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FUNCIÓN PÚBLICA

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Consejo de Estado Providencia

No se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2024-07-08 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 11001032600020240004900 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas? No
El contratista no es considerado un particular en ejercicio de funciones administrativas cuando el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales a cambio de una contraprestación económica, y no se relaciona con funciones propias del Estado. La Sala determina que, al no acreditarse la calidad de entidad pública o de particular en ejercicio de funciones públicas, el Consejo de Estado no cuenta con jurisdicción para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, remitiendo el asunto a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde funcionó el tribunal de arbitraje, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y los numerales 7º del artículo 104 y 149 del CPACA.síntesis automática
También resuelve: ¿Esta Corporación cuenta con jurisdicción para decidir el asunto objeto de estudio al tratarse de un conflicto entre particulares? ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer de los recursos contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

No es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 66001233300020150029002 LEY 1437 REPETICION
¿Es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid, con ocasión de que dentro de sus facultades como Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira SA impartió la orden de desvinculación laboral del señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo del cargo de Subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa, determinación que posteriormente fue motivo de controversia suscitada ante la jurisdicción ordinaria en proceso laboral, en el cual se profirió sentencia condenatoria en contra de la empresa empleadora, razón por la cual la entidad ahora demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir por el trabajador afectado? No
La acción de repetición solo procede contra quien ejerce función pública como agente estatal, de modo que la persona que actúa como trabajador particular en una empresa de servicios públicos domiciliarios no es sujeto de esa acción y debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado y su gerente, al ordenar la desvinculación de un subgerente, no obró en ejercicio de función pública con relación a los hechos que se repiten. Otra razón es que la conducta reprochada fue desplegada en condición de trabajadora particular, lo que impide que la jurisdicción de lo contencioso califique esa conducta a título de culpa grave o presunción de la Ley 678 de 2001. En el caso, el tribunal había condenado a la gerente a reintegrar la condena laboral pagada, pero la Sala revocó esa decisión y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la acción de repetición no puede dirigirse contra directivos de empresas de servicios públicos que actúan con regímenes privados sin verificar primero la calidad de agente estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas… ¿Es procedente condenar en costas de ambas instancias a la entidad demandante dado que se revocó la decisión apelada?
REVOCA
Consejo de Estado Concepto

¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado?

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2026-10-22 Sala Consulta y Servicio Civil MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA Rad. 11001030600020220010700 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado? Sí
Las sociedades de economía mixta, ha dicho esta Sala, pese a estar constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, «no son particulares… son organismos que hacen parte de la estructura de la Administración Pública, pertenecen al nivel descentralizado y son organismos vinculados».… En consecuencia, la creación por parte del Estado, de asociaciones, empresas o sociedades y su sujeción en ciertos aspectos a las normas de derecho privado, no comporta, que dejen de ser parte de la organización estatal, ni que se conviertan o puedan ser consideradas, per se, entidades particulares o privadas.
También resuelve: ¿La Ley 1821 de 2016 aumentó a 70 años la edad de retiro forzoso y la extendió a los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas no sometidos con anterioridad a esa causal? ¿La edad de retiro forzoso es una causal objetiva de retiro del servicio, cuya aplicación debe atender criterios de razonabilidad? ¿El parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, faculta al empleador para solicitar el reconocimiento de la pensión en nombre del trabajador…
Consejo de Estado Providencia

Se puede apreciar que los estudiantes dependerán únicamente de la Universidad y, lo que permite inferir que realmente no existe ningún tipo de vinculación de los residentes en mención con la entidad pública demandante.

