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25000232600020070061701 DE 2025 de 20252025-09-15Rad. 25000232600020070061701
El contratista no puede impugnar judicialmente actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato, salvo que estos sean definitivos y generen una situación jurídica nueva; en el caso de solicitudes de revocatoria directa, el acto que las niega no constituye un acto administrativo definitivo susceptible de acción contencioso administrativa, ya que no genera una situación jurídica distinta a la del acto revocado. Esta regla implica que la controversia contractual se limita a aspectos relacionados con el contrato en sí, su existencia, nulidad o incumplimiento, y no abarca actos previos que no generen una nueva situación jurídica. Esto reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la negativa a revocar un acto administrativo no es susceptible de impugnación judicial, lo que implica que las pretensiones basadas en estos actos deben ser negadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve:Régimen de actos administrativos en la contratación estatal según la ley 80 de 1993: régimen de actos administrativos en la contratación estatal, actos previos al contrato, la Ley 80 de 1993, en su regulación, distinguió con claridad el régimen de los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del contrato, de aquel que se refiere a los actos proferidos con posterioridad. Además, incluso, determinó que ciertos actos, no obstante ser previos, tienen efectos reguladores sobre el contrato, como ocurre con el pliego de condiciones (artículo 30.2 de la Ley 80 de 1993) que establece el régimen jurídico y los derechos y deberes de las partes, respecto del c ual la jurisprudencia ha reconocido una doble naturaleza: como acto administrativo y como una disposición contractual por su vocación de integrar el contrato. En efecto, por solo hacer referencia a algunas disposiciones, el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 dispuso que «la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o represen tante de la entidad estatal», con lo que diferenció unos actos de otros. Esta separación conceptual entre actos previos al contrato y los emitidos una vez celebrado también se encuentra en el numeral 7º del artículo 24, en el que se indicó que los actos ad ministrativos que se expidan en la «actividad contractual o con ocasión de ella», se motivarán en forma detallada e hizo esa misma exigencia respecto del acto de adjudicación y del de declaratoria de desierta, es decir, los tuvo como una categoría distinta. En tal sentido, la Ley 80 de 1993 optó, en su momento, por regular, de un lado, la procedencia de la acción de controversias contractuales para los actos expedidos una vez perfeccionado el contrato y, por otro, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho para controlar la legalidad de los actos previos, tales como aquél que adjudica el contrato, el que declara desierta la licitación -susceptible además de reposición, y todos aquellos que, previos a ese perfeccionamiento, fueran definitivos o de trámite pero que pusieran fin al procedimiento administrativo. impugnación de los actos administrativos precontractuales en la contratación estatal
También resuelve:Artículo 1603 del código civil: definición, buena feRepública de colombiaConsejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera: subsección b
¿Deben aplicarse las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 al caso sub examine? No
Como el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso no se aplican las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron con anterioridad a su vigencia; así, la Sala analizará el elemento subjetivo de conformidad con el régimen del Código Civil.
También resuelve:¿Procede la acción de repetición en el caso sub examine, ya que se demostró el elemento subjetivo de la misma, es decir, se acreditó el grado de culpa grave o dolo con el cual actuó el demandado?¿Debe aplicarse el régimen objetivo de responsabilidad del Estado al caso sub examine?¿Procede la condena en costas procesales por concepto de agencias en derecho?
¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo de la culpa grave, en cuanto no hay lugar a emplear las presunciones que establece la Ley 678 de 2001? Sí
Respecto del régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena. En este caso, dado que los hechos ocurrieron en diciembre de 1995 y enero de 1996, no hay lugar a aplicar las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001. En ese orden, le asiste la razón a la parte demandada cuando reclama que el estudio del elemento subjetivo se haga por fuera de las presunciones; no podía, el juez de primera instancia, presumir que si existió violación manifiesta e inexcusable de disposiciones (presunción prevista en la Ley 678, artículo 6, numeral 1) entonces el demandado había obrado con culpa grave, comoquiera que la ley que introdujo las presunciones no estaba vigente al momento en que sucedieron los hechos…
También resuelve:¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa, puesto que existe una absoluta falta de argumentación…
¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo del concepto general de culpa grave, en cuanto el demandante alega una supuesta presunción de culpa grave por extralimitación de las funciones? Sí
El contratista no puede alegar una presunción de culpa grave por extralimitación de funciones, ya que tal presunción no está prevista en la ley, y el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la condena, en este caso la Ley 678 de 2001. La Sala analiza el concepto general de culpa grave contenido en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, conforme al régimen del Código Civil, y rechaza las pretensiones de la demanda por falta de prueba de la culpa grave y la extralimitación de funciones. Además, la prueba trasladada del proceso penal militar es valorada, pero la sentencia de reparación directa no es oponible al demandado por su ausencia en el proceso. Finalmente, se fija la condena en costas y agencias en derecho en el 2.5% del valor de las pretensiones, según el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Debe otorgarse valor probatorio a la prueba trasladada en el caso concreto, es decir, al proceso penal del cual conoció la justicia militar?¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa…¿Puede otorgarse valor probatorio a la sentencia de reparación directa que fue aportada al proceso, toda vez que no es oponible al demandado, dado que este no participó en dicho asunto?
