del demandado en repetición fue negligente de forma que pueda atribuírsele responsabilidad patrimonial? No
En la acción de repetición, la sentencia que anula el acto de desvinculación no prueba por sí misma el dolo ni la culpa grave del servidor, de modo que la responsabilidad patrimonial exige demostrar su conducta. La regla se apoya en tres razones. Primera, la presunción de dolo por desviación de poder solo opera cuando se acredita el hecho que la configura, esto es, un fin particular o arbitrario perseguido por la administración. Segunda, la entidad demandante debe aportar el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, pues la sola sentencia de nulidad y restablecimiento no permite inferir el elemento subjetivo. Tercera, la carga de la prueba recae en el accionante, que no puede beneficiarse de presunciones cuyo supuesto de hecho no está configurado. Por ello, la providencia niega las pretensiones de la demanda. En la práctica, la repetición fracasa cuando el actor se limita a la sentencia condenatoria y no aporta los actos y las pruebas que acrediten la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia no analizó ninguna prueba en la que se evidenciara que el demandante obró con desviación de poder?¿El acto de insubsistencia demandado no persiguió las razones del buen servicio público porque la Administración no probó que su retiro haya obedecido a tales razones?¿Se estudia si se configura el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada por la parte demandante?
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado emitir fallo anticipado en un proceso de repetición, modificando el turno estricto de decisión, con fundamento en la naturaleza del asunto y en el orden temático de prelación aprobado por la corporación? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede emitir fallo anticipado en un proceso de repetición, modificando el turno estricto de decisión, siempre que la naturaleza del asunto y el orden temático de prelación aprobado por la corporación lo justifiquen, lo que implica que la entidad estatal puede acelerar la resolución de casos de alta relevancia sin necesidad de seguir estrictamente el orden cronológico de ingreso de los expedientes. En cuanto a la competencia del juez de segunda instancia, esta se limita a los motivos de la impugnación presentados por el apelante, sin poder revisar aspectos no objeto del recurso, salvo lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA. Además, para que opere la cosa juzgada, es necesario acreditar la identidad de objeto, causa y partes en el proceso. Finalmente, una entidad estatal no puede ejercer posteriormente el medio de control jurisdiccional de repetición contra un agente o exagente estatal si previamente lo llamó en garantía con fines de repetición en un proceso de responsabilidad patrimonial, ya que esto implicaría una violación del principio de cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve:¿El pronunciamiento del juez de segunda instancia, cuando se trata de apelante único, está limitado por los motivos de inconformidad del recurrente?¿Para que opere la cosa juzgada debe acreditarse en el proceso identidad de objeto, de causa y de partes?¿Puede una entidad estatal ejercer posteriormente el medio de control jurisdiccional de repetición contra un agente o exagente estatal si previamente…
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos en acción de repetición? Sí
El contratista tiene la competencia para interponer una acción de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando se dan los presupuestos procesales establecidos en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificados por la Ley 446 de 1998. La Sala determina que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se realiza desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que ordenó la condena y el pago efectivo, y no desde la fecha de presentación de la demanda, como sostuvo el tribunal. Además, la Sala establece que las presunciones de dolo o culpa grave no se aplican si los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. En cuanto a la prueba trasladada, esta es válida y puede ser valorada si la parte demandada tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y no presentó reparos. Para la procedencia de la acción de repetición, se deben demostrar la existencia de una condena, el pago efectivo y la culpa grave o dolo del agente del Estado. En este caso, la Sala encuentra configurada la conducta dolosa del agente del Estado por el uso desproporcionado de la fuerza, lo que implica que el contratista puede proceder con la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición?¿Según la normatividad aplicable al caso concreto, se pueden aplicar las presunciones de dolo o culpa grave?¿Cuáles son los presupuestos para que tenga validez y se pueda valorar la prueba trasladada?
¿Se acreditó la responsabilidad patrimonial del demandado a título de dolo, debido a que la condena penal emitida en su contra sí corroboró que obró con la intención de causar la desaparición forzada y posterior muerte de la víctima en el operativo militar? Sí
La sentencia de primera instancia será confirmada en relación con la responsabilidad patrimonial de… a título de dolo, debido a que la condena penal emitida en su contra sí corrobora que obró con la intención de causar la desaparición forzada y posterior muerte de… en el operativo militar desplegado el 28 de marzo de 2007, no obstante, será modificada en relación con el monto que este debe pagar, con sustento en el mandato expreso consignado en el artículo 14 de la Ley 678 de 2001 en proporción a su participación en los hechos que dieron lugar a la condena del ente estatal.