Sentencia — Sentencia 2023-05-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160072402 LEY 1437 REPETICION
¿Cuentan con calidad de agente estatal o de particular con función pública, los demandados Pontificia Universidad Javeriana y los médicos, por tener a su cargo la prestación del servicio público de salud? No
La prestación del servicio público de salud no equivale al ejercicio de una función pública, de modo que quienes la prestan no adquieren por ese solo hecho la calidad de agente estatal ni la de particular que cumple funciones públicas. La regla se apoya en la distinción entre la función pública, que implica el ejercicio de potestades inherentes al Estado conferidas por la ley, y el servicio público, que es una actividad económica dirigida a satisfacer necesidades de interés general, incluso cuando la presta un particular. Esa diferencia se sustenta en los artículos 122 y 123 de la Constitución, que separan la función pública de la prestación del servicio. Por ello, no resulta acertado concluir que toda prestación de un servicio público comporte el ejercicio de una función pública. En el asunto, la Sala revocó la decisión apelada en el punto relativo a la calidad de los médicos y de la institución universitaria demandados, por cuanto su vinculación con el servicio de salud no los convertía en agentes estatales. En la práctica, la sola prestación del servicio de salud no basta para someter a los prestadores al régimen de repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó la conducta gravemente culposa de la médica demandada en el presente proceso de repetición, por la atención del procedimiento quirúrgico de cesárea que generó la muerte de una paciente? ¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición en contra de la entidad demandante a la que se le resuelven desfavorablemente las pretensiones…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020160228001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve: ¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado? ¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo… ¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
Consejo de Estado Providencia

No todo contratista estatal tiene la calidad de sujeto disciplinable

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas 2022-09-28 Sala Consulta y Servicio Civil OSCAR DARIO AMAYA NAVAS Rad. 11001030600020220011500 CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿Procede declarar la falta de competencia de todas las autoridades involucradas en el presente conflicto, para adelantar un proceso disciplinario en contra de tres contratistas de prestación de servicios de la Alcaldía Municipal de Villagómez, toda vez que estos últimos no son sujetos disciplinables al ser particulares que no ejercen funciones públicas? Sí
Son sujetos disciplinables los particulares que ejerzan de manera permanente o transitoria funciones públicas, administren recursos públicos o cumplan labores de interventoría o supervisión. Por lo tanto, no todo contratista estatal tiene la calidad de sujeto disciplinable, pues, como ya se señaló, lo que lo hace sujeto de dicha acción es que, en virtud del contrato celebrado, el particular desarrolle dichas funciones.… Frente al caso concreto, se advierte que… los objetos de los contratos de apoyo a la gestión no se enmarcan dentro de los supuestos exigidos por la ley para que los contratistas sean considerados sujetos de la acción disciplinaria, pues, se insiste, solamente cuando el particular ejerza funciones públicas, administre recursos públicos o cumpla labores de interventoría o supervisión puede considerarse sujeto disciplinable en los términos del estatuto disciplinario vigente, lo cual no se advierte en el presente caso.
Colombia Compra Eficiente Concepto

La Entidad Estatal tiene el deber de verificar que el contratista no se encuentre incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad, para lo cual debe consultar los antecedentes fiscales ante la Contraloría, disciplinarios ante la Procuraduría y judiciales ante la Policía Nacional.

C-1674 de 2025 2025-12-26
¿Cuáles son los documentos que acreditan la idoneidad y la capacidad de las personas jurídicas para la celebración de un contrato de prestación de servicios?
Para acreditar la idoneidad y la capacidad de una persona jurídica que va a celebrar un contrato de prestación de servicios, la entidad puede solicitar los soportes que el concepto identifica, entre ellos la verificación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar, el RUT, el RIT, el Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas y el formato de compromiso de transparencia. El texto menciona también el formato de hoja de vida de la Función Pública para personas jurídicas, y precisa que las exigencias deben responder a los principios de adecuación y proporcionalidad. Esto significa que la entidad no debe exigir documentos que no guarden relación con la idoneidad y la capacidad del contratista para el objeto que pretende contratar. La consecuencia práctica es que la entidad debe justificar cada soporte que solicite a la persona jurídica en función del objeto contratado y del principio de proporcionalidad.síntesis automática
También resuelve: Contrato de prestación de servicios: concepto, características, modalidad de selección Prestación de servicios: formato único de hoja de vida, persona jurídica, requisito obligatorio
Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratación directa: C-722 de 2022