23001233300020150008901 de 20252025-04-22Rad. 23001233300020150008901
En efecto, el objeto ilícito se configura por transferir mediante un vínculo contractual una función privativa de la entidad pública en atención a su naturaleza -retiro de recursos de una cuenta y los compromisos sobre su gestión-, conforme a la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 1519 y 1523 del Código Civil que establecen como objeto ilícito todo lo que contraviene el derecho público de la nación, todo contrato prohibido por las leyes y el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que al regular el contenido del contrato estatal prescribe que pueden incluirse las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, “siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. –Objeto –ilícito Definición- Alcance Objeto- Artículo 1519 y 1523 del Código Civil…
También resuelve:Contrato estatal: objeto ilícito, nulidad absoluta del contrato, Ley 80 artículo 44 y 45Objeto ilícito en contrato estatal: aplicación del Código Civil, Artículo 1741 y 1519, aplicación Código de Comercio artículo 899Declaratoria de oficio de nulidad absoluta por parte del juez: Código Civil artículo 1742, declaratoria de oficio de nulidad absoluta por parte del juez del contrato, Ley 1437 de 2011 artículo 141
¿El pronunciamiento del juez de segunda instancia está limitado por las razones de inconformidad planteadas por los apelantes en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia en un recurso de apelación está limitado a las razones de inconformidad planteadas por los apelantes, no pudiendo examinar cuestiones no objeto del recurso. En la acción de repetición, la normativa aplicable es la vigente al momento de los hechos que dan lugar al dolo o culpa grave del servidor público, y la evaluación de dicha culpa se realiza comparando la conducta del agente con los estándares legales y reglamentarios que le eran aplicables. Para determinar la existencia de dolo o culpa grave, es necesario acreditar que la conducta del servidor implicó omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, y que violó principios constitucionales como la buena fe y el respeto a los derechos de las personas. El juez en la acción de repetición no está atado a las consideraciones hechas en otros procesos por la misma causa, pero debe valorar la prueba presentada de acuerdo con la ley y la Constitución, sin limitaciones adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿La normatividad aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al dolo o la culpa grave del servidor?¿La evaluación y determinación de la existencia de dolo o culpa grave se funda en un análisis comparativo de una conducta concreta frente a un estándar o modelo conductual que está dispuesto en la…¿Para determinar si un agente estatal obró con dolo o culpa grave, es necesario acreditar una conducta que implicó la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones?
76001233300020230020301 de 20262026-04-10Rad. 76001233300020230020301
El contratista no tiene derecho al equilibrio económico del contrato en contratos de servicios públicos no sometidos al EGCAP, ya que las disposiciones de la Ley 80 de 1993 que regulan este derecho no integran el contenido del contrato celebrado, y las normas del EGCAP son las que atribuyen ese derecho subjetivo al contratista. Además, las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son titulares de las potestades exorbitantes que permiten la mutabilidad contractual y la preservación del equilibrio económico, salvo que se establezcan expresamente en el contrato. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, reafirmando que el derecho al equilibrio económico no se aplica automáticamente en contratos celebrados por entidades estatales no sometidas al EGCAP, lo que implica que el contratista debe buscar otras vías legales para proteger sus intereses contractuales.síntesis automática
También resuelve:Contratos sometidos a régimen especial: inaplicación Ley 80 de 1993, no aplicación del equilibrio económico del contrato, Ley 80 de 1993 artículo 27Régimen de derecho privado y exclusión del equilibrio económico del egcap en contratos de empresas de servicios públicos: régimen especial Ley 142 de 1994, exclusión del egcap, aplicación derecho civil y comercialImprocedencia del equilibrio económico y procedencia de la revisión por excesiva onerosidad del artículo 868 del código civil: régimen civil y comercial, sin equilibrio económico, revisión de la prestación, onerosidad excesiva
Auto interlocutorio — Auto que deja sin efecto providencia2022-06-15Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000232600020050278501ACCION CONTRACTUAL
¿Se deja sin efectos el auto proferido y se declara que esta jurisdicción es competente para resolver la controversia? Sí
El despacho declara la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales cuando un tribunal arbitral ha declarado la extinción definitiva de los efectos del pacto arbitral, lo que implica la terminación del vínculo jurídico entre las partes y la imposibilidad de que el acuerdo arbitral continúe produciendo efectos. En este caso, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de La Dorada–Caldas declaró extinguidos definitivamente los efectos del pacto arbitral el 1 de junio de 2007, lo que llevó a la anulación de la providencia que declaraba la falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta decisión garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, asegurando su acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, y prevalece sobre cualquier disposición procesal que pudiera desconocer el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión proferida garantiza el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante?¿El pacto arbitral obliga a las partes a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral?