También resuelve:¿En virtud de la naturaleza del proceso, medio de control de repetición, es procedente emitir fallo de manera anticipada?¿Procede el medio de control de repetición contra el demandado que apeló la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta que éste se postuló para ser aceptado en la Jurisdicción Especial Para la…¿Son presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición: La condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; el pago efectivo a la víctima del daño y…
¿En el marco del medio de control de repetición, se materializó la imputación subjetiva contra el exsoldado a título de dolo o culpa grave ? No
Cuando una entidad estatal es condenada con fundamento en la falla del servicio, esa condena no basta para probar el dolo o la culpa grave del servidor en el proceso de repetición. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el juez de repetición debe valorar si la desatención de los deberes funcionales fue de tal magnitud que obligue al servidor a restituir la condena, sin que baste insistir en el incumplimiento del deber legal que motivó la condena. Segunda, las providencias de reparación directa que sustentaban la pretensión imputaban riesgo excepcional, no falla, y sus consideraciones no prueban por sí solas la imputación subjetiva. Tercera, el uso de un arma de dotación oficial, sin prueba de los demás elementos de tiempo, modo y lugar, no permite deducir dolo ni culpa grave, que es requisito de la repetición según el artículo 90 de la Constitución. Por ello se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia reitera esa jurisprudencia sobre la prueba de la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Ser condenada una entidad del Estado con fundamento en la falla del servicio, es suficiente para probar el dolo o culpa grave del funcionario en el proceso de repetición?¿En un proceso de repetición se reclama probar no solo la condena impuesta al Estado y su cumplimiento, sino también la culpa grave o el dolo del agente?¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo conlleva la responsabilidad del agente o exagente del Estado que eventualmente hubiere dado lugar a la misma?
¿En el plenario del medio de control de repetición, existe prueba sobre la materialización de la imputación subjetiva contra los demandados a título de culpa grave? No
Cuando se pretende la repetición contra miembros de la fuerza pública, las sentencias disciplinarias y las de reparación directa no prueban por sí solas la culpa grave, pues el dolo y la culpa grave son presupuestos de carácter personal que deben establecerse respecto de cada agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el fallo de reparación directa es un elemento de juicio insuficiente para valorar la conducta del agente. Segunda, la parte actora no solicitó la práctica de otros elementos de juicio idóneos para acreditar el elemento subjetivo. Tercera, los antecedentes administrativos aportados por la entidad se refieren a un informativo sobre pérdida de material de guerra y no tienen relación directa con los daños por los que el Estado fue condenado. En consecuencia, como no se aportaron pruebas idóneas, las pretensiones debían negarse y se confirmó la sentencia apelada. El documento reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el valor limitado del fallo de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora asumió que el elemento de la culpa grave se desprendía de la sentencia proferida dentro de la reparación directa?¿El demandante tiene la carga de indicar qué conductas específicas son atribuibles al demandado?¿La parte actora tenía la carga de acreditar que los demandados actuaron con culpa grave en los hechos?
¿Se acreditó el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición? No
El contratista no puede acreditar el dolo en la actuación de la agente estatal demandada bajo la acción de repetición, ya que no existen elementos probatorios que demuestren que la funcionaria actuó con intención de desviar el poder para fines distintos a los del buen servicio. El tribunal revoca parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva de una de las funcionarias demandadas, pero confirma que no se acreditó el dolo ni la desviación de poder, al no haberse presentado pruebas que indiquen que la conducta de las servidoras públicas fue desplegada con propósitos distintos a los del buen servicio. Este precedente reitera la necesidad de presentar pruebas idóneas y trasladadas al proceso para demostrar la conducta dolosa del agente estatal, y confirma que documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición.síntesis automática
¿La conducta dolosa debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el proceso de repetición? Sí
En la acción de repetición, la conducta dolosa del agente debe quedar establecida de manera plena e individualizada dentro del propio proceso, sin que la sentencia que declaró la nulidad de los actos por desviación de poder acredite automáticamente la responsabilidad subjetiva del demandado. La regla se apoya en que ese juicio previo y diferente tiene otro objeto, de manera que el juez de la repetición debe hacer una valoración autónoma e independiente de la prueba del elemento subjetivo. Además, la carga probatoria recae sobre la entidad que pretende el reembolso, que no puede limitarse a reproducir las consideraciones de las sentencias que la condenaron. En el asunto, la entidad se limitó a afirmaciones sobre una supuesta conducta dolosa, basadas en las mismas consideraciones de las sentencias condenatorias, y no probó el actuar doloso que fundaba su pretensión reversiva. La Sala confirmó la decisión que negó las pretensiones. En la práctica, la acción de repetición no prospera cuando el dolo se afirma pero no se prueba en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Existe prueba de la conducta dolosa del demandado en repetición?¿Las sentencias que declararon la nulidad de los actos y ordenaron el restablecimiento del derecho ordenando unos pagos solo acreditan lo que allí se decide?¿El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos que declararon la insubsistencia por cuanto tuvieron como móvil las desavenencias que tenía el juez con su empleada?