C-722 de 2022 2022-11-01
¿En un pliego de condiciones se puede solicitar a los posibles oferentes, diligenciar el formato de hoja de vida de la función pública para personas jurídicas?
Conforme a lo expuesto previamente, la obligación de solicitar el Formato de Hoja de Vida de la Función Pública tanto para personas naturales como para personas jurídicas tiene un carácter obligatorio, única y exclusivamente para los contratos de prestación de servicios, tal como lo establece la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1571 de 1998. Ahora bien, frente a los contratos de prestación de servicios, la norma en mención tan sólo se refiere a los regulados en numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual es definido como aquel que «celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
También resuelve: Contratación directa: causales, causales / contrato de prestación de servicios ― concepto ― características generales/formato hoja de vida de la función pública-persona jurídica Contrato de prestación de servicios: concepto − características generales
Consejo de Estado Providencia

La causal invocada como fundamento del recurso esgrimido es la contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 11001032600020200009300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El laudo atacado viola el principio de congruencia por lo cual debe ser anulado? No
El contratista no puede anular el laudo arbitral por violar el principio de congruencia, ya que el tribunal arbitral resolvió todas las cuestiones sometidas a su decisión, incluyendo la ejecución de obras y el incumplimiento del contratista, y no abordó puntos que no formaban parte de la controversia inicial. Además, el recurso de anulación no puede ser utilizado para reabrir el debate probatorio del trámite arbitral. En consecuencia, la Sala reitera que el juez contencioso administrativo no puede actuar como una segunda instancia en la revisión de laudos arbitrales, limitándose a verificar la existencia de las causales específicas previstas por la ley. Por otro lado, la entidad estatal convocante es condenada en costas por la interposición infundada del recurso de anulación, conforme a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la condena en costas cuando se declara infundado el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral?
Colombia Compra Eficiente Concepto

Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas que motivan la consulta.

C-1649 de 2025 2025-12-26
¿Puede una Entidad Estatal, en ejercicio de su autonomía, exigir como requisito habilitante el diligenciamiento del Formato Único de Hoja de Vida del DAFP a una Persona Jurídica en un proceso de Mínima Cuantía?
El contratista puede ser requerido por la entidad estatal para diligenciar el Formato Único de Hoja de Vida del DAFP en un proceso de Mínima Cuantía, siempre y cuando la exigencia cumpla con los principios de adecuación y proporcionalidad, es decir, que esté directamente relacionada con el objeto a contratar y no constituya una barrera injustificada a la participación. La entidad estatal, en ejercicio de su autonomía, puede determinar los requisitos habilitantes necesarios, pero debe evaluar si la información ya disponible en otros documentos con plena validez probatoria, como el Certificado de Existencia y Representación Legal, es suficiente para verificar la idoneidad del proponente, evitando así duplicidades innecesarias. Este concepto no establece un criterio universal, sino que brinda elementos generales para que las entidades definan su gestión contractual, lo que implica que cada entidad debe decidir si la exigencia de la hoja de vida es necesaria en función de la naturaleza del contrato y su valor, sin extralimitarse en la aplicación de requisitos adicionales o superfluos.síntesis automática
También resuelve: Mínima cuantía: requisitos habilitantes, autonomía, discrecionalidad Requisitos habilitantes: principios de adecuación y proporcionalidad, límites a la discrecionalidad Persona jurídica: formato único de hoja de vida (dafp), eficiencia administrativa
Consejo de Estado Providencia

Debe admitirse el recurso extraordinario contra laudo arbitral.

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2022-04-04 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020220005900 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Debe admitirse el recurso extraordinario contra laudo arbitral? Sí
El Consejo de Estado es competente en única instancia para conocer de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. La admisión del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa, incluyendo la presentación dentro del término legal y la alegación de causales válidas. Además, la suspensión de los efectos del laudo arbitral es procedente cuando una entidad pública condenada solicita su suspensión dentro del término del traslado del recurso de anulación, según lo dispone el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y establece claramente los requisitos y procedimientos para la admisión y la suspensión de efectos del laudo arbitral en casos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la suspensión de los efectos del laudo arbitral demandado ante la solicitud de la entidad pública condenada en el mismo?
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