Sentencia — Sentencia2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020240001400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal séptima de nulidad del laudo arbitral, sobre fallo en conciencia, al haberse negado la nulidad del contrato objeto del litigio con base en la inexistencia de desequilibrio financiero del contrato? No
El contratista no puede configurar la causal séptima de nulidad del laudo arbitral al negar la nulidad del contrato por la inexistencia de desequilibrio financiero, ya que el laudo debe fundamentarse en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, no en un análisis probatorio que exceda las facultades del juez de anulación. En este caso, el Tribunal Arbitral analizó cada una de las posibles causales de alteración de la ecuación económica del contrato y concluyó que no había pruebas que demostraran la ocurrencia de ninguna de ellas. Además, el juez de anulación no puede revivir un debate probatorio, ya que su función es limitada a verificar la existencia de fundamentación jurídica y probatoria en el laudo. La Sala declaró infundado el recurso de anulación, reafirmando que el juez de anulación no es un juez de segunda instancia del laudo arbitral y que su análisis debe estar basado en la existencia de fundamentación jurídica y probatoria clara y manifiesta en el laudo.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de inexistencia de lesión enorme fue una decisión tomada en derecho cuya fundamentación jurídica y probatoria estuvo sustentada normativamente?¿La causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 habilita al juez a estudiar si en el Laudo se exponen los fundamentos que sustentan la decisión…
¿Se configura el fenómeno de la cosa juzgada cuando una sentencia anterior resolvió de forma definitiva la controversia relacionada con el incumplimiento de un contrato específico, lo que impide que dicho asunto sea nuevamente discutido en un proceso posterior? Sí
Se configura el fenómeno de la cosa juzgada cuando una providencia judicial anterior resuelve de forma definitiva la controversia sobre el incumplimiento de un contrato específico, impidiendo su discusión en un proceso posterior. El demandante promovió un juicio respecto del contrato No. 491 de 1977 y modificó sus pretensiones para dirigirlas expresamente hacia dicho contrato, sobre el cual la entidad propuso las excepciones de caducidad y cosa juzgada, constatándose la existencia de un pronunciamiento definitivo previo sobre la misma controversia contractual debatida por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Constituye la existencia de una sentencia judicial ejecutoriada sobre el cumplimiento de un contrato determinado un impedimento para reabrir su discusión en un proceso posterior…¿Constituyen las actas internas del comité de conciliación decisiones administrativas con efectos jurídicos vinculantes que permitan fundamentar una pretensión por incumplimiento contractual?¿Antes del Decreto 01 de 1984 se podían aplicar las reglas de prescripción civil en demandas contractuales contra el Estado?
¿En la acción de repetición, cuál es el inicio del conteo del término de caducidad? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición a partir del día siguiente al último pago efectuado por la entidad estatal, conforme a la jurisprudencia que reitera la necesidad de cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. Estos requisitos incluyen la existencia de una condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación dineraria a cargo de una entidad estatal, la realización efectiva del pago por parte de la entidad pública, la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado, y la calificación de su conducta a título de dolo o culpa grave. Esta regla implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse una vez se ha cumplido con todos estos requisitos, garantizando así el adecuado ejercicio de la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición?¿En el presente caso son aplicables las presunciones legales de la Ley 678 de 2001?