¿Procede la condena en costas contra la entidad pública vencida en el medio de control de repetición? Sí
En el medio de control de repetición, la condena en costas tiene carácter objetivo valorativo, de modo que se impone a la parte vencida cuando en el expediente aparece que se causaron y en la medida de su comprobación, sin depender de la temeridad o la mala fe. La regla se apoya en el cambio que el CPACA introdujo frente al criterio subjetivo del Código Contencioso Administrativo y en las reglas del Código General del Proceso que regulan la liquidación de costas. Por ello, el juez debe pronunciarse sobre costas en toda sentencia y decidir si las condena o se abstiene según las pruebas de su causación. En el asunto, la entidad demandada vencida tuvo que incurrir en gastos para acudir al proceso, y la Sala modificó la sentencia en el punto pertinente a las costas. En la práctica, la condena en costas en repetición no depende de la conducta procesal de las partes sino de los gastos comprobados en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Se condena en costas a la entidad demandante y se fijan las agencias en derecho en 3 SMLMV?¿La demandada compareció al proceso mediante apoderado judicial, quien realizó actividades de defensa judicial?¿El medio de control procedente es el de repetición porque se solicita declarar a los demandados patrimonialmente responsables del pago realizado en cumplimiento de una condena?
¿Los presupuestos para la procedencia de la acción de repetición, son: la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite, la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago efectivo de la obligación reparatoria y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público? Sí
El contratista debe cumplir con cuatro presupuestos para proceder con la acción de repetición: la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite, la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago efectivo de la obligación reparatoria y la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público. La Sala modifica la interpretación anterior al establecer que el término de caducidad de la acción de repetición comienza a correr a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en caso de que no se haya pagado la totalidad de la condena en el plazo inicialmente establecido. Esto implica que el cómputo del término de caducidad no se inicia necesariamente desde la fecha del pago total, sino desde la fecha límite del plazo de 18 meses, lo que puede afectar la oportunidad de presentar la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿El término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que se realice el pago total o, a más tardar…¿Constituye una certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante prueba del pago efectivo de la obligación reparatoria…
¿Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere que exista certeza de que fueron ellos los que con su conducta causaron el daño? Sí
Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, es necesario establecer certeza de que fueron ellos quienes causaron el daño, lo cual requiere pruebas suficientes de su conducta dolosa o gravemente culposa. En el caso en cuestión, la Sala negó la responsabilidad del Estado y los agentes estatales debido a la ausencia de pruebas que acrediten su participación en la conducta que causó el daño. La falta de pruebas de la conducta culposa o dolosa, así como la incertidumbre sobre la hipótesis del combate y la pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley, impidió la imputación o endilgar la responsabilidad a los militares involucrados.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante acreditó con suficiencia las condiciones en las que ocurrieron los hechos por los que pretende repetir contra sus exagentes?¿Los elementos de prueba allegados sugieren dudas sobre la hipótesis del combate y la posible pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley?¿Resulta posible imputar o endilgar a los tres militares señalados el hecho dañoso que dio origen a la acción de repetición ante la falta de prueba de la conducta que se alega cometieron los agentes?
¿Se configuró el dolo del señor Salvador Arana Sus, demandado en el presente proceso, por haber sido declarada la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, debido a que dicho acto administrativo fue expedido con desviación de poder? Sí
El Tribunal Administrativo de Sucre, por sentencia del 16 de agosto de 2007, declaró la nulidad de la Resolución No. 2774 del 2 de diciembre de 2002, por medio de la cual se omitió incorporar al señor Miguel Adolfo Drago Benito-Revollo al cargo de profesional universitario, código 340, grado 04, que desempeñaba en la Gobernación de Sucre; y condenó a dicha entidad territorial a pagarle los salarios y las prestaciones sociales que el señor Drago Benito-Revollo dejó de percibir desde que fue desvinculado de su cargo hasta que fue reintegrado al mismo.
También resuelve:¿Las presunciones legales de dolo y culpa grave previstas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la…¿En virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente…¿Es procedente actualizar la condena impuesta en primera instancia en razón a que no fue objeto del recurso de apelación?