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Consejo de Estado
Providencia
Constituye incumplimiento contractual y vulneración al principio de buena fe que el contratista reporte precios superiores a los efectivamente pagados a las aerolíneas en desarrollo de una orden de compra celebrada en el marco de un acuerdo marco de precios.
Sentencia — Sentencia
2025-12-02
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020200031101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Constituye incumplimiento contractual y vulneración al principio de buena fe que el contratista reporte precios superiores a los efectivamente pagados a las aerolíneas en desarrollo de una orden de compra celebrada en el marco de un acuerdo marco de precios? Sí
El contratista incumple el contrato y viola el principio de buena fe al reportar precios superiores a los efectivamente pagados a las aerolíneas en desarrollo de una orden de compra dentro de un acuerdo marco de precios, ya que dicha práctica altera el precio que la entidad compradora debía pagar por cada tiquete aéreo, según establece la cláusula 8 del acuerdo marco. La entidad pública puede prescindir de una verificación adicional con el contratista cuando cuenta con pruebas documentales emitidas por terceros que respaldan los valores cobrados, lo que permite valorar el informe final de supervisión sin necesidad de nuevas verificaciones. En casos donde se acredita la existencia de perjuicios pero no se puede cuantificar su monto con certeza, el juez puede condenar en abstracto al contratista para lograr la reparación integral del daño sufrido por la entidad estatal. Colombia Compra Eficiente no está facultada para declarar el incumplimiento de una orden de compra derivada de un acuerdo marco de precios, limitándose su competencia al acuerdo marco en sí. Se condena en costas en ambas instancias a la parte demandada conforme a los artículos 188 del CPACA y 365 y 366 del CGP.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede una entidad pública, al valorar un informe de supervisión contractual, prescindir de una verificación adicional con el contratista cuando cuenta con pruebas documentales emitidas por terceros…
¿Puede el juez condenar en abstracto al contratista cuando se ha acreditado la existencia de perjuicios, pero no es posible cuantificar su monto con certeza en la etapa de decisión?
¿Está Colombia Compra Eficiente facultada para declarar el incumplimiento de una orden de compra derivada de un acuerdo marco de precios?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-03-25
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 05001233100019980297901
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada…
¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño…
¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante?
Sentencia — Sentencia
2022-11-18
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000232600020090003701
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…
¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…
¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Debe recordarse que “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
Sentencia — Sentencia
2022-08-16
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 08001233100020110050601
ACCION CONTRACTUAL
¿Se cumplieron los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente al fallo de primera instancia en la que se condenó a la entidad territorial por incumplimiento del contrato interadministrativo? Sí
El contratista cumple con los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente a una condena por incumplimiento de contrato interadministrativo, siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia, la cuantía de la condena supere los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el fallo no haya sido apelado. En este caso, la demanda se presentó en 2011, por lo que se rige por el Código Contencioso Administrativo de 1984, y la Sala es competente para conocer del asunto debido a la procedencia del grado jurisdiccional de consulta. La entidad territorial fue condenada por incumplimiento del convenio interadministrativo, y dado que el fallo no fue apelado y cumplía con los requisitos de cuantía y doble instancia, la Sala confirmó la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, lo que implica que el proceso puede continuar en esta instancia sin necesidad de un recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional está legitimada en la causa por activa y el Municipio por pasiva…
¿El convenio interadministrativo celebrado entre las partes tuvo por objeto la ejecución de obras viales con recursos aportados por Acción Social…
¿Para el cómputo del término de caducidad de la acción contractual es necesario determinar en qué momento se realizó la liquidación unilateral del convenio interadministrativo y si previamente…
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido?
Sentencia — Sentencia
2025-08-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000232600020110042702
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido? Sí
El incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial configura la ineptitud de la demanda y conduce al rechazo de plano de la misma. La regla se apoya en los artículos 35 y 36 de la Ley 640 de 2001, vigentes al presentarse la demanda, que exigen ese agotamiento como condición previa para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, y en que su extensión a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, introducida por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, mantiene el mismo efecto. Por ello, la conciliación adelantada solo por la víctima directa no satisface el requisito para los demás demandantes, aun cuando actúen como litisconsortes facultativos. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la conciliación adelantada por uno de los demandantes no aprovecha a los demás, y la excepción de ineptitud sustantiva debe prosperar respecto de ellos.síntesis automática
También resuelve:
¿Transmilenio S.A. tiene legitimación en la causa por pasiva frente a las demandas de reparación directa originadas por accidentes de tránsito de buses concesionados del Sistema Integrado de…
¿Resulta procedente valorar las pruebas trasladadas del proceso penal cuando, pese a la oposición inicial de una de las demandadas…
¿Configuró un daño antijurídico las secuelas físicas y funcionales sufridas por la víctima, aun cuando no existe certeza sobre el carácter permanente de su limitación?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 20001233900320140032501
LEY 1437 REPETICION
¿Debe aplicarse el CPACA —con remisión al CGP— para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014 y la Ley 678 de 2001 para resolver la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007, incluidas sus presunciones de dolo o culpa grave? Sí
El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el Código General del Proceso (CGP) para el trámite de la acción de repetición presentada el 13 de junio de 2014, mientras que la responsabilidad del agente estatal por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2007 se rige por la Ley 678 de 2001, incluyendo sus presunciones de dolo o culpa grave. La Sala modifica la interpretación anterior, estableciendo que el CPACA es aplicable a los procedimientos iniciados después de su entrada en vigencia, mientras que la Ley 678 de 2001 regula los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición para hechos ocurridos en su vigencia. Esta regla implica que los procesos de repetición deben seguir rigurosamente la normativa vigente al momento de los hechos y la presentación de la demanda, afectando la aplicación de la ley y el procedimiento a seguir en casos similares.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe considerarse competente al Consejo de Estado para conocer en segunda instancia este medio de contro de repetición, atendiendo los factores de competencia por materia (repetición)…
¿Debe considerarse procedente la acción de repetición como medio de control para declarar la responsabilidad patrimonial del agente cuyo dolo o culpa grave originó la condena o conciliación contra la…
¿Debe considerarse presentada en tiempo la acción de repetición interpuesta el 13 de junio de 2014, al haberse radicado dentro de los dos años siguientes al pago efectuado el 13 de junio de 2012…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-05-04
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020170062601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Esp procedente la acumulación de pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, bajo los trámites regulados por el CPACA? Sí
Nuestro rígido y formalista sistema de mecanismos para acceder a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo impedía algo que, en la Jurisdicción Ordinaria, era una obviedad: acumular pretensiones. Se consideraba, por ejemplo, que solicitar la compensación del perjuicio moral causado por un acto administrativo viciado de nulidad afectaba la aptitud de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, porque dicha pretensión era propia de otra acción (la de reparación directa). A más de un atentado contra la economía procesal, por la invitación implícita a instaurar varias demandas, con el riesgo de sentencias contradictorias, se vulneraban derechos sustanciales, como el de la reparación integral, con argumentos como que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no permitía reparar perjuicios.
También resuelve:
¿Procede la acumulación de pretensiones de responsabilidad extracontractual con las derivadas de la ejecución de un contrato estatal?