¿En el medio de control de repetición, la sola sentencia del proceso de reparación directa es prueba suficiente del elemento subjetivo? No
En la acción de repetición, la sola sentencia del proceso de reparación directa no constituye prueba suficiente del elemento subjetivo, esto es, del dolo o de la culpa grave del agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, las presunciones de la Ley 678 de 2001 no pueden aplicarse a conductas anteriores a su vigencia, y en el caso los hechos ocurrieron antes de ella. Segunda, la sentencia de reparación directa aplicó un régimen objetivo de imputación sin analizar la falla del servicio ni la conducta concreta del agente demandado, de modo que no ofrece el juicio subjetivo que la repetición exige. Tercera, sin prueba autónoma de la conducta, el elemento subjetivo no queda acreditado, y el recurso único de apelación no permite modificar la decisión que negó las pretensiones. La providencia confirma esa negativa. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe aportar pruebas propias del dolo o de la culpa grave y no puede limitarse a invocar la condena previa.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible aplicar la presunción de dolo alegada en la demanda y en el recurso de apelación?¿La demanda se presentó oportunamente dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿En razón a que el demandado fue representado por curador ad-litem y que este no realizó ninguna actuación en esta instancia, se considera razonable no condenar en costas a la entidad demandante?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 31 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. En el caso concreto, la entidad estatal presentó un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, y el Consejo de Estado confirmó su competencia para resolver el recurso. Además, el juez de repetición no está atado por la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que debe realizar un juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, basándose en las pruebas legalmente acopiadas. En este caso, el INVIAS no acreditó la culpa grave de los demandados, por lo que la entidad estatal no pudo obtener la condena en repetición que buscaba.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal?¿La Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto?¿El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado ata al juez de la repetición?
¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Sí
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.
También resuelve:¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Puede prosperar la acción de repetición contra los ex servidores públicos cuando la entidad demandante no logra demostrar, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado? No
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra ex servidores públicos si no demuestra, con pruebas idóneas, la existencia de una conducta personal, directa y gravemente culposa que haya generado la condena impuesta al Estado, ya que la ley establece que la responsabilidad subjetiva requiere la identificación clara y precisa de dicha conducta, y no basta con afirmaciones generales. Además, las actas de conciliación extrajudicial no tienen valor probatorio para acreditar la ocurrencia de los hechos que sustentan las pretensiones, según reiterada jurisprudencia. Por lo tanto, la Sala modifica la decisión al confirmar que la entidad demandante no logró demostrar la culpa grave que le endilgó a los demandados, lo que implica que en casos futuros será necesario presentar pruebas documentales sólidas para establecer la responsabilidad personal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede imponer condena en costas en el proceso de repetición, cuando este se adelanta para proteger el patrimonio público y, por tanto, se considera que ventila un interés público…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos, siempre que la cuantía de la demanda de repetición supere el límite establecido para la competencia de estos últimos en primera instancia, lo que implica que el proceso tenga vocación de doble instancia. La entidad pública que realiza el pago de la condena es legitimada por activa para ejercer la acción de repetición, junto con el Ministerio Público y el ministro de Justicia, en caso de que la entidad condenada no lo haga en el plazo de seis meses. La Sala reitera que el régimen jurídico sustancial aplicable es el que regía antes de la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001, por lo que la carga de la prueba de la conducta dolosa o gravemente culposa recae sobre el órgano demandante. En el caso particular, la Sala no encuentra probada la conducta gravemente culposa de los demandados, por lo que no procede el reembolso de la suma de la condena. Finalmente, resulta procedente condenar a la parte demandante a pagar las costas causadas en ambas instancias, incluyendo agencias en derecho en esta instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad pública que realiza el pago de la condena está legitimada por activa para el ejercicio de la acción de repetición ?¿El régimen jurídico sustancial aplicable al caso es el que regía con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 678 de 2001?¿La suma de la condena que el municipio de Sabana de Torres pagó por causa del daño antijurídico que le fue atribuido a título de falla del servicio, debe ser reembolsada por los demandados…
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para la acción de repetición? Sí
La demanda se presentó oportunamente, ya que el Auto que aprobó la conciliación es de 27 de noviembre de 2002 y quedó ejecutoriada el 6 de diciembre del mismo año, el primer pago se hizo el 27 de mayo de 2003 y el segundo pago el 3 de junio de 2004. El término de caducidad de la acción vencía el 4 de junio de 2006 y la demanda se interpuso el 19 de julio de 2005.
También resuelve:¿Procede la valoración de la prueba trasladada del proceso penal?¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron?¿Se acreditó que la causa de la muerte del paciente fue tanto la actuación de la demandada como las fallas del hospital demandante, presentándose una concurrencia de causas del daño?