La verificación de la caducidad exige determinar con precisión la fecha inicial del cómputo

Sentencia — Sentencia 2026-03-04 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C) FERNANDO IREGUI CAMELO Rad. 25269333300120190017601 ACCION DE REPETICION
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición, teniendo en cuenta que (…), el plazo máximo para presentar la demanda expiraba el 6 de julio de 2019 —fecha que correspondió a un día inhábil— y que se radicó el 8 de julio de 2019, primer día hábil siguiente? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de repetición cuando el plazo máximo para presentar la demanda vence en un día inhábil, ya que el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente, sin ampliar el plazo legal. La Sala establece que los términos de caducidad en meses o años deben computarse en unidades exactas de tiempo calendario, sin excluir los días inhábiles durante su transcurso, pero si el día final coincide con un día inhábil, el plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. En el caso concreto, el pago de la sentencia condenatoria se realizó el 5 de julio de 2017, iniciándose el plazo de caducidad el 6 de julio de 2017 y venciendo el 6 de julio de 2019, un sábado, por lo que la demanda radicada el 8 de julio de 2019 fue oportuna. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo de plazos en días inhábiles, garantizando la oportunidad de los medios de control en casos similares.síntesis automática
También resuelve: ¿La conducta desplegada por el personal médico de la Fundación SAP Salud, en su condición de contratista de la ESE Hospital San Rafael de Facatativá, configura culpa grave…
Consejo de Estado Providencia

Puede el juez prescindir de la audiencia de pruebas

Auto interlocutorio — Auto que prescinde de audiencia de pruebas 2025-06-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020150003800 LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez prescindir de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPACA cuando las pruebas son documentales y ya fueron trasladadas para su contradicción? Sí
En principio, sería del caso fijar fecha y hora para realizar la audiencia de pruebas de la que trata el artículo 181 del CPACA e incorporar las pruebas documentales allegadas, si no fuera porque existe fundamento Constitucional y Legal para prescindir de la aludida audiencia y ordenar la incorporación de la prueba en el presente auto.… Con el fin de agilizar el proceso judicial y cumplir el mandato de la Ley 2213 de 2022, es posible prescindir de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPACA porque: a) las pruebas que deben practicarse son pruebas documentales que reposan en el expediente y fueron objeto de traslado para que se surtiera la contradicción de las mismas, b) por economía procesal y eficacia…
PRESCINDE
Colombia Compra Eficiente Concepto

Función pública: la celebración de dicho contrato debe efectuarse a través de la modalidad de contratación directa

C-322 de 2024 2024-08-29
¿Las funciones de inspección, vigilancia y control realizadas por una entidad departamental son consideradas funciones públicas?
Es función pública toda actividad que realice fines propios del Estado, aunque la ejerzan personas extrañas a la administración, de modo que se valora objetivamente, con abstracción de quienes la ejercen y con independencia de que se ejerza en forma temporal o permanente. Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad para contratar con el Estado que solo pueden establecerse en la Constitución o la ley y son taxativas y de interpretación restrictiva, pues una interpretación amplia o finalista pondría en riesgo la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. No obstante, ello no impide que durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios se presente un conflicto de intereses entre el contratista que desarrolla la actividad para la cual fue contratado y aquel sobre quien la entidad ejerce funciones de inspección, vigilancia y control, caso en el cual el contratista debe declararse impedido, porque podría incurrir en alguna de las faltas del artículo 56 de la Ley 1952 de 2019.síntesis automática
También resuelve: Función pública Contrato de prestación de servicios: concepto, características
Consejo de Estado Providencia

El juez puede decretar pruebas de oficio para esclarecer puntos dudosos hasta antes de dictar sentencia conforme al artículo 213 del CPACA.

Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer 2025-07-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020190006300 LEY 1437 REPETICION
¿Procede decretar pruebas de oficio para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda hasta antes de dictar sentencia, por ello en este caso, es necesario requerir a la secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que remita copia de la sentencia penal condenatoria, contra el aqui demandado, junto con su constancia de ejecutoria, proferida dentro del proceso penal de única instancia? Sí
El magistrado ponente ejerce las facultades conferidas por el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para decretar pruebas de oficio para el esclarecimiento de los hechos materia de proceso hasta antes de proferir sentencia en el medio de control de repetición. Encontrándose el presente asunto para proferir sentencia, la Sala estima necesario requerir a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que remita en medio electrónico copia de la sentencia penal condenatoria dictada contra el demandado junto con su constancia de ejecutoria en el término establecido por la corporación judicial.síntesis automática
DECRETA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Administración de recursos públicos

2017_11001-03-06-000-2017-00147-00_2351 2017-12-12
FONDO NACIONAL DEL GANADO,CUOTA DE FOMENTO GANADERO Y LECHERO,FUNCIÓN PÚBLICA,ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS,ADMINISTRADORES,RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES,INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES,EVALUACIÓN DE OFERTAS – Naturaleza jurídica,Fondo especial,Cuenta especial,Contribución parafiscal,Origen,Fomento sector ganadero y lechero,Contribuciones parafiscales agropecuarias,Contribuciones parafiscales pesqueras,Administración,Cuota de fomento ganad – Mes: diciembre – Año: 2017…
También resuelve: Fondo nacional del ganado: naturaleza jurídica, fondo especial, cuenta especial Cuota de fomento ganadero y lechero: naturaleza jurídica, contribución parafiscal Contribuciones parafiscales: origen, fomento sector ganadero y lechero, contribuciones parafiscales agropecuarias, contribuciones parafiscales pesqueras
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Función pública: 11001 03 15 000 2011 00125 00_PI

11001-03-15-000-2011-00125-00_PI 2013-03-12 Sala Plena
INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONGRESISTAS,INCOMPATIBILIDAD,FUNCIÓN PÚBLICA – Celebración de contratos,Enitdades públicas y privadas,Recursos públicos,Sanción,Gestiones del congresista,Intereses particulares,Incompatibilidad – Mes: marzo – Año: 2013…
También resuelve: Incompatibilidades de los congresistas: celebración de contratos, entidades públicas y privadas, recursos públicos Incompatibilidad: alcance, prohibición, sanción Función pública: gestiones del congresista, intereses particulares, incompatiblidad
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 68001233100020070057901 ACCION DE REPETICION
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo? Sí
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado en los artículos 129 y 132 del CCA, pues el proceso inició con vocación de doble instancia al estimar la demanda una cuantía superior a la exigida para la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia, equivalente al valor de la condena impuesta al Estado.
También resuelve: ¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción? ¿La ausencia de uno de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición impide la declaración de responsabilidad particular del agente demandado? ¿Las personas jurídicas son sujetos pasivos de la pretensión de reembolso?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá es la autoridad competente

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas 2025-07-02 Sala Consulta y Servicio Civil ANA MARÍA CHARRY GAITÁN Rad. 11001030600020250008800 CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá, es la autoridad competente para continuar la investigación disciplinaria en contra del exsecretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos del municipio de Anolaima y supervisor de un contrato, y en contra del interventor del mismo contrato? Sí
La Sala de Consulta y Servicio Civil declarará competente a la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá, para continuar con las actuaciones disciplinarias que correspondan, en contra de los señores [D.A.R.R.], en su condición de exsecretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos del municipio de Anolaima y [S.W.C.T.], representante legal de la Cooperativa Nacional de Municipios Ltda.
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado Providencia

No puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233300020120022304 LEY 1437 REPETICION
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
No sería correcto asumir que el ex Director Operativo de C.A.L.I, fue declarado insubsistente por sostener una simple amistad con los presuntos adversarios políticos del nominador, cuando es claro que tal funcionario no hacía parte de la estructura política de aquellos y si bien era amigo de uno de los concejales que votó en contra del proyecto promovido por el alcalde, lo cierto es que también sostenía relaciones amistosas en común con quien declaró su insubsistencia. A la luz de tal situación, el hecho de sostener una relación personal de amistad con los adversarios o aliados del actual gobernante, no puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
También resuelve: ¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder? ¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali? ¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
CONFIRMA